Malas noticias para la lucha contra la impunidad en Honduras.

La Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (OTP), en relación con el examen preliminar sobre Honduras, concluyó:

1. No hay dudas que se cometieron graves violaciones a derechos humanos durante el golpe de Estado atribuibles a las autoridades de facto.

2. No hay base razonable para considerar que tales violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad.

3. La OTP continuará analizando denuncias recientes para determinar si se han cometido crímenes de lesa humanidad después de la elección presidencial de 2010.

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Documents/OTP%20Preliminary%20Examinations/OTP%20-%20Report%20%20Preliminary%20Examination%20Activities%202013.PDF

Informe Final de la Misión internacional de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) sobre elecciones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La presente misión, conformada por 11 personalidades y representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos y de la sociedad civil, tenía como propósito la reducción de las violaciones a derechos humanos, la persecución política, la impunidad y la prevención de una afectación mayor a los derechos políticos. Después de varios días de trabajo y observación en la ciudad de Tegucigalpa: 1. La misión saluda la amplia participación del pueblo hondureño en las elecciones generales del día domingo 24 de noviembre de 2013. 2. La misión reitera su preocupación profunda frente a los ataques y amenazas contra los defensores y defensoras de derechos humanos mencionadas en su comunicado del 23 de noviembre de 2013, incluyendo los y las que defienden las mujeres, los territorios indígenas y garífunas, los recursos naturales, la comunidad lesbiana, gay, transexual, bisexual y intersexual y los periodistas. La misión tuvo acceso a dos listas donde importantes líderes sociales, sindicalistas, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y dirigentes del partido Libertad y Refundación serían asesinados. 3. La misión expresa preocupación por los fiscales de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y anticorrupción que recientemente fueron trasladados de manera aparentemente arbitraria y su impacto sobre la superación del importante nivel de impunidad que atraviesa el país. 4. La misión ha podido constatar con preocupación después de haber inspeccionado más de 100 mesas electorales, y haber hablado con autoridades y muchos sectores de la sociedad civil, una serie de irregularidades que han sido identificadas a través de múltiples denuncias de diversos sectores de la sociedad civil hondureña: - A muchos ciudadanos se les privó de sus derechos políticos, en particular del derecho al sufragio declarándolos muertos, incluso varios que habían participado el año anterior en las primarias de un mismo partido. Respecto a aquellos que tuvieron la oportunidad de presentarse al Tribunal supremo electoral (TSE) durante la jornada electoral para demostrar que estaban vivos, la misión pudo constatar que no se les reintegró su condición ciudadana para que pudieran votar. En otros casos, se les negó el derecho al sufragio con el traslado a mesas electorales muy distantes de los sitios donde regularmente han votado impidiéndoles efectivamente a votar. - Igualmente se ha podido observar la entrega por voceros del Partido Nacional de tarjetas personalizadas de descuento en comercios y servicios (telefonía celular, servicios médicos, farmacia, restaurantes, etc.) para aquellos electores que entreguen sus datos personales y de contacto al citado partido. A tal efecto, tal como ha quedado evidenciado por sendos vídeos, fotos y testimonios, se instalaron carpas y puestos de distribución en lugares próximos a los centros electorales (escuela Mixta Cerro Grande, Escuela José María Casco y otras...) en donde sin solución de continuidad se facilitaban las tarjetas, incluso con reclamos de "aquí hay ofertas, aquí hay ofertas" y otros objetos.  Por su diseño y desarrollo, esta iniciativa habría podido influir en los resultados electorales, por lo que debería ser objeto de investigación de alcance penal, así como las relaciones y conexiones del o de los promotores con las empresas financiadoras de esa iniciativa y el origen de los fondos empleados para su emisión. 5. La misión considera que ha existido una falta de transparencia en la financiación de las campañas políticas y en el origen de los fondos de las mismas. 6. La misión reitera su preocupación con respecto a la fuerte presencia de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de las elecciones. Reconocemos que la Constitución y ley hondureñas conceden a las Fuerzas Armadas un papel importante en el proceso electoral. Sin embargo, la presencia de las Fuerzas Armadas en frente de los centros de votación puede generar un clima intimidante y su rol de custodio de las urnas causa preocupaciones, sobre todo por su actuación en el golpe de Estado de 2009. 7. Igualmente la misión reitera su preocupación sobre el uso de las FFAA en tareas propias de la policía lo cual puede contribuir a violaciones de derechos humanos.  8. La misión ha sido informada que en el curso de los últimos días se asesinaron cuatro personas vinculadas al Partido Libertad y Refundación, lo que se suma a los 39 asesinatos desde mayo del año anterior, la mayoría del mismo partido. 9. La misión entiende que no puede considerarse la existencia de un ganador hasta que se haya computado el 100% del voto y nota que hasta el momento el resultado de las elecciones que no ha sido reconocido por varios partidos, incluido el Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación y el Partido Anti Corrupción.     RECOMENDACIONES: 1. La misión reclama a las autoridades que garanticen plenamente los derechos humanos, prevengan cualquier acto de violencia y protejan los derechos humanos de toda la población, en particular garantizando el derecho a la vida, la integridad física y sicológica de las personas vulnerables que han sido amenazadas o contra las que existen planes para atentar contra las mismas; así como a garantizar la libertad de información, de expresión y la seguridad de los periodistas y comunicadores sociales. La misión hace un llamamiento a las autoridades para que eviten eventuales medidas represivas de manifestaciones pacíficas.  2. La misión solicita al Fiscal General de la Nación que restablezca en sus cargos a los fiscales de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y anticorrupción que recientemente fueron trasladados de manera aparentemente arbitraria. Asimismo se deberán tomar las medidas necesarias para garantizar la independencia, autonomía e idoneidad de todos los fiscales y habilitar los recursos necesarios para que puedan desempeñar sus funciones en la superación de la impunidad. 3. La misión, en el marco de su comunicado del 23 de noviembre y luego de celebradas las elecciones reclama a las autoridades correspondientes que investiguen y sancionen de manera efectiva los hechos denunciados por la sociedad civil, sobre violaciones de derechos humanos en el contexto del proceso electoral. 4. La misión, de acuerdo con el artículo 212.16 de la Ley Electoral que establece como delito la compra o venta de votos, entiende que la mera existencia de indicios sobre la realización de las acciones arriba señaladas obligaría a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, que se reclama. 5. La misión solicita a las autoridades judiciales competentes para tramitar las reclamaciones y recursos electorales que se planteen para que lo hagan de forma rápida, efectiva y con todas las garantías que acrediten la imparcialidad y transparencia del proceso.  6. Frente a las Fuerzas Armadas, la misión reitera que no deben ser involucradas en tareas propias de la Policía Nacional, y que deben reformarse la Constitución y la ley hondureña para eliminar las facultades que se le confieren en el marco electoral. 7. La misión recomienda la instalación de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos con facultades de asesoría y monitoreo sobre el respeto integral de los derechos humanos en Honduras. Así mismo, solicita los relatores especiales pertinentes y el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y Desaparición Forzada de Personas a visitar Honduras lo más antes posible. 8. La misión solicita a la Unión Europea y otros actores de la comunidad internacional unir esfuerzos con las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales en Honduras para garantizar la protección y defensa de los mismos y su participación en las decisiones y procesos que afectan a su seguridad personal y jurídica, y que exijan la misma prioridad de parte de las autoridades hondureñas. 9. La misión reitera la invitación a la Fiscal de la Corte penal internacional a visitar Honduras en el marco de su examen preliminar en tanto que su presencia puede contribuir a prevenir hechos de la misma naturaleza que están bajo examen.

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).   C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Policía antimotines reprimen a estudiantes y periodistas

Alerta 00075-2013 26 de Noviembre del 2013    Tegucigalpa, Honduras: (C-Libre).- En medio de gases lacrimógenos la periodista Bessy Marín de Radio Globo, transmitió, el angustioso relato del desalojo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que protestaban en contra del "fraude electoral oficialista del Tribunal Supremo Electoral". Según el reporte de la periodista a eso de las 2:20 de la tarde del martes 26 de noviembre, contingentes de Policías y Militares, reprimieron a estudiantes que permanecían en un plantón pacifico en protesta a los resultados preliminares de las elecciones generales del pasado 24 de noviembre que dan como ganador al oficialista Juan Orlando Hernández. Marín narró que: "los estudiantes junto a diversos medios de comunicación que daban cobertura a la actividad sufrieron los efectos de las bombas de gas lacrimógeno lanzadas por los agentes encargados de brindar protección y seguridad a la ciudadanía. Por otra parte el periodista Ronnie Huete, se comunicó con el equipo de Alertas del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), para denunciar  la detención de al menos nueve estudiantes universitarios, a quienes subieron en patrullas con rumbo desconocido. "Hay para-militares, contingentes de antimotines y encapuchados que están literalmente cazando estudiantes y para ello han utilizado de forma exagerada gas lacrimógeno y han lanzado agua con pimienta para reducir a la impotencia a los estudiantes", relató Huete. El periodista agregó que los uniformados también hicieron uso de la fuerza extrema en contra de estudiantes, "toletearon hasta el cansancio a jóvenes, uno de ellos, el estudiante de pedagogía, Darcy Manuel Mejía resultó con una quebradura de pierna producto de una paliza de  un anti motín, al joven se  lo llevaron como pudieron al Hospital Escuela". Imágenes difundidas a atreves de medios de comunicación digital, revelan agresiones a periodistas, reporteros y camarógrafos, por parte de los uniformados, entre los que resalta el ataque al foto-reportero Mario Fajardo de Diario La Tribuna. Tres horas después de la exposición a los gases lacrimógenos, la periodista Víctoria Aguilar, de Globo TV se desplomó desmayada, en medio de un grupo de estudiantes que se refugian en el interior de la Máxima Casa de Estudios.

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).  C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Tribunal Supremo Electoral militariza las plantas de transmisión de medios de comunicación.

Tegucigalpa, Honduras, C-libre: Desde horas muy tempranas del día de hoy(domingo 24 de noviembre), diferentes Medios de Comunicación denunciaron queplantas  las de  transmisión de señal ubicada en el cerro Canta Gallo jurisdicción del Departamento de Francisco Morazán, han sido militarizadas. Según el director de Radio Globo, David Romero, los periodistas de dicha casa radial constataron que militares escondidos detrás de los pasamontañas y fuertemente armados escoltan las antenas de: Canal 11, Canal 13 (Hondured), Canal 36 (Cholusat Sur) y Radio Globo y Globo TV. "Esto es un atentado contra la democracia y la libertad de expresión, esta agresión a la libertad de prensa solamente nos remonta a junio del 2009 cuando nos censuraron y le violentaron al pueblo hondureño en general el derecho a informarse, no queremos pensar que esta situación se volverá a repetir por ello le hacemos un llamado público al presidente Lobo Sosa para que actúe diligentemente al respecto", detalló Romero. Por su parte el  General  Osorio Canales  jefe del Estado Mayor conjunto de  las Fuerzas Armadas de Honduras aseguró, durante una comunicación telefónica al periodista Romero que la militarización responde a una disposición del  Tribunal Supremo Electoral  (TSE) para brindarle protección a las plantas de transmisión.

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).   C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Detienen misión de observadores internacionales en comunidad indígena Lenca

Alerta 01-2013 20 de Noviembre del 2013 Zacapa, Santa Bárbara (C-Libre).- Una delegación internacional de 20 defensores y defensoras de derechos humanos, que se dirigía  a la comunidad indígena Lenca, Río Blanco, en el departamento de Santa Bárbara, fue retenida esta mañana, por un retén policial cuando se conducía en un autobús a inmediaciones de la comunidad de Santa Ana.    De acuerdo con la dirigente del Consejo Popular de Organizaciones Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres, la acción fue cometida por "un grupo de empleados de la Empresa Desarrollos  Energéticos, DESA,, en conjunto con la Policía Nacional". El retén se situó en la aldea de Santa Ana, jurisdicción de San Pedro de Zacapa, departamento de Santa Bárbara, sector situado a 10 minutos de la comunidad indígena de La Tejera en Río Blanco. "Lamentamos la obstaculización del libre tránsito y observación que deben hacer estas misiones internacionales, que están observando particularmente los derechos humanos y que se desplazaban a conocer la situación de Río Blanco y del Copinh", indicó Cáceres. El grupo estaba integrado por ciudadanos estadounidenses y canadienses pertenecientes a  las organizaciones SOA-Watch y Ciudades Hermanas , quienes han llegado a Honduras en el marco del proceso de observación de las elecciones. Berta Cáceres denunció además que el hecho ocurrió con la "complacencia del alcalde, Emerio Hernández y de la Policía". El grupo estaba conformado por empleados de la empresa DESA, cuatro miembros de un patronato y de la Policía Nacional. Igualmente lamentó que "no se trata de la primera vez que lo hacen", porque se trata del proceso de represión que ha venido sufriendo el COPINH en los últimos meses y el pueblo Lenca. En las últimas cuatro semanas, la situación en Río Blanco, se ha agudizado con un abierto incremento de la presencia policial y militar en el lugar. La líder Lenca, también explicó que se bloqueó el acceso del "único autobús en el que los hermanos indígenas pueden desplazarse para ir al hospital o hacer sus compras". "Hemos estado llamando al jefe de la Policía en esa zona, pero no responde", comentó. Según se informó, hasta las 5:40 p.m. diez miembros de la misión internacional permanecían en el mismo sector sin poder cruzar el retén, a la espera de un fiscal del Ministerio Público para interponer la formal denuncia, mientras que otros diez se desplazaron a Río Blanco. Finalmente, Copinh también hizo un llamado a la solidaridad y a los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales a denunciar y a exigir respeto al derecho  de libre  tránsito, desplazamiento, al derecho que tiene el Pueblo Lenca de mantener relaciones con organismos solidarios y de DD.HH.,  con periodistas internacionales y nacionales y comisiones generales del COPINH.

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).   C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Desplazamiento forzado, una realidad preocupante

Debido a las guerras civiles que azotaron Centroamérica durante décadas, el fenómeno del desplazamiento forzado de personas fue una realidad que marcó la región hasta los años 90 cuando se cerraron los últimos campamentos de refugiados.

Durante los últimos años se ha observado un incremento importante en el número de solicitantes de asilo y refugio provenientes sobre todo de Guatemala, El Salvador y Honduras, quienes buscan protección internacional en Estados Unidos, Canadá, México, España, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

De acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se puede observar que existe una relación directa entre el fenómeno del desplazamiento con el aumento de la criminalidad; en Honduras las principales zonas de riesgo y expulsión de víctimas de la violencia son Atlántida, Cortés, Colón, Copán, Francisco Morazán, Santa Bárbara, Comayagua, Yoro, Olancho y Choluteca.

En este sentido, tanto el ACNUR como un sector del Estado de Honduras han comprendido la magnitud del problema que puede complicarse en los próximos meses debido a un proceso electoral de riesgo.

Así, el ACNUR ha establecido un representante permanente en el país; ha firmado con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos un convenio de cooperación con el fin de desarrollar proyectos y actividades conjuntas en temas relacionados con la protección de personas desplazadas por causa de la violencia; y el Consejo de Ministros aprobó un decreto que crea la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia.

Estos datos demuestran que la violencia en Honduras está cobrando unas dimensiones imprevisibles y que tanto Naciones Unidas como un sector del Estado están observando con gran preocupación por el impacto que ya está teniendo para el futuro inmediato de la democracia.

Denuncia Pública: Continua hostigamiento contra el compañero Víctor Fernández

El día de ayer 06 de noviembre del 2013 y posterior a una reunión de seguimiento a los casos de la Coordinadora de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) con relación a la situación de Río Blanco y la judicialización de tres dirigentes de la organización: Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Membreño; pasadas las seis de la tarde, el abogado Víctor Fernández, defensor del COPINH, y su acompañante, fueron perseguidos en la carretera hacia San Pedro Sula, hasta la altura de Villanueva, Cortés, por un carro Toyota Hi-Lux, blanco, doble cabina, 3.0 sin placa. Este vehículo se mantuvo detrás del carro del abogado apagando y encendiendo las luces durante un sector importante del trayecto desde Santa Cruz de Yojoa, evidenciando claramente su presencia y persecución  detrás del vehículo del abogado Fernández.

Alertamos que estos actos son parte de la campaña sistemática de persecución, intimidación y agresión contra el COPINH y sus miembras y miembros; y otras luchadoras y luchadores sociales. En los últimos días, en los medios de comunicación de la oligarquía se han hecho ataques directos contra Berta Cáceres y  Víctor Fernández, igualmente sectores políticos han atacado públicamente la intervención del abogado ante la CIDH por el caso del Pueblo Lenca de Río Blanco y la persecución política y judicial contra el COPINH, igualmente por los casos del Pueblo Tolupan de Locomapa Yoro y comunidades en lucha contra las mineras en Atlántida, pertenecientes al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ). 

El compañero Fernández es también coordinador del MADJ, quien también ha sido acusado y amenazado por defender los bienes de la naturaleza, además representa y ha representado legalmente a varias organizaciones y sus luchas territoriales e indígenas. El día de ayer también estuvo realizando gestiones ante el Ministerio Público de defensoría de causas del COPINH.

¡A más represión, más lucha y organización!

¡Condenamos la impunidad,  la política  y sus mecanismos de terror en contra de las luchadoras y luchadores sociales!

Dado en Intibucá, a los 07 del mes de noviembre del 2013.

Coordinación General del COPINH

Tres audiencias ante la Comisión Interamericana

El pasado lunes 28 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó tres audiencias públicas sobre Honduras relativas a la independencia judicial, el cumplimiento de medidas cautelares y megaproyectos y consulta previa.

En relación con la independencia judicial, se denunció que en el país el poder judicial sigue sometido a presiones políticas y que los jueces y juezas que intentar ser independientes, imparciales y competentes son marginados y trasladados arbitrariamente, y hasta despedidos y en algunos casos asesinados.

También se denunció que la integración del recién creado Consejo de la Judicatura que debería garantizar la imparcialidad, la independencia y la competencia de los operadores judiciales, estuvo salpicada por una serie de actuaciones que lejos de generar confianza en la ciudadanía, empañan la transparencia con que debería integrarse un órgano de tanta importancia para la independencia judicial.

Co respecto al cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana, quedó establecido que el Estado hondureño no tiene la capacidad ni la voluntad política para proteger efectivamente a las personas que se encuentran en riesgo debido a su labor de defensores y defensoras de derechos humanos.

Además, se evidenció que el anteproyecto de ley para proteger a los defensores y defensoras no ha sido suficientemente socializada y discutida con los sectores sociales y omite algunas cuestiones importantes como la participación efectiva de los propios beneficiarios.

Finalmente, en relación con los megaproyectos y consulta previa, se denunció el agravamiento de la situación de las comunidades y defensores y defensoras de derechos humanos en torno a conflictos territoriales y megaproyectos de minería e hidroeléctricas sin consulta previa, lo cual se ha traducido en una escalada de amenazas, ataques violentos, intimidaciones, asesinatos y criminalización.

Como siempre, el Estado de Honduras quedó en entredicho ante la comunidad internacional y la defensa de sus funcionarios ante la Comisión Interamericana sólo evidenció su cinismo, su falta de ética y de preparación, y cuyos viajes y salarios son pagados con los impuestos de todos y todas las hondureñas.