“Caminando hacia un mundo justo y hospitalario”

18 de diciembre  de 2013

Con motivo de la Conmemoración del día del Migrante, la Red Jesuita con Migrantes en Latinoamérica y el Caribe invita a las sociedades latinoamericanas, sus individuos, instituciones y Estados a desarrollar la virtud de la hospitalidad y la justicia con los migrantes.

La migración contemporánea es un fenómeno inevitable que exige ser integrado como parte de una realidad compleja y dinámica que involucra a migrantes y ciudadanos locales; de allí que la hospitalidad es una virtud que permite lograr una mejor convivencia entre nuestros pueblos. Muchos migrantes sobreviven gracias a prácticas hospitalarias de familias e individuos en los lugares donde estos pasany llegan, estos gestos deberían trascender a una hospitalidad comunitaria y activa que se evidencie en la esfera pública.

Este es el clamor sentido de cerca de 26 millones de latinoamericanos y caribeños que son migrantes internacionales.  Como consecuencia de la creciente crisis económica, los migrantes viven cada vez más atrapados en una encrucijada donde, por un lado,son impulsados por factores de atracción económica que alientan la migración hacia los países desarrollados; y por otro lado, en esos mismos países, se aplican políticas cada vez más restrictivas, vinculadas a concepciones de seguridad nacional que los termina criminalizando.

Si echamos la mirada al flujo centroamericano y mexicano hacia el “norte”, actualmente se estima que de los doce millones de indocumentados en Estados Unidos, el 55% son mexicanos-as. Por su parte, cerca del 12% de las y los centroamericanos-as han emigrado fuera de las fronteras de su país de nacimiento, la mayoría de manera indocumentada, siendo esta la región que más personas expulsa hacia Estados Unidos.  En este flujo migratorio cada vez se mezclan más factores de riesgo,  como la violencia que persigue a las personas migrantes desde el origen, siendo causa de su salida, y durante  todo el  tránsito por México,  al ser esta una de las rutas más peligrosas del mundo, con los dramáticos casos de las masacres de migrantes y los más de 20,000 secuestros en 6 años.

A nivel regional Colombia sigue siendo el principal generador de desplazamiento forzado y expulsión de personas hacia otros países, alrededor de cinco millones de personas han sido internamente desplazadas. Si bien el desplazamiento interno colombiano ha disminuido en números absolutos, los flujos de personas colombianas hacia los países vecinos se mantienen e inclusive en algunas regiones fronterizas han aumentado, lo que da un saldo de más de cuatrocientas mil personas con necesidad de protección en países como Venezuela, Panamá y Ecuador.

Aunque las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC han levantado expectativas muy positivas sobre el fin del conflicto armado; en Colombia persisten acciones armadas debido a variables como los intereses en las tierras y territorios, los poderes locales-regionales y el ímpetu guerrerista de algunos sectores extremos de la sociedad. El conflicto se nutre también de factores tales como el negocio del narcotráfico, las tensiones políticas continentales entre las potencias tradicionales y otras emergentes, y definitivamente las nuevas perspectivas del comercio internacional donde el control de los territorios dentro de Colombia y sobre todo en las regiones fronterizas determinará ventajas para ciertos sectores legales e ilegales.

En otros países de América Latina, el fenómeno de la migración crece y se expande mezclándose con nuevas realidades, donde se rompen las fronteras geográficas y nos enfrentamos a una compleja situación en la que interactúan historias, nacionalidades y culturas.Por ejemplo, en la región sur existen tres grandes países expulsores de migrantes: Bolivia, Paraguay y Perú. Gran parte de los flujos se producen dentro de la región ya que de estos países expulsores migran de forma masiva a Brasil, Argentina y Chile. En los últimos años, Perú se ha convertido en el corredor de nuevos movimientos migratorios desde países del norte hacia el Sur. Así existe un fuerte flujo de colombianos hacia Chile y de haitianos que entran en Perú con diversos rumbos, pero principalmente tratando de pasar a Brasil. De los países receptores, solo en Chile hay leyes migratorias restrictivas, es el único país en cuyas fronteras hay incidencia permanente de tráfico de personas.

Por otra parte, Haití continúa siendo el país de mayor expulsión de migrantes en el Caribe; luego de la agudización de la crisis humanitaria causada por el terremoto del 2010, se sigue manteniendo el desafío de superar los niveles de pobreza y fragilidad institucional que impide un goce efectivo de derechos a gran parte de la población haitiana; como consecuencia de estas vulnerabilidades los destinos de la migración haitiana se han diversificado hacía países como Brasil, Ecuador, Venezuela, entre otros.

República Dominicana ha sido tradicionalmente el país de mayor acogida de migrantes haitianos-as, de hecho este grupo se constituye en una importante fuerza de trabajo que ha aportado al desarrollo de la economía dominicana. Sin embargo, hoy es alarmante e incierto el destino que tendrán más de 4 generaciones de ciudadanos-as dominicanos-as, para quienes se ha ordenado una desnacionalización retroactiva por ser hijos- as de migrantesen situación irregular. La sentencia adoptada por el Tribunal Constitucional de Republica Dominicana deja al descubierto la necesidad de reorientar la reflexión sobre el pacto social entre el Estado y sus ciudadanos, pero sobre todo la necesidad de sincerar las políticas para la protección de derechos de los migrantes y sus garantías.

América Latina, continente de gran riqueza y diversidad, tiene en común los fuertes movimientos migratorios que hemos reflejado en el breve recorrido de este documento. La situación descrita constituye un desafío respecto a la promoción de políticas públicas contra la violación de los derechos civiles, económicos y culturales de los migrantes. Así mismo  refleja la imperante necesidad de promover valores que ayuden a la sociedad, en el paso de ser receptora a ser una sociedad de acogida. Este tránsito para convertirse en sociedades de acogida  implica la cultura de la hospitalidad en la cual se destierre cualquier tipo de discriminación y se garantiza el buen trato a las personas que vienen de fuera.

Reiteramos el llamado que la Red Jesuita con Migrantes hace a los Estados y las sociedades latinoamericanas y caribeñas para, por un lado, valoren el aporte de las personas migrantes a las sociedades que los acogen y, por otro,  a luchar por una región más justa y hospitalaria donde todos tengan su lugar.

Información de contacto:

P. Rafael Moreno Villa sj

Director general de la RJM-LAC

Correo electrónico: rjmlac.direccion@gmail.com

Sra. Yolanda González Cerdeira

Coordinadora de la subregión Centroamérica y Norteamérica (CANA): Belice, Guatemala, El

Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, Estados Unidos de América, Canadá.

Correo electrónico: ygcerdeira@radioprogreso.net

P. Mario Serrano Marte sj

Coordinador de la Subregión Caribe: República Dominicana, Haití, Jamaica, Canadá Francés,

Venezuela, Estados Unidos de América (Miami, Florida).

Correo electrónico: dirsocialrd@antsj.org

Sra. Merlys Mosquera Chamat

Directora regional del SJR y Coordinadora de la subregión Colombia y países fronterizos:

Ecuador, Panamá, Venezuela.

Correo electrónico: direccion.regional@sjrlac.org

P. Emilio Martínez Díaz sj

Coordinador de la subregión Cono Sur: Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil.

Correo electrónico: sj.emilio@gmail.com

Periodista y defensora de derechos humanos denuncia amenazas a muerte

Alerta 00080-2013 16 de diciembre del 2013 Tegucigalpa, Honduras, (C-Libre).  La  periodista Yanina Romero del Centro de Derechos de la Mujer  (CDM) de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, denunció a C-Libre ser víctima de amenazas vía mensajes de texto a su celular, enviados a través de la plataforma Web de la compañía TIGO-Honduras. La o el agresor que se autodenomina "antifem", envío mensajes alusivos al trabajo de promoción y defensa de los derechos de la mujer que realiza la periodista Romero desde el CDM. En uno de los mensajes se lee: "Por dentro eres frágil y vulnerable... tu sobervia no detendrá las fuertes tormentas ke te esperan". Según Romero los mensajes fueron enviados el día jueves 12 de diciembre, justamente después de haber realizado el programa radial institucional del CDM que se transmite de 6 a 7 de la noche a través de Radio El Mundo. "Yo me di cuenta de los mensajes a eso de las 10 de la noche cuando mi hija reviso mi teléfono celular y me dijo que tenía estos mensajes sin leer y que los había recibido desde las 8:49 de la noche", relató Romero. La periodista también confesó que ese mismo día había participado en el programa televisivo de su colega Alfredo Bográn, en donde se abordó la problemática de inseguridad y vulnerabilidad del ejercicio del periodismo. Romero solicita a Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público que actué de oficio e investigue la ubicación del servidor desde donde se enviaron los mensajes e identificar al responsable.

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).  C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Una pesadilla que no termina

En las últimas semanas, han salido a la luz pública sendas denuncias contras las fuerzas de seguridad del Estado de Honduras que nos confirman el retroceso democrático que implicó el golpe de Estado y el alarmante nivel de control que ejercer los militares en la vida pública del país.

El 25 de noviembre, una delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), encabezada por su secretario general Luis Guillermo Pérez y por el juez español Baltazar Garzón, denunciaron la existencia de una lista de 36 personas consideradas opositoras, a quienes se les ha dado seguimiento por parte de la Dirección de Inteligencia Militar.

Por su parte, esta semana el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) ratificó dicha denuncia y publicó la lista que contiene los nombres de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, artistas, líderes gremiales y comunitarios, y dirigentes políticos de la oposición, cuyo perfil supuestamente ha sido elaborado por la inteligencia militar con el objetivo de atentar contra sus vidas.

Ya en agosto de este año, Jhony Lagos, periodista de El Libertador, había denunciado que el personal y el edificio donde funciona el periódico son objeto de vigilancia encubierta por parte de un sospechoso vinculado a las Fuerzas Armadas.

Y si a ello se suma la creación de la Dirección Nacional de Investigación y Defensa, bajo el mando del general Julián Pacheco Tinoco, la cual es una estructura que interviene las comunicaciones, da seguimiento y utiliza información de cualquier ciudadano sin que existan verdaderos y efectivos controles judiciales, resultan extremadamente preocupantes las denuncias señaladas.

Sin duda alguna, la herencia del golpe de Estado se está manifestando cada vez con mayor fuerza y el retorno de los militares a la vida política condicionando y decidiendo las cuestiones públicas del país, nos regresan a las terribles pesadillas vividas en los años 80’s.

Defensores de derechos humanos y políticos opositores investigados supuestamente por inteligencia militar

Alerta 00077-2013 09  de diciembre del 2013 Tegucigalpa, Honduras, (C-Libre). En poder del  Comité por la Libre Expresión (C-Libre) se encuentra un listado que contiene los nombres de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, artistas y líderes políticos de la oposición, de los que se asegura inteligencia militar habría elaborado perfiles con la finalidad de atentar contra sus vidas. Así lo reveló, días antes de que se celebraran las elecciones generales en Honduras, una fuente que entregó el listado a representantes de C-Libre, con la finalidad de advertir a las personas enlistadas que sus vidas corren riesgo.   Posteriormente el 25 de noviembre, el día siguiente del proceso electoral una delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), encabezada por el juez español, Baltazar Garzón y el secretario general de FIDH, Luis Guillermo Pérez, hicieron pública la existencia del listado en el que se encuentran 36 personas, entre los que se encuentran representantes del movimiento social hondureño, líderes gremiales y comunitarios, dirigentes de la oposición y periodistas. El mismo, identifica a los periodistas: David Romero Ellner, director de Radio Globo, Lidieth Díaz, periodista de Canal 36 Cholusat Sur, Félix Antonio Molina, director del programa "Resistencia" y Héctor Longino Becerra, director ejecutivo de C-Libre. Ante tal información, C-Libre  hace un llamado al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía Especial de Derechos de  Derechos Humanos,  a las Fuerzas Armadas de Honduras, particularmente a la Dirección de Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas, a fin de esclarecer esta situación y responsabiliza al Estado de Honduras por cualquier atentado en contra de las personas listadas. Asimismo, se hace un llamado a la comunidad internacional para que denuncien  este tipo de acciones y que soliciten a las autoridades hondureñas una explicación referente a esta información, puesto que las personan que aparecen en los listados debido a su trabajo pacifista en beneficio de los demás, son considerados defensores y defensoras de los derechos humanos.

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).  C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Una nueva manipulación mediática en materia de justicia e impunidad

El 18 de noviembre de 2010, la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (OTP) anunció que iniciaba un examen preliminar sobre la situación en Honduras para analizar si las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el golpe de Estado, constituían crímenes de lesa humanidad.

A pesar de la trascendencia de este anuncio, los potenciales investigados y los sectores afines al golpismo le restaron importancia, intentando ocultar a la opinión pública las implicaciones políticas y jurídicas que conlleva el examen preliminar.

Y el movimiento de derechos humanos, con excepción de ciertas acciones puntuales e individuales de algunas organizaciones, no estableció espacios nacionales permanentes de reflexión y trabajo coordinado que ayudaran a concretar una estrategia nacional e internacional para convencer a la OTP de que en Honduras se cometieron crímenes internacionales.

Tres años después, la OTP hizo un anuncio importante en relación con Honduras. En primer lugar, concluyó que no hay dudas que se cometieron graves violaciones a derechos humanos atribuibles a las autoridades de facto encabezadas por Roberto Micheletti y Romeo Vásquez Velásquez.

En segundo lugar, manifestó que por el momento no hay base razonable para considerar que tales violaciones constituyen crímenes internacionales; y en tercer lugar, señaló que continuará analizando las denuncias que ha recibido para determinar si se han cometido crímenes de lesa humanidad después de la elección presidencial de 2010.

Los medios afines al golpismo junto con la cancillería de la República han presentado esta nueva información como una victoria estatal, ignorando que la OTP no investiga al Estado en sí, sino a los altos responsables civiles, militares y policiales del gobierno de facto.

También han mentido diciendo que esta es una sentencia que limpia la imagen de Honduras, sin tomar en cuenta que esta resolución es apenas el comienzo de una investigación que se mantiene abierta y que representa una nueva oportunidad para convencer a la OTP que en Honduras sí se cometieron crímenes de lesa humanidad.

De cualquier manera, si el movimiento de derechos humanos hondureño persiste en su incapacidad para promover acuerdos mínimos para impulsar un trabajo coordinado alrededor del examen preliminar de la OTP, es posible que dentro de poco observemos con impotencia el cierre definitivo de dicho examen y escuchemos el canto triunfal de los altos responsables del gobierno de facto y otros actores, que en este momento siguen siendo investigados por la OTP como presuntos criminales internacionales.

¿No has restringido nuevamente nuestro derecho a la participación en elecciones auténticas?

Participar en elecciones genuinas, libres y mediante el voto secreto, es un derecho fundamental para la salvaguardia de todos los derechos humanos, dado que sólo un gobierno derivado de la legítima voluntad popular puede proporcionar la más sólida garantía de que los derechos humanos serán observados y protegidos.

En este sentido, la realización de las elecciones debe caracterizarse por su autenticidad, que implica la necesidad de que exista una correspondencia entre la voluntad de los electores y el resultado de la elección. En sentido negativo implica que no existan interferencias que distorsionen la voluntad popular.

Para determinar la autenticidad de un proceso electoral es necesario analizar las condiciones generales y específicas en que dicho proceso se desarrolla. Las primeras implican la ausencia de coerciones directas o de ventajas indebidas para uno u varios sectores, ausencia de ambiente de temor e inseguridad, ya sea por el uso de la violencia o la proscripción; las segundas, la ausencia de obstáculos para la emisión del voto.

Con base a lo anterior, las elecciones del 24 de noviembre tienen una serie de irregularidades que ponen en duda si se cumplieron las condiciones generales y específicas mencionadas, ya que, entre otras cosas, hubo un manejo inadecuado de las listas de votantes en las cuales se incluyó personas fallecidas y se excluyó a otras vivas, hubo compra de votos y de credenciales, hubo falta de representación de todos los partidos en las mesas y hubo un despliegue injustificado del ejército y de la Policía Militar como elemento coaccionador.

Es necesario que el Tribunal Supremo Electoral, la comunidad internacional y los demás actores políticos involucrados reflexionen sobre la urgente necesidad de disipar las dudas de fraude que sobrevuelan estas elecciones pues de lo contrario, seguiremos alimentando la ilegitimidad que jamás permitirá hacer de Honduras un verdadero Estado democrático de derecho.

Una nueva condena internacional contra el Estado de Honduras

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó nuevamente al Estado de Honduras por no adoptar medidas efectivas para proteger a los defensores del ambiente. La primera sentencia data de abril de 2009 cuando el Estado fue condenado por el asesinato de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández.

En esta ocasión, el tribunal regional declaró la responsabilidad internacional del Estado por no haber cumplido con su deber de prevenir la vulneración de los derechos del ambientalista Carlos Antonio Luna López, así como por haber violentado la integridad personal de sus familiares.

Para la Corte Interamericana, el Estado debió maximizar esfuerzos y utilizar todos los recursos disponibles y pertinentes para preservar la vida de Carlos Luna, quien ya había denunciado amenazas a muerte en su contra.

Teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido un aumento considerable de violaciones a derechos humanos de defensores ambientalistas quienes se oponen a la entrega de los bienes naturales a grandes empresas, la sentencia en el caso Luna es una herramienta fundamental para minimizar los riesgos, ya que el tribunal ordenó la adopción de una política pública integral para su efectiva protección.

Después de esta resolución, queda el desafío de que dicha política pública sea implementada en el menor plazo posible hasta lograr que se proteja efectivamente a los defensores y las defensoras de derechos humanos en general y a los del ambiente en particular.