tag:blogger.com,1999:blog-59311771338758334672024-03-11T21:12:20.864+01:00ABOGADOS POR LOS DERECHOS HUMANOS Espacio relacionado con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.comBlogger930125tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-46968557135431036432024-03-11T18:51:00.007+01:002024-03-11T21:11:41.568+01:00Elementos técnico-jurídicos que fundamentan la extradición*<div style="text-align: right;"><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: medium;">Joaquín A. Mejía Rivera y Ana A. Pineda H</span></span></div><span style="font-family: helvetica;"><div style="text-align: right;"><b><u><br /></u></b></div> <div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><b><u>1. Fundamentos jurídicos</u></b></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">La figura de la extradición se fundamenta en la cooperación judicial internacional que se brindan los Estados para proteger sus bienes jurídicos frente a los actos ilícitos transnacionales. En palabras de Luis Carlos Zarote, todos los Estados deben contribuir al cumplimiento de la justicia y a la sanción de las personas delincuentes, como autoras o participes, que se encuentran en otro Estado.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">En virtud de ello, la extradición está orientada a que la sanción del delito se aplique en el territorio del país donde se quebrantó el orden jurídico y donde se han recabado los suficientes elementos probatorios para la investigación. De esta manera, se busca evitar la impunidad de ciertos crímenes reconocidos en el marco de tratados bilaterales o multilaterales y que las personas responsables encontrándose en otro Estado puedan eludir la acción de la justicia.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">La extradición es, entonces, un instrumento para que la administración de justicia cumpla con su objeto y fines. Cabe destacar que son tres los elementos que constituyen la extradición: primero, la presencia indispensable de una relación jurídica entre el Estado que solicita la extradición (requirente) y el Estado que recibe la solicitud (requerido); segundo, un pedido formal de detención judicial con propósito de extradición que reúna algunas formalidades reconocidas por el Derecho Internacional; y, tercero, que la persona solicitada en extradición sea considerada indiciada, procesada o condenada por el delito que se le imputa dentro de los límites de la jurisdicción del Estado requirente.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><b><u>2. Las normas jurídicas internacionales que fundamentan la extradición</u></b></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Sin perjuicio de considerar otros estándares internacionales, en el ámbito del derecho interno hondureño básicamente existen tres normas jurídicas de carácter internacional y dos de carácter nacional que regulan la figura de la extradición y el proceso para su ejecución. En cuanto a las primeras tres, el 15 de enero de 1909 se suscribió la Convención de Extradición entre Estados Unidos de América y Honduras; y el 21 de febrero de 1927 la Convención Adicional de Extradición que complementa a la anterior, incluyendo en el catálogo de conductas ilícitas, el tráfico de drogas.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">A su vez, el 2 de diciembre de 2003, Honduras ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (Convención de Palermo) que en su artículo 16 desarrolla ampliamente los requisitos y procedimientos que deben observarse al momento de aplicar la extradición con respecto a la comisión de delitos graves por parte de un grupo delictivo organizado y que la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado Parte requerido.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Esto nos demuestra que la extradición supone un reconocimiento de la extraterritorialidad de las leyes de Estados Unidos en el ejercicio legítimo de su potestad punitiva, en virtud de las convenciones citadas que, a la luz de los artículos 16, 18 y 102 reformado de la Constitución de la República, forman parte del derecho interno y tienen jerarquía supralegal y constitucional.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">En consecuencia, se puede afirmar que existe la fuente convencional, constitucional y reglamentaria suficiente para tramitar cualquier solicitud de extradición. Al respecto, hay tres cuestiones que deben resaltarse: en primer lugar, a la luz del artículo 16 de la Constitución de la República, las citadas convenciones internacionales, una vez que entraron en vigor, pasaron a formar parte de nuestro derecho interno y por en ende, gozan de jerarquía supralegal, es decir, ninguna ley, reglamento, práctica o acuerdo puede ser contrario a sus contenidos. Además, si llegare a existir “un conflicto entre el tratado o convención y la Ley prevalecerá el primero”, al tenor del artículo 18 constitucional.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">En segundo lugar, desde el momento en que el Estado hondureño suscribió y ratificó tales tratados sobre extradición, asumió la obligación internacional de adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas necesarias para adecuar su derecho interno –normas y prácticas- a las disposiciones de las tres convenciones señaladas.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Y, en tercer lugar, en el contexto de los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, el Estado de Honduras está obligado a cumplir de buena fe las tres convenciones que regulan la extradición y “no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento” de tales tratados.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Por tanto, con base en la regla de oro en materia de tratados internacionales conocida como “<i>Pacta sunt servanda</i>” implicaría que la adopción y aplicación de una ley o práctica nacional contraria a lo dispuesto en las tres convenciones sobre extradición generaría la responsabilidad internacional del Estado y, en consecuencia, la responsabilidad individual de la persona funcionaria cuya acción u omisión provocó el incumplimiento estatal de sus obligaciones y compromisos internacionales.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><b><u>3. Las normas jurídicas nacionales que fundamentan la extradición</u></b></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Debido a la obligación internacional del Estado de adecuar su derecho interno a las disposiciones de las tres convenciones que regulan la extradición, en enero del año 2012 el Congreso Nacional reformó el artículo 102 constitucional para incluir excepciones a la prohibición de extradición de hondureños y hondureñas a la justicia de otro Estado. Según esta reforma, se podrá extraditar a una persona nacional de Honduras cuando se trate de “casos relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, Terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada y cuando exista tratado o convenio de extradición con el país solicitante”.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Con respecto al carácter auto ejecutorio de los tratados internacionales, del cual emana su vinculatoriedad para las partes contratantes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-7/86 de 29 de agosto de 1986, en virtud de una regla básica del derecho internacional señaló que todo Estado Parte en un tratado tiene el deber legal de adoptar las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones conforme al tratado, sean dichas medidas administrativas, legislativas o de otra índole.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Sobre este particular, en su Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, este tribunal interamericano sostuvo que “siempre que un convenio internacional se refiera a ‘leyes internas’ sin calificar en forma alguna esa expresión o sin que de su contexto resulte un sentido más restringido, la referencia es para toda la legislación nacional y para todas las normas jurídicas de cualquier naturaleza, incluyendo disposiciones constitucionales”.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Mientras que, como parte de las medidas “de otra índole” y de “las normas jurídicas de cualquier naturaleza” que el Estado de Honduras podía adoptar para cumplir con sus obligaciones internacionales derivadas de las tres convenciones relativas a la extradición, el 10 de junio de 2013 el pleno de la Corte Suprema de Justicia adoptó un auto acordado con el fin de regular el procedimiento de extradición y garantizar el debido proceso, y los derechos y garantías de quienes intervienen en el proceso.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Lo anterior evidencia que esta norma no es insuficiente para tramitar el procedimiento de extradición, en primer lugar, porque este tiene un carácter administrativo y su única finalidad es determinar la detención provisional, para luego valorar si la solicitud de extradición cumple con los requisitos establecidos en los tratados internacionales y la Constitución de la República; en segundo lugar, la necesidad de una ley formal únicamente es obligatoria cuando se trata de la restricción de derechos, tal y como lo plantea la Corte Interamericana en su Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Y, en tercer lugar, la efectividad o el efecto útil (effect utile) de los tres tratados internacionales relacionados con la extradición no puede depender “exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, que suelen ser de por sí insuficientes”, como lo señala Ariel Dulitzky, pues para que el Estado cumpla con su obligación de adaptar su derecho interno a sus obligaciones internacionales puede utilizar todas las medidas disponibles, independientemente de su naturaleza, como por ejemplo, un auto acordado del Poder Judicial.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><b><u>4. Conclusión</u></b></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">No es ninguna coincidencia que el debate sobre la extradición se genere ahora con tanta fuerza y no cuando se tramitaron las treinta y dos extradiciones anteriores. El principal cuestionamiento está sustentado principalmente en el hecho de que el procedimiento de detención judicial mediante extradición no está desarrollado en una ley, sino en un auto acordado, es decir, en una disposición reglamentaria de carácter general que la Corte Suprema de Justicia dictó con la finalidad de alcanzar el cumplimiento exacto de las disposiciones legales vigentes en materia de extradición.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Si bien muchos Estados de la región, complementariamente a las disposiciones contenidas en los tratados de extradición han legislado en la materia, con la finalidad de desarrollar con más detalle el procedimiento para determinar el otorgamiento o denegatoria de la solicitud y, por tanto, la entrega de las personas reclamadas, no es menos cierto que la ausencia de una ley no es óbice para la tramitación de la solicitud de extradición.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Esto es así porque ésta es una institución propia del derecho Internacional que genera obligaciones a los Estados que de forma soberana suscribieron las convenciones que la regulan. En este orden de ideas, el Estado hondureño no puede librarse de sus compromisos internacionales en la materia, ya que la naturaleza de la norma interna que detalla el procedimiento de extradición –ley o auto acordado- no afecta el carácter internacional del acto que dio origen a las tres convenciones sobre extradición y, por tanto, no puede modificarse o reformarse unilateralmente, ni siquiera puede desconocerse su efecto sin observarse las reglas establecidas en dichos tratados o en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Por tanto, argumentar que el juez natural que conoce de una extradición debe denegar su solicitud por la inexistencia de una ley formal es ignorar que dicho funcionario judicial está sometido a las disposiciones de las tres convenciones relacionadas con la extradición en el marco de la supremacía convencional garantizada en los artículos 16 y 18 de la Constitución de la República, y que tiene la obligación de velar que el efecto útil de dichos instrumentos internacionales no se vea mermado o anulado.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div> <div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Las citadas convenciones regulan suficientemente el procedimiento de la extradición y aunado al artículo 102 reformado de la Constitución nacional legitiman el ejercicio extraterritorial de la jurisdicción estadunidense en un doble sentido: por un lado, permiten que Estados Unidos imponga sus leyes a la persona reclamada en virtud de tener causa probable de participación en actos ilícitos, aunque no se encuentre dentro de su territorio; y, por otro lado, obliga al Estado hondureño a aceptar que, en este caso, se apliquen las leyes estadunidenses, evidenciando, a la vez, la ineficacia de nuestro sistema de justicia y la falta de voluntad política para investigar y sancionar esa grave actividad criminal.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">* Publicado originalmente el 21 de febrero de 2022 en <a href="https://www.radioprogresohn.net/portada/elementos-tecnico-juridicos-que-fundamentan-la-extradicion/?fbclid=IwAR0OtAWEdeP6K0ZgkKPuVBPZ_7zGhf5I-RsQYJCVP7a4VXJY0KMFrEw1LF4" style="text-align: left;">Página no encontrada – Radio Progreso (radioprogresohn.net)</a></span></div></span><div style="mso-element: footnote-list;"><div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
</div>
</div>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-59641571605515989952024-02-18T17:22:00.004+01:002024-02-25T17:22:36.253+01:00LAS ROTACIONES EN LAS SALAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y EL ORDEN DE PRECEDENCIA EN LAS COORDINACIONES<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b><u>1. El problema jurídico</u></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">El 16 de febrero de 2024, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, a través del Oficio PCSJ N° 62-2024, anunció la rotación en la presidencia de la Sala de lo Constitucional y en las coordinaciones de las restantes Salas, sin tomar en cuenta ningún orden de precedencia. Esto ha generado diversas críticas y afirmaciones que van desde que tal decisión fue “dictatorial”, que representa una “ilegalidad” o que es un “golpe técnico” o un “rompimiento del orden constitucional”.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Frente a la gravedad estas aseveraciones, es necesario generar un debate técnico-jurídico que nos permita identificar el fundamento jurídico que obliga a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia a seguir un orden de precedencia en la determinación de la presidencia de la Sala de lo Constitucional y en la coordinación de las restantes Salas. Este breve análisis está orientado a ello.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b><u>2. Cuestiones previas</u></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">El artículo 313 de la Constitución de la República establece en su numeral 8 que la Corte Suprema de Justicia tiene la atribución de emitir su propio Reglamento Interior “y otros que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. En el mismo sentido, el artículo 316 constitucional señala que dicho reglamento “establecerá la organización y funcionamiento de las Salas”.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">De estos dos artículos se desprende algo fundamental: que la Corte Suprema de Justicia tiene una potestad reglamentaria originaria, ya que la Constitución le atribuye directamente la autoridad de elaborar, aprobar y reformar sus propias reglas internas, sin necesidad de que exista una ley que le conceda esta potestad<a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftn1">[1]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">No obstante, a la luz del artículo 1 constitucional que establece que Honduras es un Estado de derecho, lo que implica que deben observarse los principios de legalidad y legitimidad<a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftn2">[2]</a>, la validez del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia “reside en su conformidad no sólo formal sino también sustancial con normas de rango superior”<a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftn3">[3]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">En otras palabras, las condiciones de validez del Reglamento Interior exigen que haya sido aprobado por el órgano competente y que se haya respetado el procedimiento para hacerlo (formal-legalidad), y que su contenido no entre en contradicción con las normas superiores (sustancial-legitimidad)<a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftn4">[4]</a>, es decir, las leyes, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">En virtud de lo anterior, el pleno de la Corte Suprema de Justicia emitió un nuevo Reglamento Interior el 31 de mayo de 2002 a través del Acuerdo N° 04-02<a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftn5">[5]</a>, derogando su anterior reglamento emitido el 29 de diciembre de 1992. Posteriormente, el 17 de febrero de 2023, el pleno de la Corte reformó por adición los artículos 5, 6, 8, 15 y 16 de su Reglamento Interior<a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftn6">[6]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Teniendo en cuenta que el artículo 33 de este último reglamento establece que puede “ser derogado o reformado con el voto favorable de la mayoría de la totalidad de los miembros que integran la Corte Suprema de Justicia” y que el reglamento con su reforma de 2023 fue aprobado por unanimidad y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, no cabe duda sobre su validez formal.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Con respecto a la validez sustancial del Reglamento Interior y su reforma de 2023, hasta el momento no se ha planteado que su contenido es contrario a alguna norma superior como la Constitución de la República, un tratado internacional u otras normas pertinentes como la Ley Sobre Justicia Constitucional.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">En este sentido, hasta el momento no se cuestiona la validez formal y sustancial del Reglamento Interior reformado, sino que la decisión adoptada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia implicó un quebrantamiento de las propias normas reglamentarias con respecto al orden de precedencia y al órgano que tiene la facultad de designar las coordinaciones de las Salas -la presidencia o el pleno de la Corte-.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b><u>3. El orden de la precedencia a la luz del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia</u></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">A la luz de la potestad reglamentaria originaria de la Corte Suprema de Justicia, su Reglamento Interior es el conjunto de reglas que regulan su funcionamiento interno; en consecuencia, sus efectos jurídicos solo operan hacia dentro y no necesariamente hacia afuera.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Por ello, la Sala de lo Constitucional ha sostenido que un reglamento no constituye “un acto materialmente legislativo, es decir, no alcanza a constituirse como una ley o una norma de carácter y aplicación general, sino que se trata de un acto de carácter concreto y particular […]”<a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftn7">[7]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">No obstante, esto no significa que el Reglamento Interior no tenga fuerza legal. Las reglas que contiene deben ser cumplidas por todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ya que el principio de legalidad siempre debe presidir sus actuaciones. Además, debe observarse el principio de seguridad jurídica para generar un marco de actuación “estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones”<a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftn8">[8]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Teniendo en cuenta lo anterior, pasemos a abordar la presunta facultad de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia para designar la presidencia y coordinaciones de las Salas independientemente del orden de precedencia.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Existen dos normas reglamentarias que hablan sobre el orden de precedencia: el artículo 5 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia y el artículo 2 del Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional. Tales artículos establecen lo siguiente:</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: none;"><tbody><tr><td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.7pt;" valign="top" width="294"><p align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">Artículo 5 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia<o:p></o:p></span></b></p></td><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.7pt;" valign="top" width="294"><p align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">Artículo 2 del Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional<o:p></o:p></span></b></p></td></tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-left: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.7pt;" valign="top" width="294"><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">Exceptuando a la Presidencia, el orden de </span><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">precedencia se establecerá de conformidad a la forma en que </span><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">hayan sido electos por el Congreso Nacional. En caso de </span><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">ausencia, excusa o recusación de la Presidenta o Presidente, </span><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">será sustituido por quien haya sido aprobado por el Pleno.</span></p></td><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.7pt;" valign="top" width="294"><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">EI orden de precedencia entre los Magistrados de la Sala, se establecerá de conformidad con la Ley. La Presidencia se ejercerá por el término de un año, concluido el cual la asumirá quien corresponda de acuerdo con el orden de precedencia.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">En caso de falta temporal de la Presidenta o del Presidente, ejercerá el cargo quien deba sustituirlo en dicho orden.</span></p><div><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></div></td></tr></tbody></table>
<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: x-large;"><br /></span></div>
<span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: justify;">Con respecto al artículo 5 se puede argumentar que complementa al artículo 16 del mismo Reglamento en el sentido de que cada vez que se haga una rotación anual en la presidencia de la Sala de lo Constitucional y en las coordinaciones de las otras Salas, se debe aplicar el orden de precedencia “de conformidad a la forma en que hayan sido electos por el Congreso Nacional”. Sin embargo, es necesario tener en cuenta dos cuestiones importantes.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">En primer lugar, el segundo párrafo de este artículo contiene la situación en la cual se debe aplicar ese orden de precedencia, es decir, cuando exista la ausencia, excusa o recusación de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Considerando el lugar y el contexto en que se inserta esta figura, la finalidad que persigue el artículo 5 es precisar con anticipación la manera de resolver un posible problema jurídico que se generaría si la norma no previera quién sustituirá a la presidenta en caso de ausencia temporal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Por otro lado, tomando en cuenta el surgimiento y origen del artículo 5, es importante revisar su versión original aprobada en el Reglamento de 2002, particularmente el segundo párrafo que es distinto a la versión reformada en el reglamento de febrero de 2023.</div></span><p class="MsoNormal" style="margin-right: 9.55pt; text-align: justify;"><span style="line-height: 107%; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-right: 9.55pt; text-align: justify;">
</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-yfti-tbllook: 1184;">
<tbody><tr>
<td style="border: 1pt solid windowtext; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.7pt;" valign="top" width="294">
<p align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; margin: 0cm 9.55pt 0cm 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">Artículo 5 del Reglamento original<o:p></o:p></span></b></p>
</td>
<td style="border-left: none; border: 1pt solid windowtext; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.7pt;" valign="top" width="294">
<p align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; margin: 0cm 9.55pt 0cm 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">Artículo 5 del Reglamento reformado<o:p></o:p></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border-top: none; border: 1pt solid windowtext; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 441.4pt;" valign="top" width="589">
<p align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; margin: 0cm 9.55pt 0cm 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">Primer párrafo<o:p></o:p></span></i></b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top: none; border: 1pt solid windowtext; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.7pt;" valign="top" width="294">
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; margin: 0cm 9.55pt 0cm 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">Exceptuando a la
Presidencia, el orden de precedencia se establecerá de conformidad a la forma
en que hayan sido electos por el Congreso Nacional.<o:p></o:p></span></p>
</td>
<td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.7pt;" valign="top" width="294">
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; margin: 0cm 9.55pt 0cm 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">Exceptuando a la
Presidencia, el orden de precedencia se establecerá de conformidad a la forma
en que hayan sido electos por el Congreso Nacional.<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border-top: none; border: 1pt solid windowtext; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 441.4pt;" valign="top" width="589">
<p align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; margin: 0cm 9.55pt 0cm 0cm; text-align: center;"><b><i><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">Segundo párrafo<o:p></o:p></span></i></b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top: none; border: 1pt solid windowtext; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.7pt;" valign="top" width="294">
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; margin: 0cm 9.55pt 0cm 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">En caso de falta temporal de la Presidenta o del Presidente, será sustituida (o) por otra u otro de las Magistradas o Magistrados, en el orden de precedencia.</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.7pt;" valign="top" width="294">
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; margin: 0cm 9.55pt 0cm 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">En caso de ausencia, excusa o recusación de la Presidenta o Presidente, será sustituido por quien haya sido aprobado por el Pleno.</span></p>
</td>
</tr>
</tbody></table><p class="MsoNormal" style="margin-right: 9.55pt; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: x-large;"><br /></span></p><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: justify;">Como puede observarse, el artículo 5 original establece dos requisitos para determinar al magistrado que debe sustituir a la persona titular de la presidencia en caso de falta temporal: uno, que se siga el orden de precedencia de conformidad con la forma en que hayan sido electos por el Congreso Nacional; dos, que sea aprobado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Con la reforma de 2023 se mantuvo el orden de precedencia, pero se eliminó el requisito de que el sustituto sea aprobado por el pleno. En este sentido, la figura del orden de precedencia tiene un fin instrumental: saber de antemano quién y cómo sustituirá a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia en caso de ausencia, excusa o recusación, y así evitar confusión o conflictos en cuanto a quién puede sustituirla.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">En segundo lugar, el artículo 2 del Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional establece que el orden de precedencia “se establecerá de conformidad con la Ley” y que la presidencia se ejercerá anualmente por cada magistrado de acuerdo con dicho orden.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">La primera pregunta que nos plantea este artículo es a qué ley se refiere para determinar el orden de precedencia. Ni la Constitución de la República (artículo 316) ni la Ley Sobre Justicia Constitucional (artículo 7) lo regula, ya que ambas se limitan a señalar que la Sala de lo Constitucional estará integrada por cinco magistrados designados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia<a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftn9">[9]</a>.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Si el referido artículo 2 remite a una ley que no existe, podríamos estar ante una aparente situación de <i>non liquet</i> (“No está claro” en latín), es decir, ante la inexistencia de una norma que establezca expresamente los criterios para determinar el orden de precedencia en la presidencia de la Sala de lo Constitucional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Esto último es importante porque la ley a la que remite el artículo 2 es la que debe establecer qué criterios aplicar para determinar el orden precedente, los cuales podrían ser edad, orden alfabético, nivel y número de estudios de posgrados, publicaciones en materia constitucional, notas obtenidas en el proceso de la Junta Nominadora, experiencia docente o profesional, etc.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Por ello, se puede argumentar que, para evitar esta aparente situación de <i>non liquet</i>, hay que aplicar el orden de precedencia establecido en el artículo 5 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, esto es, el orden en que hayan sido electos por el Congreso Nacional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Por tanto, la ley a la que se referiría el artículo 2 es del Decreto Legislativo N° 2-2023 que contiene los nombres de las personas que fueron electas para integrar la Corte Suprema de Justicia y que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 36158 de fecha 17 de febrero de 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">No obstante, esto nos plantea dos cuestiones importantes: primero, el Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia se aprobó el 31 de mayo de 2002 y el Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional, el 25 de junio de 2008, es decir, 6 años después.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">En consecuencia, ¿por qué el artículo 2 de este último Reglamento no remitió directamente al artículo 5 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia? Quienes integraban la Sala de lo Constitucional de ese entonces conocían y tenía que conocer perfectamente el Reglamento Interior de la Corte porque formaban parte del pleno, y, por ende, ¿por qué remitir a una ley pasando por el alto el citado artículo 5?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Segundo, también es preciso preguntarse ¿cómo establecer el orden precedente si el Congreso Nacional aprobó íntegramente la moción nominativa con la totalidad de los 15 magistrados a propuesta del diputado Mario Segura?<a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftn10">[10]</a> ¿Se puede considerar como orden precedente la forma en que están ordenados los magistrados en la moción nominativa? ¿A qué criterio de orden responde el listado de magistrados en dicha moción? ¿La manera en que se elaboró el listado tenía la finalidad de establecer un orden precedente?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Por otro lado, también se puede argumentar que el orden de precedencia se encuentra implícito en el Oficio PCSJ N° 92-2023 en el que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia conformó las diferentes Salas y, en concreto, la Sala de lo Constitucional, de la siguiente manera: Sonia Marlina Dubón (presidenta), Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">En el mismo sentido, también es posible argumentar que el orden de precedencia se puede obtener del proceso desarrollado por la Junta Nominadora con base en su Ley Especial de Organización y Funcionamiento, y, por tanto, debería ordenarse en función de las notas de cada magistrado. Así las cosas, este orden en la Sala de lo Constitucional quedaría de esta forma: Sonia Marlina Dubón (85.78%), Isabela Bustillo (80.40%), Francisca Villela (79.05%), Wagner Vallecillo Paredes (73.78%) y Luis Fernando Padilla (73.67%).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Incluso, hasta se podría señalar que debe continuarse con el orden precedente de acuerdo con la tradición normativa que se viene aplicando desde el año 2002 de que sea la presidenta de la Corte Suprema de Justicia quien decrete el orden en que cada persona magistrada será presidenta de la Sala de lo Constitucional, como lo establecía el artículo 16 del Reglamento Interior de la Corte antes de su reforma en 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Como vemos, ante esta aparente situación de <i>non liquet</i> parecen existir varias soluciones, todas ellas válidas; sin embargo, todavía es necesario analizar el artículo 16 reformado del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, el cual establece cuatro condiciones con respecto a la integración de las Salas:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">a) La integración de las 4 Salas será determinada una sola vez por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y, por tanto, durarán 7 años en sus funciones.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">b) El cambio en la integración de las 4 Salas solo puede realizarse con “el voto de tres cuartos (3/4) de sus miembros de la Corte Suprema de Justicia”.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">c) Cada una de las Salas tendrá una presidencia o coordinación, “cargo que será ejercido de forma rotatoria un año por cada miembro que integra la Sala”.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">d) Ningún miembro que integra una Sala podrá repetir la presidencia o la coordinación “hasta que todos sus miembros hayan ejercido ese puesto”.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">En ninguna parte de este artículo se plantea que la rotación se hará por orden de precedencia, más bien, cuando revisamos su versión original podemos notar que dicho orden fue eliminado con la reforma del Reglamento en febrero de 2023:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>
</span><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: none; text-align: justify;">
<tbody><tr style="mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0;">
<td style="border: 1pt solid windowtext; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.7pt;" valign="top" width="294">
<p align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; margin: 0cm 9.55pt 0cm 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">Artículo 16 del Reglamento original<o:p></o:p></span></b></p>
</td>
<td style="border-left: none; border: 1pt solid windowtext; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.7pt;" valign="top" width="294">
<p align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; margin: 0cm 9.55pt 0cm 0cm; text-align: center;"><b><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">Artículo 16 del Reglamento reformado<o:p></o:p></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 1;">
<td colspan="2" style="border-top: none; border: 1pt solid windowtext; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 441.4pt;" valign="top" width="589">
<p align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; margin: 0cm 9.55pt 0cm 0cm; text-align: center;"><i><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">Primer párrafo<o:p></o:p></span></i></p>
</td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 2;">
<td style="border-top: none; border: 1pt solid windowtext; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.7pt;" valign="top" width="294">
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; margin: 0cm 9.55pt 0cm 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">Para el conocimiento y
resolución de los asuntos conforme a la naturaleza de los mismos, la Corte
Suprema de Justicia se divide en cuatro (4) salas, así: Sala de lo
Constitucional, Sala de lo Civil, Sala de lo Penal y Sala Laboral-Contencioso
Administrativo.<o:p></o:p></span></p>
</td>
<td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.7pt;" valign="top" width="294">
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; margin: 0cm 9.55pt 0cm 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">Para el conocimiento y
resolución de los asuntos conforme a la naturaleza de los mismos, la Corte
Suprema de Justicia se divide en cuatro (4) salas, así: Sala de lo
Constitucional, Sala de lo Civil, Sala de lo Penal y Sala Laboral-Contencioso
Administrativo.<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 3;">
<td colspan="2" style="border-top: none; border: 1pt solid windowtext; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 441.4pt;" valign="top" width="589">
<p align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; margin: 0cm 9.55pt 0cm 0cm; text-align: center;"><i><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">Segundo párrafo<o:p></o:p></span></i></p>
</td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 4; mso-yfti-lastrow: yes;">
<td style="border-top: none; border: 1pt solid windowtext; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.7pt;" valign="top" width="294">
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; margin: 0cm 9.55pt 0cm 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">La Presidenta o el Presidente designará las
Magistradas o Magistrados que integrarán las Salas y, de estos designará la
Presidenta o Presidente, Coordinadora o Coordinador de Sala, quienes
iniciarán sus funciones el veintiocho de enero y el cargo se tomará
anualmente, siguiendo el orden de presidencia, sin perjuicio de lo que
disponga la Ley.<o:p></o:p></span></p>
</td>
<td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 220.7pt;" valign="top" width="294">
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; margin: 0cm 9.55pt 0cm 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">Los integrantes de las Salas serán determinados por
el Pleno de la Corte Suprema y tendrán una Presidencia o<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; margin: 0cm 9.55pt 0cm 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">Coordinación de Sala, cargo que será ejercido de
forma rotatoria un año por cada miembro que integra la Sala, no<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; margin: 0cm 9.55pt 0cm 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">pudiendo repetir ninguno, hasta que todos sus
miembros hayan ejercido ese puesto.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; margin: 0cm 9.55pt 0cm 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">Una vez aprobada la integración de las Salas, sólo
se podrán cambiar la misma, con el voto de tres cuartos (3/4) de sus<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; margin: 0cm 9.55pt 0cm 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: medium;">miembros de la Corte Suprema de Justicia.</span><span style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 9.55pt; text-align: justify;"><span style="line-height: 107%; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"><o:p><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"> </span></o:p></span></p>
<span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: justify;">Pero, además, hay que resaltar que este segundo párrafo tampoco establece de forma expresa quién designará la presidencia de la Sala de lo Constitucional y la coordinación de las restantes Salas, como sí lo establecía su versión original, cuya facultad la tenía explícitamente la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, la reforma del artículo 16 eliminó de manera expresa el orden de precedencia y la facultad de la presidenta de integrar las Salas y designar las coordinaciones.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">En el caso del pleno de la Corte, el artículo 16 reformado es claro al establecer que tiene la potestad de decidir la integración de las Salas y de cambiarla con el voto de los tres cuartos de sus miembros, pero esto último no implica que tiene la facultad de designar qué magistrados y en qué orden de precedencia van a ocupar la presidencia de la Sala de lo Constitucional y de la coordinación de las otras Salas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">En consecuencia, nos encontramos ante un silencio o vacío constitucional, legal y reglamentario, ya que no se establece expresa y claramente la autoridad facultada para realizar dichas designaciones ni el orden de precedencia. Ante esta aparente situación de <i>non liquet</i> hemos visto que existen varias soluciones, todas ellas presuntamente válidas. El punto central es si una de esas soluciones tiene preeminencia sobre las otras y, por tanto, cuál debe preferirse.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Es claro que con la designación realizada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia se ha hecho uso de la tradición reglamentaria de los últimos 21 años en los que las personas titulares de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia han decidido quién asume la presidencia de la Sala de lo Constitucional y las coordinaciones del resto de Salas<a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftn11">[11]</a>.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">A la luz de lo anterior se puede afirmar que, aunque esta forma de designación basada en una costumbre consolidada es la menos participativa y democrática, e, incluso, cuestionable en términos morales, no significa automáticamente que violenta una disposición establecida en la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional o el Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><u>4. Conclusión</u></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">A partir de este breve análisis se puede concluir lo siguiente:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">a) No existe ninguna norma que ordene de forma expresa y clara que la designación de la presidencia de la Sala de lo Constitucional y de la coordinación de las otras Salas se realice considerando un orden precedente sobre la base de criterios objetivos y precisos.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">b) Aunque el artículo 2 del Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional establece que el orden de precedencia se realizará conforme a la ley, existe una aparente situación de <i>non liquet</i>, pues no es posible identificar un cuerpo normativo que establezca expresamente los criterios para determinar dicho orden.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">c) La reforma del artículo 16 no incluye expresamente ni la existencia de un orden precedente ni la autoridad de la Corte Suprema de Justicia que puede realizar las designaciones de la presidencia de la Sala de lo Constitucional y de la coordinación de las restantes Salas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">d) Aunque existen varias soluciones para superar el vacío normativo sobre tales designaciones, finalmente se ha llenado con la tradición reglamentaria de que las haga la persona titular de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">e) La reforma del artículo 16 garantiza que la presidencia y la coordinación de las Salas serán ejercidas de forma rotatoria cada año por cada miembro que integra la Sala, y que ninguno de ellos podrá repetir en el cargo hasta que todos lo hayan ejercido. Esta norma asegura que ningún magistrado pueda quedarse en la presidencia o la coordinación más allá del tiempo ordenado.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Para evitar que este tipo de conflictos vuelvan a repetirse en el seno de la Corte Suprema de Justicia, es pertinente que, en virtud de los artículos 12 y 33 de su Reglamento Interior, que permite reformar su reglamento “con el voto favorable de la mayoría de la totalidad de los miembros que integran la Corte Suprema de Justicia”:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">a) Se revise y reforme el Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional para uniformarlo con el Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia con respecto al orden de precedencia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">b) Se reforme el artículo 16 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia para determinar expresamente cuál es la autoridad que tiene la facultad de designar anualmente al magistrado que ocupará la presidencia de la Sala de lo Constitucional y la coordinación del resto de Salas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">c) Se reforme por adición el Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia para incorporar algunos criterios objetivos que deben considerarse con el fin de realizar las designaciones en la referidas presidencia y coordinación de las Salas, priorizando, entre otras cosas, los postgrados cursados, los libros y artículos publicados, los años de experiencia docente o profesional y las distinciones académicas recibidas en las materias respectivas de cada Sala.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Los magistrados y magistradas que integran la Corte Suprema de Justicia todavía tienen 6 años para aprovechar esta oportunidad y volverla histórica en el sentido de convertirse en una garantía de los derechos y libertades, de aplicar el ordenamiento jurídico sin interferencias de otros poderes públicos o privados, y de cumplir con el papel constitucional que les corresponde en los procesos de democratización y fortalecimiento del Estado de derecho.</div></span><div style="mso-element: footnote-list;"><hr size="1" style="text-align: left;" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">*Agradezco a mi colega Henry Salinas por su ojo crítico y permitir que pudiera corregir un error en el texto. </span></p><p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN" style="line-height: 107%;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span lang="ES-HN"> </span>Gamero Casado, Eduardo, Fernández
Ramos, Severiano y Mora Ruiz, Manuela, <i>Derecho Administrativo para estudios
no jurídicos,</i> Tecnos, Madrid, 5ª ed. 2018, p. 92.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN" style="line-height: 107%;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span lang="ES-HN"> <span style="color: black;">Sala de lo
Constitucional,</span> <span style="color: black;">SCO RI-623-2013, Sentencia del
22 de noviembre de 2016</span>, considerando 14.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN" style="line-height: 107%;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span lang="ES-HN"> Ferrajoli, Lui, <i>Derecho y razón.
Teoría del garantismo penal, </i>prólogo de Norberto Bobbio, Editorial Trotta,
Madrid, 1995, p. 355.</span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn4" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftnref4" name="_ftn4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN" style="line-height: 107%;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span lang="ES-HN"> Prieto Sanchíz, Luis. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Apuntes de Teoría del Derecho, </i>Editorial
Trotta, Madrid, 2005</span><span lang="ES" style="color: black;">, pp. 76-78.</span><span lang="ES-HN"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn5" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftnref5" name="_ftn5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN" style="line-height: 107%;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span lang="ES-HN"> </span>Publicado en el Diario
Oficial La Gaceta N° 29,812 del 20 de junio del 2002.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn6" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftnref6" name="_ftn6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN" style="line-height: 107%;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span lang="ES-HN"> </span>Publicado en el Diario
Oficial La Gaceta N° 36,158 del 17 de febrero del 2023.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn7" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftnref7" name="_ftn7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN" style="line-height: 107%;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span lang="ES-HN"> Sala de lo Constitucional, SCO
RI-0092-2018, Sentencia del 7 de febrero de 2018, considerandos penúltimo y
último.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn8" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftnref8" name="_ftn8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN" style="line-height: 107%;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span lang="ES-HN"> Gamero Casado, Eduardo, Fernández
Ramos, Severiano y Mora Ruiz, Manuela, <i>Derecho Administrativo para estudios
no jurídicos</i>, op. cit., p. 91.</span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn9" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftnref9" name="_ftn9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN" style="line-height: 107%;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span lang="ES-HN"> </span>Únicamente el artículo 122 de la Ley Sobre Justicia
Constitucional hace mención del Reglamento Interno de la Sala de lo
Constitucional para señalar que en él se determinará con qué funcionarios y
personal contará.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn10" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftnref10" name="_ftn10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN" style="line-height: 107%;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span lang="ES-HN"> “Electa Corte Suprema de
Justicia”. En <i>Proceso Digital. </i>16 de febrero de 2023. Consultado el 17
de febrero de 2024. Accesible en: </span><span lang="ES-HN"><a href="https://proceso.hn/electa-corte-suprema-de-justicia/"><span lang="ES-MX">Electa Corte
Suprema de Justicia | Proceso Digital</span></a></span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn11" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/EJDH/Desktop/Las%20rotaciones%20en%20las%20Salas.docx#_ftnref11" name="_ftn11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-HN" style="line-height: 107%;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span lang="ES-HN"> Así lo han hecho en los años
de su mandato </span>Vilma Cecilia Morales (2002-2009), Jorge Alberto Rivera (2009-2016),
Rolando Argueta Pérez (2016-2022) y Rebeca Lizette Ráquel Obando en sus
primeros dos años como presidenta (2023-2024).</span><span face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-38831860951220049842023-09-13T22:29:00.011+02:002023-09-14T02:48:12.098+02:00Adendum al artículo “Aportes jurídicos para potenciar la máxima eficacia del artículo 233 constitucional con respecto al Ministerio Público” a la luz de los pertinentes aportes críticos del Dr. Carlos David Cálix Vallecillo<p style="text-align: right;"> <b style="font-family: helvetica; text-align: right;"><i>Joaquín A. Mejía Rivera (ERIC-SJ/EJDH)</i></b></p><div style="text-align: right;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>1. Antecedentes</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">En el referido artículo <a href="https://www.radioprogresohn.net/aplicacion-movil/aportes-juridicos-para-potenciar-la-maxima-eficacia-del-articulo-233-constitucional-con-respecto-al-ministerio-publico/">“Aportes jurídicos para potenciar la máxima eficacia del artículo 233 constitucional con respecto al Ministerio Público”</a> se argumenta que esa disposición constitucional establece el mandato de que la persona Fiscal General y su Adjunta durarán en sus cargos 5 años, y una vez que se cumple ese tiempo, las personas titulares del Ministerio Público vacan en sus funciones de forma automática.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Sin embargo, este artículo no regula la situación actual en la que el Congreso Nacional no ha elegido a las nuevas personas titulares del Ministerio Público al momento en que se venció el período de 5 años de Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián como Fiscal General y Fiscal Adjunto, respectivamente.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Esta situación requiere de una solución jurídica ante la vacancia automática en la que caen estas personas funcionarias con el fin de alcanzar dos grandes objetivos: el primero, evitar que el Ministerio Público sufra una situación de acefalía y no pueda continuar su funcionamiento regular sin obstáculos administrativos u organizativos.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">El segundo, ofrecer la solución jurídica que sea la más idónea para lograr la máxima eficacia del artículo 233 constitucional en el sentido de que se respete y garantice su carácter normativo mediante el cumplimiento de su mandato de que las personas titulares del Ministerio Público durarán en sus cargos 5 años.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">El objetivo de este adendum es aclarar o profundizar algunos aspectos relacionados con los criterios para resolver la antinomia que existe entre los artículos 80 de Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL) y 18 de la Ley del Ministerio Público (LMP).</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">El abordaje de estos aspectos parte de los lúcidos y pertinentes aportes críticos que me planteó el Dr. Carlos David Cálix Vallecillo, a quien agradezco profundamente sus argumentos que, no solamente me obligan a esclarecer o ahondar algunos de mis planteamientos, sino que aumenta la calidad del debate técnico-jurídico al respecto.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>2. Dos normas que ofrecen una salida jurídica para lograr el fin de garantizar la estabilidad y continuidad institucional del Ministerio Público y el carácter normativo de la Constitución de la República</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">La primera norma es el artículo 80 de LOPL que plantea que mientras el Congreso Nacional no elija a las personas sustitutas de Chinchilla y Sibrián, éstos “permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección”.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">La segunda norma es el artículo 18 de la LMP que establece que ante la ausencia del Fiscal General y su Adjunto, el actual Director General de la Fiscalía asumirá la dirección del Ministerio Público.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Ambas normas son de igual rango y ofrecen salidas jurídicas válidas para garantizar el fin de garantizar la estabilidad institucional, pero son contradictorias porque una apuesta por la continuidad de las personas titulares que vacan en sus funciones y la otra, por la toma de posesión de la persona titular de la Dirección General de la Fiscalía.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Estas contradicciones normativas son antinomias, cuya resolución requiere de la aplicación de los clásicos criterios jerárquico, cronológico y de especialidad. En relación con el primero, la norma superior se impone a la inferior; con respecto al segundo, la norma posterior se impone a la anterior; y con relación al tercero, la norma especial desplaza a la general.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Mi planteamiento es que la antinomia generada por los artículos 80 de la LOPL y 18 de la LMP se resuelve mediante la aplicación del criterio de especialidad, en virtud del cual la norma especial (artículo 18) se impone a la norma general (artículo 80). Así, la primera prevalece sobre la segunda, pues es más adecuada para regular lo específico con respecto al Ministerio Público.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Por tanto, una vez cumplido el término de 5 años ordenado por el artículo 233 constitucional sin que el Congreso Nacional haya elegido a las nuevas personas titulares del Ministerio Público, se aplica preferentemente el artículo 18 de la LMP como norma especial. Esto implica que la persona que asume la dirección del ente investigativo es el actual Director General de la Fiscalía.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">El aporte crítico del Dr. Cálix radica en que también puede argumentarse de que es posible aplicar el criterio cronológico y, por tanto, la norma posterior se impone a la norma anterior. En este caso, la LMP fue aprobada el 3 de diciembre de 1993 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 6 de enero de 1994. La LOPL fue aprobada el 16 de diciembre de 2013 y publicada el 26 de diciembre de 2013.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Por tanto, en aplicación del criterio cronológico, el artículo 80 de la LOPL se impone al artículo 18 de la LMP. No obstante, mi contraargumento es que para que esto sea posible es necesario que en las disposiciones finales de la LOPL se establezca de forma expresa que quedan derogadas todas las normas que se opongan a ella.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Ninguno de los artículos de las disposiciones finales de la LOPL establece dicha cuestión. De hecho, el artículo 84 es el único que plantea expresamente la derogación de una norma, esto es, el anterior Reglamento Interior del Congreso Nacional.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Para el Dr. Cálix no es necesario que la LOPL establezca expresamente esta cuestión, ya que, según el artículo 43 del Código Civil la derogación de una ley puede ser expresa, cuando la nueva norma dice claramente que deroga la anterior, o tácita, cuando la nueva norma contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la anterior.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">En virtud de los válidos argumentos del Dr. Cálix, nos encontraríamos ante una antinomia que puede ser resuelta mediante la aplicación de dos criterios, es decir, el cronológico y el de especialidad. La mejor forma de resolver esta cuestión es respondiendo a dos preguntas en relación con dos fines constitucionales:</span></div><p><br /></p><table bgcolor="#f3e3db" border="2" cellpadding="5" style="width: 668.667px;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><b><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">Fines</span></b></td><td style="text-align: center;"><b><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">Preguntas</span></b></td></tr><tr><td style="text-align: justify;"><span face="Arial, sans-serif" style="background: white; line-height: 15.6933px;">U</span><span face="Arial, sans-serif" style="background: white; line-height: 15.6933px;">nidad y coherencia normativa del sistema jurídico</span></td><td style="text-align: justify;"><span face="Arial, sans-serif" style="background: white; line-height: 15.6933px;">¿Cuál de los criterios promueven la mayor eficacia del principio de unidad y coherencia normativa?</span></td></tr><tr><td style="text-align: justify;"><span face="Arial, sans-serif" lang="ES" style="background: white; line-height: 15.6933px;">C</span><span face="Arial, sans-serif" lang="ES" style="background: white; line-height: 15.6933px;">arácter normativo y máxima eficacia de la Constitución</span></td><td style="text-align: justify;"><span face="Arial, sans-serif" style="background: white; line-height: 15.6933px;">¿Cuál de los dos criterios potencian mejor el principio de inmediatez constitucional?</span></td></tr></tbody></table><p><br /></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>2.1. ¿Cuál de los criterios promueven la mayor eficacia del principio de unidad y coherencia normativa?</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">El principio de unidad y coherencia normativa busca optimizar los aspectos jurídicos aparentemente enfrentados sin necesidad de sacrificar ninguno de ellos. De hecho, del artículo 19 del Código Civil se deduce este principio al plantear la utilización del contexto para ilustrar el sentido de cada una de las partes de la ley, “de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía”.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">En este orden de ideas, en el contexto actual la aplicación del artículo 80 de la LMP implicaría la derogación tácita del artículo 18 de la LMP y promovería la armonización normativa sacrificando dicha norma que quedaría parcialmente inválida en el ordenamiento jurídico, pues solo podría aplicarse en aquellas circunstancias que no implique el vencimiento del tiempo de 5 años ordenado por la Constitución.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Además, la fuerza normativa del artículo 233 constitucional en cuanto al plazo de 5 años dependería de un acto de “buena voluntad” (renuncia) de dos personas -Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián- y de su aceptación por parte de al menos 86 personas diputadas.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">En cambio, la aplicación del artículo 18 promovería dicha armonización sin sacrificar el objetivo central de ninguna norma, ya que el artículo 80 no sería expulsado del sistema jurídico y seguiría aplicándose en aquellos casos en los que no existe una norma especial que regule la situación que provoca la antinomia.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">En virtud de todo lo anterior, considero que no hay duda de que la aplicación del artículo 18 promueve con mayor eficacia la coherencia normativa y la concordancia práctica de todo el ordenamiento jurídico hondureño.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-family: helvetica; font-size: x-large;">2.2. ¿Cuál de los dos criterios potencian mejor el principio de inmediatez constitucional?</b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Teniendo en cuenta que el artículo 233 constitucional es una norma preceptiva u obligatoria de aplicación inmediata, debemos preguntarnos cuál de las dos normas -el artículo 80 de la LOPL o el artículo 18 de la LMP- fortalece la fuerza normativa de la Constitución de la República en cuanto al cumplimiento del mandato del período de 5 años al frente del Ministerio Público.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Si se aplica el artículo 80 de la LOPL ante la falta de acuerdo en el Congreso Nacional para elegir a las personas sustitutas de Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián, a quienes se les venció el plazo de 5 años, éstos podrían continuar en sus cargos 6, 7, 8 o más años hasta que se realice la elección por parte del parlamento. Con ello, el mandato con respecto al período de 5 años establecido en el artículo 233 constitucional quedaría, en la práctica, en suspenso.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">En cambio, si se aplica el artículo 18 de la LMP, aunque el Congreso Nacional se tarde meses o años en realizar la elección, se respetaría el mandato de 5 años establecido en el artículo 233 de la Constitución de la República y se garantizaría la estabilidad del Ministerio Público con la puesta en escena del actual Director General de la Fiscalía como sustituto natural de Chinchilla y Sibrián.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">A la luz de lo anterior, la aplicación del artículo 80 de la LOPL si bien garantiza que se alcance el fin de estabilidad institucional en el Ministerio Público, le resta fuerza normativa a la aplicación inmediata del artículo 233 constitucional; en cambio, la aplicación del artículo 18 de la LMP no solo garantiza el fin de estabilidad institucional, sino también robustece el carácter normativo y supremo de nuestra Constitución.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>3. Conclusión</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">La aplicación del artículo 18 de la LMP como norma especial ofrece una salida jurídica que asegura tres cuestiones fundamentales:</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">a) Promueve con mayor eficacia la coherencia y armonía de nuestro ordenamiento jurídico.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">b) Garantiza de la mejor manera la fuerza normativa de la Constitución mediante el cumplimiento del plazo de 5 años ordenado en el artículo 233.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">c) Es más conforme con el modelo constitucional relacionado con el Ministerio Público, pues refuerza la unidad y concordancia de todo el sistema jurídico.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">Además, en el contexto actual, que el artículo 18 de la LMP se imponga al artículo 80 de la LOPL pone fin a la situación de inconstitucionalidad que el Ministerio Público viene arrastrando desde hace más de 5 años cuando el proceso en que fueron electos los abogados Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián violentó abiertamente el artículo 233 constitucional.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">No quiero desaprovechar la oportunidad para reiterar mi profundo agradecimiento al Dr. Carlos David Cálix Vallecillo por sus oportunos y válidos aportes críticos, gracias a lo cual demostramos que los debates de altura conllevan generalmente a un enriquecimiento de los argumentos y, sobre todo, a la búsqueda de las soluciones jurídicas más acordes con los fines constitucionales.</span></div>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-16143159158489442052023-08-28T08:14:00.009+02:002023-08-28T19:48:57.106+02:00¿EL RETORNO INCONSTITUCIONAL DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA?<div style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: helvetica;">Joaquín A. Mejía Rivera</span><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn1" style="font-family: helvetica;">*</a></span></div><span style="font-family: helvetica;"><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><b>1. El problema jurídico</b></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">El texto original de la Constitución de la República de 1982 otorgaba inmunidad a las personas diputadas del Congreso Nacional. Ello implicaba que contaban con ciertos privilegios desde el día en que eran declaradas elegidas por el órgano electoral competente. De acuerdo con el artículo 200 constitucional las prerrogativas que tenían eran las siguientes:</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">1. Inmunidad personal para no ser sometidos a registros personal o domiciliario, detenidos, acusados, ni juzgados aún en estado de sitio, si el Congreso Nacional no los declara previamente con lugar a formación de causa;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">2. No estar obligados a prestar servicio militar;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">3. No ser responsables en ningún tiempo por sus iniciativas de ley ni por sus opiniones vertidas durante el desempeño de su cargo;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">4. No ser demandados civilmente desde quince días antes hasta quince días después de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso Nacional, salvo el caso de reconvención; y,</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">5. Para no declarar sobre hechos que terceras personas les hubieren confiado en virtud de su investidura.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Asimismo, gozarán de las prerrogativas de los numerales 1 y 2 del presente artículo, los candidatos a diputados desde el día en que sean nominados por sus respectivos partidos políticos.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Quienes quebranten estas disposiciones incurrirán en responsabilidad penal.</span></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Sin embargo, esta inmunidad se convirtió en una verdadera coraza de impunidad que protegía a las personas diputadas que cometían actos ilícitos relacionados o no con su función legislativa. Ante la demanda ciudadana para acabar con estos abusos, el Congreso Nacional aprobó de forma unánime el Decreto Legislativo N° 175-2003 de fecha 28 de octubre de 2003, por medio del cual se derogaron el citado artículo 200 y el artículo 205 numeral 15 constitucionales<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn2">[1]</a>.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Posteriormente, mediante el Decreto Legislativo N° 105-2004 del 30 de agosto del 2004 se ratificó la reforma constitucional contenida en el decreto anterior<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn3">[2]</a>, con lo que se expulsó del ordenamiento jurídico hondureño la inmunidad parlamentaria establecida por el constituyente originario de 1982. En consecuencia, esta reforma significó un cambio radical en el régimen de inmunidades del que disfrutaban las personas diputadas y otras personas en su calidad de altas funcionarias del Estado.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Como puede observarse, para reformar el contenido constitucional relativo a la inmunidad se siguieron los parámetros ordenados por el artículo 373 de la Constitución de la República, es decir, se decretó por el Congreso Nacional en sesión ordinaria; se contó con los dos tercios de los votos de la totalidad de sus miembros; y se ratificó por la subsiguiente legislatura ordinaria y por igual número de votos, es decir, 86. En resumen, esta reforma parcial de la Constitución se llevó a cabo por medio de decretos aprobados por el Poder Legislativo en dos momentos diferentes, los cuales (el decreto que aprueba la reforma y el decreto que la ratifica) “son parte del procedimiento de reforma y perfeccionamiento de la norma constitucional”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn4">[3]</a>.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">No obstante, el 16 de octubre de 2019, 87 personas diputadas pertenecientes al Partido Nacional y al Partido Liberal aprobaron el Decreto Legislativo N° 117-2019 que reformó el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para añadir lo siguiente:</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">La función legislativa es inviolable e indelegable, consecuentemente cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa a los diputados y diputadas que participan en dicho proceso parlamentario sin perjuicio de lo establecido en el artículo 205 numeral tres de la Constitución de la República siendo al pleno del Congreso Nacional el órgano competente que debe valorar cada caso completo y la consecuencias de la infracción.</span></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">En otras palabras, este decreto tiene como fin restablecer la inmunidad parlamentaria consagrada en el texto original de la Constitución, es decir, anular la reforma constitucional contenida en el Decreto Legislativo N° 175-2003 que fue ratificada mediante el Decreto Legislativo N° 105-2004. Por lo tanto, el problema jurídico para analizar tiene dos aspectos:</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">a) Determinar si dicho restablecimiento requería una reforma constitucional a la luz de lo establecido en el artículo 373 constitucional o simplemente una reforma legal ordinaria por adición, como finalmente se hizo.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">b) Determinar si, en virtud del artículo 374 de la Constitución, el Decreto Legislativo N° 117-2019 deja sin vigencia la derogación del artículo 200 a través de los Decretos Legislativos N° 175-2003 y N° 105-2004.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div> <div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><b>2. La rigidez constitucional y los límites a los poderes constituidos</b></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">La Constitución de la República es contundente e insistente al declarar su supremacía, “entendida como supralegalidad y superioridad sobre el resto del ordenamiento”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn5">[4]</a>. En este sentido, es la lex superior de la nación y su carácter fundamental es la expresión de su naturaleza suprema. Los efectos de su fundamentalidad, por un lado, somete y vincula la conducta de las personas que gobiernan y de las que son gobernadas; y, por otro, constituye un marco de legitimación de todos los actos y omisiones de los poderes públicos.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Por tanto, las normas jurídicas y las acciones de los poderes constituidos solo pueden partir de ella y ninguna puede evadir o contradecir los contenidos constitucionales<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn6">[5]</a>. En otras palabras, con dicho mandato se garantiza la supremacía material de la Constitución como parte de su esencia. En palabras de la Sala de lo Constitucional, “las normas que se emitan […] no deberán nunca contravenir las disposiciones constitucionales”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn7">[6]</a>. En este punto es importante destacar que esta supremacía tiene una doble dimensión: la supremacía constitucional en sentido estricto y la supremacía convencional.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">La primera está reconocida en el artículo 320 de la Constitución, el cual señala que en los casos “de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera”. La segunda está consagrada en el artículo 18 de la Constitución, que establece que en los casos “de conflicto entre el tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero”. Ambas son complementarias, pues la Constitución constituye el estatus mínimo de protección, ya que no se agota en su texto, sino que se complementa con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Honduras, y entre ellos interactúan y se auxilian mutuamente en la tutela de la dignidad y los derechos humanos [7].</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">En este sentido, las normas y derechos fundamentales de origen supranacional se incorporan a nuestro derecho interno para formar parte del llamado bloque de constitucionalidad<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn9">[8]</a>. Este bloque se encuentra en el peldaño más alto del sistema normativo y, en consecuencia, todas las normas de rango inferior deben ser informadas y regidas por las normas contenidas en él para lograr la armonía y la coherencia normativa que caracteriza al Estado constitucional de derecho. Pero “esta sujeción de rango no responde únicamente a la fuente de creación de normas, sino que también al contenido; por lo que corresponde ser interpretadas y aplicadas en tanto y cuando en contenido y forma se adaptan a los bloques de constitucionalidad y convencionalidad”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn10">[9]</a>.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">No obstante, nuestra Constitución también tiene una supremacía formal, que se convierte en un refuerzo de la supremacía material. Esta supremacía reforzadora se refiere al establecimiento de procesos especiales de revisión de los contenidos constitucionales, lo que conlleva a la distinción entre ella y la ley ordinaria<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn11">[10]</a>. De esta manera, su carácter de norma fundamental está ligada a la pretensión de perdurar en el tiempo y, para ello, refuerza las barreras frente a una repentina modificación o la posibilidad de la entrada en vigor de normas opuestas a ella<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn12">[11]</a>.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">En virtud de lo anterior, lo que diferencia a una “Constitución flexible” de una “Constitución rígida” es que la primera se puede reformar mediante una ley secundaria siguiendo el procedimiento ordinario de formación, sanción y promulgación de las leyes establecido en los artículos 213-221 constitucionales, mientras que la segunda requiere del cumplimiento de los requisitos especiales para reformarla señalados en el artículo 373 constitucional, ya que lo que se busca es dotarla de más estabilidad y fuerza legal. En otras palabras,</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Esta concepción parte de considerar como una natural aspiración el hecho de que una Constitución, que a diferencia de las leyes ordinarias establece el orden político, jurídico y social, tenga una vocación de permanencia. Esta se vería frustrada si quedase a merced de posibles alteraciones que cambiasen la organización del poder o vulnerasen los derechos que en ella se fijan dependiendo de una coyuntura política u otra. Esta concepción parte de considerar que una Constitución no pueda quedar en manos de los poderes que deben su existencia a la misma, o que la obra del Poder constituyente no puede quedar sujeta a lo que disponga el poder constituido<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn13">[12]</a>.</span></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Por tanto, la rigidez se convierte en la cualidad que le otorga el carácter de norma fundamental a la Constitución de la República y, además, constituye la consecuencia esencial de su supralegalidad, que presupone dos cosas: primero, la existencia de diferentes fuentes de producción para la Constitución y la ley; y, segundo, la existencia de órganos distintos, es decir, el poder constituyente y los poderes constituidos. En este sentido, el procedimiento de reforma constitucional es un elemento esencial de la norma fundamental que refuerza su fuerza normativa y se configura como un mecanismo de control del poder<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn14">[13]</a>.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Además, la rigidez constitucional puede considerarse una garantía que busca evitar que la Constitución sea objeto de intereses político-partidistas o se coloque al servicio de mayorías políticas en determinados momentos históricos<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn15">[14]</a>. Por esta razón es fundamental que exista “un procedimiento agravado que limite el uso de la reforma constitucional, para blindar así la esencia constitucional”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn16">[15]</a>. Esto no significa que la norma suprema no pueda reformarse, dado que resultaría antidemocrático “negar la posibilidad de reformar la Constitución, pues ello supondría que una generación llegase a establecer las pautas de una continuidad para siempre”[16].</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Sin embargo, es necesario determinar el marco de actuación de los poderes democráticos para poder ejercer sus facultades reformadoras, los cuales derivan del artículo 2 constitucional que establece que la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. De esta disposición se desprende que la Constitución reconoce dos tipos de poderes reformadores: en primer lugar, el poder constituyente -la soberanía corresponde al pueblo-, que tiene la facultad de dictar la primera Constitución y de cambiar en su totalidad la vigente, como máxima expresión de la soberanía popular.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Éste es un poder relativamente ilimitado, pues su único límite es el respeto a los derechos y la dignidad humana como valores anteriores y superiores al poder del Estado. En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte IDH”), la legitimación democrática está limitada por la protección de tales derechos, la cual “constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo ‘susceptible de ser decidido’ por parte de las mayorías en instancias democráticas”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn18">[17]</a>.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">En segundo lugar, los poderes constituidos -de la soberanía popular emanan todos los poderes del Estado-, que realizan el ejercicio cotidiano del poder soberano que el pueblo les delega para la administración de la cosa pública. Considerando que la Constitución es la manifestación de la voluntad popular como Poder Constituyente que debe prevalecer sobre la voluntad de los poderes constituidos, “su modificación sólo puede llevarse a cabo conforme se dispone en su propio texto”[18]. De este modo, nuestra norma suprema tiene una rigidez de una propiedad graduable que va desde el nivel máximo hasta el nivel mínimo como una manera de limitar a los poderes constituidos[19].</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Con respecto al nivel máximo de rigidez, lo representan las cláusulas pétreas que no pueden ser modificadas de ninguna forma por ningún poder del Estado, pues como lo plantea el artículo 374 constitucional:</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente.</span></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">De acuerdo con la Sala de lo Constitucional, su irreformabilidad “no está disponible en modo alguno a la actividad del legislador, según se desprende inequívocamente de su incorporación como cláusula intangible, en el sentido de irreformable en cualquier lugar y tiempo”[20]. La prohibición de reformar estas cláusulas no está dirigida al Poder Constituyente que es soberano, sino a los poderes constituidos, pues operan en su contra con el objetivo de hacerlas inalcanzables y evitar que usurpen las facultades del Poder Constituyente, ya que los contenidos de las cláusulas pétreas, “por su importancia, fueron sustraídos de su competencia y de su facultad reformadora”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn22">[21]</a>.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Bajo esta lógica, el Poder Constituyente se manifiesta y agota en el acto constituyente<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn23">[22]</a> por medio del cual se dicta la Constitución “e instaura en ella competencias, deberes, facultades y derechos de los poderes constituidos en una entramada red de relaciones que limita el poder y garantiza los derechos fundamentales en el marco de la unidad política”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn24">[23]</a>. Así las cosas, si cualquiera de los poderes constituidos realizase una modificación a una de estas cláusulas estaría actuando fuera de las facultades conferidas por el marco constitucional.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">En relación con el nivel mínimo de rigidez, lo representan las normas constitucionales que pueden ser reformadas a través del procedimiento especial regulado en el ya citado artículo 373 constitucional. En este caso, la rigidez constitucional opera como mecanismo que hace más difícil para los poderes constituidos reformar o derogar las normas supremas, y así prevenir que éstas queden al arbitrio de las simples mayorías. Por tanto, lo que se pretende evitar es la permanente utilización de la facultad reformadora de la Constitución que desvirtuaría su carácter supremo, pues el auténtico presupuesto jurídico de la supralegalidad “es la existencia de una fuente de producción distinta para la Constitución que para la ley ordinaria o, lo que es igual, la distinción entre poder constituyente y poder constituido”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn25">[24]</a>.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><b>3. Una respuesta concluyente al problema jurídico planteado</b></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Es indudable que la Constitución de la República tiene una vocación de permanencia; sin embargo, para poder estar a la altura de los tiempos actuales se abre a la posibilidad de ser modificada con el fin de coincidir con las necesidades políticas, culturales, económicas y sociales de un momento determinado, o en palabras de Loewenstein, mostrar “una concordancia entre la estructura social y legal”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn26">[25]</a>. Pero esta posibilidad reformatoria solo es posible dentro del marco de actuación establecido en la norma suprema. En el caso que nos ocupa, dentro de lo reglado por el artículo 373 constitucional.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">En virtud de lo anterior, se puede observar que la inmunidad parlamentaria contenida en el artículo 200 de la Constitución fue derogada por unanimidad mediante el Decreto Legislativo N° 175-2003 de fecha 28 de octubre de 2003 y su ratificación se realizó a través del Decreto Legislativo N° 105-2004 del 30 de agosto del 2004. En este sentido, se respetó el procedimiento establecido en el artículo 373, pues se votó de forma unánime por todas las personas diputadas en sesión ordinaria (más de los 86 votos requeridos) y esta decisión se ratificó por la subsiguiente legislatura ordinaria y por igual número de votos.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Sin embargo, la aprobación del Decreto Legislativo N° 117-2019 que reformó el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo con el fin de restablecer la inmunidad parlamentaria, si bien contó con el voto de 87 personas diputadas (uno más que el exigido por el artículo 373 constitucional) no fue ratificado posteriormente por la subsiguiente legislatura en una sesión ordinaria y por un número de 86 votos como mínimo. Por tanto, dicho decreto con vocación reformadora de la norma suprema no cumplió con todos los requisitos ordenados por la Constitución de la República, ignorando que “la función legislativa, como función creadora de normas, queda sujeta a las normas constitucionales que se configuran como su fundamento y límite de su validez”[26].</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">En este punto es importante destacar que la Constitución es la fuente primaria de todo el ordenamiento jurídico y como norma suprema o “fuente de fuentes” tiene eficacia directa y fuerza derogatoria, lo cual implica que no pierde su vigencia. Esta es la clave de la normatividad de la Constitución que la convierte en derecho directamente aplicable con “la potencialidad de aplicar la norma constitucional a un caso concreto, sin necesidad de una disposición legislativa mediadora, en los términos del artículo 320”[27]. Si fuera distinto, se podría dejar sin vigencia la Constitución por un simple acto legislativo.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Por ello es por lo que el artículo 375 constitucional establece que la Constitución de la República “no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuere supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio y procedimiento distintos del que ella misma dispone”. En este orden de ideas, los artículos 320 y 375, respectivamente, reconocen la fuerza activa que constituye la eficacia derogatoria de la Constitución y la fuerza pasiva que implica la resistencia de esta frente a las normas inferiores<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn29">[28]</a>.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Aunque la posición que el legislador ocupa en nuestro sistema constitucional sigue siendo dominante debido a su legitimidad democrática y, por tanto, sus productos normativos “gozan de la presunción de constitucionalidad”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn30">[29]</a>, es necesario distinguir entre la presunción por razón de contenido y la presunción por razón de forma. La primera es más difícil de determinar y se requiere un mayor razonamiento jurídico para determinar la antinomia o contradicción entre una disposición constitucional y una norma secundaria. La segunda es más fácil de comprobar, ya que, como sucede con el Decreto Legislativo N° 117-2019, es evidente que su aprobación no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 373 de la Constitución de la República.</div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;"><br /></div><div style="font-size: x-large; text-align: justify;">Si tomamos en serio la normatividad, la supremacía y la supralegalidad de la Constitución, se puede sostener que el Decreto Legislativo N° 117-2019 representa una antinomia que está vigente, pero es inválida, y, en consecuencia, debe de ser anulada por la Sala de lo Constitucional mediante la declaratoria de inconstitucionalidad<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftn31">[30]</a>; pero también, el resto de órganos judiciales y no jurisdiccionales tienen la obligación, a la luz del artículo 320 constitucional, de aplicar en los casos concretos la norma suprema que ya no contiene en su texto la inmunidad parlamentaria, frente al artículo 10-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que pretende restablecerla violentando el procedimiento de reforma de la Constitución nacional.</div></span><div style="mso-element: footnote-list;"><hr size="1" style="text-align: left;" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Symbol; mso-ascii-font-family: Arial; mso-char-type: symbol; mso-hansi-font-family: Arial; mso-symbol-font-family: Symbol;"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Symbol;">*</span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> Investigador del ERIC-SJ y coordinador
adjunto del EJDH.</span><span face=""Arial",sans-serif" lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> El artículo 205 numeral 15 reconocía
inmunidad al Presidente de la República, a las personas diputadas, a las
personas magistradas de la Corte Suprema de Justicia y a la persona Fiscal
General de la República, entro otras personas funcionarias.</span><span face=""Arial",sans-serif" lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> Su artículo 3 establece que la
derogación de la inmunidad debe ratificarse “por el Congreso Nacional en la
subsiguiente legislatura ordinaria por dos tercios de la totalidad de sus
miembros, en cumplimiento del Artículo 373 de la Constitución de la República”.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn4" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref4" name="_ftn4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> MONCADA SILVA, Efraín. <i>Interpretación
y reforma de la Constitución. </i>Edigrafic. Tegucigalpa. 2003, p. 187.</span><span face=""Arial",sans-serif" lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn5" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref5" name="_ftn5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> </span><span face=""Arial",sans-serif" lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-weight: normal;">PÉREZ
MUNGUÍA, Andrés. <i>El constitucionalismo social hondureño en los tiempos de
normatividad: un análisis en el contexto latinoamericano. </i>Asociación de
Jueces por la Democracia. Tegucigalpa. 2021, p. 98. La supremacía
constitucional “queda patente en los artículos 64, 184, 185 y 216 de la ley
fundamental de los hondureños”.</span><span face=""Arial",sans-serif" lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn6" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref6" name="_ftn6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> RIDAO, Joan. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Constitucionalismos. Una inmersión rápida. </i>Tribidabo Ediciones.
Barcelona. 2022, pp. 20 y 30.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn7" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref7" name="_ftn7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> Sala de lo Constitucional. SCO AA-</span><span face=""Arial",sans-serif" style="mso-bidi-font-weight: normal;">157, 160,
164 y 169-08. Sentencia del 27 de junio de 2008</span><span face=""Arial",sans-serif">, considerando 20.</span><span face=""Arial",sans-serif" lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn8" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref8" name="_ftn8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> Sala de lo Constitucional. </span><span face=""Arial",sans-serif" style="color: black; mso-bidi-font-weight: normal;">SCO
RI-1165-2014. Sentencia del 23 de junio de 2017</span><span face=""Arial",sans-serif" style="color: black;">, considerando 20.</span><span face=""Arial",sans-serif"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn9" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref9" name="_ftn9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> Sala de lo Constitucional. SCO RI-0406-2013.
Sentencia del 28 de junio de 2013<span style="color: black;">, considerandos
11-12.</span><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn10" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref10" name="_ftn10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> Sala de lo Constitucional. </span><span face=""Arial",sans-serif" style="color: black; mso-bidi-font-weight: normal;">SCO
RI-1058-2016. Sentencia del 14 de noviembre de 2016</span><span face=""Arial",sans-serif" style="color: black;">, considerando 13.</span><span face=""Arial",sans-serif"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn11" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref11" name="_ftn11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> HUERTA OCHOA, Carla. <i>Mecanismos
constitucionales para el control del poder político. </i>Universidad Nacional
Autónoma de México. México. 2001, pp. 62-63.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn12" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref12" name="_ftn12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> </span><span face=""Arial",sans-serif" lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-weight: normal;">FIORAVANTI,
Mauricio. <i>Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales.
</i>Editorial Trotta. Madrid. 2014, pp. 79-80.</span><span face=""Arial",sans-serif" lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn13" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref13" name="_ftn13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> RIDAO, Joan. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Constitucionalismos. Una inmersión rápida… op. cit.</i>, pp. 30-31.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn14" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref14" name="_ftn14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> HUERTA OCHOA, Carla. <i>Mecanismos
constitucionales para el control del poder político… op. cit.</i>, p. 66.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn15" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref15" name="_ftn15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> DE VEGA, Pedro. <i>La reforma
constitucional y la problemática del poder constituyente.</i> Tecnos. Madrid.
1985, p. 88.</span><span face=""Arial",sans-serif" lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn16" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref16" name="_ftn16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> </span><span face=""Arial",sans-serif" style="mso-bidi-font-weight: normal;">RÍOS AGUDEL</span><span face=""Arial",sans-serif" lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-font-weight: normal;">O</span><span face=""Arial",sans-serif" style="mso-bidi-font-weight: normal;">, Jhon Fredy. <i>Los elementos esenciales de la Constitución Un
análisis desde el control judicial de la Corte Constitucional.</i> Universidad
de Antioquía. Medellín, Colombia. 2019, p. 55.</span><span face=""Arial",sans-serif" lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn17" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref17" name="_ftn17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> RIDAO, Joan. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Constitucionalismos. Una inmersión rápida… op. cit.</i>, p. 31.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn18" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref18" name="_ftn18" style="mso-footnote-id: ftn18;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> Corte IDH. <i>Caso Gelman Vs. Uruguay. </i>Fondo
y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 239.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn19" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref19" name="_ftn19" style="mso-footnote-id: ftn19;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> BREWER-CARÍAS, Allan R. “La supremacía
constitucional, el derecho ciudadano a dicha ciudadanía y la justicia
constitucional”. En MAC-GREGOR FERRER, Eduardo y MOLINA SUÁREZ, César de Jesús
(Coord.). <i style="mso-bidi-font-style: normal;">El juez constitucional en el
siglo XXI. Tomo I. </i>Universidad Nacional Autónoma de México. Suprema Corte
de Justicia de la Nación. México. 2009, p. 386.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn20" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref20" name="_ftn20" style="mso-footnote-id: ftn20;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[19]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> AGUILÓ REGLA, Josep. “Interpretación
constitucional. Algunas alternativas teóricas y una propuesta”. En <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho.</i>
Número 35. 2012, p. 241.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn21" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref21" name="_ftn21" style="mso-footnote-id: ftn21;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[20]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> <span style="color: black;">Sala de lo
Constitucional. SCO RI-0030-2013. Sentencia del 26 de mayo de 2014,
considerando 11.</span><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn22" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref22" name="_ftn22" style="mso-footnote-id: ftn22;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[21]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> <span style="mso-bidi-font-style: italic;">MEJÍA
RIVERA, Joaquín A., FERNÁNDEZ, Víctor y MENJÍVAR, Omar. <i>Aspectos históricos,
conceptuales y sustanciales del proceso constituyente en Honduras</i>.
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. San Pedro Sula. Diciembre de
2009, p. 31.</span></span><span face=""Arial",sans-serif" lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn23" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref23" name="_ftn23" style="mso-footnote-id: ftn23;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[22]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> <span style="mso-bidi-font-style: italic;">FERRAJOLI,
Luigi. </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Principia iuris. Teoría del
Derecho y de la democracia. 2. Teoría de la democracia.</i><span style="mso-bidi-font-style: italic;"> Editorial Trotta. Madrid. 2011, pp. 158-160.</span></span><span face=""Arial",sans-serif" lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn24" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref24" name="_ftn24" style="mso-footnote-id: ftn24;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[23]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> </span><span face=""Arial",sans-serif" style="mso-bidi-font-weight: normal;">RÍOS AGUDEL</span><span face=""Arial",sans-serif" lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-font-weight: normal;">O</span><span face=""Arial",sans-serif" style="mso-bidi-font-weight: normal;">, Jhon Fredy. <i>Los elementos esenciales de la Constitución Un
análisis desde el control judicial de la Corte Constitucional.</i> Universidad
de Antioquía. Medellín, Colombia. 2019, pp. 51-52.</span><span face=""Arial",sans-serif"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn25" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref25" name="_ftn25" style="mso-footnote-id: ftn25;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[24]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> </span><span face=""Arial",sans-serif" style="mso-bidi-font-weight: normal;">ARAGÓN REYES, Manuel. “Sobre las nociones de
supremacía y supralegalidad constitucional”. En <i>Revista de Estudios
Políticos</i>. N° 50. Madrid. Marzo-abril de 1986, p. 26.</span><span face=""Arial",sans-serif" lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn26" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref26" name="_ftn26" style="mso-footnote-id: ftn26;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[25]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> LOEWENSTEIN, Karl. <i>Teoría de la
Constitución. </i>Traducción y estudio sobre la obra por Alfredo Gallego
Anabitarte. Editorial Ariel. Barcelona. 2ª ed. 1976, reimp. 1979, p. 164.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn27" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref27" name="_ftn27" style="mso-footnote-id: ftn27;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[26]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> HUERTA OCHOA, Carla. <i>Mecanismos
constitucionales para el control del poder político… op. cit.</i>, p. 60.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn28" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref28" name="_ftn28" style="mso-footnote-id: ftn28;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[27]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> </span><span face=""Arial",sans-serif" lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-weight: normal;">PÉREZ
MUNGUÍA, Andrés. <i>El constitucionalismo social hondureño… op. cit.</i>, p. 98.</span></span></p>
</div>
<div id="ftn29" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref29" name="_ftn29" style="mso-footnote-id: ftn29;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[28]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> DE OTTO, Ignacio. <i>Derecho
constitucional. Sistema de fuentes</i>. Editorial Ariel. Barcelona. 2ª ed. 1988,
6ª reimp. 1998, p. 89.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn30" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref30" name="_ftn30" style="mso-footnote-id: ftn30;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[29]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face=""Arial",sans-serif"> </span><span face=""Arial",sans-serif" style="mso-bidi-font-weight: normal;">JIMÉNEZ ASENSIO, Rafael. <i>El constitucionalismo.
Proceso de formación y fundamentos del Derecho constitucional.</i> Marcial
Pons. Madrid. 2005, p. 165.</span><span face=""Arial",sans-serif" lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn31" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Downloads/Blindaje/BORRADOR.docx#_ftnref31" name="_ftn31" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial",sans-serif"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face="Arial, sans-serif" style="line-height: 115%;">[30]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span face="Arial, sans-serif"> En 2019, el Ministerio Público presentó
un recurso de inconstitucionalidad en contra del referido decreto (SCO 1030-2019).
Se está a la espera de la decisión de la Sala de lo Constitucional.</span></span><span face=""Arial",sans-serif" lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-40243606411075851542023-08-09T04:21:00.002+02:002023-08-09T04:21:45.742+02:00LA DEROGACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 116-19 Y “LA DOCTRINA DE LOS ZOMBIS”<p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;"> <b style="text-align: right;"><i><span lang="ES-MX" style="line-height: 150%;">Joaquín
A. Mejía Rivera</span></i></b><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftn1" name="_ftnref1" style="text-align: right;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><b><i><span lang="ES-MX" style="font-family: Symbol; line-height: 150%;">*</span></i></b></span></a></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-size: medium;"><b><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">1. El problema jurídico<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">La derogación del Decreto
Legislativo N° </span>116-2019 que creó el llamado “Fondo Departamental” ha
generado una nueva controversia de carácter constitucional, ya que el artículo
21 de dicha normativa establece que su reforma o derogación sólo podrá
realizarse con el voto de dos tercios del total de las personas diputadas del
Congreso Nacional, es decir, 86 votos.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Sin embargo,
este decreto fue derogado el pasado 3 de agosto con el voto de 82 de las 112 personas
diputadas presentes y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 6 de agosto. Asumir
de entrada que dicha normativa no está derogada porque su artículo 21 establece
como requisito una mayoría calificada de 86 votos para su derogación, es
terminar el debate cuando apenas debería estar comenzando.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Quienes
estudiamos seriamente el Derecho debemos ir más allá de las simplezas
legalistas y plantearnos las preguntas pertinentes que deben ser respondidas
para resolver esta controversia, y ofrecer argumentos sólidos que fortalezcan
el debate y nuestra cultura constitucional. Desde mi perspectiva, hay una
interrogante, cuya respuesta puede arrojar luces sobre el debate:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 8.0pt; margin-left: 18.0pt; margin-right: 7.0pt; margin-top: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 150%;">¿Estaba facultada la legislatura pasada para
establecer un candado legal con el fin de que las legislaturas actuales y
futuras no puedan modificar o derogar por la regla de la mayoría una ley que la
Constitución no otorga expresamente el carácter de “ley constitucional”?<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[1]</span></span></span></span></a></span> </span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-size: medium;"><b>2. El carácter normativo de la Constitución
de la República<o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-size: medium;"><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;">Existen
dos rasgos o propiedades que caracterizan a nuestra norma suprema: su apertura
regulativa y su rigidez</span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">. La
apertura regulativa debe analizarse a la luz del principio de la mayoría para
determinar si el Decreto Legislativo N° 116-19 cumple con los parámetros
constitucionales para imponer la mayoría calificada con vistas a su derogación.
La rigidez debe analizarse a la luz de la obligación del Congreso Nacional de
someterse al imperio de la Constitución y delimitar su marco de actuación a lo
que ella autoriza, obliga y prohíbe.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 54.0pt; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l3 level2 lfo2; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -36.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: medium;"><b><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial;"><span style="mso-list: Ignore;">2.1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></span></b><!--[endif]--><b><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">La apertura regulativa y la regla de la mayoría<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-size: medium;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">La apertura
regulativa implica que la Constitución no es un sistema cerrado, </span>sino
abierto en tanto ofrece un marco de actuación a los poderes públicos dentro del
que pueden concretizar los contenidos constitucionales. Sin embargo, esta
apertura es siempre limitada, lo cual es fundamental para determinar “con qué
amplitud es libre el legislador para regular una cuestión concreta o si se
halla sometido a vínculos constitucionales”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-size: medium;">Esto es así porque a pesar del carácter abierto que
normalmente ofrece la norma constitucional, ésta también está conformada por un
buen número de enunciados “<i>en los que la Constitución expresamente no deja
margen alguno de apertura”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftn4" name="_ftnref4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[3]</span></b></span><!--[endif]--></span></span></a>.</i>
En otras palabras, el ámbito de libertad de configuración del legislador está condicionado
por la doble dimensión del principio de legalidad reconocido en los artículos
321 y 322 constitucionales.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-size: medium;">En virtud de estas disposiciones, las personas
diputadas <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-weight: bold;">“no
tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley”<a name="_Hlk124260105"> y están obligadas a “cumplir y hacer cumplir la
Constitución y las leyes”. Así, es </a></span><span style="mso-bookmark: _Hlk124260105;">inválido
todo acto que esté en contraste con la Constitución y que no esté expresamente
autorizado por ella. Por tanto, <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">no sólo
deben actuar dentro de los límites constitucionales, sino también en el marco
de lo que está expresamente autorizado por ella</span></span><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftn5" name="_ftnref5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span style="mso-bookmark: _Hlk124260105;"><sup><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[4]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></span></a><span style="mso-bookmark: _Hlk124260105;"><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">.<o:p></o:p></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="mso-bookmark: _Hlk124260105;"><span style="mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="font-size: medium;">Bajo esta lógica, hay que preguntarnos si el
Congreso Nacional anterior estaba autorizado por la Constitución para adoptar
una ley por simple mayoría y establecer que ésta no pueda ser reformada o
derogada si no es por mayoría calificada. Esto es lo que sucedió con el llamado
“Fondo Departamental” que, según el artículo 81-A de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, será regulado por una ley especial aprobada por mayoría simple,
pero que, de acuerdo con el artículo 21 del Decreto Legislativo N° 116-19 que lo
regula, sólo puede reformarse o derogarse por mayoría calificada.<o:p></o:p></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="mso-bookmark: _Hlk124260105;"><span style="font-size: medium;">En primer
término, es fundamental señalar que la Constitución nacional distingue varios
tipos de mayorías para tomar decisiones, a saber:<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l2 level1 lfo3; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-size: medium;"><span style="mso-bookmark: _Hlk124260105;"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial;"><span style="mso-list: Ignore;">a)<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></span><!--[endif]-->La mayoría simple, constituida por la mitad más uno
de los votos de las personas diputadas <i>presentes.</i> Esta mayoría está
expresamente reconocida en el artículo 214 relativo a la calificación de
urgencia con el fin de dispensar los tres debates requeridos para votar un
proyecto de ley</span><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftn6" name="_ftnref6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span style="mso-bookmark: _Hlk124260105;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="mso-bookmark: _Hlk124260105;">.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l2 level1 lfo3; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-size: medium;"><span style="mso-bookmark: _Hlk124260105;"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial;"><span style="mso-list: Ignore;">b)<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> </span></span></span>La mayoría absoluta, constituida por la mitad
más uno de los votos de todas las personas diputadas <i>miembras</i> del
Congreso Nacional. Esta mayoría está expresamente reconocida en el artículo 5
relativo a la aprobación legislativa de las consultas ciudadanas que traten
sobre leyes y asuntos ordinarios, y en el artículo 375 relativo a la decisión
de incautar los bienes “</span><span style="mso-bookmark: _Hlk124260105;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">de quienes se hayan enriquecido al amparo
de la suplantación de la soberanía popular o de la usurpación de los poderes
públicos”</span></span><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftn7" name="_ftnref7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span style="mso-bookmark: _Hlk124260105;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></span></a><span style="mso-bookmark: _Hlk124260105;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">.</span><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l2 level1 lfo3; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-size: medium;"><span style="mso-bookmark: _Hlk124260105;"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial;"><span style="mso-list: Ignore;">c)<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> </span></span></span>La mayoría calificada, constituida por el voto
de </span><span style="mso-bookmark: _Hlk124260105;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">las dos terceras partes de la totalidad de las
personas diputadas del Congreso Nacional. Esta mayoría está expresamente
reconocida en los artículos 5, 51, 52, 54, 223, 233, 304, 311, 312, 314, 315 y
317</span></span><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftn8" name="_ftnref8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span style="mso-bookmark: _Hlk124260105;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></span></a><span style="mso-bookmark: _Hlk124260105;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">.</span><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l2 level1 lfo3; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-size: medium;"><span style="mso-bookmark: _Hlk124260105;"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial;"><span style="mso-list: Ignore;">d)<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> </span></span></span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">La
mayoría calificada reforzada, constituida por </span>el voto de </span><span style="mso-bookmark: _Hlk124260105;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">las
dos terceras partes de la totalidad de las personas diputadas del Congreso
Nacional y su ratificación en la siguiente legislatura por la misma cantidad de
votos. Esta mayoría está expresamente reconocida en los artículos 17 y 373,
relativos a la aprobación de un tratado internacional que afecte una
disposición constitucional y a la reforma de la Constitución, respectivamente.</span><o:p></o:p></span></span></p>
<span style="font-size: medium;"><span style="mso-bookmark: _Hlk124260105;"></span>
</span><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">De todas ellas,
la mayoría simple es la que, por regla general, se aplica tanto para las elecciones
generales como para las decisiones colegiadas, ya que forma parte de la
naturaleza de la democracia representativa en la que “debe valer la regla de la
mayoría numérica, en el sentido de que se considere electa o se considere
válida la decisión que obtenga el mayor número de votos”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftn9" name="_ftnref9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">En este orden de
ideas, el principio formal de la democracia política, esto es el principio de
la soberanía popular y la regla de la mayoría, es el mecanismo ordinario en el
funcionamiento del Estado de derecho<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftn10" name="_ftnref10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
y de la democracia representativa que caracteriza a nuestro sistema político de
acuerdo con los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 46 y 236 de la Constitución de la
República.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Por tanto, se
entiende que, por norma general, las leyes que no tienen un carácter
constitucional se aprueban, reforman o derogan por mayoría simple, es decir,
por la mitad más uno de los votos de las personas diputadas presentes, salvo
que la Constitución de la República exprese de manera explícita lo contrario.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Sin embargo, hay
que resaltar dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, el cálculo de la
regla de la mayoría se aplica ordinariamente con respecto a las personas
diputadas presentes y no de la totalidad de las personas miembras del Congreso
Nacional. Por ello es por lo que el artículo 192 es claro cuando establece que
para la celebración de las sesiones del Congreso Nacional “será suficiente la
mitad más uno de sus miembros”.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Asumir que se
requiere la presencia de la totalidad de las personas miembras del Congreso
Nacional para la celebración de sesiones en donde se adoptan decisiones,
implicaría ignorar dicho “quórum constitucional” que, la propia Constitución
protege mediante el establecimiento, en los <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-weight: bold;">artículos 193 y 197, </span>de <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-weight: bold;">las salvaguardas para
evitar que la ausencia o abandono injustificado de las personas diputadas imposibilite
formarlo<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftn11" name="_ftnref11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="font-size: medium;">En segundo lugar, como
el principio de la regla de la mayoría es la norma, la utilización de otro tipo
de mayorías es la excepción; por tanto, para aplicar mayorías distintas a la ordinaria,
éstas deben estar expresamente autorizadas por la Constitución, puesto que la
norma suprema distingue entre leyes ordinarias que se aprueban, reforman o
derogan por la mayoría simple, y leyes constitucionales que requieren de
mayorías calificadas.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><span style="font-size: medium;">En este sentido, la exigencia de una mayoría
calificada para la aprobación, reforma o derogación de una ley debe estar
expresamente establecida en la Constitución de la República, pues se trata de
una mayoría excepcional. De este modo, todas las leyes ordinarias requieren una
mayoría simple, pero <i>sólo</i> los pocos casos de leyes constitucionales que
señala la Constitución requieren una mayoría calificada.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><span style="font-size: medium;">De acuerdo con la Constitución de la República, las
únicas leyes constitucionales que requieren mayorías calificadas son las
siguientes:<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; mso-list: l0 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: medium;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial;"><span style="mso-list: Ignore;">a)<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> </span></span></span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">El
artículo 5 establece que se requerirá mayoría calificada en los casos de una
ley especial que determine “los procedimientos, requisitos y demás aspectos
necesarios para el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana”.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; mso-list: l0 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: medium;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial;"><span style="mso-list: Ignore;">b)<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> </span></span></span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">El
artículo 51 establece que la aprobación, reforma o derogación de “las leyes que
en materia electoral y consulta ciudadana se emitan […] requiere mayoría
calificada de al menos dos terceras (2/3) partes de los votos de la totalidad
de los diputados que integran el Congreso Nacional”.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; mso-list: l0 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: medium;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial;"><span style="mso-list: Ignore;">c)<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> </span></span></span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">El
artículo 317 establece que lo relacionado con los miembros, organización,
alcances y atribuciones del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial
será “objeto de una Ley, que será aprobada por las dos terceras (2/3) partes
del voto favorable de la totalidad de los diputados del Congreso Nacional”.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; mso-list: l0 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: medium;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial;"><span style="mso-list: Ignore;">d)<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> </span></span></span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">El
artículo 329 establece que el decreto de creación de una zona sujeta a un
régimen especial requiere “mayoría calificada, previo plebiscito aprobatorio
por las dos terceras (2/3) partes, de conformidad a lo establecido en el
artículo 5 de la Constitución”.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><span style="font-size: medium;">En virtud de todo lo anterior, es evidente que el
Decreto Legislativo N° 116-19 no tiene la naturaleza de una ley constitucional,
pues no hay ninguna disposición de la Constitución que autorice de manera
expresa que su aprobación, reforma o derogación se realice a través de una
mayoría excepcional, es decir, una mayoría calificada.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">La falta de naturaleza constitucional del referido
decreto es reconocida en el </span><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">propio
artículo 81-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala que la ley especial
que regule el “Fondo Departamental” se aprobará “por mayoría simple de los
diputados del Congreso Nacional”.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="font-size: medium;">Por lo tanto, equiparar el Decreto
Legislativo N° 116-19 a las leyes constitucionales a través de la exigencia de
mayoría calificada de dos tercios de los votos para su reforma o derogación
implica incorporar de facto en el texto de la Constitución una nueva ley
constitucional sin que ella le reconozca expresamente esa naturaleza.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Para imponer la mayoría calificada como requisito
para reformar o derogar el Decreto Legislativo N° 116-19 se requiere que se
reforme la Constitución en el marco del proceso establecido en el artículo 373,
es decir, debe realizarse en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de
la totalidad de las personas diputadas y “ratificarse por la subsiguiente
legislatura ordinaria, por igual número de votos, para que entre en vigencia”.</span> </span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 54.0pt; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level2 lfo2; text-align: justify; text-indent: -36.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial;"><span style="mso-list: Ignore;">2.2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></span></b><!--[endif]--><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">La
rigidez constitucional y la doctrina de los zombis vivientes<o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-size: medium;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Por
rigidez se entiende la dificultad para la modificación del texto constitucional.
Ésta </span><span style="color: black; mso-bidi-font-weight: bold;">opera como
mecanismo para hacer difícil o inalcanzable para los poderes constituidos la modificación
o derogación de las normas y principios fundamentales</span><span lang="ES" style="color: black; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-weight: bold;">. Sin
embargo, se trata de una propiedad graduable porque será “más rígida cuantas
más exigencias se interponen para la modificación del texto constitucional”</span><span style="color: #2b00fe;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftn12" name="_ftnref12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><sup><span lang="ES-TRAD"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span lang="ES-TRAD" style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[11]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a><span lang="ES">.</span></span><span lang="ES" style="color: black; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-weight: bold;"> Esta
rigidez puede variar según el contenido:<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: 8.0pt; margin-left: 18.0pt; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l1 level1 lfo1; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -18.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: medium;"><span style="color: black; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Arial;"><span style="mso-list: Ignore;">a)<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> </span></span></span><span lang="ES" style="color: black; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-weight: bold;">El nivel máximo de rigidez lo tienen las
cláusulas pétreas </span><span style="color: black; mso-bidi-font-weight: bold;">que
no pueden ser modificadas de ninguna forma por el Congreso Nacional como lo
plantea el artículo 374 y la propia Sala de lo Constitucional, en tanto que su
reforma “no está disponible en modo alguno a la actividad del legislador, según
se desprende inequívocamente de su incorporación como cláusula intangible, en
el sentido de irreformable en cualquier lugar y tiempo”</span><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftn13" name="_ftnref13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><sup><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[12]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a><span style="color: black; mso-bidi-font-weight: bold;">.</span></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: 8.0pt; margin-left: 18.0pt; margin-right: 9.55pt; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l1 level1 lfo1; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-size: medium;"><span lang="ES" style="text-indent: -18pt;">b) El nivel mínimo de rigidez lo tienen el resto de
las normas constitucionales que pueden ser reformadas a través del
procedimiento especial regulado en el citado artículo 373 de la Constitución,
que es mucho más complejo que el procedimiento de formación, sanción y
promulgación de las leyes ordinarias regulado en los artículos 213 al 221
constitucionales</span><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftn14" name="_ftnref14" style="text-indent: -18pt;" title=""><sup><span lang="ES"><sup><span lang="ES" style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[13]</span></sup></span></sup></a><span style="text-indent: -18pt;">.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: black; mso-bidi-font-weight: bold;">Es
importante resaltar que en nuestra Constitución </span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-weight: bold;">concurren tres elementos
fundamentales: primero, un elemento material, en virtud del cual se establecen
las bases de convivencia y los procedimientos de adopción de decisiones; segundo,
un elemento formal, pues es la norma jurídica suprema de nuestro ordenamiento
jurídico; y, tercero, un elemento constitutivo, ya que es la norma que expresa
la voluntad del Poder Constituyente, es decir, del pueblo<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftn15" name="_ftnref15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><sup><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span lang="ES" style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[14]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span lang="ES" style="color: black; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-weight: bold;">Bajo esta
lógica, nuestra Constitución es la manifestación de la voluntad popular como
Poder Constituyente que debe prevalecer sobre la voluntad de los poderes
constituidos; por tanto, el Congreso Nacional solo puede modificar su contenido
conforme a lo dispuesto en el artículo 373, “como expresión-imposición de la
voluntad popular producto de ese Poder Constituyente originario”</span><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftn16" name="_ftnref16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><sup><span lang="ES-TRAD" style="color: black; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span lang="ES-TRAD" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[15]</span></sup><!--[endif]--></span></span></sup></a><span lang="ES" style="color: black; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-weight: bold;">.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="ES" style="color: black; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="font-size: medium;">De esta
forma, imponer una mayoría calificada de dos tercios de los votos para reformar
o derogar el Decreto Legislativo N° 116-19 sin que sea considerada una ley
constitucional de manera expresa por la Constitución de la República, implica
introducir una reforma de facto, pues no respeta el procedimiento ordenado por
el artículo 373.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><span style="font-size: medium;">En cualquier sistema político con una Constitución
rígida como en Honduras existen límites formales a las leyes constitucionales o
a la reforma constitucional, en el sentido de que la norma suprema dicta las
reglas sobre el procedimiento de reforma como lo establece el citado artículo
373. Si no fuera así, la Constitución no sería rígida. Así las cosas, “es
formalmente inválida toda ley que pretenda ser una ley constitucional y
reformar la Constitución, pero que no haya sido aprobada conforme al procedimiento
de reforma”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftn17" name="_ftnref17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">En virtud de todo lo anterior, el Decreto
Legislativo N° 116-19 tenía la autorización expresa de una norma secundaria -el
artículo </span><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">81-A de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo- para</span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">
ser aprobado por mayoría simple</span><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">,
pero con la “pretensión” de ser una ley constitucional sin que la Constitución
la reconozca explícitamente como tal, pues su única autorización viene del
artículo 21 de su propio texto que impone la mayoría calificada para su reforma
o derogación<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">En términos prácticos, este artículo 21 es la
norma secundaria que pretende imponerse a la Constitución en tanto que exige
una mayoría calificada para reformar o derogar el decreto al que pertenece, el
cual no tiene el carácter de ley constitucional. Es necesario insistir que, así
como procedimentalmente </span>es más difícil cambiar la Constitución que
promulgar la legislación ordinaria, legalmente la Constitución “es prioritaria
sobre la legislación ordinaria en caso de conflicto”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftn18" name="_ftnref18" style="mso-footnote-id: ftn18;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">No hay duda de
que existe un conflicto entre el artículo 21 del Decreto Legislativo N° 116-19
y la Constitución, pues al imponer la mayoría calificada para su reforma o
derogación, pretende incorporar de facto un contenido que solo podría alcanzar
el nivel constitucional si se sigue el procedimiento especial de reforma
establecido en el artículo 373. En otras palabras, dicha norma secundaria
desafía a la propia Constitución.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Ante esta
situación, nuestra norma suprema es clara en cuanto a su supremacía, pues como
lo establece el artículo 320 constitucional, cuando exista “incompatibilidad
entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera”.
A su vez, el artículo 375 es contundente en cuanto a que la “Constitución no
pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuere
supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio y procedimiento
distintos del que ella misma dispone”.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">En virtud de
este último artículo, “todo ciudadano investido o no de autoridad, tiene el
deber de colaborar en el mantenimiento o restablecimiento de su efectiva
vigencia”; por lo tanto, el actual Congreso Nacional tenía la obligación de
restablecer la supremacía constitucional a través de desandar el camino que el
Congreso anterior recorrió.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Si el Decreto
Legislativo N° 116-19 no es una ley constitucional como lo reconoce el artículo
81-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, además, la exigencia de
mayoría calificada para su reforma o derogación es incompatible con la
Constitución de la República, el poder constituido que la aprobó en el marco de
la mayoría simple está obligado constitucionalmente a derogarla por la misma
vía como cualquier ley ordinaria.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">3. A modo de conclusión<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Es preciso
recordar que ningún poder constituido puede pretender situarse por encima de la
Constitución de la República y desafiar su fuerza vinculante. Permitirlo sería
introducir una grave paradoja en nuestro sistema constitucional: una
legislatura que ya murió, que ya no existe, podría utilizar la mayoría simple
para imponer un candado legal a la actual y a las futuras legislaturas, que no
podrían reformar o derogar una ley ordinaria si no es mediante la mayoría
calificada, como si fuera una ley constitucional no reconocida expresamente por
la norma suprema.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Utilizando la
figura de los zombis vivientes -permítaseme el pleonasmo-, aceptar la
posibilidad de la validez de ese candado legal es admitir que los muertos -el
anterior Congreso Nacional- sigan presentes y condicionen el marco de actuación
de los vivos -el actual Congreso Nacional-, sin que los primeros tengan la
calidad de Poder Constituyente.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">La relación
entre “los muertos y los vivos” solo puede darse entre el Poder Constituyente y
los poderes constituidos como resultado natural de la rigidez constitucional,
ya que <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">la naturaleza de norma
suprema de la Constitución es precisamente bloquear, inhibir y dificultar al Poder
Legislativo con respecto a ciertas materias<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftn19" name="_ftnref19" style="mso-footnote-id: ftn19;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><span style="font-size: medium;">No obstante, el Poder Legislativo anterior no
puede imponer cargas constitucionales al Poder Legislativo actual o futuro como
la reforma o derogación por mayoría calificada de una norma ordinaria, si no es
a través del proceso de reforma constitucional para darle a ésta rango
constitucional.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Hay que dejar claro que este aspecto sólo se
refiere a los límites formales de validez, pues nuestra Constitución también
establece unos límites sustanciales, es decir, de contenido, pues, aunque
autoriza su reforma en general respetando el procedimiento establecido en el
artículo 373, al mismo tiempo prohíbe la reforma de las cláusulas pétreas
expresamente formuladas en el artículo 374 y las meramente implícitas que, a la
luz del artículo 64, están contenidas </span><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">en los artículos 59-183 referidos a las declaraciones, derechos y
garantías<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftn20" name="_ftnref20" style="mso-footnote-id: ftn20;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[19]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="font-size: medium;">Como lo ha señalado la Sala de lo
Constitucional, “el procedimiento de reforma constitucional no puede ser
entendido como un medio para limitar los derechos subjetivos públicos de los
ciudadanos o alterar los principios fundamentales en que se basa nuestro Estado
de Derecho, debiendo respetar las bases en que se fundan nuestros principios
republicanos”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftn21" name="_ftnref21" style="mso-footnote-id: ftn21;" title=""><sup><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[20]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>.</span></span><o:p></o:p></p>
<div style="mso-element: footnote-list;"><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all" />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Symbol; mso-ascii-font-family: Arial; mso-char-type: symbol; mso-hansi-font-family: Arial; mso-symbol-font-family: Symbol;"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Symbol;">*</span></span></span></a><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"> Investigador del ERIC-SJ y coordinador
adjunto del EJDH.</span><span lang="ES" style="font-family: "Arial",sans-serif; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"> Otra pregunta importante para el debate
es la siguiente: ¿La mayoría calificada a la que se refiere el artículo 21 del
Decreto Legislativo N° 116-2019 se debe calcular con base al total de 128
personas diputadas miembras del Congreso Nacional (86) o solo a las 112 que
estuvieron presentes en esa sesión (82)? Sin embargo, la necesidad de
responderla estará condicionada a la respuesta a la que se llegue con respecto
a la pregunta objeto de este análisis, lo cual requiere una reflexión aparte.</span><span lang="ES" style="font-family: "Arial",sans-serif; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"> HESSE, Konrad. “Constitución y Derecho
Constitucional”. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Arial",sans-serif; mso-ansi-language: EN-US;">En BENDA, Ernst, MAIHOFER, Werner, VOGEL, Hans-Jochen,
HESSE, Konrad y HEYDE, Wolfang. </span><i><span style="font-family: "Arial",sans-serif;">Manual
de Derecho Constitucional.</span></i><span style="font-family: "Arial",sans-serif;">
Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid. 2ª edición en castellano.
2001, pp. 6-7.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn4" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftnref4" name="_ftn4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"> </span><span style="font-family: "Arial",sans-serif; mso-bidi-font-weight: normal;">JIMÉNEZ ASENSIO, Rafael. </span><i><span style="font-family: "Arial",sans-serif;">El constitucionalismo. Proceso de
formación y fundamentos del Derecho constitucional.</span></i><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"> Marcial Pons. Madrid. 2005, p. 166.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn5" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftnref5" name="_ftn5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Arial",sans-serif; mso-ansi-language: ES;">GUASTINI, Ricardo. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Estudios de Teoría Constitucional.</i>
Edición y presentación de Miguel Carbonell. Universidad Nacional Autónoma de
México. México. 2001, pp. 124-125.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn6" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftnref6" name="_ftn6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"> En el ámbito del Poder Legislativo, el
artículo 252 constitucional leído juntamente con el artículo 23 de la Ley
General de la Administración Pública establece que las decisiones del Consejo
de Ministros se tomarán por mayoría simple.</span><span lang="ES" style="font-family: "Arial",sans-serif; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn7" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftnref7" name="_ftn7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"> En el ámbito de la Corte Suprema de
Justicia, el artículo </span><span lang="ES" style="font-family: "Arial",sans-serif; mso-ansi-language: ES;">308 establece la mayoría absoluta para tomar decisiones:
“[…] La Corte Suprema de Justicia estará integrada por quince (15) Magistrados.
Sus decisiones se tomarán por la mayoría de la totalidad de sus miembros”.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn8" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftnref8" name="_ftn8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"> El artículo 5 versa sobre la aprobación
legislativa a las consultas ciudadanas cuando se trate de asuntos
constitucionales y el resto de los artículos, sobre la elección de las personas
que integran el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral,
el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público, los fueros especiales y
la Corte Suprema de Justicia.</span><span lang="ES" style="font-family: "Arial",sans-serif; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn9" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftnref9" name="_ftn9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"> BOBBIO, Norberto. <i>Teoría General de
la Política. </i>Editorial Trotta. Madrid. 2009, p. 460.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn10" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftnref10" name="_ftn10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"> FERRAJOLI, Luis. <i>Derechos y
garantías. La ley del más débil. </i>Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez y
Andrea Greppi. Editorial Trotta. Madrid. 4ª edición 2004, p. 52.</span><span lang="ES" style="font-family: "Arial",sans-serif; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn11" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftnref11" name="_ftn11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"> Al respecto véase, <span style="mso-bidi-font-style: italic;">MEJÍA RIVERA, Joaquín A. “Una lectura a la
crisis política constitucional en el Congreso Nacional de la República de
Honduras”. En <i>Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. </i>Asociación
Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Edición N° 2. Buenos Aires,
Argentina. Diciembre de 2022.</span></span><span lang="ES" style="font-family: "Arial",sans-serif; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn12" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftnref12" name="_ftn12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"> AGUILÓ REGLA, Josep. “Interpretación
constitucional. Algunas alternativas teóricas y una propuesta”. En <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho.</i>
Número 35. 2012, p. 241.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn13" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftnref13" name="_ftn13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"> <span style="color: black;">Sala de lo Constitucional.
SCO RI-0030-2013. Sentencia del 26 de mayo de 2014, considerando 11.</span><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn14" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftnref14" name="_ftn14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Arial",sans-serif; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-style: italic;">MEJÍA
RIVERA, Joaquín A. y PINEDA ERIS, Catherine. “Honduras. Constitución y
Autocracia”. En VICIANO PASTOR, Roberto, BALMAN EMERIQUE, Lilian, MARTÍNEZ
DALMAU, Rubén y ATTARD, María Elena. <i>Sistemas constitucionales de América
Latina. </i>Pireo Editorial. Valencia. Septiembre de 2021</span><span lang="ES" style="font-family: "Arial",sans-serif; mso-ansi-language: ES;">, pp. 337-338.</span><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn15" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftnref15" name="_ftn15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"> RIDAO, Joan. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Constitucionalismos. Una inmersión rápida. </i>Tribidabo Ediciones.
Barcelona. 2022, p. 12.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn16" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftnref16" name="_ftn16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"> BREWER-CARÍAS, Allan R. “La supremacía
constitucional, el derecho ciudadano a dicha ciudadanía y la justicia
constitucional”. En MAC-GREGOR FERRER, Eduardo y MOLINA SUÁREZ, César de Jesús
(Coord.). <i style="mso-bidi-font-style: normal;">El juez constitucional en el
siglo XXI. Tomo I. </i>Universidad Nacional Autónoma de México. Suprema Corte
de Justicia de la Nación. México. 2009, p. 386.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn17" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftnref17" name="_ftn17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Arial",sans-serif; mso-ansi-language: ES;">GUASTINI, Ricardo. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Estudios de Teoría Constitucional… op. cit.,
</i><span style="mso-bidi-font-style: italic;">p. 56.<o:p></o:p></span></span></span></p>
</div>
<div id="ftn18" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftnref18" name="_ftn18" style="mso-footnote-id: ftn18;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"> “ELSTER, Jon. “Ulises revisitado.
Compromisos previos y constitucionalismo”. Traducido por Juan Carlos Rodríguez
y Miguel García. En <i>Análisis Político. </i>N° 35. Universidad Nacional de
Colombia. Septiembre de 1998, p. 74.</span><span lang="ES" style="font-family: "Arial",sans-serif; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn19" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftnref19" name="_ftn19" style="mso-footnote-id: ftn19;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"> AGUILÓ REGLA, Josep. “Interpretación
constitucional. Algunas alternativas teóricas y una propuesta” …<i> op. cit.,</i>
p. 242. “En la constitución, los muertos ponen las palabras y los vivos las
interpretan a la luz de los valores que hacen que esas palabras sigan teniendo
sentido para ellos; en la legislación, todos están «vivos»: tanto la autoridad
que pone las palabras como aquellos que ponen los valores que las dotan de
sentido. El principio de la división de poderes no opera entre los muertos y
los vivos, sino sólo entre los vivos” (p. 243).</span><u><span lang="ES" style="font-family: "Arial",sans-serif; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></u></span></p>
</div>
<div id="ftn20" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftnref20" name="_ftn20" style="mso-footnote-id: ftn20;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[19]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"> Al respecto véase <span style="mso-bidi-font-style: italic;">MEJÍA RIVERA, Joaquín A. “Cuestiones básicas
sobre Constitución y Derechos Humanos”. En MEJÍA RIVERA, Joaquín A. y
HERRMANNSDOFER, Claudia (Coord.).<i> Temas básicos sobre derechos humanos y
Constitución. </i>EJDH. ERIC-SJ. Asociación Educativa Clementina Suárez. Red
Lésbica Cattrachas. Movimiento GO. Tegucigalpa. Julio de 2021, pp. 36-39.</span></span><span lang="ES" style="font-family: "Arial",sans-serif; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn21" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Desktop/La%20derogaci%C3%B3n%20del%20Decreto%20Legislativo%20N%C2%B0%20116-19%20y%20la%20doctrina%20de%20los%20zombies.docx#_ftnref21" name="_ftn21" style="mso-footnote-id: ftn21;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><span style="font-size: x-small;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">[20]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Arial",sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"> <span style="color: black;">Sala de lo
Constitucional. SCO-271-07 del 14 de diciembre de 2007, considerando 10.</span></span><o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-62872997372202522832023-08-03T23:50:00.002+02:002023-08-04T01:47:37.643+02:00EL CAF Y EL PROCESO DE FORMULACIÓN, SANCIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA LEY<div style="text-align: right;"><span style="font-size: x-large;">Joaquín A. Mejía Rivera</span><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn1" style="font-size: x-large;">*</a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><u>1. Introducción</u></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">La Corporación Andina de Fomento (en adelante “CAF”) es una persona jurídica de derecho internacional público que tiene por objetivo la promoción del “desarrollo sostenible y la integración regional, mediante la prestación de servicios financieros múltiples a clientes de los sectores público y privado de sus Países Accionistas”. Entre sus 14 funciones se encuentra la de “[C]onceder préstamos y otorgar fianzas, avales y otras garantías”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn2">[1]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Venezuela crearon el CAF, pero el artículo 59 del Convenio Constitutivo permite que puedan adherirse todos los países de América Latina y el Caribe que cumplan las condiciones que determine la asamblea de accionistas, la cual está compuesta por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela (Accionistas serie “A”), y Barbados, Costa Rica, España, Jamaica, México, República Dominicana (Accionistas serie “C”)<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn3">[2]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">En virtud de ello, para que el Estado de Honduras forme parte del CAF es necesario que se cumplan dos supuestos: uno de carácter externo, pues debe cumplir con las condiciones de ingreso que establezca la asamblea de accionistas; y otro de carácter interno, relacionado con el procedimiento constitucional para la ratificación de este tipo de instrumentos internacionales.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">El objetivo de este breve análisis es arrojar luces sobre el segundo supuesto de cara a promover un debate técnico con respecto a la hoja de ruta a seguir y a las condiciones que deben cumplirse para que el decreto de ratificación del CAF tenga vigencia y validez constitucional.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><u>2. El problema jurídico</u></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">El Estado de Honduras solicitó la adhesión al CAF mediante la compra de acciones por un valor aproximado de 460 millones de dólares. En nuestro marco constitucional, el Congreso Nacional es un actor de importancia crítica en la vida de un instrumento internacional en el ámbito interno, ya que es quien lo aprueba antes de su ratificación, mientras al Poder Ejecutivo le corresponde su negociación en sede internacional y el depósito de su ratificación o adhesión cuando ha sido aprobado por el órgano legislativo.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Es en este momento cuando se toman en cuenta los criterios formales de validez, es decir, el cumplimiento de una serie de requisitos establecidos en la Constitución de la República para ratificar un tratado o adherirse a él, y los criterios materiales de validez, esto es, que no sean contrarios a las disposiciones constitucionales.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">El 16 de mayo, el decreto contentivo del CAF fue aprobado con el voto de 66 personas diputadas, 13 de las cuales pertenecen al partido Liberal. Al día siguiente, esas mismas 13 congresistas se retractaron y evitaron que se aprobara el acta de la sesión anterior.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">El problema jurídico que se plantea es si la aprobación de dicha acta es un acto sin el cual un decreto votado y aprobado por el Congreso Nacional no tiene validez porque constituye un paso necesario para que un proyecto de ley tenga efectos jurídicos.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><u>3. Análisis del fondo del asunto</u></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Nuestra Constitución de la República constituye la norma en la que se establecen, entre otras cosas, los procedimientos de adopción de decisiones<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn4">[3]</a>. Por ello, impone dos tipos de límites a la producción normativa: en primer lugar, los límites formales o procedimentales a través de normas que regulan el procedimiento de formación de la ley; y, en segundo lugar, los límites materiales o sustanciales mediante normas que vinculan el contenido de las leyes futuras<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn5">[4]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">En virtud de los límites formales o procedimentales, el Congreso Nacional no puede legislar si no lo hace de conformidad con el procedimiento establecido por la Constitución; y, a la luz de los límites materiales o sustanciales, el Congreso Nacional tiene prohibido aprobar leyes con un contenido contrario a las disposiciones constitucionales, particularmente las contenidas en el “bloque de constitucionalidad”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn6">[5]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Con respecto a los límites formales o procedimentales, el capítulo II de la Constitución, titulado “De la formación, sanción y promulgación de la ley” y desarrollado a lo largo de los artículos 213 al 221, establece el procedimiento o la hoja de ruta que deben seguir los proyectos de ley para que tengan validez jurídica, es decir, para que produzcan efectos jurídicos y sean obligatorios.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">En relación con los límites materiales o sustanciales, la Constitución establece en sus artículos 320 y 18, respectivamente, dos tipos de supremacía: la supremacía constitucional en tanto que, en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma secundaria, se aplicará la primera; y la supremacía convencional en tanto que, en caso de conflicto entre un tratado internacional y una ley interna, prevalecerá el primero<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn7">[6]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">No hay debate sobre si el contenido del CAF transgrede los límites materiales o sustanciales en el sentido de ser contrario a las normas superiores de nuestro ordenamiento jurídico, pero sí acerca del procedimiento a través del cual fue aprobado.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">El argumento principal es que dicho procedimiento violentó los límites formales o procedimentales de la producción normativa, ya que, una vez que el CAF fue votado y aprobado por mayoría simple, en la sesión posterior del Congreso Nacional no se aprobó el acta de la sesión en la que esa decisión se tomó.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Por tanto, lo primero que hay que determinar es si la aprobación del acta de la sesión en la que se votó favorablemente el CAF es un requisito necesario para que dicho acto legislativo produzca efectos jurídicos. En otras palabras, aquí nos centraremos únicamente en las condiciones formales de validez de la aprobación, sanción y promulgación del CAF.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">En este sentido, las condiciones formales tienen que ver con dos elementos: primero, con los órganos que realizaron los actos de aprobación, sanción y promulgación del CAF, lo cual implica comprobar si se cumplió la exigencia de que los hayan realizado los órganos competentes; y, segundo, con el procedimiento a través del cual se realizaron, lo que implica comprobar si se cumplió la exigencia de que se haya observado el procedimiento establecido<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn8">[7]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">La importancia de estos elementos radica en que garantizan que los actos jurídicos como la aprobación, sanción y promulgación del CAF no puedan manifestarse de cualquiera manera, sino sólo de aquella forma que está prescrita en nuestro sistema normativo.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>3.1. Los órganos que realizaron los actos de aprobación, sanción y promulgación del CAF</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">La adhesión al CAF consta de dos actos: el primero es un acto jurídico interno que le compete al Poder Legislativo y el segundo es un acto jurídico internacional que le compete al Poder Ejecutivo. De acuerdo con el artículo 245 numeral 13 de la Constitución, la presidencia de la república tiene la siguiente atribución:</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Celebrar tratados y convenios, ratificar, previa aprobación del Congreso Nacional, los tratados internacionales de carácter político, militar, los relativos al territorio nacional, soberanía y concesiones, los que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública o los que requieran modificación o derogación de alguna disposición constitucional o legal y los que necesiten medidas legislativas para su ejecución.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Por su parte, el artículo 205 numeral 30 establece que el Congreso Nacional tiene la atribución de aprobar o no los tratados internacionales celebrados por el Poder Ejecutivo. Estos artículos leídos conjuntamente reconocen que la ratificación o adhesión de un tratado internacional conlleva ciertas implicaciones en cuanto a generar obligaciones que el Estado debe cumplir hacia fuera y hacia adentro.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">En este punto el principio de separación de poderes juega un papel operativo fundamental para limitar constitucionalmente las competencias del Poder Ejecutivo en cuanto a vincular internacionalmente al Estado, sin la autorización previa del Poder Legislativo, y para facultar a éste a adoptar los actos normativos que den eficacia interna a los tratados concluidos por el Ejecutivo, pero también restringido exclusivamente a aprobarlos o no, sin posibilidad de modificarlos<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn9">[8]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">En este orden de ideas, la aprobación legislativa de un tratado internacional tiene las mismas características procesales propias de una ley, con la salvedad de que la iniciativa de este trámite le compete exclusivamente al Poder Ejecutivo, quien, según el artículo 213 tiene iniciativa de ley. Es claro que los actos jurídicos interno y externo relacionados con la adhesión al CAF emanan de los dos órganos legitimados constitucionalmente para hacerlo -Legislativo y Ejecutivo-.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Por tanto, podemos afirmar que se cumplió con el primer elemento relacionado con las condiciones formales de validez, es decir, que los actos de negociación y adhesión (Poder Ejecutivo) y de aprobación (Poder Legislativo) han sido emanados de dos órganos que están facultados por la Constitución de la República.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>3.2. El procedimiento que se utilizó para realizar los actos de aprobación, sanción y promulgación del CAF</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">El segundo elemento por valorar con respecto a las condiciones formales de validez es el procedimiento utilizado, ya que se debe recordar que la propia Constitución establece una serie de límites formales mediante normas que regulan el procedimiento de formación de la ley. El capítulo II del título V constitucional instituye una hoja de ruta que señala varias conductas que deben ser realizadas por los órganos competentes para que un proyecto de ley tenga validez.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">La primera conducta está comprendida en el artículo 214 y tiene una doble naturaleza de prohibición-obligación. Está prohibido votar definitivamente un proyecto de ley “sino después de tres debates efectuados en distintos días” y es obligatorio realizar tres debates en distintos días para votar definitivamente un proyecto de ley. Sin embargo, este mandato establece una excepción, esto es, cuando ocurra un caso de urgencia calificada por simple mayoría de las personas diputadas presentes.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">La Constitución no especifica ni los criterios que debe usar el Congreso Nacional para calificar la urgencia ni la naturaleza de esta excepción, es decir, si se trata de un procedimiento legislativo especial autónomo o una simple regla de funcionamiento del Congreso Nacional con el fin de simplificar o acortar los trámites.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">En virtud del artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo sólo se identifican los órganos legitimados para la activación de la urgencia: el pleno del Congreso Nacional y la presidencia de la Junta Directiva. Por lo tanto, mientras la Constitución no prescriba de forma expresa los casos en que se pueda o no declarar la urgencia, la mayoría simple de personas diputadas tiene discrecionalidad para declararla o para denegarla, además de aplicarla a cualquier propuesta legislativa.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Aunque existe el riesgo del uso abusivo de la declaración de emergencia para dispensar la realización de los tres debates, es la mayoría simple quien decide cuando concurre ésta a la luz de simples criterios de oportunidad política en el contexto de circunstancias que requieran de cierta celeridad en su resolución legislativa, situaciones imprevistas o excepcionales que no pueden esperar el desarrollo normal del procedimiento para la aprobación de una ley<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn10">[9]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Por otro lado, teniendo en cuenta que no hay una mención expresa de que la calificación de urgencia se trata de un procedimiento especial y que los artículos 62 y 63 de la referida ley tampoco lo declaran explícitamente, se puede sostener que dicha calificación es una norma de funcionamiento que consiste en una simple regla de reducción de plazos como parte del ejercicio de la autonomía normativa y organizativa del Congreso Nacional.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">La segunda conducta, establecida en el artículo 215, contiene una doble obligación: una está dirigida al Congreso Nacional que tiene que pasar al Poder Ejecutivo todos los proyectos de ley aprobados, a más tardar dentro de tres días de haber sido votado; y otra está dirigida al Poder Ejecutivo que tiene que sancionarlos y hacerlos promulgar como ley. La Constitución es tan precisa y concreta que, incluso, ordena la fórmula que debe acompañar a la sanción de ley: “Por Tanto, Ejecútese”.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">No obstante, este artículo, a diferencia del 216 constitucional, guarda silencio con respecto al establecimiento de alguna consecuencia jurídica si el Congreso Nacional tarda más de tres días para pasarlo al Poder Ejecutivo. Hasta el momento, la realidad ha superado a la norma y la práctica del Congreso Nacional de no cumplir con este plazo en muchos casos no ha tenido ningún impacto en la validez de los proyectos de ley enviados al Poder Ejecutivo una vez pasado este plazo.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">La tercera conducta está contenida en el referido artículo 216 y comprende una obligación condicionada, una doble obligación simple y una permisión condicionada: la obligación condicionada está dirigida al Poder Ejecutivo en el sentido de que tiene que devolver el proyecto de ley al Congreso Nacional dentro de diez días, solo si encuentra inconvenientes para sancionarlo.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">La Constitución ordena dos cuestiones: que la fórmula que acompañe la devolución sea “Vuelva al Congreso” y que se expongan las razones en que el Poder Ejecutivo funda su desacuerdo. Es importante destacar que esta obligación establece una consecuencia jurídica concreta en caso de no cumplir con el plazo fatal de 10 días para objetar el proyecto de ley: éste “se tendrá como sancionado y lo promulgará como ley”.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">La primera obligación simple está dirigida al Congreso Nacional para que someta a nueva deliberación el proyecto de ley devuelto por el Poder Ejecutivo. La permisión condicionada también está dirigida al Legislativo, quien tiene permiso de pasar el proyecto de ley al Poder Ejecutivo con la fórmula “Ratificado Constitucionalmente” solo si es ratificado por dos tercios de los votos. Finalmente, la segunda obligación simple está dirigida al Poder Ejecutivo para que publique sin tardanza el proyecto de ley ratificado por el Congreso por mayoría calificada.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Algo muy importante a destacar es que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso Nacional pueden ejercer un control a priori o preventivo de constitucionalidad. El primero ejerce este control mediante el veto que obliga a que el Poder Legislativo no pueda deliberar nuevamente sobre el proyecto de ley hasta escuchar previamente la opinión de la Corte Suprema de Justicia a través de un dictamen “en el término que el Congreso Nacional le señale”.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">En el caso del Congreso Nacional la función legislativa presupone una previa interpretación de la Constitución de la República como marco de actuación, ya que ésta contiene los límites y vínculos a los que debe someterse toda actuación legislativa que quiera ser considerada válida.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">El título VI “De las sesiones y debates” de la Ley Orgánica del Poder Legislativo contiene las normas parlamentarias para la toma de decisiones, las cuales están diseminadas a lo largo de los artículos 60 a 79. En este orden de ideas, la hoja de ruta que debe seguir un proyecto de ley para alcanzar validez formal es el siguiente: iniciativa de ley, admisión, deliberación o discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación y vigencia<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn11">[10]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">En términos concretos, primero, la secretaría de la Junta Directiva debe comprobar el quórum previo al inicio de las sesiones (artículo 60); segundo, la secretaría de la Junta Directiva debe dar lectura a la propuesta de agenda, que incluirá la lectura del acta de la sesión anterior (artículo 61); tercero, cualquier persona diputada puede “hacer reconsideraciones para que se enmiende, en cuanto a la verdad de los hechos y se hagan correcciones de redacción” (artículo 61).</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Cuarto, el pleno del Congreso Nacional hará las enmiendas propuestas cuando fueren procedentes (artículo 61); quinto, los proyectos de ley se someten a debate con su respectivo dictamen, se les da lectura íntegra y se garantiza que haya una copia en las computadoras de los curules. En caso de problemas técnicos debe dotarse una copia en físico a cada persona diputada (artículo 64).</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Sexto, la presidencia del Congreso Nacional preside y conduce los debates, y otorga la palabra a las personas diputadas que la soliciten por su orden; séptimo, las personas diputadas tienen libertad para expresar sus opiniones, sus intervenciones se deben limitar al asunto sometido a discusión y pueden intervenir tres veces sobre el mismo asunto (artículo 65).</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Octavo, cualquier persona diputada puede solicitar a la presidencia de la Junta Directiva el uso de la palabra por el orden cuando otra de ellas esté haciendo uso de ésta y se esté expresando sobre un asunto que no está en discusión (artículo 65); noveno, la persona diputada proponente y quienes son parte de la comisión que haya dictaminado un proyecto de ley pueden intervenir para defender o hacer aclaraciones sobre tal proyecto (artículo 66).</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Décimo, cualquier persona diputada proponente puede, con la venia del pleno, presentar mociones de orden (artículo 67); décimo primero, cualquier persona diputada puede solicitar que las votaciones sean nominales o con consignación de nombres, y si es aprobado por el pleno “se debe tomar en orden alfabético de apellidos, comenzando alternativamente por la primera y por la última letra del alfabeto”. La Junta Directiva puede determinar que las sesiones sean privadas (artículo 68)<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn12">[11]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Décimo segundo, las decisiones del Congreso Nacional se tomarán por la mitad más una de las personas diputadas presentes, excepto en los casos que la Constitución o la ley determinen que sean por mayoría calificada (artículo 69); décimo tercero, las personas diputadas podrán votar de forma afirmativa, negativa o abstenerse, y no podrán excusarse a emitir su voto, salvo en el caso que tuviera interés personal en el asunto que se discute (artículo 69).</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Décimo cuarto, una vez que la votación se inicie no puede interrumpirse ni abrirse un nuevo debate hasta que ésta termine; además, las personas diputadas no deben abandonar el salón de sesiones hasta su finalización (artículo 70); décimo quinto, las personas diputadas pueden razonar su voto de forma verbal en el momento de la votación y de forma escrita después de la votación, entregándolo a la Junta Directiva. Este último pasa a formar parte del expediente del proyecto de ley (artículo 71).</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Décimo sexto, los proyectos de decreto pueden votarse por artículos, capítulos, títulos o por su totalidad. En todo caso, las personas diputadas deben emitir su voto aprobando o improbando en una sola votación la parte o la totalidad del proyecto sometido a su consideración (artículo 72).</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Finalmente, los artículos 73 al 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo reproducen totalmente lo establecido en los artículos 215, 216, 219 y 220 de la Constitución de la República, es decir, en lo que respecta a las obligaciones, permisos y prohibiciones que analizamos anteriormente, y que revisten de validez formal lo aprobado por el Congreso Nacional y sancionado por el Poder Ejecutivo.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>3.3. El valor jurídico del acta de la sesión anterior con respecto a la validez de un decreto aprobado por el Congreso Nacional</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Cualquier persona con observación acuciosa podrá notar fácilmente dos cosas fundamentales con respecto al acta: en primer lugar, su aprobación tiene como finalidad exclusiva determinar si refleja “la verdad de los hechos” ocurridos en la sesión anterior o si tiene defectos de redacción para que sea enmendada o corregida; por tanto, mediante la enmienda del acta no se pueden modificar cuestiones de fondo, solo de forma.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">En otras palabras, a través de una enmienda o corrección no se puede modificar lo que ya se votó. Si se admite lo contrario implicaría llegar al absurdo de que un proyecto de ley rechazado en la sesión anterior pueda ser aprobado al momento de aprobar el acta en la siguiente sesión, lo cual abriría una puerta peligrosa a que en cada sesión se puedan cambiar las decisiones, vulnerando el artículo 220 constitucional que establece que “Ningún proyecto de Ley desechado total o parcialmente, podrá discutirse de nuevo en la misma legislatura”.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">En segundo lugar, la lectura y aprobación del acta forma parte de la agenda de una nueva sesión. Es decir, no tiene relación con la sesión anterior en la que se aprobó el decreto, ya que es en ésta donde se cierra el procedimiento normal de votación y aprobación antes de ser enviado al Poder Ejecutivo para su sanción y promulgación.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Por ello, el propio artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional establece que, con su aprobación, todo proyecto de ley “adopta la forma de Decreto”, esto es, deja de ser un simple proyecto y se considera jurídicamente listo para salir del ámbito del Poder Legislativo con el fin de que sea sancionado y publicado en el ámbito del Poder Ejecutivo.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">A su vez, en virtud del criterio histórico de interpretación jurídica, cuando se analiza el derogado Reglamento Interior del Congreso Nacional se puede advertir que la aprobación de las actas se encuentra ubicado en el título VIII titulado “De las sesiones” y no en el título IX titulado “De las mociones y proyectos” que habla de la aprobación, sanción y promulgación de las leyes.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">A la luz del criterio sistemático de interpretación, el lugar que ocupa la aprobación del acta nos indica que el lazo íntimo al que está unida es al del desarrollo de las sesiones y no al del procedimiento específico que convierte un proyecto en decreto<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn13">[12]</a>. En este orden de ideas, la aprobación del acta no es un elemento que hace reconocible al decreto, ni siquiera puede considerarse que juega un papel auxiliar o instrumental relevante como presupuesto del acto formal de aprobación de éste.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Tomando en cuenta el lugar que la aprobación del acta ocupa en dicho reglamento, es evidente que, desde un principio, fue considerada una clásica norma parlamentaria, pero no un elemento cuya presencia o ausencia sea lo suficientemente relevante para cuestionar la validez formal de un decreto ya aprobado por la mitad más una de las personas diputadas y siguiendo el procedimiento establecido en el capítulo II del título V constitucional sobre formación, sanción y promulgación de la ley.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Por otro lado, de la redacción del artículo 61 no se puede establecer ningún enunciado prescriptivo, lo cual se deduce de la ausencia de un verbo imperativo que indique la exigencia de que el acta de la sesión sea leída y aprobada como presupuesto indispensable para poder continuar con el procedimiento de sanción presidencial y publicación en el Diario Oficial La Gaceta.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">En consecuencia, la referida disposición legal hace que el acto de lectura y aprobación del acta agote sus efectos en el fin que expresa y busca, es decir, la posibilidad de hacer enmiendas, en cuanto a la verdad de los hechos, y correcciones de redacción, sin insertarse necesariamente en el procedimiento de formación de los ulteriores actos formales, es decir, el envío del decreto aprobado al Poder Ejecutivo para que éste lo sancione y lo promulgue<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn14">[13]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Si la falta de aprobación del acta tuviera como consecuencia jurídica evitar que el Congreso Nacional continúe con la hoja de ruta constitucional establecida en los artículos 214 al 216 de la Constitución, debe existir una remisión a una norma no constitucional -la Ley Orgánica del Poder Legislativo- que exija de forma expresa que las personas diputadas se adecúen a lo establecido en esa norma.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Esta clase de normas a las que la Constitución remite para que revistan de validez al proceso de aprobación de un proyecto de decreto juegan el papel de “normas interpuestas”, o sea, puestas entre la ley y la Constitución. En este sentido, la violación de la norma a la que la Constitución remite constituiría una violación indirecta de esta última<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn15">[14]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">No obstante, en este caso no existe en la Constitución ninguna norma dentro del capítulo II sobre formación, sanción y promulgación de la ley que establezca que la aprobación del acta de la sesión en la que se aprobó un decreto es un requisito indispensable para la creación legislativa; y tampoco existe en la Constitución ninguna norma de remisión para que el artículo 61 o cualquier otro artículo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo pueda ser considerado una “norma interpuesta”.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">En virtud de todo lo expresado, aceptar que la aprobación del acta de la sesión anterior es condición sine qua non para la validez formal de un decreto sin que exista una remisión expresa de la Constitución implicaría posicionar ese acto meramente parlamentario al mismo nivel de la aprobación misma o de la sanción de ley. Más grave aún, en la práctica podría constituir un verdadero “veto” adicional que no está contemplado en la Constitución de la República.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">A su vez, argumentar que el capítulo II sobre formación, sanción y promulgación de la ley es insuficiente para definir con certeza los requisitos esenciales para que un proyecto de ley adopte la forma de decreto, implicaría aceptar que su vigencia efectiva depende del posterior desarrollo legislativo, sin el cual no es posible poner en práctica la hoja de ruta establecida en esas disposiciones constitucionales y lograr su máxima eficacia.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Hay que recordar que la Constitución de la República está revestida de un carácter de inmediatez o de aplicación directa que la convierte en una verdadera norma jurídica; aceptar lo contrario sería convertirla en una simple norma programática incompleta que solo puede ser colmada vía desarrollo legislativo que es potestad del Congreso Nacional. En este orden de ideas, “caeríamos en el absurdo de tener una norma que no disciplina aquello para lo que fue creada”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn16">[15]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Esto no significa desconocer que existen normas constitucionales de eficacia limitada, como aquellas de carácter directivo o programático que establecen líneas para la acción, a las cuales habrán de ajustarse, en el futuro, los poderes públicos<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn17">[16]</a>; las de naturaleza institutiva u organizativa que crean o instituyen órganos e instituciones<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn18">[17]</a>; y las de carácter preceptiva de aplicación no inmediata que “mandan o prohíben o regulan conductas, pero su vigencia efectiva y actual depende del ulterior desarrollo legislativo, o de la creación de alguna institución, sin lo cual no es posible poner en práctica ese tipo de prescripciones constitucionales”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn19">[18]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Las normas jurídicas que componen el capítulo II del título V constitucional sobre formación, sanción y promulgación de la ley son de naturaleza preceptiva de aplicación inmediata que regulan con precisión y certeza las conductas -permisos, obligaciones y prohibiciones analizadas anteriormente- que son esenciales para darle vida jurídica a otras normas y revestirlas de la vigencia y la validez necesarias para que tengan efectos jurídicos.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">No cabe duda de que los artículos 214 al 216 sobre la formación de la ley es una norma compleja, cuya plena observancia depende del cumplimiento de múltiples subnormas “que disciplinan otras tantas actividades como requisitos obligatorios de la ‘forma’ de ley: como la propuesta por un sujeto legitimado para ello, la aprobación por mayoría del Parlamento, la promulgación por el presidente de la República y la publicación en la Gaceta Oficial”<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn20">[19]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">De esta manera, el capítulo II sobre formación, sanción y promulgación de la ley contiene las “reglas de competencia” que definen cuáles son las condiciones necesarias para crear una nueva norma legal, sin las que el resultado es inválido o nulo. El artículo 213 es una regla que determina la competencia personal, ya que indica qué sujetos políticos pueden participar en el proceso creador de nuevas leyes y los artículos 214 al 216 son reglas que determinan la competencia de procedimiento, pues definen los pasos a seguir<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn21">[20]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Es claro que la inobservancia de estas reglas está prohibida y hace irreconocible el acto de formación, sanción y promulgación de cualquier decreto. No obstante, la falta de aprobación del acta de la sesión anterior en la que se aprobó el CAF no es impedimento para que este último, al menos, entre en vigor, pues aceptar lo contrario exigiría, como garantía de certeza, que la aprobación de dicha acta esté estipulada expresamente como requisito con la máxima precisión<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn22">[21]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><u>4. Conclusión</u></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">La falta de aprobación del acta de la sesión anterior puede llegar a ser un vicio débil del procedimiento parlamentario, pero no lo suficientemente fuerte para declarar la inexistencia (falta de vigencia) e invalidez del decreto que contiene la ratificación del CAF. En este sentido, este decreto:</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">a) No puede considerarse inválido porque su aprobación se realizó conforme con las reglas de competencia personal y de procedimiento suficientes y necesarias constitucionalmente, y porque no es contrario a los contenidos constitucionales.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">b) No puede considerarse inexistente porque cumple con los dos factores básicos que suelen ser considerados como condiciones necesarias y suficientes de la vigencia de las normas jurídicas: su promulgación y su publicación<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn23">[22]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">¿Qué hacer con la cuestión de la falta de aprobación del acta de la sesión anterior? Primero, hay que insistir que ésta es una simple norma parlamentaria que no altera el resultado ni el contenido de ninguna votación realizada en la sesión anterior.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Segundo, como el objetivo del acta es dar cuenta de “la verdad de los hechos” acaecidos, la negativa de la mayoría de las personas diputadas de aprobarla no es un obstáculo para que el artículo 61 logre su fin, pues se puede hacer uso de la tecnología como la grabación del video de la sesión para que éste constituya per se un fiel reflejo de lo sucedido.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">El acto de lectura y aprobación del acta de la sesión anterior agota sus efectos jurídicos en el fin que expresa y busca, esto es, determinar si refleja lo que sucedió en dicha sesión y revisar si existen errores de redacción. Por tanto, no puede considerarse un nuevo “veto” a priori y con similar fuerza jurídica al veto que la Constitución expresamente reconoce al Poder Ejecutivo en el artículo 216.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Si el contenido del decreto del CAF finalmente aprobado no reflejara lo que se discutió y aprobó, el video de la sesión es suficiente para presentar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el recurso de inconstitucionalidad respectivo por razones de forma.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">No está de más recordar que el único órgano que puede realizar la declaración de invalidez del decreto del CAF es la Sala de lo Constitucional, pues es la intérprete suprema de la Constitución, pero no se encuentra por encima de esta última ni tiene facultades ilimitadas, ya que su marco de actuación es la propia Constitución y, en consecuencia, sus decisiones no pueden implicar una separación, abandono, anulación o quebrantamiento de la norma suprema<a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftn24">[23]</a>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">El artículo 187 constitucional establece que la inconstitucionalidad puede ser declarada por razones de forma o de contenido; en esa línea, la Ley sobre Justicia Constitucional es clara y precisa en su artículo 75 cuando establece que un decreto puede ser declarado inconstitucional “en la forma, cuando no se ha observado el proceso legislativo establecido en la Constitución de la República”.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Este artículo, al igual que la norma suprema, tampoco hace una remisión a otras normas “interpuestas”, pues el capítulo II del título V constitucional sobre formación, sanción y promulgación de la ley contiene normas preceptivas de aplicación inmediata que no requieren del ulterior desarrollo legislativo para tener eficacia.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div><hr size="1" style="text-align: left;" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference">*</span></a> Agradezco
a la abogada y máster Ana A. Pineda H. con quien debatimos muchas de las ideas
desarrolladas en este análisis y al Dr. Carlos David Cálix por compartirme sus
propias reflexiones. Esto me permitió profundizar más en los aspectos más
complejos.<span lang="ES"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn2">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></a>
Convenio Constitutivo. Banco de Desarrollo de América Latina. CAF. Marzo, 2022,
artículos 1, 3 y 4 literal g).<span lang="ES"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn3">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></a>
Para conocer en qué consiste las diferentes series de acciones, véase el
artículo 5 del Convenio Constitutivo.<span lang="ES"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn4">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></a>
RIDAO, Joan. <i>Constitucionalismos. Una
inmersión rápida. </i>Tribidabo Ediciones. Barcelona. 2022, p. 12.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn5">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref5" name="_ftn5" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></a>
<span lang="ES">GUASTINI, Ricardo. <i>Estudios de teoría constitucional.</i>
Edición y presentación de Miguel Carbonell. Universidad Nacional Autónoma de
México. México. 2001, p. 48.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn6">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref6" name="_ftn6" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></a>
De acuerdo con la Sala de lo Constitucional, existe un “bloque de
constitucionalidad” que se encuentra en el peldaño más alto de nuestro sistema
normativo, el cual rige e informa a las normas inferiores. Este bloque está
compuesto por las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales
de derechos humanos ratificados por Honduras. Al respecto véase, Sala de lo
Constitucional. SCO RI-1058-2016 del 14 de noviembre de 2016, considerando 13; Sala
de lo Constitucional. SCO RI-0406-2013 del 28 de junio de 2013, considerandos
11-12.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn7">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref7" name="_ftn7" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></a>
MEJÍA RIVERA, Joaquín A., PINEDA H., Ana A. y EVELINE PADILLA, Josué. <i>La Constitución de Honduras.</i> Tirant lo
Blanch. Valencia. 2021, pp. 39, 40, 81 y 145.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn8">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref8" name="_ftn8" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></a>
PRIETO SANCHÍS, Luis. <i>Apuntes de Teoría
del Derecho. </i>Editorial Trotta. Madrid. 2005<span lang="ES">, pp. 76-77.</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><span lang="ES"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref8" name="_ftn8" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 19.26px;">[8]</span></span></span></a> </span></span><span style="font-family: helvetica; font-size: large;">MARIÑO MENÉNDEZ, </span><span lang="ES" style="font-family: helvetica; font-size: large;">Fernando M. <i>Derecho
Internacional Público: Parte general.</i> Editorial Trotta. Madrid. 4ª ed. rev.
2005, p. 606.</span></p></div>
<div id="ftn10">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref10" name="_ftn10" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></a>
GÓMEZ LUGO, Yolanda. “La urgencia en el ‘<i>iter legis’</i>: una técnica de
agilización procedimental a disposición del Gobierno”. En <i>Revista de Derecho
Político</i>. N° 71-72. UNED. Enero-agosto 2008, pp. 719-720.<span lang="ES"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn11">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref11" name="_ftn11" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></a>
ROJAS CARÓN, León. <i>La Constitución hondureña. Brevemente analizada. </i>Litografía
López. Tegucigalpa. 2001, p. 319.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn12">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref12" name="_ftn12" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></a>
El artículo 59 establece: “Las sesiones del Congreso Nacional son públicas,
salvo que por acuerdo del pleno o por disposición de la Junta Directiva, se
determine sesionar en forma privada”.<span lang="ES"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn13">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref13" name="_ftn13" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></a>
SAVIGNY, M. F. C. de. <i>Sistema del Derecho
Romano Actual. Tomo Primero.</i> Traducción del alemán por M. Ch. Guenoux.
Vertido al castellano por Jacinto Mesía y Manuel Poley y precedido de un
prólogo de D. Manuel Duran y Bas. F.
Góngora y Compañía Editores. Madrid. 1878, <span lang="ES">p. 150.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn14">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref14" name="_ftn14" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></a>
FERRAJOLI, Luigi. <i>Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 1.
Teoría del derecho.</i> Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez, Carlos Bayón,
Marina Gascón, Luis Prieto Sanchís y Alfonso Ruiz Miguel. Editorial Trotta.
Madrid. 2013, p. 481.<span lang="ES"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn15">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref15" name="_ftn15" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></a>
<span lang="ES">GUASTINI, Ricardo. <i>Estudios de teoría constitucional… op. cit.</i>,
p. 50.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn16">
<p class="MsoFootnoteText"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref16" name="_ftn16" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></a>
<span lang="ES">FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio. <i>La Inconstitucionalidad por omisión. Teoría
General. Derecho Comparado, el caso español. </i>Civitas. Madrid. 1998, pp. 80
y ss.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn17">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref17" name="_ftn17" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></a>
Un ejemplo es el artículo 363, especialmente el último párrafo.<span lang="ES"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn18">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref18" name="_ftn18" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></a>
Un ejemplo es el artículo 317 que crea el Consejo de la Judicatura y de la
Carrera Judicial.<span lang="ES"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn19">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref19" name="_ftn19" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></a>
CARRASCO GARCÍA, Luis Alberto. <i>Derecho
Constitucional General.</i> Editorial FFECAAT EIRL. Perú. 2ª ed. 2018, pp.
109-110. Un ejemplo de una norma constitucional carácter preceptiva de aplicación
no inmediata es el artículo 145 que remite a una ley posterior la regulación de
las acciones en materia de salud.<span lang="ES"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn20">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref20" name="_ftn20" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[19]</span></span><!--[endif]--></span></a>
FERRAJOLI, Luigi. <i>Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 1.
Teoría del derecho… op. cit.</i>, p. 466.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn21">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref21" name="_ftn21" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[20]</span></span><!--[endif]--></span></a>
<span lang="ES">ROSS, Alf. <i>Lógica de las normas. </i>Trad.
José Hierro S. Pescador. Comares. Granada. 2000, p. 124. También puede decirse
que los artículos 218 y 219 son reglas que determinan la competencia de
materia, indicando aquellos asuntos de los que pueden ocuparse los sujetos
políticos con iniciativa de ley.</span><span lang="ES"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn22">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref22" name="_ftn22" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[21]</span></span><!--[endif]--></span></a>
FERRAJOLI, Luigi. <i>Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 1.
Teoría del derecho… op. cit.</i>, pp. 465-466. Para que un acto exista
formalmente, “es <span lang="ES">necesario y
suficiente, que no todas, pero al menos sí algunas de sus formas —aquellas que
lo hacen reconocible e inteligible como acto dotado de significado jurídico—
sean conformes con las correspondientes normas formales”</span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn23">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref23" name="_ftn23" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[22]</span></span><!--[endif]--></span></a>
PEÑA FREIRE, Antonio M. “Validez y vigencia de las normas: algunas precisiones
conceptuales”. En <i>Anuario de Filosofía del Derecho. </i>N° 16. 1999, pp.
115-116.<span lang="ES"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn24">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><a href="file:///C:/Users/Joaqu%C3%ADn%20Mej%C3%ADa/Documents/EL%20CAF%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20FORMULACI%C3%931.docx#_ftnref24" name="_ftn24" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 107%;">[23]</span></span><!--[endif]--></span></a>
DÍAZ REVORIO, Francisco Javier. “Interpretación de la Constitución y juez
constitucional”. En <i>IUS. Revista del
Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.</i> Año X. Número 37. México. Enero-junio
de 2016<span lang="ES">,
p. 29.</span></span><o:p></o:p></p>
</div>
</div><div style="mso-element: endnote-list;"><div id="edn1" style="mso-element: endnote;">
</div>
</div>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-67357178353102950212023-07-22T16:41:00.020+02:002023-07-23T23:35:54.053+02:00LA LEGITIMIDAD DE LA INTERPRETACIÓN DE LA JUNTA PROPONENTE PARA EXCLUIR AL ABOGADO MARIO URQUÍA DEL PROCESO DE SELECCIÓN AL CARGO DE FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><b><span style="font-size: x-large;">I. Antecedentes</span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">La Junta Proponente declaró con lugar una de las tachas presentadas en contra del abogado Mario Urquía, la cual está sustentada en el artículo 8 de la Ley de la Junta Nominadora que establece lo siguiente:</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">"Los miembros titulares y suplentes de la Junta Nominadora no podrán ocupar cargos administrativos o jurisdiccionales en el Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo en los dos (2) años siguientes a su participación en la Junta, contados a partir de la entrega de la nómina de candidatos al Congreso Nacional".</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Aunque dicho artículo no menciona expresamente que estas personas no podrán ocupar cargos en el Ministerio Público, la Junta Proponente realizó una interpretación extensiva para incluir a este órgano especializado a la par de los tres poderes del Estado. En este sentido, la pregunta a responder es si esta interpretación respeta las reglas de interpretación jurídica, si se encuentra dentro del marco de actuación de la Junta Proponente y si vulnera derechos constitucionales a la luz del “test tripartito” de legalidad, legitimidad y necesidad.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: x-large;"><b>II. El mensaje que nos comunica el legislador a través del artículo 8 de la Ley de la Junta Nominadora a la luz de las reglas de interpretación jurídica</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Siguiendo a Konrad Hesse, la interpretación jurídica tiene como objetivo dar respuesta a una problemática con respecto al sentido de cómo debe entenderse y aplicarse una norma cuando de ésta no se obtiene una respuesta concluyente. En este orden de ideas, el “problema” a resolver es si el artículo 8 es suficientemente claro en cuanto a determinar en qué poderes del Estado no podrán ocupar cargos administrativos o jurisdiccionales quienes participaron en la Junta Nominadora.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Para ello, existen unos métodos de interpretación que fueron formulados por el jurista M. F. C. Savigny, a saber:</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">a) Interpretación gramatical: Prioriza la literalidad de las palabras utilizadas por el legislador para construir el enunciado normativo.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">b) Interpretación sistémica: Analiza y conecta la norma a interpretar con el derecho en el que se inserta dicha norma.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">c) Interpretación teleológica: Prioriza la finalidad o el fin legítimo que persigue la norma a interpretarse.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">d) Interpretación histórica: Analiza el origen de la norma y cómo se inserta en la realidad social.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Todos estos métodos se complementan entre sí, particularmente cuando se trata de normas que generan dudas sobre lo que prohíben, ordenan o permiten. A la luz de lo planteado por Hans Kelsen, una norma establece un querer o un acto de voluntad en virtud del cual el legislador determina que algo “debe suceder”. La pregunta clave es si el artículo 8 de la Ley de la Junta Nominadora expresa claramente qué es lo que “debe suceder”.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">En este sentido, este artículo establece una prohibición, es decir, que quienes fueron parte de la Junta Nominadora tienen prohibido “ocupar cargos administrativos o jurisdiccionales en el Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo en los dos (2) años siguientes a su participación” en ella. Es importante establecer que, como lo señala Francisco Javier Díaz Revorio, el método de interpretación gramatical constituye el punto de partida imprescindible en toda interpretación jurídica, por lo que es fundamental considerar la literalidad de las palabras de las que el legislador se sirve para comunicarnos su pensamiento.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Por tanto, cualquier persona que lea el artículo 8 de la Ley de la Junta Nominadora puede concluir que el significado literal del enunciado utilizado por el Congreso Nacional al redactar dicho artículo no deja lugar a dudas de que la prohibición legal se limita exclusivamente a ocupar cargos públicos en los tres poderes del Estado expresamente señalados y no en otros.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">A la luz de la máxima clásica in claris non fit interpretatio, la interpretación en sentido estricto se da cuando hay realmente duda sobre el sentido que ha de atribuírsele a un enunciado normativo. En el caso del artículo 8 de la Ley de la Junta Nominadora, se deduce de una manera indubitada un único contenido normativo o una única respuesta a un caso concreto, es decir, establece claramente una prohibición referida a optar a cargos públicos solo en tres poderes del Estado y no en cuatro, cinco o más.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Este artículo no es un precepto abierto y no refleja ninguna ambigüedad. Por tanto, si su redacción ofrece una respuesta clara con respecto a la conducta prohibida, es decir, a la proscripción de que quienes fueron parte de la Junta Nominadora ocupen cargos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿por qué la Junta Proponente realizó una interpretación extensiva si la literalidad del enunciado normativo establece una respuesta concluyente sobre la prohibición que el legislador estableció?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Como lo plantea Francisco Javier Díaz Revorio, en aquellos supuestos como el citado artículo 8 “en que la dicción literal es clara y terminante, la interpretación gramatical es el método más fiable”. Siguiendo al Tribunal Constitucional español en su sentencia STC 72/1984, “una interpretación que conduzca a un resultado distinto de la literalidad del texto [sólo puede pensarse] cuando existe ambigüedad”. Cualquiera que lea el artículo 8 de la Ley de la Junta Nominadora puede comprobar que tiene un contenido y una prohibición clara y precisa que no deja lugar a dudas.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: x-large;"><b>III. Los límites de la facultad interpretativa de la Junta Proponente</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">La Junta Proponente argumentó que realizó una interpretación teleológica del artículo 8 para garantizar la transparencia e imparcialidad del proceso de selección, pues si el abogado Urquía continúa en el mismo se pone en entredicho la integridad de éste en tanto que él, como parte de la Junta Nominadora, evaluó y calificó a dos miembros de la Junta Proponente, es decir, a la magistrada Rebeca Raquel Obando y al magistrado Wagner Vallecillo.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Lo primero que hay que destacar es que uno de los principios fundamentales que debe ser observado por la Junta Proponente es el principio de legalidad, que puede ser considerado uno de los logros históricos más importantes del Estado de derecho. La propia Sala de lo Constitucional en su sentencia SCO RI-623-2013 ha establecido que para afianzar la paz y la democracia se debe garantizar, entre otros, dicho principio.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">En nuestro marco constitucional hay dos artículos que le dan contenido al principio de legalidad: en virtud del artículo 321 las personas miembras de la Junta Proponente “no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Y, a la luz del artículo 322 están obligadas a “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">En consecuencia, el principio de legalidad condiciona y vincula a la Junta Proponente en un doble sentido: primero, declarando inválido todo acto que esté en contraste con la legalidad; y, segundo, declarando inválido todo acto que no esté expresamente autorizado por la ley. En esta línea, la Junta Proponente no solamente debe actuar dentro de los límites legales, sino también en el marco de lo que está expresamente autorizado por la ley.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Siguiendo a Ricardo Guastini podemos sostener que los actos de la Junta Proponente están sujetos a dos condiciones de validez: son válidos solo si son autorizados por la ley y solo si su contenido no está en contraste con ella. Lo que se pretende garantizar con ello es el “principio de preferencia de la ley” frente a los actos y decisiones de los poderes públicos y otros órganos que ejerzan funciones públicas.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">El propio Reglamento de la Junta Proponente en sus artículos 3 y 64, respectivamente, establecen que ésta se someterá siempre a la Constitución de la República, a los tratados o convenios internacionales aplicables a la materia, a la Ley del Ministerio Público, a su Reglamento y a los principios éticos establecidos en él, y que los asuntos no regulados por éste serán conocidos y resueltos en estricta armonía con los instrumentos jurídicos anteriores.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">No obstante, cuando la Junta Proponente interpreta una norma cuya literalidad es clara con respecto a lo que manda, prohíbe o permite, se está arrogando un poder de interpretación que no está regulado y que modifica sustancialmente el sentido de dicha norma y, en consecuencia, altera la voluntad del legislador y abre una puerta peligrosa a la discrecionalidad de un órgano temporal que se ve a sí mismo con la facultad de reformar de facto una norma de carácter general a través de una interpretación que ignora la contundencia y claridad de la literalidad del citado artículo 8.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Si la voluntad del Congreso Nacional hubiera sido incluir dentro del artículo 8 la prohibición de que quienes formaron parte de la Junta Nominadora no puedan optar a cargos públicos en otros poderes del Estado distintos al Judicial, Ejecutivo y Legislativo, lo hubiera establecido expresamente o hubiera hecho una referencia explícita al título V de la Constitución de la República referente a los poderes del Estado.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">En este sentido, la Constitución de la República incluye en su título V sobre los poderes del Estado al Poder Legislativo (capítulo I), al Tribunal Superior de Cuentas (capítulo III), a la Procuraduría General de la República (capítulo IV), al Ministerio Público (capítulo V), al Poder Ejecutivo (capítulo VI) y al Poder Judicial (capítulo XII). Dentro de la clásica teoría de división de poderes el Ministerio Público puede considerarse un extra poder.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Por tanto, la literalidad del artículo 8 de la Ley de la Junta Nominadora refleja que la voluntad del Congreso Nacional como intérprete primario de la Constitución es establecer una prohibición dirigida únicamente a optar a cargos públicos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no en otros “poderes” consignados en el título V de la norma fundamental como el Ministerio Público, que es un órgano que no responde ni está jerárquicamente subordinado a ningún otro poder.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: x-large;"><b>IV. La acción de interpretación de la Junta Proponente frente a los derechos constitucionales</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">El artículo 2 del Reglamento de la Junta Proponente establece que una de sus finalidades es el establecimiento de criterios objetivos para la selección de la nómina de personas candidatas a ocupar la titularidad de los cargos de Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto. Como una medida para alcanzar dicho fin, la Junta Proponente realizó una interpretación teleológica del artículo 8 de la Ley de la Junta Nominadora en virtud de la cual se excluye al abogado Mario Urquía y garantizar así la integridad del proceso de selección.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Es importante destacar que una de las funciones esenciales del criterio teleológico de interpretación es evitar que la aplicación de una norma tenga como consecuencia la eventual lesión de un derecho o de un principio constitucional. Por ello, se debe interpretar la norma a aplicar de modo que se evite dicha consecuencia. De la decisión de la Junta Proponente se deduce que permitir que el abogado Urquía continuara en el proceso implicaba una vulneración de los principios de imparcialidad e independencia del Ministerio Público.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">No obstante, también es evidente que su exclusión representa una vulneración de sus derechos políticos, particularmente su derecho de acceder a un cargo público en condiciones de igualdad, el cual, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), “requiere que los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución sean razonables y objetivos, y que las personas no sean objeto de discriminación”.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Por tanto, se puede presumir la existencia de un conflicto entre el derecho del abogado Urquía a acceder a un cargo público en condiciones de igualdad y la garantía de los principios de imparcialidad e independencia del Ministerio Público como un derecho de la sociedad que exige un proceso de selección íntegro y transparente. Para determinar la constitucionalidad de la decisión de la Junta Proponente de excluirlo de dicho proceso priorizando tales principios por encima de sus derechos políticos, es preciso analizar si la restricción a sus derechos supera el “test tripartito” de legalidad, legitimidad y necesidad.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><b><u>1. La restricción debe estar definida en forma precisa y clara</u></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">De acuerdo con la Corte IDH, para que la decisión de la Junta Proponente sea razonable y no constituya una limitación abusiva de los derechos del abogado Urquía, es necesario que tal restricción esté definida en forma precisa y clara a través de una ley en el sentido formal y material. Por tanto, no se pueden restringir derechos mediante decretos ejecutivos, reglamentos o actos administrativos de otra índole, como la interpretación hecha por la Junta Proponente.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Es evidente que ni el artículo 8 de la Ley de la Junta Nominadora ni ninguna disposición constitucional o del Reglamento de la Junta Proponente establecen de forma expresa, clara y precisa que una causal de exclusión del proceso de selección para Fiscal General es haber formado parte de la Junta Nominadora. El artículo 8, al determinar que no podrán optar a cargos públicos solo en tres poderes del Estado está indicando un elemento directivo, el cual es la prohibición de “ocupar cargos administrativos o jurisdiccionales en el Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo en los dos (2) años siguientes a su participación en la Junta”.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Esta norma jurídica busca dirigir la conducta de las personas que participaron en la Junta Nominadora en un sentido muy concreto y particular: no presentarse a ningún proceso de selección para optar a un cargo en esos tres poderes del Estado. Esto es de suma importancia, pues para garantizar la seguridad jurídica en un Estado de derecho es indispensable que la norma que restringe un derecho político como el acceso a un cargo público exista y resulte conocida antes de que ocurra la acción u omisión que la contraviene y que se pretende sancionar.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">En este sentido, la interpretación realizada por la Junta Proponente que implicó un menoscabo en los derechos del abogado Urquía no está contenida en ninguna norma que califique su situación de exmiembro de la Junta Nominadora como una causal legítima para ser excluido del proceso de selección a Fiscal General del Estado y su adjunto. De haber existido previamente, él o cualquier otra persona inmersa en dicha causal no hubiera tenido razones legítimas para someterse a un procedimiento de escrutinio público.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Su decisión de participar en el proceso es el resultado de la inexistencia de una conducta o situación personal o profesional que lo coloque en una posición de exclusión. La importancia de que la causal de exclusión esté establecida de forma precisa, clara y expresa en una norma permite que las personas postulantes orienten sus decisiones y conductas conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresen las condiciones de elegibilidad y las consecuencias de encontrarse en una de las causales para ser excluidas del proceso. Este es el fundamento del principio de legalidad.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><b><u>2. La restricción debe estar orientada a perseguir un fin legítimo</u></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Según la Corte IDH, la restricción de un derecho debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos y de finalidades generales legítimas como los derechos y libertades de las demás personas o las justas exigencias del bien común. La interpretación de la Junta Proponente amplía la prohibición establecida en el artículo 8 de la Ley de la Junta Nominadora para excluir a exmiembros de ésta de la posibilidad de optar a cargos públicos no solo en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial como lo establece de forma expresa tal artículo, sino también en el Ministerio Público.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Esta interpretación no solamente abre la puerta a que también se excluya y vete de forma absoluta a optar a cargos públicos en todos los órganos establecidos en el título V de la Constitución de la República, sino que también antepone un principio que no fija una conducta concreta a realizar (imparcialidad e independencia del Ministerio Público) a una regla que impone una prohibición expresa (no optar a cargos públicos en los tres clásicos poderes del Estado) constitutiva de una restricción a un derecho político.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Por ello, si la Junta Proponente realiza una interpretación del artículo 8 que amplía la restricción de derechos tiene la obligación ineludible de hacer uso del principio pro libertatis o pro persona, en virtud del cual, el citado artículo 8 debe interpretarse privilegiando, del modo más favorable, a la persona y su dignidad, pues a la luz del artículo 59 constitucional la persona es el fin supremo de la sociedad y el Estado, y todos y todas estamos en la obligación de protegerla.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Siguiendo a Bernal Pulido, desde su dimensión interpretativa, el principio pro persona obliga a que cuando es posible interpretar una norma de diversas formas debe elegirse aquella que favorezca más al derecho fundamental de que se trate o bien, elegir aquella que lo restrinja en menor medida; y, desde su dimensión normativa, implica que cuando existan dos o más normas aplicables al caso concreto se debe elegir la norma más favorable a la persona humana.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">En esa línea, no está de más recordar que la Sala de lo Constitucional en su sentencia RI-1343-2014 acumulada con el RI-0243-2015 estableció que la persona humana “es alfa y omega de las normas jurídicas, por lo que éstas y especialmente las que consagran derechos fundamentales, deben interpretarse en la forma que más le favorezcan”. La decisión de la Junta Proponente refleja un supuesto conflicto entre los principios de imparcialidad e independencia del Ministerio Público, y el derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad del abogado Urquía.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">La pregunta clave es qué criterios objetivos y razonables de ponderación utilizó la Junta Proponente al momento de “resolver” dicho conflicto, pues es insuficiente apelar de forma genérica a que la participación del abogado Mario Urquía constituye un eventual riesgo para la imparcialidad e integridad de todo el proceso de selección al cargo de Fiscal General de la República. Su condición de exmiembro de la Junta Nominadora no puede ser entendido per se como sinónimo de afectación al proceso para restringir, vía interpretación, su derecho a optar al cargo de titular del Ministerio Público cuando la literalidad del enunciado normativo del artículo 8 no se lo prohíbe.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><b><u>3. La restricción debe ser necesaria en una sociedad democrática</u></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">De acuerdo con la Corte IDH, la restricción de un derecho debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines que se buscan, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida e idónea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr. En otras palabras, esto significa que no pueda alcanzarse razonablemente por otro medio menos restrictivo. El tribunal interamericano ha establecido que la palabra “necesarias”, sin ser sinónimas de “indispensables”, “implica la existencia de una ‘necesidad social imperiosa’ y que para que una restricción sea ‘necesaria’ no es suficiente demostrar que sea ‘útil’, ‘razonable’ u ‘oportuna’”.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">De esta manera, la “necesidad” y, por ende, la legalidad de las restricciones al derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, lo que significa que la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo que se presume legítimo. Para determinar este tercer elemento del “test tripartito”, el principio de proporcionalidad adquiere gran relevancia, pues permite determinar si la restricción es o no legítima, es decir, si se convierte o no en una vulneración de un derecho.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Dado que el principio de proporcionalidad sirve para valorar si una restricción es contraria a los estándares constitucionales e internacionales en la medida en que afecta un derecho, otra pregunta clave es si no existen otras medidas menos lesivas para alcanzar el fin que se persigue, es decir, garantizar la integridad e imparcialidad del proceso de selección. En otras palabras, la restricción del derecho debe someterse a lo que el Tribunal Constitucional alemán llama el “principio de indispensabilidad”, esto es, que no exista “otra medida limitadora igualmente efectiva, pero de menor incidencia en el derecho fundamental de los afectados”.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">No es difícil deducir que la decisión de la magistrada Rebeca Raquel Obando y del magistrado Wagner Vallecillo de excusarse de conocer las tachas y denuncias contra el abogado Mario Urquía es una medida suficiente y menos lesiva que la exclusión de éste de todo el proceso. Por ello y en virtud de todo lo anterior, no existe una relación razonable entre su exclusión del proceso de selección y el resultado perseguido, pues el sacrificio de su derecho a acceder a un cargo público no es adecuado ni indispensable con respecto a un supuesto beneficio que éste genera para la integridad del proceso y los intereses generales de la sociedad.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">La restricción del derecho del abogado Urquía a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad no solamente exige de la Junta Proponente una motivación razonable y expresa que refleje la ponderación entre el peso de las razones a favor y en contra de la interpretación que lo excluyó del proceso de selección, sino también la estricta aplicación del principio de proporcionalidad que se configura como una regla metodológica construida a partir de criterios lógicos y racionales que otorgan a la interpretación de la Junta Proponente una cuota extra de coherencia y legitimación.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: x-large;"><b>V. Conclusión</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Es evidente que la situación de la candidatura del abogado Mario Urquía no está regulado en ninguna disposición legal. Por tanto, si la Junta Nominadora consideró pertinente determinar su continuidad en el proceso interpretando el artículo 8 de la Ley de la Junta Nominadora tuvo que utilizar como punto de partida el criterio de interpretación gramatical y, en caso de ambigüedad o vaguedad de la norma, otros criterios de interpretación como el teleológico.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">Sin embargo, siguiendo a Luis Prieto Sanchís y Rober Alexy, una interpretación de dicho artículo que restringe el derecho del abogado Urquía a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad sólo puede considerarse teleológicamente legítima, idónea y proporcional si:</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">a) Ni ella ni su finalidad están prohibidas por la legalidad interna e internacional.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">b) Si su finalidad es proteger “el disfrute de derechos fundamentales, de bienes constitucionales, o de intereses establecidos por el legislador previa autorización de una norma constitucional”.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">c) Si su exclusión del proceso de selección es la única medida idónea, es decir, que no existen otras alternativas igualmente eficaces para alcanzar el fin perseguido y menos lesivas para los derechos en juego.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">d) Si los beneficios que reporta su exclusión son mayores o menores que los perjuicios que genera sobre los intereses constitucionales involucrados.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: large;">En mi opinión estrictamente técnica-jurídica, no existen elementos suficientes para considerar que la decisión de la Junta Proponente de excluir al abogado Mario Urquía a través de su interpretación del artículo 8 de la Ley de la Junta Nominadora realiza un uso adecuado de los criterios de interpretación jurídica y supera el “test tripartito” para considerar legítima la restricción de un derecho constitucional como el de acceder a un cargo público en condiciones de igualdad y sin discriminación.</span></div>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-76165431698187298212023-06-13T20:00:00.001+02:002023-06-13T20:00:04.911+02:00Seminario Internacional ⚖️ Desafíos en la persecución penal y juzgamiento del crimen organizado<iframe width="480" height="270" src="https://youtube.com/embed/T_mO85o7pSs" frameborder="0"></iframe>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-4207975602567325262023-04-28T11:40:00.001+02:002023-04-28T11:40:42.015+02:00Luigi Ferrajoli "La constitución de la Tierra" (Parte I)<iframe width="480" height="270" src="https://youtube.com/embed/wtjUFg1qzpo" frameborder="0"></iframe>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-45073426212050792162023-03-09T03:16:00.000+01:002023-03-09T03:16:41.223+01:00Discurso de aceptación de Doctorado Honoris Causa en Humanidades<p style="margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;"> <br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyk9oxmUBtBYZWNToxNresAtFzEnH1GThq2l65yYcKb-I9Hbke6AQ2OYmxVKAx0_2udPnhLmV8E-dZXkMdro1zkGOdw3phISMojm2LbXCTcuq9DZeWmmJcRuzieQBlZY3g9AgdO1eVl3DYHGMW6MVAgB8LJxi1dDYMkByDWAIxAyfhxIbDm1LHovpD/s1280/photo_2023-03-08_20-10-38.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="959" data-original-width="1280" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyk9oxmUBtBYZWNToxNresAtFzEnH1GThq2l65yYcKb-I9Hbke6AQ2OYmxVKAx0_2udPnhLmV8E-dZXkMdro1zkGOdw3phISMojm2LbXCTcuq9DZeWmmJcRuzieQBlZY3g9AgdO1eVl3DYHGMW6MVAgB8LJxi1dDYMkByDWAIxAyfhxIbDm1LHovpD/w400-h300/photo_2023-03-08_20-10-38.jpg" width="400" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilV4JLM3reQNjOsWx541S8AyHHl7Ifn607wQVPvephERwxfwetIlK_WtSEqenO_pm-U4k0PAbYD2QdN7INQH0eWD6TuJyfnRUWgX-Q6ZIVJwH-Yhr962WeyHCCjGWNU-4R8fAwRbAh5Q9N0YN0Yt85RWeXAsX_mB_UZnvODuN0Ijhd9RbMzo2Q17IX/s1280/photo_2023-03-08_20-10-29.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilV4JLM3reQNjOsWx541S8AyHHl7Ifn607wQVPvephERwxfwetIlK_WtSEqenO_pm-U4k0PAbYD2QdN7INQH0eWD6TuJyfnRUWgX-Q6ZIVJwH-Yhr962WeyHCCjGWNU-4R8fAwRbAh5Q9N0YN0Yt85RWeXAsX_mB_UZnvODuN0Ijhd9RbMzo2Q17IX/w300-h400/photo_2023-03-08_20-10-29.jpg" width="300" /></a></div><br /><span style="font-size: x-large;"><br /><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif;">Señor
rector; autoridades universitarias; profesorado y alumnado; compañeras,
familiares y amistades; personas invitadas:</span></span><p></p><p>
</p><p style="margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif;">Quienes
me conocen saben bien que me cuesta mucho desenvolverme en medio de los
protocolos y en situaciones en las que debo ser el centro de atención. Pese a
ello, quiero confesar que me encuentro conmovido, emocionado y agradecido por
el gran honor que el día de hoy me ha conferido la primera institución de
educación superior privada en Honduras, la Universidad José Cecilio del Valle. </span></span></p>
<p style="margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif;">Particularmente,
reitero mi gratitud al Consejo Académico y a mi querida amiga y colega Ana
Alejandrina Pineda Hernández, docente de este claustro, que han intervenido en
la propuesta y aprobación de este reconocimiento del que soy objeto.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif;">Quiero
aprovechar este momento para compartir con ustedes que esta distinción me hace
reflexionar sobre tres cuestiones que considero importantes:</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b><u><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif;">La
primera cuestión</span></u></b><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif;">
tiene que ver con el modo en que concebimos el mérito, pues es muy fácil caer en
la trampa de lo que Michael Sandel llama “la soberbia meritocrática” en el
sentido de creer que he llegado hasta aquí por mí mismo, olvidando lo mucho que
me ha ayudado la fortuna y la buena suerte:</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Franklin Gothic Book"; mso-fareast-font-family: "Franklin Gothic Book";"><span>1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-optical-sizing: auto; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></span><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif;">De
haber nacido en una familia donde el estudio ha sido una prioridad para mi
madre, Norma, y mi padre, Joaquín, ambos maestros en el sistema de educación
pública.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Franklin Gothic Book"; mso-fareast-font-family: "Franklin Gothic Book";"><span>2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-optical-sizing: auto; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></span><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif;">De
haber recibido de la naturaleza una serie de dones y aptitudes que he intentado
aprovechar al máximo a través del esfuerzo y la disciplina.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Franklin Gothic Book"; mso-fareast-font-family: "Franklin Gothic Book";"><span>3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-optical-sizing: auto; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></span><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif;">De
haber contado con el apoyo incondicional de Yolanda González Cerdeira, amiga,
compañera y madre de mi hija Sara, para alcanzar mis metas académicas,
particularmente mis estudios de maestría y doctorado en la Universidad Carlos
III de Madrid y en la Universidad Complutense de Madrid.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Franklin Gothic Book"; mso-fareast-font-family: "Franklin Gothic Book";"><span>4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-optical-sizing: auto; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></span><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif;">De
haber encontrado a tres personas que, quizá sin saberlo, han sido fundamentales
en mi formación como investigador: Ricardo García Manrique, Isolda Arita y
Marvin Barahona.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Franklin Gothic Book"; mso-fareast-font-family: "Franklin Gothic Book";"><span>5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-optical-sizing: auto; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></span><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif;">De
haber sido acogido por mi familia de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) en donde me he consolidado como
investigador y he tenido la oportunidad de realizar aportes al país y la región
desde el estudio de los derechos humanos. Puedo decir con mucho orgullo que soy
lo que soy debido al ERIC-SJ. Gracias Ismael Moreno, por tanto.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Franklin Gothic Book"; mso-fareast-font-family: "Franklin Gothic Book";"><span>6.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-optical-sizing: auto; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></span><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif;">De
haber recibido el enorme apoyo de Abogados sin Fronteras Canadá, a través de su
director de país, Lucas Valderas, para que mi amiga y compañera Claudia
Herrmannsdorfer y yo, hayamos concretado el sueño de contar con un valioso
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos desde donde hacemos litigio
estratégico.<span> </span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Franklin Gothic Book"; mso-fareast-font-family: "Franklin Gothic Book";"><span>7.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-optical-sizing: auto; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></span><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif;">De
haber coincidido en este camino con mi pareja Lidia Cálix, donde no solo
construimos y compartimos proyectos académicos, sino también un proyecto de
vida que está siendo maravilloso, pues está basado en la horizontalidad que
solo es posible en el marco de un amor compañero.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Franklin Gothic Book"; mso-fareast-font-family: "Franklin Gothic Book";"><span>8.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-optical-sizing: auto; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></span><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif;">De
haber sido aceptado como uno más en la Mesa Ciudadana, toda una escuela de
aprendizaje donde la diversidad ideológica es vista como riqueza y las
diferencias políticas se supeditan a las propuestas orientadas al bien común y
a los intereses del país. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b><u><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">La segunda
cuestión</span></u></b><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";"> tiene que ver con
el refrán de origen bíblico de que “nadie es profeta en su propia tierra”. A
pesar de que la docencia me apasiona, yo no estoy vinculado a ninguna
universidad en Honduras, pero desde el año 2012 me convertí en profesor
invitado de la Facultad de Jurisprudencia y de la Academia Interamericana de
Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Gracias a ello México me acogió con los
brazos abiertos y desde entonces he tenido la oportunidad de participar en
otros espacios académicos, de realizar y acompañar litigios estratégicos, y de
publicar dos libros, unos cuantos artículos en revistas especializadas y varios
capítulos en libros colectivos.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Uno de los mayores regalos que me dio
ese hermoso país fue en</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";"> el marco de
la conmemoración del centenario de la constitución mexicana en 2017 cuando </span><span lang="ES-HN" style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de
Querétaro reconoció mi modesto aporte al constitucionalismo
latinoamericano, junto a otras personas académicas del continente.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Aprovecho para darle las gracias al Dr.
Luis Efrén Ríos Vega, a la Dra. Irene Spigno, al Mtro. Rogelio Flores Pantoja,
al Dr. José Rafael Grijalba Eternod y al Dr. José de Jesús Becerra Ramírez por
su confianza en mi trabajo.</span><span lang="ES-HN" style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";"></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><span lang="ES-HN" style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Casi 6 años después estoy aquí
recibiendo tan grande honor de esta universidad hondureña, el cual asumo con
mucha responsabilidad y con el compromiso de demostrar mi gratitud mediante mis
aportes al debate nacional y regional sobre la situación del Estado de Derecho,
la democracia y los derechos humanos, y, sobre todo, a través de la puesta a
disposición, al servicio de las víctimas, de las herramientas teóricas y
prácticas con las que cuento.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b><u><span lang="ES-HN" style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">La tercera cuestión</span></u></b><span lang="ES-HN" style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";"> tiene que ver con la imperiosa necesidad de resignificar el
Derecho como un instrumento de transformación social y de reflexionar sobre el
papel de las personas juristas en los procesos de construcción democrática.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><span lang="ES-HN" style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Carlos Nino decía que el Derecho es
como el aire, está en todas partes y forma parte de nuestra cotidianidad. A su
vez, Herbert Hart planteaba que las personas juristas somos arquitectas de las
estructuras sociales.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><span lang="ES-HN" style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Por eso, como lo manifiesta Ángeles
López Moreno, una tarea urgente es el lugar prioritario que la enseñanza de la
justicia debe ocupar en la formación de la persona jurista. No se trata de una
tarea estética, sino de una tarea inaplazable para que las futuras personas
juristas dediquen sus conocimientos a luchar por la justicia. Sólo entonces
podrán llamarse en sentido pleno “juristas”.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><span lang="ES-HN" style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Si no es así, es imperativo que las
universidades se pregunten dos cosas: ¿qué tipo de </span><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">juristas están formando nuestras facultades con sistemas
de formación que privilegian la memorización de los artículos y la enseñanza decimonónica
de los códigos? Utilizando una imagen de León Tolstoi, ¿acaso estamos formando
juristas “sin alma”?</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><span lang="ES-HN" style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Dice el magistrado español José Antonio
Martín Pallín que la formación jurídica exige algo más que el conocimiento y
recitado literal de las disposiciones legales o la memorización de la
jurisprudencia, pues las personas juristas no pueden ser simples autómatas,
sino personas sensibles, valerosas, cultas, “con experiencia vital y con gran
sentido común”.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><span lang="ES-HN" style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">En consecuencia, la enseñanza jurídica
no puede reducirse a la descripción del Derecho vigente, debe evitar la
dictadura del pensamiento único y promover el pensamiento crítico y libre del
alumnado para que se cuestione si las leyes y las instituciones de Derecho cumplen
con su función instrumental a favor de la justicia y la dignidad humana.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><span lang="ES-HN" style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Como lo plantea el profesor Gregorio
Peces-Barba, la dignidad humana debe ser la “referencia ética radical”, “un
referente inicial, un punto de partida y también un horizonte final, un punto
de llegada”. En este “itinerario de la dignidad” que irradia todo el sistema
jurídico y social, quienes formamos a las futuras personas abogadas jugamos un
papel fundamental.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><span lang="ES-HN" style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Solo “juristas con alma”, con
conocimiento y manejo de los estándares constitucionales e internacionales de
derechos humanos, podrán aportar a la construcción de una ciudadanía activa,
consciente de la titularidad de sus derechos, comprometida con la dignidad
humana y capaz y dispuesta a salvaguardar el Estado de Derecho y la democracia,
evitando caer en la defensa de aberraciones jurídicas como la sucesión
constitucional.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">En virtud de lo anterior, siguiendo a
Abraham Magendzo, dejo para la reflexión cuatro grandes desafíos que tienen
ante sí las aulas universitarias:</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l1 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Franklin Gothic Book"; mso-fareast-font-family: "Franklin Gothic Book";"><span>1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-optical-sizing: auto; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></span><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif;">Deben
vincular al estudiantado directamente con la sociedad y el entorno con el fin
de transformarlo, y fortalecer la investigación científica para conocer la
realidad.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l1 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Franklin Gothic Book"; mso-fareast-font-family: "Franklin Gothic Book";"><span>2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-optical-sizing: auto; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></span><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif;">Deben
ser constructoras de democracia deliberativa en lugar de crear una atmósfera de
restricciones, imposiciones, relaciones rígidas, verticales y autoritarias.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l1 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Franklin Gothic Book"; mso-fareast-font-family: "Franklin Gothic Book";"><span>3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-optical-sizing: auto; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></span><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif;">Deben
generar el intercambio de ideas e información que impulse una actitud de
constante observancia crítica a los modelos excluyentes, elitistas y
autoritarios.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 36.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l1 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Franklin Gothic Book"; mso-fareast-font-family: "Franklin Gothic Book";"><span>4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-optical-sizing: auto; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-variation-settings: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></span><span style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif;">Deben
orientar al reconocimiento de la alteridad y a la formación de sujetos de
Derecho, es decir, personas comprometidas con la transformación de la sociedad.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><span lang="ES-HN" style="font-family: "Franklin Gothic Book",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-weight: bold;">Muchas
gracias.</span></span></p><p></p>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-87277382684870536282022-05-10T22:34:00.001+02:002022-05-10T22:34:16.950+02:00Audiencia Pública del Caso Deras García y otros Vs. Honduras. Parte 1.<iframe width="480" height="270" src="https://youtube.com/embed/ZyCVm0KBFfE" frameborder="0"></iframe>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-74333563153109367902022-04-20T15:23:00.001+02:002022-04-20T15:23:11.718+02:00Seminario "Imaginarios de desarrollo post-extractivista y economías heterodoxas..."<iframe width="480" height="270" src="https://youtube.com/embed/ikw-t8nNpNk" frameborder="0"></iframe>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-76202943061829230282022-03-30T16:01:00.001+02:002022-03-30T16:01:24.623+02:00Mundo multipolar y guerra en Ucrania, con Rafael Poch de Feliu<iframe style="background-image:url(https://i.ytimg.com/vi/69KmRlhulKA/hqdefault.jpg)" width="480" height="270" src="https://youtube.com/embed/69KmRlhulKA" frameborder="0"></iframe>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-74707933860356489282022-03-30T15:41:00.001+02:002022-03-30T15:41:31.998+02:00La información en la era de las fake news, por Ignacio Ramonet<iframe width="480" height="270" src="https://youtube.com/embed/pCnCwvV4VJ4" frameborder="0"></iframe>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-3292295647837792902020-11-25T12:05:00.001+01:002020-11-25T12:05:51.350+01:00No es normal - #CambiaelCuento - Acoso sexual laboral<iframe width="480" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/7ijvc9md1AA" frameborder="0"></iframe>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-22491440845472060952020-08-05T21:56:00.004+02:002020-08-05T21:56:51.386+02:00Sin confianza ciudadana no hay democracia<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">La corrupción no solo afecta la vigencia de los
derechos humanos, particularmente los económicos, sociales y culturales,
también debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la
impunidad, agrava la desigualdad y entorpece el desarrollo de un país.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en su informe 2019 sobre Honduras, la corrupción es uno de los problemas
estructurales que tiene el país y se sostiene por un sistema que beneficia a
unas cuantas personas “que tienen relaciones con altas esferas de poder
político y privado”.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Según el Consejo Nacional Anticorrupción, en
promedio Honduras pierde cada año 50 mil millones de lempiras del Presupuesto
General de la República por diferentes actos de corrupción. Esta cantidad
equivale a que cada 24 horas las personas corruptas se roban 137 millones de
lempiras.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Pero la corrupción solo es posible a la existencia
de la impunidad, que no es otra cosa que la falta de prevención, investigación
y sanción de las personas corruptas, lo cual, erosiona la confianza ciudadana
en la institucionalidad pública y provoca la desconfianza de la población en el
sistema de justicia.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><font size="6"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">Por ello, de acuerdo con el más reciente sondeo de
opinión pública del ERIC-SJ, el 85,7% de la población tiene poca o ninguna
confianza en el Congreso Nacional, el 84,3% en el gobierno central, el 80,3% en
la Corte Suprema de Justicia y el </span><span style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">75,9% en el Ministerio Público.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Y lo más grave es que el 85,1% de la ciudadanía
considera que los magistrados, jueces y fiscales defienden los intereses de las
personas ricas, poderosas y corruptas, y solamente el 10.7 por ciento piensa
que defienden los intereses de la sociedad.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Frente a las permanentes denuncias de la ciudadanía
y del Consejo Nacional Anticorrupción sobre los graves actos de corrupción en
el contexto de la pandemia, y la falta de acciones contundentes por parte de
las instituciones del Estado, los datos anteriores le dan toda la razón a la
población.</font><span style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></span></p><font size="5">Fuente: <a href="https://radioprogresohn.net/np/sin-confianza-ciudadana-no-hay-democracia/">https://radioprogresohn.net/np/sin-confianza-ciudadana-no-hay-democracia/</a></font>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-31554309992327789802020-08-05T21:55:00.003+02:002020-08-05T21:55:22.035+02:00Una sentencia con tintes políticos<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><font size="6"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), en su informe 2009 sobre Honduras señaló que en el país </span><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">sigue siendo frecuente el uso del derecho penal
como mecanismo para inhibir y hostigar a quienes ejercen el periodismo o tratan
asuntos de interés público.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><font size="6"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">Para ello, se utilizan figuras penales como la
calumnia y la difamación que restringen la libertad de expresión cuando se
trata de abordar públicamente asuntos que nos interesan a toda la sociedad, lo
cual es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado</span><span lang="es-419" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="es-419" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">En este contexto se ubica
la reciente decisión judicial de no anular la sentencia que dictó el presidente
de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, en contra de la ex
comisionada de la Policía Nacional y diputada María Luisa Borjas.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><font size="6"><span lang="es-419" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">Su delito fue denunciar
ante el Comisionado de Derechos Humanos que había recibido información sobre la
participación de funcionarios policiales, militares y empresarios en los
asesinatos del zar antidrogas, </span><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">Alfredo Landaverde, el Fiscal Orlan Chávez y Berta Cáceres.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><font size="6"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">El empresario Camilo Atala le denunció y el poder
judicial la condenó sin valorar dos cuestiones fundamentales: en primer lugar,
que, según </span><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">la doctrina de la real malicia, María Luisa Borjas
no tenía la intención de provocar un daño al honor de nadie porque solo estaba abordando
un asunto de interés público.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><font size="6"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">Y, en segundo lugar, que </span><span style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">existen ciertos discursos
que gozan de un especial nivel de protección por su importancia crítica para el
funcionamiento de la democracia. La posible participación de agentes del Estado
y de empresarios en los asesinatos denunciados por Borjas son asuntos de
interés público.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Por tanto, lo que hizo
Rolando Argueta como presidente de la Corte Suprema de Justicia al dictar dicha
sentencia demuestra tres cosas: primero, la ignorancia intencionada o no del
máximo responsable de la justicia en Honduras en relación con los estándares
internacionales en materia de libertad de expresión.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><font size="6"><span style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">Segundo, que tal sentencia
no </span><span lang="es-419" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">sólo es una limitación directa de la libertad de expresión, sino también
puede considerarse como un método indirecto de restricción de la expresión por
su efecto inhibidor del libre flujo de ideas, opiniones e informaciones que
puedan resultar críticas u ofensivas.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="es-419" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Tercero, que la decisión de
Rolando Argueta es política y no jurídica, y que demuestra una vez más que la
justicia en Honduras no es independiente, competente ni imparcial y que baila
al son de quien tiene el poder político y el poder económico.</font></span></p>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-78079990755815728172020-08-05T21:52:00.004+02:002020-08-05T21:52:56.220+02:00La desaparición forzada de dirigentes garífunas<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><font size="6"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">El filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio
plantea que los derechos humanos </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">“se han convertido ‘en
uno de los indicadores principales del progreso histórico’”, sin cuyo
reconocimiento y protección no puede haber democracia.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">La grave situación de los derechos humanos en
Honduras documentada por los diferentes mecanismos internacionales es un dato
que demuestra el retraso histórico en el que vive el país y una razón de peso
para comprender por qué no vivimos en democracia.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Un hecho concreto que ratifica lo anterior es el
secuestro y desaparición forzada del presidente del Patronato del Triunfo
de la Cruz y de otros 3 líderes comunitarios el pasado 18 de julio por parte de
un grupo armado vestido con indumentaria de la Dirección de Investigación
Policial.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><font size="6"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">La desaparición forzada es una de las más odiosas
violaciones a derechos humanos, constituye en sí misma la negación del ser
humano y, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, </span><span style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">implica
un craso abandono de los principios esenciales del Estado de derecho y de una
sociedad democrática.</span><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Estos actos solo pueden cometerse en regímenes que
desprecian la dignidad y, por eso, como lo señala Miriam Miranda, coordinadora
de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), en la dictadura corrupta
de Juan Orlando Hernández, las “maquinarias de la muerte están incólumes y
fortalecidas”.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><font size="6"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">Aunque el Estado tiene </span><span style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">la obligación de no
practicar ni tolerar la desaparición forzada de personas en cualquier
circunstancia, y de sancionar a los responsables, el sondeo de opinión pública
del ERIC-SJ demuestra que la ciudadanía no confía en el sistema de justicia.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><font size="6"><span style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">En este sentido, el </span><span lang="es-419" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">85.1%
de la ciudadanía considera que los magistrados, jueces y fiscales defienden los
intereses de las personas ricas, poderosas y corruptas. <o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="es-419" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Aunque
tenemos que continuar exigiendo que estas instituciones cumplan con su
obligación a pesar de la desconfianza, la ciudadanía en comunidad también
debemos alzar la voz, denunciar en todos los espacios y desplegar solidaridad
para que los compañeros garífunas aparezcan con vida y se castigue a los
criminales.</font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="es-419" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="5">Fuente: <a href="https://radioprogresohn.net/np/la-desaparicion-forzada-de-dirigentes-garifunas/">https://radioprogresohn.net/np/la-desaparicion-forzada-de-dirigentes-garifunas/</a></font></span></p>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-27420065383534136502020-08-05T21:51:00.004+02:002020-08-05T21:51:36.469+02:00A 9 años del asesinato de Nery Geremías seguimos buscando justicia<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">En su informe 2019 sobre la “Situación de los
derechos humanos en Honduras”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
señala tres cuestiones: Primero, que la violencia “contra periodistas y la
impunidad de estos crímenes continúa afectando seriamente el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión”.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Segundo, que las personas periodistas y
comunicadoras sociales enfrentan un elevado riesgo de ser víctimas de violencia
si “investigan y cubren asuntos sobre corrupción, crimen organizado, protestas
sociales y reivindicaciones de territorios”.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Tercero, que la mayoría de los asesinatos en contra
de estas personas permanece en la impunidad, lo cual ha generado miedo y
autocensura entre ellas, “así como una profunda desconfianza en las autoridades
públicas para lograr justicia”.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><font size="6"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">Esta situación convierte a Honduras en el segundo
país más letal para una persona periodista o comunicadora, y en un lugar más
peligroso que algunas zonas de guerra, de acuerdo con el </span><span lang="ES" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">Instituto Internacional de
Prensa.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><font size="6"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">El asesinato de Nery Geremías Orellana es un
ejemplo de ello. Cuando lo asesinaron tenía 26 años, era director de </span><span style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">Radio Joconguera, ubicada
en el municipio de Candelaria, Lempira, y se desempeñaba como corresponsal de
Radio Progreso.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><font size="6"><span style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">Mantuvo</span><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"> una posición crítica frente al golpe de Estado en
2009 y denunció las</span><span style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"> deficiencias en los servicios de salud pública
administrados por la Mancomunidad de Mocalempa, así como en el manejo de los
fondos de la cooperación internacional recibidos por el Comité Central Pro-Agua
de Desarrollo Integral.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="6"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">Hace 9 años, un </span><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">14 de julio de 2011, fue interceptado
por unos sicarios cuando viajaba en motocicleta hacia la radio Joconguera,
quienes le dispararon en la cabeza. Hasta el momento, este crimen se encuentra
en la más absoluta impunidad.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><o:p><font size="6"> </font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Este asesinato refleja dos cuestiones fundamentales: primero, que el
Ministerio Público del “Fiscal 5 Estrellas” no ha querido o ha sido incapaz
para investigar este y la mayoría de crímenes relacionados con el ejercicio de
la libertad de expresión.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Segundo, que el ERIC-SJ y la Clínica de Derechos Humanos Internacionales
de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA),
hemos tenido que acudir a la Comisión Interamericana en representación de la
familia con el fin de que se esclarezca la verdad sobre el asesinato de Nery
Jeremías.</font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="5">Fuente: <a href="https://eric-sj.org/np/a-9-anos-del-asesinato-de-nery-geremias-seguimos/">https://eric-sj.org/np/a-9-anos-del-asesinato-de-nery-geremias-seguimos/</a></font></span></p>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-6523268911734694512020-08-05T21:50:00.003+02:002020-08-05T21:50:30.342+02:00El Código Penal está abrogado<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Nuevamente el régimen de Juan Orlando Hernández
demuestra su desprecio a los valores constitucionales y al principio de
separación de poderes, y confirma su talante autoritario.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Recordemos que el Congreso Nacional, reunido en
sesión extraordinaria el pasado 24 de junio, decidió abrogar el Código Penal.
El artículo 216 de la Constitución de la República establece el camino que debe
seguir un decreto después de ser aprobado por el poder legislativo.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">En este sentido, el congreso debe trasladarlo al Ejecutivo
y este tiene dos caminos: Sancionarlo o vetarlo. En caso de vetarlo, tiene 10
días para devolverlo al congreso exponiendo las razones en que se funda su
desacuerdo.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Si en estos 10 días no lo veta ni lo sanciona
expresamente, el artículo 216 es claro al establecer que se tendrá como
sancionado y se promulgará como ley. <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Lo que ha hecho el régimen de Hernández es
irrespetar otra vez la Constitución y en vez de sancionar o vetar dicho
decreto, envió una carta al diputado Jorge Cálix manifestando que la sesión del
congreso no es legal, como si tuviera la facultad constitucional para decidir
qué es legal o no en otro poder del Estado.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><font size="6"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">Esta actuación no solamente confirma lo señalado
por el </span><span lang="ES" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">Índice de Transformación que mide la calidad de la gobernanza mundial, en
el sentido que el régimen de Juan Orlando Hernández ha reconvertido a Honduras
en una autocracia, sino también que es el principal interesado en la vigencia
del nuevo Código Penal.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Han pasado ya los 10 días que establece el artículo
216 constitucional sin que el Ejecutivo haya sancionado o vetado el decreto de
abrogación, por tanto, si viviéramos en una democracia el nuevo Código Penal ya
no estaría vigente.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Somos conscientes que el poderío de las armas y el
control del sistema de justicia le permiten al régimen aplicar por la fuerza un
código deslegitimado y que constitucionalmente ya está abrogado.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Sin embargo, la ciudadanía seguiremos rechazando
este nuevo acto antidemocrático y trabajando hasta lograr rescatar a Honduras
de esta dictadura. </font><span style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></span></p><font size="5">Fuente: <a href="https://radioprogresohn.net/np/el-codigo-penal-esta-abrogado/">https://radioprogresohn.net/np/el-codigo-penal-esta-abrogado/</a></font><div id="gtx-trans" style="left: -132px; position: absolute; top: 1736px;"><div class="gtx-trans-icon"></div></div>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-55450388150457153022020-08-05T21:49:00.003+02:002020-08-05T21:49:12.386+02:00Un Código Penal que criminaliza los campamentos por la dignidad<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Una de las maneras más comunes que utilizan las
comunidades y organizaciones sociales para manifestar su rechazo u oposición a
decisiones que afectan sus derechos, son los llamados campamentos por la
dignidad y las tomas de instalaciones públicas o privadas.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Al hacerlo, su intención no es apropiarse de esos lugares,
sino expresar su rechazo como una forma de ejercicio colectivo de la libertad
de expresión, particularmente cuando los canales institucionales son ineficaces
para resolver sus legítimas demandas.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">El artículo 378 del nuevo Código Penal establece una
pena de prisión de 2 a 4 años a quien, entre otras cosas, ocupe o usurpe un
bien inmueble. En otras palabras, incluye dentro del delito de usurpación a los
actos de protesta que implican una ocupación temporal, pero sin ánimo de
apropiación.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Para que exista el delito de usurpación se requiere
que quien ocupe un espacio tenga la intención de incorporarlo a su patrimonio
personal. Obviamente, no es usurpación cuando el estudiantado se toma las
instalaciones universitarias o una comunidad instala un campamento para
defender los bienes comunes. <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">Sin embargo, con la inclusión de este delito se
abre peligrosamente la puerta para criminalizar actos de protesta o de
reivindicación de derechos sociales por grupos u organizaciones que generalmente
realizan tomas de instalaciones públicas o privadas con tales fines.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><font size="6"><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">Si antes de la entrada del nuevo Código Penal el
sistema de justicia viene usando indebidamente el delito de usurpación en
contra </span><span lang="ES" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">de quienes organizan o participan en manifestaciones, sentadas o
campamentos en espacios privados o públicos, ahora esta práctica abusiva se ha
legalizado.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><font size="6"><span lang="ES" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;">Como lo señala el Relator
Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos
humanos, con este delito se seguirá criminalizando a<span style="mso-bidi-font-style: italic;"> quienes ejercen el derecho de reunión pacífica y se aplicará en
contextos de manifestaciones pacíficas y desalojos, pese a no haber intención
de apropiación.</span></span><span lang="ES-CR" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">El
Relator Especial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han rechazado
enérgicamente el uso del delito de usurpación para atacar </font></span><span lang="ES" style="font-family: "PT Sans Narrow", sans-serif;"><font size="6">el derecho pacífico de reunión
que puede “adoptar la forma de sentada o concentración con el propósito de
expresar quejas o anhelos”. Como sociedad, debemos sumarnos a este rechazo.</font><span style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></span></p><font size="5">Fuente: <a href="https://radioprogresohn.net/np/un-codigo-penal-que-criminaliza-los-campamentos-por-la-dignidad/">https://radioprogresohn.net/np/un-codigo-penal-que-criminaliza-los-campamentos-por-la-dignidad/</a></font><div id="gtx-trans" style="left: -31px; position: absolute; top: 2009.33px;"><div class="gtx-trans-icon"></div></div>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-69953052760035788162020-08-05T21:48:00.003+02:002020-08-05T21:48:13.874+02:00Corruptos y criminales<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="6">Existe una relación lógica entre
los derechos humanos y una vida libre de corrupción, ya que la corrupción
provoca una afectación directa en los derechos humanos, particularmente en los
económicos, sociales y culturales vinculados a las condiciones materiales para
vivir con dignidad.<o:p></o:p></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="6">Así, cuando en un país la
corrupción es generalizada y estructural como en Honduras, los recursos no
llegan a la población en situación de mayor vulnerabilidad porque se desvían a
los bolsillos de quienes se aprovechan de sus contactos, influencias y
posiciones de poder.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="6">Y a ello se suma la impunidad que
blinda a quienes cometen actos de corrupción, lo cual provoca que la ciudadanía
desconfíe de las instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial
que deberían de investigar y sancionar a las personas corruptas.<o:p></o:p></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="6">Como lo señala la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, “la corrupción atraviesa actos cotidianos
junto a estructuras de corrupción sistémica”, que en algunos casos llegan a
niveles de complejas formas de captura del Estado, cooptación de estructuras
estatales y desviación institucional con fines delictivos.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="6">El Estado de Honduras es un
ejemplo de ello, ya que no cabe duda que ha sido cooptado por una estructura
criminal que, además de estar vinculada con el narcotráfico, como lo señaló la
fiscalía del Distrito Sur de New York<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">, ha aprovechado de forma miserable la pandemia del COVID-19 para robar descaradamente.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><font size="6">De esta manera, mientras en el país se han ejecutado hasta el 12 de junio
4,366 millones de lempiras para enfrentar la pandemia sin que sepamos dónde
está invertido ese dinero, El Salvador construyó el hospital más grande de
América Latina con más de dos mil camas, especializado en tratar el
coronavirus.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="6"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Lo revelador es que con esos millones supuestamente ejecutados se hubieran
podido</span><span style="mso-bidi-font-weight: bold;"> construir dos hospitales
y medio como el de El Salvador, como lo señala el Centro de Estudio para la
Democracia (CESPAD)</span>. Sin duda alguna, este latrocinio está teniendo un
grave impacto en la vida y la salud de la ciudadanía.</font><o:p></o:p></p><font size="5">Fuente: <a href="https://eric-sj.org/np/corruptos-y-criminales/">https://eric-sj.org/np/corruptos-y-criminales/</a></font><div id="gtx-trans" style="left: -65px; position: absolute; top: 1742px;"><div class="gtx-trans-icon"></div></div>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-43518378104845060802020-08-05T21:47:00.001+02:002020-08-05T21:47:01.861+02:00La defensa de la vida puede ser terrorismo según el nuevo Código Penal<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><font size="6">El nuevo
Código Penal establece en su artículo 587 que una asociación terrorista está
constituida <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-weight: bold;">por dos o más personas para cometer algún delito con la finalidad de
subvertir gravemente el orden constitucional o provocar un estado de terror en
la población o parte de ella.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-weight: bold;"><font size="6">Así como está redactado,
elimina uno de los elementos esenciales para considerar que una acción puede
considerarse terrorismo: la intencionalidad de causar muerte o lesiones graves
a personas. Con ello, convierte cualquier delito en un acto terrorista, aunque
no sea grave.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><font size="6"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-weight: bold;">El </span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial;">Relator Especial de la
ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos manifestó su
preocupación por el alcance excesivamente amplio que tiene este delito, lo cual
permitiría criminalizar conductas de otro tipo y podría ser utilizado contra
personas defensoras de derechos humanos. <o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Arial;"><font size="6">En el mismo sentido, la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó
sus reservas acerca de este delito debido a su alcance excesivamente amplio que
puede llevar a la criminalización de una serie amplia de conductas que no
merecen la calificación de terrorismo.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;"><span style="mso-bidi-font-family: Arial;"><font size="6">Como lo ha manifestado la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la adopción de definiciones de
terrorismo demasiado amplias puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas del
término, para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de
los defensores de derechos humanos”<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="mso-bidi-font-family: Arial;"><font size="6">En la misma línea, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos plantea que una regulación tan amplia de este tipo de
delitos abre las puertas al arbitrio de la autoridad con un impacto grave en
derechos fundamentales como la vida y la libertad, debido a la severidad de las
penas.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="mso-bidi-font-family: Arial;"><font size="6">No hay ninguna duda que, en este contexto de
autoritarismo, militarización, concentración de poder y criminalización de
quienes cuestionan y se oponen al modelo que impone el régimen, la forma en que
está redactada la figura de terrorismo en el nuevo Código Penal representa un
grave peligro para la ciudadanía.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="mso-bidi-font-family: Arial;"><font size="5">Fuente: <a href="https://radioprogresohn.net/np/la-defensa-de-la-vida-puede-ser-terrorismo-segun-el-nuevo-codigo-penal/">https://radioprogresohn.net/np/la-defensa-de-la-vida-puede-ser-terrorismo-segun-el-nuevo-codigo-penal/</a></font></span></p><div id="gtx-trans" style="left: -17px; position: absolute; top: 1779.33px;"><div class="gtx-trans-icon"></div></div>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-58250121785106542092020-08-05T21:44:00.002+02:002020-08-05T21:44:46.877+02:00Un Congreso Nacional sordo ante el pueblo y obediente a los militares<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><font size="6">La aprobación y entrada en vigencia del nuevo Código Penal es un ejemplo
del autoritarismo con el que Mauricio Oliva controla el Congreso Nacional y de la
sordera del partido Nacional y demás partidos afines al oficialismo frente a
las exigencias del pueblo hondureño.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><font size="6">Al mismo tiempo, también refleja a quién obedecen y qué intereses protegen.
Dos ejemplos de ello lo constituyen los artículos 229 y 230 del nuevo Código
Penal que establecen penas de prisión y multa a quien cometa los delitos de
injuria y calumnia, y el artículo 153 que establece el principio de
responsabilidad del superior jerárquico.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><font size="6">La injuria se comete cuando una persona dice algo deshonroso contra otra
persona y la calumnia es cuando se señala falsamente que otra persona ha
cometido un delito. Por su parte, el principio de responsabilidad del superior
implica que los altos mandos policiales y militares tienen que ser responsables
por los crímenes cometidos por sus subordinados.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><font size="6">Pues resulta que el Congreso Nacional, para quedar bien con los militares,
eliminó del nuevo Código Penal el principio de responsabilidad de superior
jerárquico vendiéndoles la falsa idea de que sus delitos quedarían impunes.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><font size="6">Sin embargo, las propuestas presentadas por los diversos sectores sociales
no fueron tomados en cuenta. Uno de estos aspectos es que el nuevo código mantiene
los delitos de injurias y calumnias para proteger la reputación particularmente
de los funcionarios públicos.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><font size="6">A la luz del artículo 13 de la Convención Americana que reconoce el derecho
a la libertad de expresión, no hay justificación para mantener tales delitos y
resultan innecesarios y desproporcionados, ya que pueden constituir un medio de
censura indirecta, dado su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre
asuntos de interés público.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><font size="6">Eliminar el principio de responsabilidad penal del superior jerárquico y
mantener los delitos de injuria y calumnia nos muestra a quien escucha y a
quien desoye este Congreso Nacional que sin duda alguna no representa los
intereses generales de la población.<o:p></o:p></font></span></p><font size="6">Fuente: <a href="https://eric-sj.org/np/un-congreso-nacional-sordo-ante-el-pueblo-y-obediente-a-los-militares/">https://eric-sj.org/np/un-congreso-nacional-sordo-ante-el-pueblo-y-obediente-a-los-militares/</a></font>Joaquín A. Mejía Riverahttp://www.blogger.com/profile/06161395401546185236noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5931177133875833467.post-27832974121236382762020-06-02T18:54:00.002+02:002020-06-02T18:54:41.075+02:00Violencia sexual y el nuevo Código Penal
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: x-large;">Al aprobarse una ley tan importante en materia penal debe valorarse, entre otras cosas, el contexto en el que esa normativa va implementarse. En este sentido, una de los aspectos que más ruido hace el nuevo Código Penal es la reducción de las penas por delitos de violencia sexual. <br /><br />De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, solo entre enero y diciembre de 2018 se registró un promedio mensual de 248 casos por denuncias sexuales, de los cuales en el 87.4% las víctimas fueron mujeres y en el 69.1% su edad oscilaba entre los 5 y 19 años. <br /><br />Por otra parte, en su más reciente informe sobre Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató la grave situación de violencia que enfrentan las mujeres, adolescentes y niñas, la cual se caracteriza por la prevalencia de violencia sexual. <br /><br />Y lo más grave es que la impunidad alcanza el 95% de los casos, pese a que, como la señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una experiencia traumática que tiene severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima “humillada física y emocionalmente”. <br /><br />Por tanto, la reducción de las penas en los delitos sexuales no está acorde con los altos niveles de violencia que enfrentan las mujeres e ignora que representa una ofensa a la dignidad humana, como lo señala la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. <br /><br />Si el Congreso Nacional quisiera demostrar su compromiso para erradicar las violencias contra las mujeres, debe establecer penas adecuadas a la gravedad de los delitos. Por ahora, el nuevo Código Penal es una muestra de que tal compromiso no existe.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: x-large;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: x-large;">Fuente: <a href="https://soundcloud.com/radioprogresohn/violencia-sexual-y-el-nuevo-codigo-penal-nuestra-palabra-2-de-junio-2020">https://soundcloud.com/radioprogresohn/violencia-sexual-y-el-nuevo-codigo-penal-nuestra-palabra-2-de-junio-2020</a> </span></div>
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