Abogados por los Derechos Humanos

A 3 años de una histórica sentencia, la impunidad continúa en el caso Kawas

2012-02-07T15:52:00.002+01:00

El 3 de abril de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por la violación de los derechos a la vida y a la libertad de asociación de Blanca Jeannette Kawas Fernández, y de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares.

El tribunal interamericano ordenó al Estado, entre otras cosas, indemnizar a los familiares; concluir los procedimientos penales por el asesinato de Kawas; publicar en el Diario Oficial La Gaceta y en un diario de amplia circulación nacional la sentencia condenatoria; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; levantar un monumento en memoria de Kawas y rotular el parque nacional que lleva su nombre.

A casi tres años de esa sentencia, el Estado sólo ha cumplido los puntos relativos a la indemnización económica y a la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; sin embargo, el Estado no ha construido el monumento en memoria de la víctima; sólo ha instalado 6 de los 44 rótulos que el Estado tiene que colocar en el parque nacional; no publicó la sentencia en un diario de circulación nacional sino que lo hizo en un diario capitalino que no es muy leído en la zona norte.

Y lo más importante es que en relación con la investigación y sanción de los responsables materiales e intelectuales del asesinato, el Estado no ha realizado ninguna diligencia que implique un avance o resultados positivos al respecto. Más bien, las acciones emprendidas por el Estado hondureño son absolutamente insuficientes, y a 17 años del asesinato de Jeannette Kawas, la impunidad sigue abrazando este caso y negándole a los familiares el derecho a conocer la verdad de los hechos.

Una visita muy importante

2012-01-31T16:06:00.001+01:00

Entre el 5 y 14 de febrero de este año, Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, visitará Honduras para conocer la situación sobre el respeto a los derechos humanos.

En su visita, la Relatora tiene previsto reunirse con representantes del Estado y de la sociedad civil en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, con el objetivo de obtener información relevante y poder hacer recomendaciones para la protección efectiva de los defensores y defensoras de derechos humanos.

La visita de esta importancia funcionaria internacional es de suma importancia en un doble sentido: En primer lugar, se ratifica que la comunidad internacional sigue preocupada por la grave situación de los derechos humanos en el país, por lo que envía a una de las figuras más importantes en la materia; y en segundo lugar, representa una oportunidad esencial para que la Relatora examine de manera profunda la situación de los defensores y defensoras en honduras, determine problemas específicos y formule recomendaciones acerca de cómo podrían resolverse.

A pesar de que los voceros del régimen, particularmente a través del Ministerio de Derechos Humanos, se empeñan en decir que en Honduras la situación ha mejorado y que este gobierno está cumpliendo con las recomendaciones que le han hecho organismos internacionales, esta visita deja en claro que la gravedad de la situación impunidad en Honduras requiere la mediación de entes internacionales independientes e imparciales.

La sociedad civil independiente y comprometida con los valores democráticos tiene una oportunidad de oro para transmitir a la Relatora que la situación actual en Honduras se debe en gran medida a la impunidad de los verdugos que están siendo protegidos y premiados por el régimen de Lobo Sosa, a un sistema de justicia colapsado y deslegitimado, y a la sordera y ceguera de un gobierno que ni siquiera tiene voluntad para cumplir con las recomendaciones hechas por su propia Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

La impunidad de los victimarios sigue reinando en el país

2012-01-24T16:15:00.000+01:00

Human Rights Watch acaba de publicar su informe anual 2012 y en él se denuncia que el Estado de Honduras no ha hecho justicia en los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de facto instaurado con posterioridad al golpe militar de 2009.

Pese a que en julio de 2011 la Comisión de la Verdad y la Reconciliación creada unilateralmente por el régimen de Lobo Sosa, constató que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por policías y militares constituían crímenes de lesa humanidad, hasta el momento no hay ningún responsable perseguido penalmente y muchos condenado.

En este sentido, una gran cantidad de casos continúan impunes lo cual facilita que persistan de violencia y amenazas contra periodistas, defensores de derechos humanos, activistas políticos y personas transgénero.

Lo anterior se traduce en al menos 12 periodistas asesinados durante el gobierno de Lobo Sosa, 30 personas asesinadas entre enero y agosto de 2011 en el valle del Bajo Aguán, 10 mujeres transgénero asesinadas entre noviembre de 2010 y noviembre de 2011, uso excesivo de la fuera contra manifestantes pacíficos mediante el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, golpes y detenciones, y una campaña de hostilidad por parte de funcionarios del gobierno contra defensores de derechos humanos que promueven los derechos de víctimas de abusos policiales.

En pocas palabras, este nuevo informe sólo viene a ratificar lo que los hondureños y hondureñas vivimos diariamente, que la impunidad y las violaciones a los derechos humanos nos siguen pisoteando la dignidad, destruyendo el futuro y alejándonos del sueño de vivir en democracia y de tener un Estado al servicio de toda la ciudadanía y no de los poderes militares, religiosos, económicos y políticos que lo tienen secuestrado.

¿Y la depuración para cuándo?

2012-01-17T23:13:00.001+01:00

Honduras sigue siendo uno de los países más violentos del mundo. San Pedro Sula y el Distrito Central aparecen entre las primeras diez ciudades más violentas del planeta por encima de urbes de Afganistán, Irak o Colombia, que debido a los conflictos armados que enfrentan, deberían situarse entre las más sangrientas.

Sin embargo, el Distrito Central compuesto por Tegucigalpa y Comayagüela, aparecen en el lugar número 6 mientras que San Pedro Sula es catalogada la ciudad más violenta del planeta en el año 2011 gracias a su tasa de 159 homicidios por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, organización que elabora este ranking del crimen mundial, San Pedro Sula le quitó el primer lugar a Ciudad Juárez quien lo ostentó durante tres años consecutivos. Para empeorar el asunto, el departamento de Cortés también se convirtió en el más violento del mundo mientras que Yoro y Francisco Morazán aparecen entre los primeros 10 lugares de la violencia.

Sin duda alguna la violencia que azota al país es el reflejo de la precariedad institucional que se profundizó con el golpe de Estado y que tiene como a sus principales protagonistas a aquellos que constitucionalmente tienen la obligación de garantizar la seguridad ciudadana y la justicia, es decir, a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial.

No obstante, ya conocemos el siniestro papel de estas instituciones que se encumbran como protectores de los poderes fácticos del país y como verdugos de la sociedad en su conjunto. Por eso, le damos la razón a la rectora Julieta Castellanos quien insiste en que el motivo de que el país esté sometido por la delincuencia se debe a que “los cuerpos de Policía no solo no investigan, sino que ellos mismos están comprometidos con el delito”.

Mientras el país se desangra y sigue siendo devorado por la violencia, el régimen de Lobo Sosa hace demagogia con el sufrimiento de las víctimas al no querer intervenir la Policía con el apoyo decidido de la comunidad internacional.

La sociedad en su conjunto, sin distingos políticos e ideológicos, debe levantarse en esta lucha contra la impunidad, hoy son los familiares y amistades de otros los que caen víctimas de la criminalidad, mañana, si aún no ha sucedido, pueden ser los nuestros.

Doce deseos para el 2012

2012-01-06T22:32:00.001+01:00

1- Que nuestros oídos pongan atención a las voces indignadas de las víctimas de la criminalidad que se comienzan a elevar para demandar justicia.

2- Que fortalezcamos el escenario en torno a la lucha contra la impunidad, y que sigamos los llamados de los nuevos liderazgos que surgen de entre las víctimas de la impunidad.

3- Que nuestros oídos no pongan atención a las voces del proselitismo de las campañas políticas, vengan de donde vengan, porque son como los cantos de sirenas, que cantarán bonito y buscarán arrullarnos con sus encantos para adormecernos, engañarnos y desviarnos hacia nuestra perdición.

4- Que se fortalezca la organización de las comunidades en la defensa de sus riquezas naturales e igualmente en la lucha por la defensa de sus derechos humanos y sociales.

5- Que hagamos que se oiga la voz del pueblo a través de sus organizaciones sociales, comunitarias y populares a través de la apuesta por fortalecer las redes de radios y de medios de comunicación en general hasta construir una alianza nacional de medios populares y ciudadanos con información, educación, reflexión, cultura y entretenimiento en donde el pueblo hace sentir su voz.

6- Que se fortalezcan y aumenten las escuelas de formación política y ciudadana para la juventud.

7- Que la juventud puede crecer en tres dimensiones que se entrecruzan y alimentan unas a las otras: estudio, trabajo y lucha.

8- Que construyamos espacios y pongamos signos de paz, tanto en la dimensión familiar como social.

9- Que avancemos en la lucha por lograr en nuestra Honduras Acuerdos Básicos Compartidos en torno a los auténticos conflictos que están en la base de la inestabilidad, ingobernabilidad, empobrecimiento y exclusión social.

10- Que fortalezcamos y alimentemos la fe en el Dios de la Vida y robustezcamos nuestro compromiso para testimoniar la esperanza desde una Iglesia encarnada en las realidades más clamorosas de nuestro pueblo.

11- Que en todo el año 2012 echemos toda nuestra suerte como Iglesia en el andar y la vida de los empobrecidos de nuestra amada Honduras.

12- Qué así como hay voces que expresan el deseo de rezar en el 2012 un millón de rosarios, expresamos nuestro deseo porque también seamos un millón de personas las que nos movilicemos pacíficamente en las calles en contra de la impunidad.

ERIC-Radio Progreso

Detienen a indígenas Tolupanes por defender el bosque

2012-01-04T16:51:00.000+01:00

El Movimiento Amplio por La Dignidad y la Justicia ante el pueblo hondureño y a los pueblos del mundo, denuncia:

1.- Que el día de ayer martes 03 de enero de 2012 a las 12 del medio día, fueron detenidos por la Fiscalía y la Policía Nacional Preventiva de la ciudad de Yoro los compañeros Celso Cabrera, Amado Matute y José María Pineda. Los detenidos son parte de la resistencia indígena en la comunidad de San Francisco de Locomapa, Yoro, que ha defendido con dignidad las riquezas naturales de sus territorios, como parte de su patrimonio ancestral.

2.- Los detenidos, junto con las bases de la Tribu de San Francisco de Locomapa, han decidido defender su riqueza natural, y por esa razón no admiten que sin haberles consultado previamente, el empresario Kenton Landa Úcles envíe maquinaria a sus territorios para explotar el bosque en acuerdo con la dirigencia corrupta de la tribu y con el visto bueno de los igualmente corruptos funcionarios del Estado hondureño. Por resistirse a estas acciones, hoy son perseguidos y apresados.

3.- Una vez más, demandamos respeto al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, el cual establece el derecho a la consulta previa e informada que tienen las comunidades indígenas para decidir sobre todos los aspectos fundamentales de su vida, incluidos sus bienes y riquezas naturales. Los acuerdos entre empresarios y algunos corruptos y corruptas dirigencias no sustituye el derecho de las comunidades a ser consultadas.

4.- Denunciamos la campaña de miedo que se impulsa en contra de la comunidad de San Francisco de Locomapa por parte de la Fiscalía y la Policía de Yoro, mediante la criminalización de su legítima resistencia. Es una vergüenza que estas instituciones sigan siendo vulgares instrumentos del poder económico de la zona.

5.- Exigimos libertad inmediata para los compañeros indígenas detenidos y el cese inmediato a la represión permanente desarrollada en su contra.

6.- Llamamos a la solidaridad con la lucha del digno pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa.

Enero de 2012

POR LA DIGNIDAD, CONTRA LA IMPUNIDAD.

“¿Cuánta más violencia soportará Honduras?”

2011-12-27T16:22:00.001+01:00

En un excelente reportaje realizado para Radio Nederland, el periodista Manuel Torres Calderón señala que Honduras cierra el 2011 como “el año más violento de su historia, con sicarios adolescentes sembrando de muerte una sociedad que la CEPAL caracteriza como la de mayor crecimiento de la pobreza y las desigualdades en América Latina”.

Frente a este panorama desolador de muerte y exclusión social, con él nos preguntamos “¿cuánta violencia común y política soportará Honduras o cabe todavía hundirse más?” en el 2012.

¿Acaso seguiremos soportando la violencia policial y militar que desde los años 80, pasando por el golpe de Estado y hasta hoy sigue reprimiendo las aspiraciones democráticas del pueblo hondureño a punta de fusil, torturas, detenciones ilegales, ejecuciones arbitrarias y extorsiones.

¿Acaso seguiremos soportando la impunidad de los verdugos que pese a tener sus manos manchadas de sangre son condecorados, ascendidos, declarados héroes nacionales y lanzados como precandidatos presidenciales en abierto desprecio por la dignidad de las víctimas?

¿Acaso seguiremos soportando el discurso de los voceros de los poderes políticos, militares, religiosos, económicos y culturales cuyo cinismo e hipocresía es tan violenta como las propias causas que mantienen a un alto porcentaje de la población en las garras de la exclusión total y de la vida indigna?

Desafortunadamente, hasta el momento se ven más sombras que luces para el 2012 y si no iniciamos urgentemente un verdadero diálogo nacional sobre las bases de acuerdos básicos que nos convoquen, el país seguirá desangrándose en el altar de la violencia, de la depredación de los bienes naturales, de la corrupción, de la impunidad y de la migración forzada.

Periodista es agredido e intimidado por elementos de la Policía Nacional

2011-12-27T16:00:00.001+01:00

Alertas C-Libre
25 de diciembre de 2011

Tegucigalpa, Honduras (C-Libre). El pasado 23 de diciembre alrededor de las 9:35 de la noche, cuando el periodista Leonel Espinoza se conducía en su vehículo, marca Honda Civic, color gris, sin placas, a la altura de la colonia San José de la Peña, en el extremo sur de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, fue víctima de arresto, agresión e intimidación por parte de elementos de la Policía Nacional.

El también catedrático universitario y corresponsal de la Cadena NTN-21 de Bogotá Colombia, relató que cuando se dirigía a recoger unos nacatamales (comida típica hondureña) a la casa de su madre, fue interceptado por dos policías que se conducían en una motocicleta que le hicieron señal de parada en un lugar oscuro y desolado.

En entrevista con C-libre el periodista dijo: “sinceramente el escenario me pareció muy inseguro y confuso, por eso decidí continuar y tratar de llegar a un lugar que estuviese iluminado, pero los motorizados me detuvieron a punta de pistola y una vez que me detuve inicio mi pesadilla”, relató Espinoza.

“De manera violenta me obligaron a bajarme de mi automóvil, yo creí que me iban a matar, por eso tuve que salir corriendo y gritar”.

“Ayúdenme soy periodista me quieren matar no permitan que me lleven le suplique a una señora y le tire mi teléfono celular para que llamara al Secretario de Seguridad y a Héctor Iván Mejía (Portavoz Policial), lamentablemente nunca respondieron sus teléfonos, pero así fue como logre el apoyo de la gente y eso fue definitivamente lo que me salvo mi vida”, explicó el comunicador.

“Me esposaron, (colocar aros de presión en ambas muñecas de las manos), hasta llegar a lastimarme mis muñecas, me quitaron mis tenis, con total abuso de autoridad me humillaron públicamente y nunca se retractaron por su accionar, yo espere una disculpa pero ni siquiera me dieron un argumento coherente del porque me trataron de manera tan degradante, porque a la gente que se aglutinó le dijeron que me detuvieron porque mi carro anda sin placas, pero eso tiene una explicación; tengo el permiso de la Dirección General de Ingresos (DGI) que vence en enero del 2012.

“Finamente a eso de las 10:40 de la noche me quitaron las esposas y sin mediar palabra se marcharon, indicó Espinoza.

La represión a los periodistas es política del gobierno

“Desde el mismo Gobierno Central hay una política de represión para los periodistas, veamos los recientes casos de represión a la libertad de expresión hacia medios de comunicación y hacia periodistas, yo públicamente responsabilizó a la policía por cualquier cosa que me llegase a suceder a mí y a mis familiares”, denunció Espinoza.

EL periodista confesó que para sobrevivir, siguió su propio instinto, así mismo dijo que también obedeció las indicaciones que los mismos voceros de la Policía Nacional han establecido, “siempre se nos ha dicho que nos detengamos cuando hay un reten policial y nos hagan señal de parada, pero que estén debidamente identificados, y ese no fue el caso de mi detención arbitraria”.

“Yo como persona, que vive la realidad en el tema de la violencia y la inseguridad de Honduras, no me podía arriesgar a que me mataran”, aseguro Espinoza.

Por miedo a la Policía Nacional, solicita seguridad en la Embajada Norteamericana

Ante la gravedad del caso, el comunicador nos informó que recurrió a la Embajada de los Estados Unidos de América a solicitar protección.

“temo por mi vida y por la de mis familiares, como corresponsal no tengo la culpa, que lo que tenga que informar es mas lo malo que pasa en nuestro país, que lo bueno”, dijo en tono nervioso, el comunicador.

Después de este hecho lesivo a los derechos humanos, Espinoza también interpuso la denuncia ante el Fiscal de turno y la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), pero ante los daños físicos y psicológicos sufridos, también se realizó un examen médico forense para dejar constancia de la brutalidad policial.

Otras agresiones

El 10 de agosto de 2011, el periodista Leonel Espinoza fue despojado de su vehículo por policías motorizados; “cuando regresaba de impartir clases en la Universidad Católica, justamente cuando estaba esperando en un semáforo, unos motorizados me exigieron que me bajara del vehículo, porque en mi carro supuestamente unas horas atrás se había perpetrado un asesinato”.

Una vez fuera del carro me registraron y me quitaron las llaves y cuando me estaban sacando mi billetera, salí corriendo, así fue como se llevaron mi vehículo el cual a la fecha no se he recuperado pese ha haber interpuesto la denuncia correspondiente ante Delitos Comunes, DGIC e INTERPOL”, aclaró, Espinoza.

El comunicador relató que: “yo decidí desistir de recuperar mi automóvil porque una persona dentro de la policía me dijo que mi carro se lo había robado una banda de policías que operaba desde la posta policial de la Granja”.

Como se recordara a los estudiantes universitarios Rafael Castellanos y su amigo Carlos Pineda, el primero hijo de la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, los asesinaron policías que estaban asignados a la posta policial ubicada en el barrio La Granja de la ciudad capital.

“Por esas razones y con los antecedentes que yo conocía, meses antes de estos asesinatos, es que reacciono de esta manera e hice lo que tenía que hacer el pasado jueves 22 de diciembre, para salvar mi vida”. Concluyó Leonel Espinoza.
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Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

Libro "La exigiblidad de los DESC en el ámbito convencional de la ONU"

2011-12-21T23:04:00.006+01:00

Título: La exigiblidad de los DESC en el ámbito convencional de la ONU
Autor: Joaquín A. Mejía R.
Editorial: Casa San Ignacio
Año: 2011

La adopción del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC) representa uno de los logros más importantes en la protección de los derechos humanos en los últimos años. Además, es uno de los instrumentos internacionales más esperados, pues tuvieron que pasar dos largas décadas para su aprobación final.

Sin embargo, el reto apenas comienza; su difusión, conocimiento y aplicación por parte de la sociedad civil y los Estados, son algunos de los desafíos más importantes a enfrentar. Es por ello que este libro tiene, además del mérito de ser un aporte sustantivo, el de ser oportuno.

Como afirma Francisco Quintana García en el Prólogo, "podemos concluir que se trata de un gran aporte a la bibliografía jurídica del derecho internacional de los derechos humanos, que deberá ser de consulta obligada para expertos y estudiosos en la materia, no sólo por la profundidad de su contenido, sino también por la forma sencilla y clara de su redacción".

Ante un Estado fallido, un nuevo Pacto Social

2011-12-20T21:51:00.002+01:00

Un Estado de derecho se caracteriza por el sometimiento de todos y todas al imperio de la ley, por la independencia de poderes, por el control de la legalidad por parte de un poder judicial independiente e imparcial, y por el respeto y garantía de los derechos humanos.

El extremo contrario del Estado de derecho es el Estado fallido, es decir, el Estado parcial e impotente, el Estado que ha fracasado al dejar de cumplir sus funciones fundamentales como la seguridad humana, la cohesión social, la garantía de los derechos humanos, etc.

El Estado fallido, como el que tenemos en Honduras, ha dejado de ser de todos, ha perdido su condición de organización soberana sobre todos los demás intereses, no para que uno solo decida, sino para que todos convivamos en paz, respeto y libertad.

Aunque en sentido estricto Honduras nunca ha sido un auténtico Estado de Derecho, con el golpe de Estado se aceleró el proceso de degeneración a un Estado fallido que ya no tiene la voluntad ni la capacidad para garantizar las condiciones mínimas de dignidad humana.

Este fracaso del Estado hondureño se refleja en la ejecución arbitraria de 7,041 niños, niñas y jóvenes menores de 23 años desde 1998; en la violencia generalizada que coloca al país con la tasa de homicidios más alta del mundo, con 82 por cada 100,000 habitantes; en amplias zonas del territorio nacional que escapan del control del Estado y que son santuarios del narco-delito y del crimen organizado.

También se refleja en la impunidad que sonríe por igual al que le tira la basura al vecino que al sicario, policía o militar que tortura y asesina a sangre fría; en una manera de hacer política que premia a los corruptos y excluye a los honestos; en una administración pública convertida en patrimonio privado de los sectores poderosos; y en una ciudadanía de baja intensidad sometida violentamente al miedo y la miseria.

Sin duda alguna, cuando ha fallado el Estado al que le otorgamos la responsabilidad de protegernos y de garantizar nuestra dignidad, es imperativo un nuevo pacto social que promueva la creación de una nueva institucionalidad, de una nueva estructura organizativa política, económica, social y cultural que coloque a la persona humana como el verdadero fin a perseguir por la sociedad y el Estado.

Guardia de “Honor” Presidencial y Policía Nacional reprimen protesta de periodistas

2011-12-13T22:55:00.000+01:00

Alertas C-Libre
13 de diciembre de 2011

Tegucigalpa, Honduras (C-Libre). Más de 50 periodistas, la mayoría mujeres, que protestaban pacíficamente para reclamar justicia por el asesinato de 24 periodistas desde el año 2003 y las constantes violaciones a la libertad de expresión en Honduras, fueron reprimidas, el 13 de diciembre, con toletes y bombas lacrimógenas, lanzadas por elementos de la Guardia de “Honor” Presidencial y Agentes Policiales que custodian la Casa de Gobierno.

Ante la ola de violencia que azota al gremio periodístico, las mujeres periodistas agrupadas en el colectivo Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión, decidieron convocar una caminata pacifica a favor de la paz; misma que inicio a partir de las 9:30 am desde la Universidad Pedagógica Francisco Morazán (UPFM) con rumbo a la Casa Presidencial.

Las y los comunicadores se encontraron una Casa Presidencial rodeada con vallas y resguardada por militares y policías, que sin mediar palabra los agredieron con sus toletes, para posteriormente lanzar de manera consecutiva tres bombas lacrimógenas.

Los distintos medios de comunicación que daban cobertura a la protesta registraron con imágenes el momento en que los militares y policías agredían a la prensa libre y de oposición que exigían cárcel para los asesinos de periodistas.

Después de sufrir estas agresiones los/as manifestantes se acostaron en el suelo en señal de indefensión para con el régimen e de igual manera condenaron la violencia con la que se les recibía en Casa presidencial.

Sobre un ataúd, que representaba la muerte, las y los periodistas colocaron los restos de las bombas lacrimógenas lanzadas en su contra y desde su posición inmóvil demandaron un alto al asesinato de comunicadores, así como el respeto a la libertad de expresión.

Dentro de las agresiones se registran severos golpes a defensores de la libertad de expresión en Honduras que acompañaron este acto contestatario.

El contenido de la Protesta

En un comunicado las y los periodistas establecen que “la censura, la manipulación de la información, el hostigamiento laboral, la interferencia y el cierre de medios de comunicación, particularmente alternativos, han sido situaciones que concentran la historia instrumentalizada de los medios de comunicación en Honduras por parte de los grupos de poder”, sin embargo, aseguran, “que los asesinatos, todos a manos de sicarios, se convierten en el desafío más grande que enfrentamos ahora, no solo las y los periodistas sino todas y todos los hondureños que alzan su voz de protesta ante un Estado cuyos gobiernos pasados y el presente lo han vuelto Fallido”.

En el comunicado que era repartido durante la trayectoria hacia la Casa de Gobierno, los periodistas expresaron que “tenemos temor, por eso salimos a las calles, pero el temor no frena el deseo y las fuerzas de luchar por un país libre, en donde no tengamos que informar sobre asesinatos, de mujeres niños, ancianos, hombres lesbianas y gays”.

Por otra parte explicaron que el asesinato de la periodista Luz Marina Paz Villalobos, recrudece los femicidios en el país y es una escalada más en contra de la libertad de expresión y el derecho a la vida.

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Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Esta alerta es distribuida a través de diversas redes nacionales, regionales e internacionales.

Para mayor información comunicarse al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), al correo electrónico alertas@clibrehonduras.com, para sus comentarios acerca de esta y otras alertas, visite www.clibrehonduras.com
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Más medidas, menos derechos

2011-12-13T18:47:00.002+01:00

Indudablemente el golpe de Estado aceleró el proceso de conversión del Estado en un Estado militar que ve en la ciudadanía un enemigo que hay que controlar, vigilar, silenciar y violentar a través de la reducción de sus derechos y garantías.

Primero fue la reforma constitucional del plazo de detención que pasó de 24 a 48 horas, con sus graves implicaciones para la vida y la integridad física y psíquica de las personas que durante dos días podrán estar en manos de la Policía que está involucrada en los crímenes más terribles.

Luego fue la reforma del artículo 92 constitucional que permite que un simple informe policial que contenga la declaración del detenido sea suficiente para que un juez decrete su procesamiento.

Luego vino la reforma constitucional que de manera ilegítima e ilegal les otorga a los militares las facultades de patrullar, capturar sospechosos, realizar allanamientos y controlar el tránsito.

Ahora nos sorprenden con la aprobación de Ley de Escuchas Telefónicas mediante la cual se autoriza la intervención de cartas, mensajes y llamadas telefónicas, recibos de servicios públicos, tarjetas de crédito, entre otros, violando de esta manera el derecho constitucional a la privacidad.

Todas estas reformas violentan el principio constitucional e internacional de progresividad que obliga a Honduras a avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de los derechos humanos, lo cual implica la prohibición de adoptar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes.

A pesar de que el artículo 64 constitucional prohíbe la aplicación de leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías, si los disminuyen, restringen o tergiversan, el Congreso Nacional capitaneado por Juan Orlando Hernández y el ejecutivo al mando de Lobo Sosa, demuestran una vez más su desprecio por los principios democráticos, la dignidad humana y los altos valores que representan los derechos humanos.

El guión del golpe de Estado sigue cumpliéndose a la perfección

2011-12-06T23:44:00.003+01:00

Cada día los hechos demuestran que el golpe de Estado en Honduras ha sido todo un éxito. Pese a que continúan las amenazas, hostigamientos, asesinatos políticos, detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a derechos humanos, los dinamismos del golpe de Estado se fortalecen con el paso del tiempo.

Y hasta el momento, no hay ninguna persona responsable sancionado por ello, provocando una impunidad que tiene un efecto devastador para la realización del Estado de derecho y la democracia, ya que fomenta la vulnerabilidad de las personas al generar la percepción de que es posible violar los derechos humanos sin recibir castigo y se envía a toda la sociedad un mensaje intimidatorio que causa temor generalizado, y desanima y silencia las denuncias, reclamos y reivindicaciones legítimas.

El guión trazado desde el rompimiento del orden constitucional se está cumpliendo a raja tabla. Primero, se dio el golpe de Estado y los militares fueron presentados como los salvadores de la democracia.

Segundo, los militares y policías fueron declarados héroes nacionales y premiados con ascensos importantes por los servicios prestados; tercero, fueron absueltos por la “casa de la justicia” en palabras del poeta Sosa o amnistiados por obra y gracia de un decreto del régimen de Lobo Sosa.

Cuarto, Lobo Sosa le entregó a los militares instituciones civiles estratégicas que se les habían quitado en el proceso de desmilitarización de la sociedad a mediados de los años 90; quinto, los militares se presentan como civiles reciclados para participar en la contienda electoral, pese a la ilegalidad e ilegitimidad de sus candidaturas.

Sexto, a los militares se les entrega la seguridad pública y se les declara garantes de la seguridad ciudadana y los baluartes de la lucha contra el crimen y la violencia.

El éxito del guión traspasa nuestras fronteras nacionales y además del reconocimiento del régimen por la comunidad internacional con su reintegro a la Organización de Estados Americanos, Lobo Sosa se funde en un abrazo con Hugo Chávez en el marco de la CELAC, quien ya no lo llama golpista y títere de los militares, sino “presidente Lobo”.

Comunicado de la misión de observación de la Red Iberoamericana de Jueces en Honduras

2011-12-04T20:04:00.002+01:00

Después de cuatro días en el país, entrevistando a diferentes actores de la sociedad civil, integrantes del poder ejecutivo y poder judicial, los comisionados informantes comunican al pueblo hondureño y a la comunidad internacional el siguiente resultado preliminar de su informe:

1.- Los comisionados REDIJ ven con preocupación la falta de acceso a la justicia del pueblo hondureño en todas sus instancias, lo cual se expresa en la falta de investigación, seguimiento y castigo de hechos de extrema gravedad, acentuando y generando inseguridad, provocada por estos hechos, que en los que están denunciados como posibles autores personas que integran el régimen o un sector de él.

Se ha podido constatar la falta de garantías individuales mínimas de los ciudadanos y cientos de casos de violaciones de estas garantías, por hechos de lesa humanidad, consistentes en asesinatos a sangre fría y desaparición forzada de personas, sin respuesta alguna de parte del sistema de justicia ni político.

2 .- Que encontrándonos en el día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, los comisionados REDIJ expresamos nuestra indignación por la abrumadora cantidad de feminicidios en Honduras y la circunstancia de que no se observa una voluntad clara del Estado en prevenir, investigar y sancionar debidamente estos inaceptables crímenes.

3.- La falta de independencia del poder judicial, se manifiesta no solo en lo antes dicho, sino en la cantidad de jueces y juezas que han denunciado ante las autoridades amenazas y persecuciones, no respondiendo el estado a su protección debida que asegure su independencia.

4.- Los comisionados firmantes llaman la atención por la ley aprobada que crea las llamadas “ciudades modelos”, pues aparece como una flagrante violación a los derecho de los pueblos de Honduras a su territorio y externamos nuestra preocupación porque este proyecto se orienta a proteger a grupos de poder económico, no observándose ninguna ventaja cierta que beneficie a la mayoría de hondureños y hondureñas pobres que buscan y claman por justicia.

5.- Los comisionados abajo firmantes llaman al estado hondureño a asegurar la seguridad y vida de los campesinos del Bajo Aguán y a propiciar las condiciones necesarias para llegar a acuerdos que aseguren los derechos de los campesinos y la seguridad alimentaria de la región.

6.- Frente a la grave crisis de seguridad actual en Honduras, los comisionados informantes solicitan respetuosamente al estado hondureño la refundación de las instancias de justicia en el país, que asegure el acceso a ésta por parte de todos los hondureños y hondureñas. Puesto que dichas instituciones no están cumpliendo adecuadamente sus deberes constitucionales y especialmente la policía debe ser rediseñada y refundada bajo criterios democráticos y cercanos a la comunidad hondureña, depurando sus mandos técnicos y políticos.

7.- Los comisionados REDIJ expresan su satisfacción por haberse dejado sin efecto la prisión domiciliaria del Dr. Enrique Flores Lanza y llaman al estado hondureño para que garantice el cumplimiento del acuerdo de Cartagena y un debido proceso con plenas garantías para el Dr. Flores Lanza.

8.- Los comisionados señalan que uno de los motivos principales de la visita a Honduras es la situación de los despidos de los 4 jueces, despido sin garantías legales, y fundamentada solamente en razones de carácter político. Por eso conforme al mandato del Consejo de la REDIJ, llamamos al estado hondureño para que efectúe los esfuerzos necesarios para alcanzar una solución amistosa en el caso de los cuatro jueces, produciendo su reintegro inmediato sus cargos, bajo la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La solución positiva de este delicado asunto es observada por la comunidad internacional en el marco del proceso de reconciliación y transición a la democracia de Honduras.

“Decíme cuánto respetás los derechos humanos y te diré qué tipo de Estado sos”

2011-12-03T14:04:00.001+01:00

En 1651, Thomas Hobbes escribió el Leviatán, una de las primeras obras que aborda el tema sobre la naturaleza humana y el origen del Estado como producto de un pacto entre todas las personas para evitar la “guerra de todos contra todos”.

En el marco de este pacto, los derechos humanos constituyen la razón de ser del Estado dado que su falta o abusiva limitación impide su existencia y favorece la implantación de un sistema político absolutista, arbitrario o totalitario.

Retomando la metáfora de Hobbes, ante el hecho de que el “hombre es lobo del hombre”, la “persona artificial” que es el Estado ha sido establecida para garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos; sin embargo, en el contexto del golpe de Estado, el Estado hondureño terminó convirtiéndose en un “lobo artificial” más cruel y peligroso para los derechos humanos.

Las consecuentes violaciones a los derechos humanos y la impunidad que se ha institucionalizado de manera crónica, representan la amenaza más grave para la vida y la seguridad de los hondureños y hondureñas. Y gracias a dicha impunidad sobrevivimos en un escenario de violencia en donde el Estado de Honduras se ha convertido en un verdadero Leviatán temible e incontrolable que devora el fundamento mismo de su propia legitimidad, es decir, el respeto absoluto a los derechos humanos.

Por ello, mientras continúen intactos los dinamismos del golpe de Estado, seguirán las instituciones públicas estratégicas bajo el control de quienes lo ejecutaron, se profundizará la remilitarización de la sociedad, se continuarán adoptando leyes y celebrando juicios que sólo benefician a los violadores de derechos humanos, seguiremos observando con impotencia la premiación de los militares golpistas y la represión policial y militar contra cualquier expresión de disenso.

Ante un Estado autoritario y violento como el hondureño, se que requiere de una ciudadanía comprometida con los valores democráticos para impulsar las transformaciones que sólo pueden realizarse en el marco de un nuevo pacto social.

No es cuestión de ideologías

2011-11-24T17:33:00.003+01:00

Entre el 14 y el 18 de noviembre una misión de la sociedad civil hondureña visitó el Ecuador para denunciar que desde el reintegro de Honduras a la OEA, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado a niveles alarmantes.

La decisión de visitar este país se debe a que fue el único gobierno que se negó a votar a favor de dicho reintegro, argumentando que la impunidad de los responsables del golpe de Estado se mantiene intacta en Honduras.

La misión tuvo reuniones con representaciones diplomáticas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la Asamblea Legislativa y la Cancillería ecuatoriana, en las que se expuso la necesidad de verificar la situación de los derechos humanos en Honduras a partir del Acuerdo de Cartagena suscrito el 22 de mayo de este año.

Este acuerdo, cuestionado por inconsulto por las organizaciones sociales, fue la antesala para que los gobiernos de izquierda y de derecha del continente convinieran el reintegro de Honduras a la OEA sin previa evaluación de la situación.

El numeral cinco del acuerdo precisa que las partes deben “Velar de manera especial por el cumplimiento de la Constitución de la República en lo referente a las garantías de respeto y protección de los derechos humanos.” No obstante, este compromiso ha sido flagrantemente incumplido, pues en Honduras persisten graves, sistemáticas y masivas violaciones a los derechos humanos y prevalece la impunidad de los responsables del golpe de Estado.

Una de las cosas que quedaron claras en esta misión, es que los derechos humanos no es una cuestión de ideologías pues los gobiernos, sean de izquierda o de derecha, están dispuestos a sacrificar la dignidad de las víctimas en el altar de las negociaciones políticas y de las agendas ocultas.

Seguridad ciudadana: Una lucha de todos y todas

2011-11-24T17:20:00.002+01:00

Desde mas de una década, Casa Alianza ha venido denunciando ante las autoridades del Gobierno, la sociedad y la opinión pública las ejecuciones y/o muertes violentas de niños, niñas y jóvenes por diferentes actores, incluyendo policías, y ha exigido que estos crímenes sean investigados con eficiencia con el fin de identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales.

De 1998 a la fecha, Casa Alianza ha documentado la ejecución arbitraria de casi seis mil niños, niñas y jóvenes menores de 23 años, los cuales están en la más completa impunidad. Sólo en octubre de este año hubo 95 homicidios de jóvenes, siendo los niños las principales víctimas con 79 muertes violentas.

Por este tipo de hechos, en el año 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por la ejecución de 4 jóvenes que fueron detenidos ilegalmente por agentes de la policía, el 15 de septiembre de 1995, y que fueron encontrados dos días después en diferentes sectores de Tegucigalpa sin vida y con indicios de haber sido torturados antes de morir, razón por la que el caso fue conocido como “Cuatro Puntos Cardinales”.

No obstante, pese a que las ejecuciones de niños, niñas y jóvenes constituyen una epidemia en Honduras, ha tenido que morir violentamente el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para que la sociedad hondureña se de cuenta de la grave dimensión de la violencia contra la juventud y para que las autoridades al menos aparenten una cierta preocupación al respecto.

Pese a la gravedad de la situación, los cambios hasta ahora propuestos por el régimen actual son simples maquillajes que dejan intacta la corrupción dentro de la policía nacional y sólo preparan el camino para que las Fuerzas Armadas vuelvan a retomar el control de la policía como sucedió en la década de las desapariciones, torturas y ejecuciones de los años 80 y profundicen la militarización de la sociedad.

Más allá de las posiciones políticas e ideológicas, es un momento preciso para sumarnos a la lucha emprendida por la rectora Julieta Castellanos y otros sectores para lograr cambios estructurales en la policía nacional que pasa por una depuración y sanción de los policías y de los altos mandos involucrados en crímenes, en evitar que los militares asuman labores policiales y en consensuar una verdadera política de seguridad ciudadana desde un enfoque de los derechos humanos.

ALTO A LOS ATAQUES A LA INDEPENDENCIA DE JUECES, JUEZAS Y MAGISTRADOS

2011-11-10T23:11:00.000+01:00

La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), ante las reiteradas declaraciones de autoridades gubernamentales, y de los titulares de los poderes del Estado respecto a la situación crítica por la que atraviesa actualmente la seguridad de la ciudadanía, y la necesidad de asumir medidas institucionales para frenar el incremento de los actos delictivos, se pronuncia de la manera siguiente:

1. Compartimos con las autoridades gubernamentales, del Legislativo y del Poder Judicial, que la situación de criminalidad y de impunidad exige tomar medidas orientadas a proporcionar seguridad y a devolver la confianza a la ciudadanía en sus instituciones.

2. Medidas como la depuración y reorganización de la Policía son urgentes y necesarias y deben ser impulsadas por el Ejecutivo de forma responsable. Asumir a medias o de forma cosmética esta situación, no hará sino agravar la crisis que actualmente ha desnaturalizado a la policía y que le ha llevado a la autoría, complicidad y protección de actividades ilícitas en el país.

3. Consideramos que es irresponsable que desde el Ejecutivo, la Presidencia del Legislativo y de la misma Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, se quiera responsabilizar a los(as) jueces(zas) y magistrados(as) por la situación de inseguridad. No hay que desconocer que los(as) jueces(zas) resuelven bajo dos presupuestos: a) El respeto a las garantías procesales de rango constitucional; y b) De conformidad a las pruebas que aporta el Ministerio Público. En este plano hay que destacar que no es responsabilidad de los órganos jurisdiccionales la inefectividad de la investigación de los hechos delictivos y, tampoco, que las acusaciones en muchos casos no sean respaldadas por el MP con pruebas que demuestren la culpabilidad de los imputados.

4. No es generando animadversión hacia los jueces y juezas que se resolverá la problemática de impunidad, sino mediante una verdadera investigación criminal técnico científica y con un Ministerio Público transparente, eficiente y responsable en las atribuciones que le ha otorgado la Constitución y las Leyes.

5. Rechazamos de forma contundente la iniciativa que impulsan actualmente el Presidente del Congreso Nacional y el Presidente de la República de crear una Superintendencia que vigile las actuaciones de Jueces y Fiscales y que pretende materializarse mediante un decreto legislativo. De aprobarse una ley y un mecanismo de esta naturaleza, ello constituiría una flagrante violación a la independencia de jueces y magistrados y, en la práctica, significaría otorgar a estos dos poderes del Estado facultades que violentarían la independencia de poderes. La existencia de una superintendencia para vigilar e investigar a los jueces, sería un golpe demoledor a la independencia judicial, y vendría a concederle poderes adicionales al ejecutivo para perturbar a los jueces y magistrados en su función, y en algunas circunstancias hasta podría utilizarse para obstruir la justicia.

6. De igual forma, deploramos y nos oponemos a que el Inspector General de Tribunales sea electo por el Congreso Nacional, pues si esto fuera así, tendría los mismos efectos perturbadores y atentatorios contra la independencia judicial.

7. Estamos conscientes de la necesidad de la supervisión de las actuaciones de los jueces y juezas y de la sanción de los actos que se comprueben que están reñidos con la ley, pero esta función debe realizarse a través de los órganos competentes del Poder Judicial.

POR TANTO:

a) Exigimos al Presidente del Ejecutivo, al Presidente del Legislativo y a las autoridades judiciales, el respeto a la independencia de los jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones y, deploramos las declaraciones infundadas lesivas a la independencia judicial.

b) Reiteramos nuestra petición de la necesidad de depurar y reorganizar de forma integral la institución policial. De igual manera, pedimos que se proceda a realizar un concurso o evaluación interna en el Poder Judicial, y que mediante el mismo se determine quienes son los jueces aptos para la función jurisdiccional y, que el mismo permita, separar aquellos juzgadores que no reúnan las condiciones para ostentar estos cargos.

c) Solicitamos a los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo, que desistan de las iniciativas de crear una Superintendencia de carácter externo para vigilar e investigar a los jueces y magistrados, asimismo, que no continúen con la pretensión de que la elección del Inspector General de Tribunales sea una atribución del Congreso Nacional.

d) Pedimos que se proceda a la reestructuración de la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales para que asuma su función de forma independiente y autónoma y que el nombramiento del Inspector General sea atribución del Consejo de la Judicatura a través de un concurso transparente e imparcial

e) Hacemos un llamado a todos los jueces, juezas, y magistrados(as), a defender la independencia Judicial, de los ataques infundados que buscan debilitarla más. Comprometiéndonos a informar de inmediato de todas estas perturbaciones e injerencias a la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados.

San Pedro Sula, 09 de noviembre de 2011

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA

DECLARACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL SEMINARIO “IMPUNIDAD, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y JUSTICIA”

2011-11-07T21:16:00.003+01:00

Tegucigalpa, 07 de noviembre de 2011

Las organizaciones y las personas participantes en el seminario “Impunidad, libertad de expresión y justicia”, reunidos en la ciudad de Tegucigalpa los días 5, 6 y 7 de octubre de 2011, una vez concluido el evento expresamos nuestra preocupación por los hechos siguientes:

1. Las permanentes y graves violaciones a los derechos humanos en Honduras, agudizadas desde el golpe de Estado, en particular las cometidas contra miembros de la comunidad LGTBI (que hasta la fecha registra 56 asesinatos), contra mujeres, jueces y juezas, jóvenes, niños y niñas, defensores y defensoras de derechos humanos, docentes, activistas políticos y sociales, campesinos y campesinas del Bajo Aguán, pobladores de Zacate Grande, pueblos indígenas y miembros de las comunidades afro descendientes.

2. Las restricciones ilegítimas a la libertad de expresión que se manifiestan en el asesinato de 16 comunicadores sociales y periodistas, numerosos ataques contra la integridad física, psíquica y moral de los y las comunicadoras, agresiones a los medios de comunicación comunitarios y autónomos, y uso desproporcionado de la fuerza para reprimir el derecho a la manifestación pública y pacífica.

3. La impunidad generalizada producto de la inactividad y falta de voluntad política estatal para investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los atentados contra los derechos humanos, y para reparar a las víctimas.

Con fundamento en las discusiones del evento, demandamos del Estado hondureño lo siguiente:
1. Formalizar en el corto plazo la invitación oficial al Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, para realizar una visita oficial al país.

2. Adoptar inmediatamente la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de ordenar que las Fuerzas Armadas no participen en actividades de seguridad ciudadana, lo que implica la desmilitarización del país, en particular en la región del Bajo Aguán donde se requieren medidas integrales que contribuyan a la resolución permanente del conflicto.

3. Implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Examen Periódico Universal, de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en particular la investigación y sanción de los responsables de las violaciones a derechos humanos, y la reparación a las víctimas.

Organizadores:
Asociación de Jueces por la Democracia, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación y Radio Progreso de la Compañía de Jesús, CEJIL-Mesoamérica y Fundación Hivos

Participantes Nacionales:
APUVIMEH, AJEM, CATTRACHAS, Comisión de Verdad, COFADEH, Colectivo Unidad Color Rosa, Colectivo Violeta, Kukulcán, CEM-H, Asociación Arcoiris, CARITAS Honduras, Caritas San Pedro Sula, ALTERECO, ACI PARTICIPA, Popol Natum, CIPRODEH, CODEMUH, COMUN, C-Libre. Venas Abiertas, COPINH, CESPAD, MUCA, CDM, MAO, CPTRT, Coordinación Colectivo de Abogados y JHA-JA-AC

Participantes Internacionales:
José Luis Sanz, El Faro, El Salvador; Ileana Alamilla, CERIGUA (Guatemala); Marcie Mersky, International Center for Transitional Justice (USA); Francisco Aguilar, Comisionado Comisión de Verdad (Costa Rica); Mario Minera, CALDH (Guatemala); Benjamín Cuellar, IDHUCA (El Salvador); María Silvia Guillén, FESPAD (El Salvador); Claudia Samayoa, UDEFEGUA (Guatemala); Anabella Sibrián, Plataforma Holandesa contra la Impunidad (Guatemala); Carolina Escobar Sarti, columnista independiente y Consejo Editorial Plaza Pública (Guatemala); Dra. Vilma Núñez, CENIDH, (Nicaragua)

Tegucigalpa- Honduras, 07 de octubre de 2011

¡No mas asesinatos en el Aguan!

2011-11-03T19:51:00.000+01:00

La Alianza por los Derechos Humanos (ADH), condena el asesinato del campesino Catalino López, y los atentados contra José Luis Lemus y Nilda Fúnez todos miembros del Movimiento Autentico Reivindicador de Campesinos del Aguan (MARCA).

Según el testimonio de uno de los dirigentes campesinos que por razones de preservar su vida no se menciona su nombre, “Ayer a las dos y media de la tarde (primero de noviembre 2011el grupo despertar de MARCA (Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguan) cuando íbamos a limpiar el campo santo(cementerio) por ser el "día de los muertos" nos perseguía una patrulla de la Empresa de seguridad Orión y a la altura de la Empresa de Aceites y derivados y cuando regresábamos a nuestros hogares y enfrente de una bascula donde venden frutas nos rebaso la patrulla y nos sacó de la carretera”.

“La patrulla estaba integrada por cinco guardias de seguridad y uno de ellos Jefe de Operación que lo llaman el teniente Reyes militar retirado del Batallón, abrieron fuego contra nosotros perdiendo la vida Catalino López de 48 años, dejando desamparados a sus nueve hijos e hijas y a su compañera de hogar. López pertenecía a la Juntad e vigilancia Administrativa”.

Los campesinos han expresado su temor a nuestras organizaciones, que “sus vidas corren peligro porque los guardias de seguridad actúan con toda libertad para matar”.

En el ataque también resultaron también heridos José Luis Lemus con una herida en el pecho (tórax) y fue hospitalizado en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula por su condición de gravedad y la compañera Nilda Fúnez con herida de bala en el muslo derecho y está hospitalizada en un Hospital de la ciudad de la Ceiba.

Los atacantes se transportaban en una patrulla de la empresa de seguridad Orión, quienes después del atentado se dieron a la fuga. Los guardias de seguridad pertenecen a la Empresa Agropalma del empresario palmero de origen nicaragüense Rene Morales.
Ante estos hechos impunes: Exigimos el cese de la matanza que cotidianamente practican las empresas de seguridad privada a vista y paciencia de la Operación Xatruch, La Base Naval, El Batallón de Infantería, la Policía Nacional y la dirección de Investigación Criminal.

¡Alto a los crímenes de lesa humanidad!

Tegucigalpa 3 de noviembre 2011

Servir y proteger

2011-11-01T20:48:00.002+01:00

Servir y proteger es el lema de la policía nacional de Honduras y la razón de su existencia es velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate al delito, y sobre todo, proteger la seguridad de las personas y sus bienes, con estricto respeto a los derechos humanos.

Al analizar la actuación de esta institución a lo largo de su historia se puede concluir que cumple fielmente con estas funciones; sin embargo, lo ha hecho y lo hace de manera sesgada, discriminatoria y al margen de la legalidad.

En primer lugar, sirve y protege eficientemente a aquellos que tienen el poder económico y político, por tanto, la pobreza y la falta de influencia política de las personas las excluye de su protección y más aún, las coloca en una situación de indefensión frente a la delincuencia común y a las actuaciones ilegales de muchos miembros de esta institución.

En segundo lugar, utiliza la fuerza excesiva y la represión para preservar el orden que requieren los grandes poderes, a quienes no les gusta que la ciudadanía haga uso legítimo de su derecho constitucional a la manifestación pacífica para exigir el cumplimiento de sus derechos.

En tercer lugar, recurre a métodos ilegales para combatir el delito y tal como lo han confirmado informes oficiales y de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, miembros de la policía se encuentran fuertemente vinculados al crimen organizado.

En cuarto lugar, protege la seguridad y los bienes de quienes tienen dinero, mientras la violencia azota con mayor fuerza a los excluidos; y peor aún, miembros de la policía se involucran en crímenes como la reciente ejecución arbitraria de los jóvenes Carlos David Pineda Rodríguez y Rafael Alejandro Vargas Castellanos, este último hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

En quinto lugar, todos estos hechos, más la reciente participación activa de la policía nacional en el golpe de Estado y las graves violaciones a derechos humanos, evidencian que las actuaciones de esta institución están encaminadas a violentar los derechos de quienes están obligados a servir y proteger.

No son suficientes los parches y retoques cosméticos para avanzar hacia una policía nacional eficiente, independiente y garantizadora de los derechos humanos; es urgente y necesaria una depuración total de esta institución a quien la ciudadanía ve como un peligro y una amenaza a su vida e integridad.

El Salvador sigue incumpliendo recomendaciones de la Comisión Interamericana en los casos de Monseñor Romero y la masacre en la UCA

2011-10-27T23:16:00.000+02:00

Conclusiones de reunión de trabajo entre el Estado y representantes de las víctimas

Washington D. C., 27 de octubre del 2011- El Estado salvadoreño sigue sin investigar el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, ocurrido en 1980, ni las ejecuciones de seis sacerdotes jesuitas junto a Julia Elba Ramos y Celina, su hija adolescente, perpetradas en 1989. Estas deudas oficiales fueron reconocidas por autoridades estatales el día de ayer, durante una reunión de trabajo convocada oficiosamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para examinar el cumplimiento de sus recomendaciones en estos casos y en el caso de la Masacre de las Hojas. Además, el Estado aceptó que tampoco ha adecuado su legislación para dejar sin efecto la Ley de Amnistía vigente en el país desde 1993.

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participaron en la reunión como representantes de las víctimas. Ambas organizaciones expresaron su frustración por la falta de avances en la justicia salvadoreña.

En el caso de los sacerdotes jesuitas, su colaboradora y la hija de ésta, las organizaciones señalaron que el Estado incluso ha obstaculizado los esfuerzos de la justicia universal impulsados por la Audiencia Nacional de España, que se encuentra conociendo el caso a raíz de una denuncia presentada el 13 de noviembre de 2008 por el Center for Justice and Accountability (CJA). En agosto pasado, la Policía Nacional Civil de El Salvador no detuvo a nueve militares acusados por esos hechos contra quienes la Interpol había emitido una orden internacional de captura, a propósito del llamamiento a juicio dictado por el juez de la causa. Lo mismo ocurrió en septiembre con otros cinco militares imputados.

En el caso de Monseñor Romero, señalaron que el caso permanece cerrado desde 1993 y el Estado no ha adoptado ninguna medida para cambiar esta situación. Además, indicaron que desde noviembre de 2009 el Estado se comprometió a adoptar medidas simbólicas de reparación, sin que a la fecha se hayan dado avances sustanciales en este sentido.

Las organizaciones denunciaron la inacción estatal para derogar la Ley de Amnistía y señalaron que en junio anterior, se aprobó un decreto legislativo –sancionado el mismo día por el Presidente de la República- que obligaba a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a decidir las demandas de inconstitucionalidad por unanimidad. Este decreto se impulsó, en buena medida, debido al temor de algunos grupos de poder de que dicha Sala se pronunciara sobre la inconstitucionalidad de la amnistía, aun sin existir demanda alguna en tal sentido. El mismo fue derogado posteriormente como consecuencia de la presión nacional e internacional ejercida.

Las organizaciones manifestaron que el incumplimiento absoluto de las recomendaciones de la CIDH vacía de significado los actos oficiales de reconocimiento de responsabilidad por las violaciones cometidas por el Estado y las medidas simbólicas de reparación. La representación de las víctimas afirmó que es imposible reparar el daño causado sin la obtención de justicia.

Finalmente, CEJIL e IDHUCA solicitaron a la Comisión Interamericana que se involucre de manera más cercana en el seguimiento de sus recomendaciones pues, de lo contrario, la impunidad seguirá perpetuándose. Ambas organizaciones confían en que la CIDH acceda a su solicitud y que el Estado adopte medidas efectivas y concretas para cumplir sus obligaciones internacionales en derechos humanos. Particularmente, el IDHUCA demandó que el Estado acompañe la iniciativa de los tribunales internacionales para la aplicación de la justicia restaurativa que promueve el IDHUCA; derogue la Ley de Amnistía y apruebe la Ley de verdad, justicia, reparación y dignificación para las víctimas y la sociedad salvadoreña.

Los hechos

El 24 de marzo de 1980, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez fue asesinado con el disparo de un francotirador integrante de un escuadrón de la muerte, formado por agentes estatales. La muerte de Monseñor Romero fue uno de los hechos previos al conflicto armado interno en El Salvador, que se extendió hasta 1991 y dejó más de 75.000 personas ejecutadas de la población civil y otras violaciones masivas de derechos humanos.

El caso de la masacre en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” se refiere a los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, perpetrados por militares salvadoreños en el campus de dicha institución académica ubicado en la ciudad de San Salvador. Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 1989 en el contexto de la mayor ofensiva armada en la época lanzada por la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy partido en el Gobierno.

La decisión de la Comisión en este último caso fue emitida el 22 de diciembre de 1999; la del caso Romero, el 13 de diciembre de 2000.

Para más información sobre el caso Jesuitas ver:

http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/De%20Fondo/El%20Salvador10.488.htm

Para más información sobre el caso Romero ver:

http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/De%20Fondo/ElSalvador11481.htm

Ver también:

CEJIL insta al Estado salvadoreño a dejar sin efecto el Decreto 743 y a evitar acciones que amenacen la independencia judicial

Nicaragua fue denunciada ante la CIDH por no garantizar los derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual

2011-10-26T22:37:00.000+02:00

En el 2010 se cometió el equivalente a una violación sexual de una niña o mujer cada dos horas en Nicaragua

Washington D. C., 26 de octubre del 2011- Las niñas y mujeres en Nicaragua se encuentran en riesgo e indefensión frente un Estado que no garantiza sus derechos y que permite la impunidad de los perpetradores de violencia sexual. Esta denuncia fue presentada el lunes pasado por cinco organizaciones de la sociedad civil –en presencia de representantes del Estado nicaragüense– ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su 143er periodo de sesiones.

Las organizaciones presentes en la audiencia fueron Ipas Centroamérica, Women’s Link Worlwide (WLW), Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Esta coalición presentó datos sobre la situación actual de violencia sexual contra niñas y mujeres, las deficiencias en la implementación de los protocolos de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, y las dificultades para obtener justicia en este tipo de casos.

Durante la audiencia se reveló la falta de información actualizada y estadísticas consolidadas sobre violencia sexual en Nicaragua; no obstante, las peticionarias citaron algunos de los pocos datos disponibles. Cifras del Instituto de Medicina Legal, por ejemplo, revelan que en 2010 ocurrieron en promedio 13 casos al día, es decir una violación sexual cada dos horas en Nicaragua. El 84% de las mujeres agredidas eran menores de edad y una de cada tres eran menores de 10 años. Para el mismo año, los medios de comunicación escritos reportaron un total de 15 menores embarazadas, producto de una violación. Ello resulta preocupante en un país donde no existe opción para interrumpir el embarazo, ni siquiera por el riesgo a la salud y la vida de las niñas.

En la audiencia fueron expuestos ante la CIDH dos casos emblemáticos de violencia sexual en Nicaragua. Uno de ellos es el de 13 niños y niñas de entre 9 y 16 años que fueron víctimas de abuso sexual por parte de militares en la comunidad de Monkey Point, en la Región Autónoma del Atlántico Sur. La denuncia trascendió durante este año pero los abusos presuntamente se venían cometiendo desde el 2003. Hasta la fecha no se ha sancionado a ningún militar por estos hechos.

El otro caso se refirió a la sentencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la violación sexual que sufrió la joven Fátima Hernández. La Corte resolvió rebajar la pena del agresor y ordenó su libertad considerando que la víctima fue colaboradora y que el perpetrador actuó bajo los efectos de la cerveza. Para las organizaciones peticionarias, la impunidad en este caso y la humillación que sufrió la víctima se convierten en antecedentes disuasorios para que otras mujeres denuncien actos de violencia sexual.

Durante la audiencia, la Relatora para la Mujer de la CIDH, Luz Patricia Mejía, llamó la atención del Estado en relación con la sentencia en el caso de Fátima Hernández y señaló su preocupación por las consecuencias para la protección de las mujeres. Por su parte, el Comisionado Felipe González preguntó al Estado sobre los mecanismos disponibles en el país para acceder a información en el Estado. El comisionado Paulo Sergio Pinheiro pidió información sobre las cifras de denuncias y condenas por violencia sexual y enfatizó la importancia de garantizar justicia y luchar contra la impunidad.

Las peticionarias solicitaron a la CIDH exhortar al Estado de Nicaragua para que despenalice el aborto terapéutico, garantizándolo como derecho a las víctimas de violencia sexual, de manera que se permita a las niñas y mujeres decidir sobre continuar o no con un embarazo producto de violación. Las organizaciones también solicitaron a la Comisión que impulse ante el Estado la aprobación expedita de la Ley integral contra la violencia hacia la mujer y la generación de mecanismos para su implementación. Asimismo, solicitaron a la CIDH que reitere a Nicaragua su pedido para hacer una visita y constatar la situación de los derechos de las mujeres.

Audio de la audiencia:

http://www.cidh.org/audiencias/143/09.mp3

Video de la audiencia:

http://www.oas.org/OASPage/videosasf/2011/10/102411_RubenDario_V2_11am.wmv

Contacto en Washington:

Milli Legrain

mlegrain@cejil.org

+(1) 202-319 3000

Contacto en Costa Rica:

Darío Chinchilla

dchinchilla@cejil.org

+(506) 2281-3280

El verdadero compromiso del régimen es con los violadores a derechos humanos

2011-10-26T01:23:00.002+02:00

El régimen de Lobo Sosa sigue con su doble discurso en materia de derechos humanos.

Mientras se lava las manos diciendo ante la asamblea general de la ONU que la grave situación de los derechos humanos en Honduras es una herencia del golpe de Estado, evade decir que el rompimiento del orden constitucional fue apoyado por él y por la mayoría absoluta de sus diputados en el congreso nacional.

Al mismo tiempo, mientras manifiesta su compromiso de cumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de superar el deterioro de la situación de los derechos humanos como una de sus más altas prioridades, elude decir que él personalmente nombró a los militares que ejecutaron el golpe de Estado en puestos claves de su gobierno.

Mientras Pepe Lobo y su Ministra de Derechos Humanos siguen cabildeando ante la comunidad internacional para convencerla de su compromiso con la dignidad humana, el congreso Nacional dominado por los diputados de su partido aprueba leyes que atentan contra dicha dignidad y propinan una nueva bofetada que profundiza el dolor de las víctimas.

Nos referimos al ascenso del general que ejecutó el golpe de Estado, René Osorio Canales, quien después de que Lobo Sosa lo premiara nombrándolo jefe de las Fuerzas Armadas, ahora lo recompensa con el máximo ascenso al que puede aspirar un militar.

Si el régimen de Lobo Sosa realmente estuviera comprometido con la protección de los derechos humanos, en vez de premiar a los militares golpistas, ya hace tiempo los hubiera separado de los altos cargos que ostentan en su gobierno y estaría promoviendo la investigación efectiva que permita sancionarlos por haber participado en el rompimiento del orden constitucional y en las graves violaciones a derechos humanos.

Comisión Interamericana conoció el drama y la desprotección en la que viven los buzos miskitos en Honduras

2011-10-26T01:21:00.001+02:00

Organizaciones pidieron a la CIDH emitir su informe final sobre este caso

Washington D. C., 25 de octubre del 2011- Amistero Bans Valeriano empezó a ejercer la pesca mediante buceo como única alternativa laboral ante la precaria situación económica en la región de La Mosquitia, Honduras. Actualmente tiene una discapacidad por un accidente laboral que sufrió en el 2000, por el cual no recibió ninguna indemnización de la empresa para la que laboraba ni ha recibido una adecuada atención médica ni justicia por parte del Estado. Su testimonio lo presentó ayer, lunes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 143er periodo de sesiones, y es representativo de una dramática situación humanitaria en ese país.

La audiencia fue parte del proceso del caso Opario Lemoth Morris y otros (Buzos Miskitos) contra Honduras, el cual está siendo litigado ante la CIDH por la Asociación Miskita Hondureña de Buzos Lisiados (AMHBLI), Miskitu Indiang Mairin Asla Takanka (MIMAT – Asociación de Mujeres Miskitas de la Costa Atlántica), Almuk Nani Asla Takanka (Consejo de Ancianos) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Al igual que miles de hombres indígenas miskitos en su comunidad, Amistero Bans trabajó como buzo sin haber tenido una adecuada capacitación, sin seguridad social y en condiciones laborales precarias. Las organizaciones representantes afirmaron que el Estado ha fallado en proteger y defender los derechos laborales de los buzos miskitos ante sus empleadores.

Asimismo afirmaron que el Estado es responsable de no haber ofrecido tratamiento médico en el corto y en el largo plazo, incluyendo la disponibilidad de cámaras hiperbáricas y terapias de rehabilitación para los buzos que han padecido de síndrome de descompresión y que consecuentemente sufren de alguna discapacidad por el tratamiento inadecuado de este mal. En centenares de casos, las personas accidentadas han perdido la vida.

Las peticionarias afirmaron que los buzos afectados por la indiferencia del Estado son víctimas de una triple discriminación por su pobreza, por su etnicidad y por su discapacidad.

La representación del Estado señaló que se han hecho “esfuerzos palpables” que se han materializado en “avances significativos” para resolver esta problemática. Sin embargo, las representantes de las víctimas denunciaron que estas acciones no se han visto reflejadas en una mejoría en la vida de los buzos miskitos. Por el contrario siguen sucediendo accidentes: en meses pasados, al menos cuatro buzos han muerto como consecuencia de su trabajo.

Durante la audiencia, las organizaciones pidieron a la CIDH aprobar –lo antes posible– su informe final sobre el caso.

Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (el más reciente en su materia) señaló en el 2004 que alrededor de 9.000 buzos practicaban la pesca submarina de langosta. Entre ellos, el 97% había presentado algún grado del síndrome por descompresión y al menos 4.200 miskitos tenían discapacidad total o parcialmente a causa de este mal.

El proceso ante la CIDH involucra a 43 víctimas, entre las cuales se cuenta a 21 ex buzos con algún tipo de discapacidad y 22 pescadores que fallecieron por motivos laborales. Las organizaciones representantes confían en que el litigio de este caso contribuya a que el Estado adopte políticas y medidas estructurales que reparen el daño causado a las miles de personas afectadas en La Mosquitia hondureña.

Audio de la audiencia:

http://www.cidh.org/audiencias/143/10.mp3

Video de la audiencia:

http://www.oas.org/OASPage/videosasf/2011/10/102411_RubenDario_V3_2pm.wmv

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Ciudadanos que hay que proteger y enemigos que hay que combatir

2011-10-24T17:24:00.002+02:00

Mientras en el aeropuerto Ramón Villeda Morales eran asesinadas 6 personas por sicarios vestidos de policías, el mismo día en el interior del centro penal de San Pedro Sula morían 9 personas privadas de libertad en un supuesto enfrentamiento.

La violencia que azota al país tiene sus tentáculos tan largos que incluso llega allí donde el Estado tiene el completo control sobre la vida o la muerte de las personas, es decir, los centros penales.

Ya no hay ningún lugar seguro en Honduras, cualquier persona es una víctima potencial de la criminalidad, lo cual genera una “ciudadanía de baja intensidad” para una mayoría de hondureñas y hondureños que viven sometidos a la pobreza y a la humillación y el miedo a la violencia, lo que los convierte en personas no “sólo materialmente pobres, sino también legalmente pobres”.

Como respuesta, el Estado se empeña en aplicar una supuesta política de seguridad ciudadana que fomenta la participación de las fuerzas armadas en tareas profesionales que, por su naturaleza, corresponden exclusivamente a las fuerzas policiales.

Nuestra historia demuestra que la intervención de los militares en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos; el golpe de Estado es un ejemplo claro del peligro de dar mayor poder a quienes no saben distinguir entre ciudadanos que hay que proteger y enemigos que hay que combatir.

Por eso, en vez de estar discutiendo sobre la fusión de las fuerzas armadas con las fuerzas policiales, el régimen de Lobo Sosa debe cumplir con su promesa de implementar las recomendaciones en la materia de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que señala la necesidad de “revisar la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el sistema interamericano de protección de derechos humanos y bajo un control judicial independiente”.

Pasos serios hacia la convivencia

2011-10-12T17:07:00.002+02:00

La semana pasada la salvadoreña María Silvia Guillén, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó en pocas palabras y de manera contundente lo que para ella constituye la situación en Honduras: Que la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en el país sólo puede compararse con la de los peores momentos de las dictaduras centroamericanas.

Aunque estas palabras fueron expresadas en el marco académico del seminario “Impunidad, libertad de expresión y justicia”, tiene fundamental importancia porque provienen de una funcionaria con una de las más altas investiduras en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos y porque ratifican que las consecuencias del golpe de Estado siguen vigentes en tanto no exista voluntad política para acabar con la impunidad.

Además, en dicho seminario hubo unanimidad en expresar profunda preocupación por las restricciones a la libertad de expresión que se manifiestan en el asesinato de 16 periodistas y ataques contra la integridad física, psíquica y moral, y el derecho a la manifestación pública y pacífica, y por la impunidad generalizada producto de la inactividad y falta de voluntad política estatal para investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los atentados contra los derechos humanos.

En este sentido, en el seminario se concluyó que para iniciar el lento proceso de reconciliación nacional es necesario que el Estado de unos primeros pasos que muestren su voluntad política y su compromiso serio con la construcción democrática, tales como, la adopción inmediata de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de ordenar que las Fuerzas Armadas no participen en actividades de seguridad ciudadana, lo que implica la desmilitarización del país, en particular en la región del Bajo Aguán.

Y la implementación diligente de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Examen Periódico Universal, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en particular la investigación y sanción de los responsables de las violaciones a derechos humanos, y la reparación a las víctimas.

Sólo de esta manera es posible avanzar hacia la resolución de los conflictos generados y agudizados por el golpe de Estado, y a partir de allí, hacia la construcción de una Honduras en donde la verdad y la justicia sean la piedra angular de nuestra convivencia.

Un evento contra la impunidad

2011-10-12T17:00:00.002+02:00

Los días 5, 6 y 7 de octubre, se desarrollará en Tegucigalpa el seminario “Impunidad, libertad de expresión y justicia”, organizado por la Oficina Regional de Hivos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC).

Estas cuatro organizaciones se han articulado con el objetivo general de promover un espacio de discusión y reflexión sobre algunas experiencias relevantes en el plano nacional e internacional en la resolución de crímenes y violaciones a derechos humanos.

Pero de manera específica, con este seminario pretende contribuir a acentuar esfuerzos, tanto nacionales como internacionales, en pro de alcanzar la justicia para miles de víctimas que desde el golpe de Estado siguen esperando que la impunidad de sus victimarios no siga golpeando su dignidad.

En este evento participarán importantes personalidades que trabajan para erradicar con la impunidad en el mundo, tales como Marcie Mersky del Centro Internacional de Justicia Transicional, María Silvia Guillén de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eugenia Valenzuela, encargada de análisis estratégico de la Corte Penal Internacional y el juez Bartasar Garzón quien viene en representación del fiscal Luis Moreno-Ocampo de la Corte Penal Internacional.

Además de la importancia académica que tiene este evento, también es un espacio único para que las organizaciones nacionales de derechos humanos presenten a los dos representantes del tribunal penal internacional, documentos y pruebas que impulsen el examen preliminar sobre las violaciones a derechos humanos en el marco del golpe de Estado que inició en noviembre pasado el fiscal Moreno-Ocampo.

La presencia del juez Garzón y de la abogada Valenzuela de la Corte Penal Internacional, también representa una señal clara de que la impunidad por las violaciones a derechos humanos en Honduras es un asunto de preocupación para este tribunal mundial, lo cual es un desafío para el movimiento de derechos humanos en el sentido de aprovechar este momento histórico para impulsar un verdadero proceso que permita el fin de la impunidad en el país.

El precedente golpista es suficiente para limitar el derecho a ser votado

2011-09-27T18:24:00.001+02:00

A medida que se acerca la contienda electoral, la inscripción de candidaturas y nuevas formaciones políticas se multiplican como nunca antes en la historia política nacional.

Una de las candidaturas presidenciales que comenzó a hacer gestiones para su inscripción es la del militar golpista Romeo Vásquez Velásquez, cuyo posible partido se denomina Alianza Patriótica Hondureña.

Ante la intención del ex general Vásquez Velásquez de presentarse a las elecciones presidenciales es pertinente preguntarse si su candidatura puede validarse y legitimarse conforme a la garantía de una elección democrática.

En primer lugar, es necesario señalar que de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, la democracia es un derecho humano que los Estados tienen la obligación de promover y defender.

En segundo lugar, la democracia implica un principio incluyente que permite que cualquiera pueda gobernar en la medida en que resulte electo de manera libre y auténtica por medio del sufragio popular. Sin embargo, no todos pueden gobernar ni tampoco ser elegibles si atentan contra el principio de la representación política.

En tercer lugar, si bien la democracia predica que todos pueden participar, lo cierto es que la propia democracia se defiende de sus enemigos que la ponen en riesgo o peligro excluyéndolos del proceso de selección.

Por tanto, así como la democracia exige una serie de virtudes republicanas para ser electo a un cargo público e intentar asegurar el “gobierno de los mejores”, censura los desméritos y aptitudes ciudadanas negativas para evitar el “gobierno de los peores”.

De esta manera, ante la candidatura de un individuo como Romeo Vásquez Velásquez que ha ejecutado un golpe de Estado alterando el orden democrático y violentando los derechos humanos de la población, la democracia debe defenderse excluyéndolo y prohibiendo su participación.

Sin duda alguna, el ex general Vásquez Velásquez es un enemigo de la democracia y sus valores, y como tal, no debe permitírsele participar en un proceso electoral que debería promover y garantizar valores democráticos que él ha despreciado, como la dignidad humana, la paz, la libertad, la no violencia y la justicia.

Honduras continúa violando los derechos humanos de los jueces que se opusieron al golpe de Estado

2011-09-26T23:20:00.000+02:00

Tres jueces y una magistrada fueron cesados el 5 de mayo del 2010

San Pedro Sula, 26 de septiembre de 2011- El pasado 22 de septiembre, el Estado de Honduras notificó la decisión del Consejo de la Carrera Judicial que ratifica el despido de los jueces Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza por haberse opuesto al golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009.

Ese Consejo también ordenó el pago de las prestaciones laborales a favor del juez Luis Chévez de la Rocha pero no ordenó su reintegro laboral y sólo en el caso del juez Ramón Barrios decidió mantenerlo en su cargo. En ninguno de estos casos el Estado reconoce o repara la totalidad de violaciones de derechos humanos que sufrieron como consecuencia del despido arbitrario.

El 5 de mayo del 2010, los jueces y la magistrada fueron despedidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia por haberse expresado en contra del golpe de Estado y, en el caso de la magistrada Flores, por haber interpuesto un recurso de amparo en contra de la expatriación del Presidente Manuel Zelaya Rosales.

La decisión recién tomada por las autoridades hondureñas constituye un nuevo hecho violatorio de los derechos humanos de los jueces despedidos, confirmándose con este hecho que persiste la aplicación arbitraria y sesgada de la ley.

El Estado hondureño nuevamente niega la ocurrencia del golpe de Estado e insiste en que actos de oposición a dicho acontecimiento deben ser sancionados. De esta manera, las autoridades no reconocen que los despidos fueron arbitrarios y que constituyeron restricciones ilegítimas a los derechos humanos de los jueces.

En el proceso ante el Consejo de la Carrera Judicial no se les garantizó a los jueces el derecho a ser oídos por un tribunal independiente e imparcial ya que dicho órgano se integró a través de un procedimiento arbitrario no previsto en la ley y que no satisface las garantías procesales establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La decisión tomada por el Estado de Honduras contradice las recomendaciones que han sido brindadas al país por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre independencia de Jueces y Abogados, por el Relator Especial para la Libertad de Expresión y Opinión, por la Relatora Especial sobre la situación de Defensores y Defensoras, por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANUCHD) y por el Consejo de Derechos Humanos a través del Examen Periódico Universal.

El caso de los jueces despedidos está siendo conocido actualmente por la Comisión Interamericana de Derechos HumanosLa petición fue admitida por dicho órgano el pasado mes de abril, y la decisión sobre el fondo del caso se encuentra pendiente.

La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresamos nuestra condena por la decisión que han tomado las autoridades hondureñas y denunciamos ante la comunidad internacional que este nuevo hecho sólo confirma la inefectividad de los recursos judiciales establecidos y la indefensión en que se encuentra la mayor parte de la población hondureña.

La AJD y CEJIL exigimos que se cumpla con las recomendaciones dadas por la OACNUDH y se investigue y sancione a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que incumplieron con sus obligaciones durante el golpe de Estado y que continúan impidiendo el acceso a una tutela judicial efectiva.

Contacto de prensa en Costa Rica

Darío Chinchilla

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Tel. +(506) 2281-3280

El informe de la CVR y la responsabilidad de los altos mandos civiles, militares y policiales

2011-09-21T06:45:00.000+02:00

Las graves violaciones a derechos humanos no pueden ser tratadas como simples delitos si éstas se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático; si se dirijan contra una población civil; y, si se cometan de conformidad con una política de Estado.

El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación concluye que durante el golpe de Estado se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos en un marco general de impunidad estructural y tolerancia por las autoridades; que fueron ordenadas, autorizadas y encubiertas por los mandos y autoridades superiores de la Policía y las Fuerzas Armadas; que se cometieron como parte de una política estatal de represión; y que instituciones como el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos no protegieron a la ciudadanía ante esta violencia.

Con estos datos, este informe ratifica que los altos responsables civiles, policiales y militares del gobierno de facto cometieron crímenes internacionales que deben ser juzgados como delitos de lesa humanidad.

Con nombres y apellidos, del informe se deriva que Roberto Micheletti, el ex general Romeo Vásquez y la junta de comandantes, el comisionado Danilo Orellana y demás altos oficiales de la policía, entre otros, son responsables directos de las graves violaciones a derechos humanos expresadas en ejecuciones extrajudiciales, privación de la libertad, tortura, violaciones sexuales, persecución política y violaciones a la libertad de expresión.

En virtud de ello, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación recomienda la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de estos crímenes sin excluir los máximos niveles de responsabilidad y sin dilación indebida.

Sin embargo, dos meses después de presentado el informe, el Estado y quienes lo gobiernan siguen demostrando su falta de voluntad y capacidad para superar los obstáculos jurídicos y fácticos que permitan perseguir penalmente y castigar a los responsables de todos estos crímenes, con lo cual se abre la puerta para que la oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional inicie una investigación que siente en el banquillo de los acusados a los victimarios hondureños.

Pero para ello, es urgente y necesario el trabajo articulado y con visión nacional del movimiento de derechos humanos para impulsar la lucha nacional e internacional por la justicia. Las víctimas merecen un trabajo coordinado y sin fisuras de quienes les acompañan en el tortuoso camino de la impunidad.

Relatora de Naciones Unidas evaluará situación de derechos humanos en Honduras

2011-09-14T16:36:00.003+02:00

TEGUCIGALPA.- La relatora especial de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, visitará Honduras para entrevistarse con funcionarios, defensores humanitarios y miembros de la sociedad civil. Lo anterior lo informó a TIEMPO el coordinador del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Wilfredo Méndez.

Sekaggya arribará a Honduras la próxima semana para reunirse con el presidente Porfirio Lobo Sosa; la titular de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda; el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández; y el canciller por ley Alden Rivera. También tiene previsto entrevistarse con coordinadores de organismos de derechos humanos, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y miembros de la sociedad civil.

Según organismos de derechos humanos, la visita tiene como finalidad conocer los avances en materia de derechos humanos, especialmente las investigaciones, identificación y castigo a los responsables de violaciones. La relatora ofrecerá una conferencia de prensa al final de su misión, donde dará datos pormenorizados de sus observaciones en cuanto a la violación de derechos humanos.

MAGISTRADA
La señora Sekaggya se desempeñó como magistrada en Uganda, Africa, y fue nombrada relatora especial por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2008.

Fuente: http://www.tiempo.hn/index.php/portada/5795-relatora-de-naciones-unidas-evaluara-situacion-de-ddhh-

El informe de la CVR y el movimiento de derechos humanos

2011-09-13T16:56:00.001+02:00

El pasado 7 de julio la Comisión de la Verdad y la Reconciliación presentó el informe “Para que los hechos no se repitan”, y a pesar del compromiso de Lobo Sosa de cumplir con las recomendaciones allí contenidas, hasta el momento las mismas siguen siendo letra muerta.

Aunque es evidente que ni el ejecutivo ni el resto de los altos responsables de las instituciones de justicia de Honduras difícilmente moverán un dedo para cumplir con las recomendaciones del informe, resulta inquietante que dos meses después el movimiento de derechos humanos tampoco ha reaccionado de manera contundente.

Si bien este informe constituye un instrumento que legitima políticamente la violencia del golpe de Estado, sería un error rechazarlo tajantemente pues haciendo una lectura objetiva y sensata del mismo, se pueden extraer ciertos elementos importantes que deben servir en la lucha contra la impunidad.

Pese a las limitaciones y críticas que se le pueden hacer al informe, éste establece contundentemente que policías y militares cometieron graves violaciones a derechos humanos como asesinatos, torturas, detenciones ilegales, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violaciones sexuales.

Y lo más importante del informe es que establece que tales violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad debido a su carácter masivo, sistemático e institucional y a que fueron ordenadas, autorizadas y encubiertas por los mandos y autoridades superiores del gobierno de facto, la Policía y las Fuerzas Armadas en el marco de una política estatal de represión.

Estos hallazgos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación son una prueba irrefutable para lograr que los altos responsables del golpe de Estado sean perseguidos y juzgados como criminales internacionales, ya sea por la Corte Penal Internacional o por cualquier tribunal del mundo que tenga la facultad de perseguir este tipo de delitos.

Desafortunadamente, el movimiento de derechos humanos aún no ha sido capaz de articular una agenda nacional y una estrategia integral de lucha contra la impunidad que prevalezca sobre los personalismos, los protagonismos, las agendas y los proyectos propios.

Las víctimas siguen esperando que el movimiento de derechos humanos hondureño asuma una responsabilidad colectiva que se traduzca en una lucha unida, granítica y permanente contra el despotismo de los victimarios, cuya responsabilidad criminal ha sido ratificada oficialmente por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

El fracaso del Estado en materia de seguridad ciudadana

2011-09-06T23:07:00.001+02:00

Esta semana, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras señaló que Honduras cerrará el 2011 con una tasa de 86 homicidios por 100 mil habitantes, lo que lo convierte en uno de los países más violentos del mundo cuya tasa media es de 8,8 homicidios por 100 mil habitantes.

Si analizamos año a año los índices de la violencia nos encontramos con la trágica realidad de un aumento catastrófico de los niveles de criminalidad, lo cual evidencia el fracaso total de las políticas de seguridad implementadas por los distintos gobiernos, las cuales han tenido un enfoque restrictivo en el sentido de privilegiar la sola intervención de las fuerzas policiales y del sistema judicial, y han ignorado un enfoque amplio que incorpore medidas de garantáis de derechos tan importantes como el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social y al trabajo.

Parafraseando a Bernard Shaw para definir la forma en que el Estado de Honduras ha enfrentado la violencia podríamos decir que “Está mal que los caníbales se coman a los misioneros pero es aún peor que los misioneros se coman a los caníbales”.

Por tanto, el Estado en vez de centrar sus políticas de seguridad en la construcción de mayores niveles de ciudadanía, en tener a la persona humana como objetivo central de sus políticas y en garantizar la seguridad humana y el desarrollo humano, se ha rebajado a la condición de delincuente y se ha convertido en un Estado terrorista y violador de los derechos humanos en nombre de la lucha contra la delincuencia.

De esta manera, el accionar del Estado hondureño frente a la violencia se ha traducido en una inadecuada atención a las víctimas, privatización de los servicios de seguridad, ingobernabilidad de la seguridad ciudadana, deficiente profesionalización y modernización de los cuerpos policiales e intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana, confundiendo los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional.

Tanto el régimen actual como los próximos gobiernos seguirán fracasando en su obligación de brindar seguridad a la población si no son capaces de entender que los derechos humanos son límites infranqueables para las intervenciones estatales, que toda política de seguridad debe basarse en consensos políticos y amplios acuerdos sociales, que debe ocuparse de las diferentes dimensiones de los problemas que originan la criminalidad y que debe asegurar los estándares especiales de protección que requieren aquellas personas o grupos más vulnerables de la sociedad.

Otra vida en Honduras es posible

2011-08-30T17:30:00.001+02:00

La razón de ser del Estado y de un buen gobierno es asegurar las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas y ecológicas para que todos los miembros de la sociedad puedan vivir dignamente y ejerzan libre y plenamente sus derechos humanos.

En este sentido, la base de legitimación política de los poderes públicos descansa en su capacidad y voluntad de cumplir con su doble deber de no empeorar las condiciones de vida de la población y de mejorarlas, lo cual responde a la clase de bienes o necesidades que tienen la obligación de garantizar.

Por un lado, los derechos civiles y políticos que sirven para defender o conservar las condiciones naturales de existencia de las personas, como la vida y las libertades; y por otro, los derechos económicos, sociales y culturales que sirven para adquirir condiciones de vida dignas, como el trabajo, la salud, la vivienda o la educación.

Con ello se pretende proteger a las personas frente al poder público, salvaguardar los intereses de los débiles frente a los más fuertes, tutelar las minorías marginadas o discrepantes frente a las mayorías, y proteger los intereses de las mayorías marginadas y empobrecidas frente a una minoría que concentra el poder político y económico.

Contrariamente a lo que sucede en un verdadero Estado de derecho, en el país se han profundizado las muertes violentas, torturas, feminicidios, encarcelamientos, hostigamientos y amenazas a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes ambientalistas, indígenas y comunitarios, y la corrupción, que definen a Honduras como un Estado colapsado por el golpe de Estado y con una ciudadanía indefensa por la incapacidad y negligencia de unas instituciones que garantizan la impunidad de los victimarios.

Pero como no hay mal que dure cien años, el golpe de Estado encendió una llama en la conciencia de millones de hondureños y hondureñas que han comenzado a cuestionar la violencia, la exclusión, la pobreza y la falta de oportunidades, y nos estamos dando cuenta que otra vida en Honduras es posible.

Una vida en condiciones de dignidad que no es otra cosa que la posibilidad de que todas las personas se encuentren al amparo de la ley, sin temor a la discriminación ni a las represalias, gocen de libertad de opinión, de culto y de asociación, y se sientan libres del temor, de manera que la violencia y la pobreza no destruya su existencia y sus medios de vida.

Tenemos la esperanza de que tarde o temprano esa llama, alimentada por la organización y formación del pueblo hondureño, devorará todo lo viejo y permitirá el nacimiento de una nueva Honduras en donde nuestra niñez, sana, bien alimentada y educada, pueda volver a jugar en las calles.

Impunidad e independencia judicial

2011-08-25T00:44:00.000+02:00

La impunidad es un cáncer que destruye el tejido social, condena a la sociedad hondureña a seguir desangrándose por la violencia y confirma la ausencia de los principios democráticos frente a los conflictos que deberían ser resueltos a través del diálogo y no de las armas.

El Estado es el principal responsable de luchar contra ese cáncer a través de la investigación efectiva y sanción de los responsables intelectuales y materiales de los actos violentos, lo cual es una condición esencial para que las instituciones públicas cumplan con su obligación de garantizar los derechos humanos de la población y para que se fortalezca la institucionalidad democrática.

Sin embargo, las instituciones estatales en vez de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, se muestran complacientes y pasivas ante los altos niveles de violencia e impunidad con que actúan los grandes poderes fácticos del país, e implacable cuando se trata de reprimir y criminalizar las luchas de los sectores sociales.

Una consecuencia grave de esta situación es que se envía a la sociedad un mensaje intimidatorio, causando un temor generalizado que promueve la disminución de las denuncias, reclamos y reivindicaciones, fomentando la impunidad e impidiendo la plena realización del Estado de derecho y la democracia.

Evidentemente, la impunidad se ha arraigado en Honduras en gran medida por la falta de independencia judicial que redunda en la denegación de justicia, en la falta de seriedad para investigar y sancionar, y en la doble victimización de las víctimas ya que, por un lado, sufren directamente los daños causados por la vulneración de sus derechos y, por el otro, soportan la impotencia de ver a sus victimarios sin sanción.

Por todo ello, es de suma importancia la campaña por la independencia judicial “Fuera manos de la justicia” iniciada esta semana por la Asociación de Jueces por la Democracia, ya que es urgente que la sociedad en su conjunto asuma que contar con jueces y juezas independientes e imparciales es un derecho humano de carácter absoluto.

La lucha por un sistema de justicia independiente debe ser una tarea urgente de toda la sociedad, pues sin jueces, fiscales, defensores y policías independientes, la impunidad continuará siendo la expresión institucional de la injusticia y como lo señala la Asociación de Jueces por la Democracia, seguirá provocando “la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.

Periodista amenazado de muerte

2011-08-22T16:35:00.000+02:00

Alerta C-Libre
19 de agosto de 2011

Tegucigalpa, Honduras. (C-Libre/Conexihon). Carlos Alberto Medina Polanco, hermano del periodista Héctor Francisco Medina Polanco asesinado hace tres meses en el municipio de Morazán, departamento de Yoro, denunció, a C-Libre, ser objeto de amenazas de muerte.

En sus declaraciones el comunicador expresa que es atemorizado por medio de mensajes en el teléfono celular, donde lo persuaden a no continuar exigiendo la investigación del asesinato de su hermano, porque de lo contario correrá con la misma suerte.

Asimismo, declaró que personas que se transportan en motocicleta en una actitud intimidatoria le dan seguimiento al salir de la radio donde labora en la ciudad de San Pedro Sula, razón por la cual ha dejado temporalmente el espacio informativo donde colaboraba.

Relató que el 10 de junio de 2011, su hija de 16 años fue raptada por tres sujetos desconocidos y sometida, durante tres horas, a golpes y a interrogatorios relacionados con las actividades que él realiza. Hecho del cual tiene conocimiento la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).

“A pesar de que la policía cuenta con las pruebas de que mi familia y yo hemos sido víctimas de atentados y amenazas, sigue sin brindarnos protección”, el jefe policial de la departamental 18 nos dijo que no cuenta con policías suficientes para protegernos, a lo sumo lo que podía hacer era patrullar la casa, cosa que no ha ocurrido”.

Héctor Francisco Medina Polanco, de 37 años de edad, fue asesinado de cuatro disparos que le infirieron sicarios la noche del martes 10 de mayo en el barrio Buenos Aires de Morazán, Yoro. Tenía seis años de trabajar en el canal de cable Omega Visión donde, según Carlos Medina, denunciaba los actos de corrupción de los funcionarios públicos e informaba sobre la situación política y social de la zona.

De acuerdo a otras fuentes consultadas por C-Libre, la DNIC tiene en su poder los nombres de los posibles sicarios que le segaron la vida al periodista Héctor Medina Polanco, incluso manejan la cantidad de dinero que recibieron por cometer el crimen.

Sobre aquel deplorable suceso, “el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, y el ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, se comprometieron a que los autores materiales e intelectuales del asesinato de mi hermano serian castigados con todo el peso de la ley, pero seguimos esperando los resultados”, concluyó el periodista.
Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Esta alerta es distribuida a través de diversas redes nacionales, regionales e internacionales.

Para mayor información comunicarse al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), al correo electrónico alertas@clibrehonduras.com, para sus comentarios acerca de esta y otras alertas, visite www.clibrehonduras.com

Candidatura ilegítima de un golpista

2011-08-17T00:20:00.001+02:00

A inicios de 1990, el general guatemalteco José Efraín Ríos Montt fue postulado por varios partidos para ser candidato presidencial en Guatemala. No obstante, las autoridades electorales y judiciales consideraron que su candidatura era contraria a la legislación nacional e internacional.

Ante dicha limitación, el general Ríos Montt presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerar que se violentaban sus derechos al no permitirle participar en las elecciones como candidato a la presidencia bajo el argumento de haber participado en un golpe de Estado.

En su decisión, la Comisión Interamericana decidió que era razonable la prohibición a ser electo como presidente a un militar que había participado en una sonada golpista, ya que en virtud del Tratado General de Paz y Amistad, celebrado entre los 5 países centroamericanos, se han consolidado unos principios de rechazo a la ruptura del orden constitucional y de inhabilitación de sus líderes para los altos cargos de un país.

En este sentido, la prohibición de que un militar golpista se postule a candidato presidencial resulta necesaria para la consolidación democrática y para proteger al sistema democrático en la región, ya que desde el momento en que un ciudadano elige apoyar el quebrantamiento del orden constitucional, demuestra su desprecio por los valores de la democracia.

Al igual que Ríos Montt, el general Romeo Vásquez Velásquez ha señalado que tiene interés en ser el candidato presidencial del llamado “Frente Patriótico Nacional” para participar en las elecciones generales de 2013. Evidentemente, con la ausencia y el secuestro de la institucionalidad por el golpismo su inscripción como candidato puede ser un asunto fácil.

Sin embargo, no debería olvidar el general que el haber elegido ser un golpista es una razón suficiente para no tener derecho a competir por el poder democrático porque su conducta violenta y transgresora repudia la libertad de todos, y aquellos que soñamos con una Honduras democrática, no descansaremos hasta lograr que un día no muy lejano las instituciones públicas sean libres de corruptos y de violadores a los derechos humanos como él.

Si fuera uno de ellos

2011-08-16T16:59:00.001+02:00

Si uno estuviera en la piel del ex general Romeo Vásquez Velásquez, de Roberto Micheletti o de cualquiera de los altos responsables civiles, militares o policiales que impulsaron y defendieron a sangre y fuego el golpe de Estado, indudablemente debería estar muy preocupado ante las señales de justicia que afloran alrededor.

Otrora poderosos violadores a derechos humanos salvadoreños, uruguayos, peruanos, guatemaltecos, argentinos y colombianos están siendo expulsados de varios países como Estados Unidos y Canadá, perseguidos por la justicia española e investigados por la justicia penal internacional por ser considerados criminales internacionales.

En Honduras, ante un poder judicial corrupto, títere del poder político y económico, y desprestigiado totalmente por cubrir de impunidad a los criminales que están incrustados en las estructuras del Estado, hay señales esperanzadoras de que éstos tarde o temprano seguirán el mismo destino de Pinochet, Fujimori, Scilingo y otros violadores de derechos humanos del continente.

La denuncia contra Roberto Micheletti Baín presentada por el Centro de Derechos Constitucionales y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas en nombre de los padres de Isis Obed Murillo, asesinado por las balas militares, es una señal de esperanza de que la rueda de la justicia comenzó a girar para castigar a los criminales hondureños y para reparar a las víctimas.

Del mismo modo lo es el examen preliminar sobre Honduras iniciado por el fiscal de la Corte Penal Internacional para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares, policías y civiles desde el golpe de Estado, los cuales se dieron bajo la autoridad y la dirección de Micheletti y Vásquez Velásquez, entre otros.

Estos dos ejemplos además de constituir signos esperanzadores, también representan un gran desafío para el movimiento de derechos humanos en Honduras en el sentido de dejar a un lado los protagonismos, la centralidad de las agendas propias y los desencuentros para impulsar un movimiento nacional contra la impunidad que acelere el proceso de castigo a los violadores de derechos humanos, tal y como está sucediendo en el resto de países latinoamericanos.

CONATEL prohíbe la apertura de nuevas radios alternativas

2011-08-07T19:39:00.001+02:00

Alerta C-Libre
04 de agosto de 2011

Tegucigalpa, Honduras. (C-Libre/Conexhion). La comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), prohibió mediante resolución NR003/2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, del 5 de Abril del 2011, el otorgamiento de permisos y licencias para la operación de Estaciones de Radiodifusión Sonora de Baja Potencia con Modulación en Frecuencia (BPFM), dentro del rango 88-108mhz.

Esta categoría de estaciones fue definida por CONATEL mediante resolución número NR022/05 del 31 de agosto del año 2005 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de septiembre del mismo año. Sin embargo con la nueva resolución esta medida queda sin valor de efecto y con ello se frena la apertura de nuevas radios.

En la actualidad, en este rango de frecuencias, operan en nuestro país alrededor de 40 radios comunitarias o alternativas, que prestan un servicio comunicativo solidario a las demandas sociales de las comunidades donde están instaladas.

Alfredo López representante para Honduras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe (AMARC –ALC), expresó a C-Libre que esta acción de CONATEL tiene “como finalidad coartar la libertad de expresión de la comunidades más pobres de Honduras, al vedarles el derecho de crear sus propios medios de comunicación”. Por otra parte asegura que esta disposición busca fortalecer el “monopolio del espectro radiofónico por parte de los grupos de poder comunicativo que tendieron un cerco mediático y financiaron el Golpe de Estado de 2009”.

En efecto la resolución de CONATEL es categórica al establecer que “únicamente se podrá autorizar la reutilización de una determinada frecuencia radioeléctrica que sea solicitada por un operador del Servicio de Radiodifusión Sonora, que tenga autorizado una frecuencia que no está dentro de la categoría de Estaciones de Radiodifusión Sonora de Baja Potencia, con el fin de reutilizar la misma como repetidora de la estación de radiodifusión principal (primaria), con la misma programación y el mismo nombre”.

El también directivo de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), informó que están trabajando en un anteproyecto que faculte el reconocimiento de las radios comunitarias y alternativas en la legislación hondureña, basados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado y ratificado por Honduras, en donde se reconoce a los pueblos indígenas y afro descendientes el derecho de contar con sus propios instrumentos de comunicación.

La situación del derecho a la Libertad de Expresión en Honduras, garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 72 de la Constitución de la Republica, ha empeorado en el año 2011, a pesar de los compromisos que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa formalizó en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) el 4 de noviembre de 2010 y que ratificó el 17 de marzo de 2011 ante el mismo organismo, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).

Entre los compromisos sobresalen el de investigar los asesinatos y agresiones a periodistas así como el de garantizar mediante la reforma a la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones, el reconocimiento de los medios comunitarios existentes en el país.

Al respecto el gobierno hondureño se comprometió a generar un debate en el Congreso Nacional con la participación de la sociedad civil para modificar su legislación en telecomunicaciones en concordancia con los acuerdos y estándares internacionales de derechos humanos. A su vez se señaló el tema de acceso a la información como parte fundamental para ejercer y cumplir la libertad de expresión.

C-Libre emitió una alerta el 4 de febrero de 2011, donde advertía de las intenciones de CONATEL al poner a consulta, en su sitio web, un anteproyecto de resolución cuyo propósito era suspender el otorgamiento de permisos y licencias para la operación de estaciones de radio de baja potencia, justificando tal decisión en una saturación del espectro radiofónico.

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

La justicia que se acerca

2011-08-03T19:21:00.001+02:00

El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional española ha ordenado la detención de 20 militares y ex militares salvadoreños acusados de asesinar en 1989 a los jesuitas Ignacio Ellacuría, Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró y a Joaquín López y López, y a Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años en la Universidad Centroamericana de El Salvador.

Para ello, el tribunal español ha expedido una orden de arresto internacional en la que solicita a la Policía Internacional, INTERPOL, capturar a los militares, entre los que se encuentran altos mandos de las Fuerzas Armadas salvadoreñas como un ex ministro de defensa, un ex jefe de la Fuerza Área, el jefe del Estado Mayor, un coronel y un teniente.

El juez Velasco emitió dicha orden bajo el principio de jurisdicción universal que permite que cualquier tribunal persiga penalmente los crímenes considerados más graves por la comunidad internacional aunque se hayan cometido en otro país en el que no existe voluntad ni capacidad para juzgarlos, tal y como sucedió en El Salvador y como sucede actualmente en Honduras.

A pesar de que las graves violaciones a derechos humanos cometidas desde el golpe de Estado están suficientemente documentadas por la Comisión Interamericana, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y por la propia Comisión de la Verdad en cuyo informe señala claramente que los responsables son los altos mandos militares y policiales, hasta el momento ni siquiera la Fiscalía de Derechos Humanos ha realizado acciones serias para investigar y sancionar estos crímenes.

Por ello, aunque los violadores de derechos humanos en Honduras han logrado hasta el momento cubrirse de impunidad gracias a un régimen que los premia y a un sistema de justicia corrupto, el principio de jurisdicción universal abre una puerta imprescindible en la lucha por castigar a los victimarios.

La acusación contra los militares salvadoreños es un ejemplo de que la mano de la justicia universal tarde o temprano erosionará las bases sobre las que descansa la impunidad en Honduras.

Los parias del mundo civilizado

2011-07-28T20:56:00.001+02:00

El militar argentino Adolfo Scilingo, responsable de secuestros, torturas, desapariciones, apropiaciones de niños e incineraciones durante la dictadura argentina, fue extraditado por México a España y condenado por la Audiencia Nacional de ese país a 640 años de cárcel.

El ex presidente Alberto Fujimori fue extraditado por Chile a Perú donde fue condenado a 25 años de prisión por ser responsable de graves violaciones a derechos humanos durante su mandato.

Los ex militares guatemaltecos Pedro Pimentel Ríos y Santos López Alonzo, responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra, fueron deportados de Estados Unidos para ser juzgados en Guatemala. Por su parte, otro ex militar guatemalteco, Gilberto Jordán, fue sentenciado a 10 años de prisión en Florida, Estados Unidos, por su participación en crímenes de lesa humanidad.

A estos militares se suman el general retirado Héctor Mario López Fuentes, acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad en Guatemala, y los 20 militares y ex militares salvadoreños sobre los que pesan órdenes de captura internacional librada por la Audiencia Nacional de España que los acusa del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y 2 mujeres en noviembre de 1989.

También el ex oficial del ejército peruano Telmo Hurtado que fue extraditado por Estados Unidos al Perú el pasado 14 de julio tras haber sido requerido por las autoridades peruanas por su participación en la masacre de 69 campesinos de Accomarca, entre ellos varios niños, el 14 de agosto de 1985.

Y el pasado fin de semana conocimos la noticia de que el ex militar hondureño Cristóbal González Ramírez había sido capturado en Canadá por su participación en graves violaciones a los derechos humanos durante los años 80 como miembro activo del sangriento Batallón 3-16.

Pudiéramos continuar con una lista interminable de nombres de militares y policías violadores a derechos humanos que creyeron que podrían escapar de la justicia, pues al igual que los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el golpe de Estado, no quisieron darse cuenta de que tales crímenes no prescriben y el haberlos ordenado o cometido los convierte en los parias del mundo civilizado.

Por eso, tarde o temprano veremos a los altos responsables militares, civiles y policiales del golpe de Estado desfilar ante la justicia, pues sus crímenes son una mancha imborrable para la humanidad que sólo puede limpiarse con su castigo y su encierro en el basurero de la historia.

Corresponsal de Radio Progreso amenazado de muerte

2011-07-28T20:35:00.001+02:00

Alertas C-Libre
27 de julio de 2011

Tegucigalpa, Honduras. (C-Libre/Conexhion). Roberto García Fúnez, corresponsal de Radio Progreso, en el municipio de Arizona departamento de Atlántida denunció a C-Libre, que está siendo objeto de amenazas a muerte por parte de desconocidos.

“He recibido llamadas de números que no puedo identificar, donde me amenazan a muerte a mí, a mi esposa y a mis hijos”. “Tengo miedo, temó por mi vida y la de mi familia, mi esposa está embarazada”, dijo muy nervioso y preocupado, el comunicador.
“Vehículos sospechosos rondan mi vivienda y se estacionan en frente, en un claro acto de intimidación”, aseguró García.

El comunicador tiene dos años como corresponsal de Radio Progreso y dentro de su labor periodística ha cubierto constantemente los acontecimientos alrededor de la construcción de las represas hidroeléctricas en la zona litoral de Honduras, las que según las organizaciones defensoras del medio ambiente se realizan sin la participación y anuencia de las comunidades, pero con la complicidad de las autoridades municipales, tal es el caso del Acalde de Arizona, Adolfo Paguada.

Gricelda Yamileth Monje, esposa de Roberto, contó que el alcalde de Arizona utilizó los nombres, firmas y números de teléfono, incluso el de su esposo y suegro, recogidas en una reunión realizada en la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, donde se discutió el asunto de la construcción de las mini represas, pero que no se aprobó su construcción, y las adhirió, sin consentimiento de los participantes, a un documento en apoyo a las intenciones de las compañías hidroeléctricas, y que luego lo envió al Congreso Nacional de la República.

Las amenazas de muerte se suscitaron después que el comunicador realizó varios reportajes para Radio Progreso, donde exponía los sucesos alrededor de las represas, y han aumentado tras haber presentado, el pasado 25 de julio, ante el Ministerio Público y medios de comunicación, una demanda por agresión física por parte del alcalde de Arizona, sucedida el 17 de junio.

García narró que para esa fecha, fue invitado por la alcaldía a un cabildo abierto en el cual estarían las autoridades del municipio. El edil en su discurso, aseguró que García lo había difamado al decir cosas en contra de él y que la cobertura que éste hacía afectaba su imagen y agitaba a la población.

En la referida asamblea el alcalde se le abalanzó a García y lo golpeo con la mano abierta en su pecho, también quiso pegarle con el puño cerrado pero dos personas lo evitaron. “El alcalde me negó la participación para defenderme de sus acusaciones y explicarle al pueblo que es lo que había pasado. Me hizo una acusación, por eso me subí al estrado principal donde el estaba con su corporación, para pedirle que me dejara explicar al pueblo la mentira de la cual me acusaba, entonces el me dijo: ¿me estás diciendo mentiroso? Y se lanzó sobre mí. Esto provocó mi reacción”, explicó García.

En una clara autocensura, el corresponsal de Radio Progreso, manifiesta que, “Mis reportes para Radio Progreso han disminuido porque no me quiero morir ahorita, me preocupa mucho esta situación, incluso mi esposa está embarazada, siento mucha pena por ella por estar viviendo estas amenazas. Cuando mi hija va a la escuela le da miedo, mi esposa tiene pesadillas, es terrible lo que estamos viviendo”. Por otra parte aseguró que no tiene confianza en las autoridades, porque no ve seriedad en la investigación del caso.

El párroco de la iglesia de Arizona, Cesar Espinoza, aseguró que el clima de violencia se agudiza más en el sector. Según Espinoza son ya 14 las personas asesinadas desde enero, además 24 familias han tenido que desplazarse de sus lugares, dejándolo todo, por el miedo. “Las autoridades son corruptas, reciben sobornos, los criminales son gente de allí mismo, por miedo no decimos los nombres pero todos saben quiénes son. Vivimos en un estado fallido”, aseguró Espinoza quien ha apoyado a García en su caso.

Por su parte la Red de Patronatos en Defensa de los Recursos Naturales, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y otros colectivos sociales y comunitarios, organizaron una marcha para pronunciarse en contra de las amenazas y agresiones que ha recibido el comunicador y en general por la situación de violencia que sufren los que defienden la vida y los recursos naturales.

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Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

Justicia para que los crímenes jamás vuelvan a repetirse

2011-07-19T22:07:00.002+02:00

El Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional establece que los crímenes de lesa humanidad son todos aquellos actos inhumanos como el asesinato, la tortura, la violación o cualquier otra forma de violencia sexual, la privación grave de la libertad personal, la persecución por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, entre otros.

No obstante, se requiere que la comisión de dichos actos reúna tres requisitos: En primer lugar, deben cometerse como parte de un ataque generalizado o sistemático; en segundo lugar, deben dirigirse contra una población civil; y en tercer lugar, deben cometerse de conformidad con la política de un Estado o de una organización, lo cual implica que pueden cometerlos agentes estatales o personas que actúen a incitación suya o con su consentimiento o beneplácito.

El informe de la oficialista comisión de la verdad señala que entre las numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas en su mayoría por policías y militares se encuentran 20 asesinatos. Y lo más importante, es que establece claramente los elementos para que tales asesinatos sean considerados crímenes de lesa humanidad.

En primer lugar, señala que eran parte de un ataque generalizado con el objeto de reprimir a la oposición al gobierno de facto; en segundo lugar, que estaban dirigidos contra la población civil en resistencia; y en tercer lugar, que dichos asesinatos formaban parte de una política estatal de represión desarrollada en un marco general de impunidad estructural y tolerancia por los mandos superiores.

Tomando en cuenta que las instituciones públicas responsables de impartir justicia y de defender los derechos humanos no han asumido sus funciones y misiones institucionales, y a la luz de las medidas tomadas para dejar en la impunidad estos crímenes, es claro que no existe voluntad ni capacidad para perseguir a los más altos responsables militares, civiles y policiales que elaboraron y ejecutaron dicha política de represión.

Por tanto, el escenario está servido para que la justicia de cualquier país comprometido con la lucha contra la impunidad o la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, inicie las investigaciones necesarias para procesar y sancionar a los autores de todas estas violaciones a los derechos humanos, particularmente a aquellos que ostentan los máximos niveles de responsabilidad, y lograr que jamás vuelvan a repetirse.

Asesinan a director de radio Joconguera en el municipio de Candelaria, departamento de Lempira

2011-07-15T10:01:00.002+02:00

Alerta C-Libre
14 de julio de 2011

Tegucigalpa, Honduras. (C-Libre/Conexihon). Nery Geremias Orellana de 26 años de edad, director de la radio Joconguera del municipio de Candelaria departamento de Lempira, murió el día de hoy, 14 de julio, a la 2:00 de la tarde, en el hospital público del Municipio de Sensuntepeque, de la República de El Salvador, como resultado de un impacto de bala en el cráneo.

El cuerpo aun con vida de Nery Geremias Orellana fue encontrado a las 9:30 de la mañana sobre la carretera que conduce a la aldea San Lorenzo, luego fue llevado a la clínica publica de la localidad donde le dieron los primeros auxilios, pero ante la gravedad de la herirá fue llevado en ambulancia hacia la comunidad de Sensuntepque.

A las 9:26 de la mañana Nery Geremias Orellana se comunicó a Radio Progreso donde confirmó su participación en la reunión de radios comunitarias de la zona occidental a realizarse el día viernes 15 de julio en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá. Minutos más tarde, a las 9:30 de la mañana, mientras se conducía, en su motocicleta, de su lugar de residencia en la Aldea San Lorenzo hacia la emisora en el municipio de Candelaria, fue tiroteado por desconocidos.

El padre Jose Amilcar Lara, párroco de Candelaria Lempira, informó a C-Libre que el comunicador social, como director y administrador de la radio, le había abierto los espacios comunicativos a la iglesia católica para que trasmitiera sus misas, lo mismo habría hecho con el Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP), al darle la oportunidad de divulgar su programa. Asimismo el sacerdote denunció que ante las amenazas a muerte recibidas a su persona y contra el comunicador social Hernán Castro y el señor Manuel Bonilla actual alcalde de Candelaria, la radio hizo las denuncias respectivas.

La radio Joconguera, a pesar de ser una radio comercial, ha puesto sus espacios informativos al servicio comunitario y es un canal comunicativo que denuncia constantemente las atrocidades que se cometen contra las comunidades de la zona.

Además de director de radio Loconguera, Geremias Orellana, era corresponsal de Radio Progreso, miembro de la Red alternativa de Radios Comunitarias, militante del Frente Amplio de Resistencia Popular y un ferviente servidor de la iglesia católica de aquella comunidad.
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Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

Una prueba “oficial” servida en bandeja de plata para la Corte Penal Internacional

2011-07-12T13:05:00.000+02:00

El recién presentado informe de la oficialista Comisión de la Verdad confirma, como lo plantea El País, uno de los diarios españoles más importantes, que “Honduras cierra en falso la investigación del golpe militar”, pues aunque la desligitimada OEA, a través de su secretario general José Miguel Insulza, declare que el “capítulo del golpe ya está cerrado”, para las miles de víctimas ignoradas y las pocas reconocidas por este informe, las heridas seguirán abiertas mientras toda la verdad no sea revelada y los victimarios no sean castigados.

No obstante, este informe oficial contiene elementos importantes que deben servir de insumo para que el Fiscal de la Corte Penal Internacional decida investigar de oficio los crímenes internacionales cometidos desde el golpe de Estado.

En primer lugar, el informe establece que desde el golpe de Estado se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos en un marco general de impunidad estructural y tolerancia por los mandos superiores, entre las que caben destacar la ejecución de 20 hondureños y hondureñas por parte de la policía y las fuerzas armadas.

En segundo lugar, el informe señala que tales violaciones fueron ordenadas, autorizadas y encubiertas por los mandos y autoridades superiores de la Policía y las Fuerzas Armadas.

En tercer lugar, el informe ratifica que estas violaciones eran parte de una política estatal de represión.

En cuarto lugar, el informe confirma que las instituciones del Estado responsables de impartir justicia y de defender los derechos humanos, no asumieron sus funciones y misiones institucionales, y desestimaron las denuncias ciudadanas o reaccionaron de forma tardía.

Estos datos ratifican lo que desde un inicio venimos denunciando, que los altos responsables civiles, policiales y militares del gobierno de facto, han cometido crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados y juzgados por la Corte Penal Internacional, ya que el Estado de Honduras no tiene capacidad ni voluntad de perseguirlos penalmente.

Pese a las omisiones, las ambigüedades y las contradicciones de este informe, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos deben aprovechar esta información para avanzar en una estrategia articulada que allane el camino a la condena de todos aquellos que ordenaron, encubrieron y alentaron la comisión de tales crímenes.

Otro periodista asesinado en Honduras.

2011-07-06T01:04:00.001+02:00

Alerta C-Libre.
05 de julio de 2011

Tegucigalpa, Honduras. (C-Libre/Conexihon). El comunicador social y productor de televisión, Adán Benítez, con más de quince años de experiencia en los medios de comunicación fue asesinado el lunes en la noche, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, al norte de Honduras.

De acuerdo a las fuentes policiales presentes en la escena del crimen, el periodista se conducía hacia su casa de habitación en el barrio Alvarado, pero al transitar por la calle principal que da acceso al hospital Dantoni de la Ceiba fue interceptado por dos individuos quienes lo despojaron de sus pertenencias y luego, ante el reclamo del comunicador, le quitaron la vida pegándole un disparo en la cabeza.

Así mismo la policía, en una concisa declaración, asegura que el móvil del crimen fue el robo, en vista que la víctima no tenía sus pertenencias. Sin embargo fuentes de C-Libre en la ciudad de La Ceiba confirmaron que la semana pasada Benítez había denunciado, vía telefónica, en el noticiario “Diario de la Mañana”, que se trasmite de 6:00-9:00am por el canal 45 de la localidad, a una banda de delincuentes que se dedican al saqueo de vehículos, incluso se nos informó que Benítez expresó, en dicho programa, que conocía a los malhechores.

El comunicador social laboró para diferentes medios de comunicación en la ciudad de La Ceiba, entre ellos Canal 14, Canal 7 (TeleCeiba), Estéreo McIntosh - FM 103.5 y Canal 36.

Con el asesinato de Adán Benítez son cuatro los periodistas asesinados en el departamento de Atlántida y 13 las víctimas reportadas a nivel nacional. Se suma a esta lista, de los comunicadores asesinados, el propietario de canal 24 de la ciudad de Danlí, en el oriente del país.

Hasta el momento, el Estado ha mostrado incapacidad institucional para prevenir las violaciones y los asesinatos e investigar y sancionar a los perpetradores por lo que la mayoría de las muertes permanece en una situación de preocupante impunidad.
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Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

A dos años del golpe de Estado la impunidad es la seña de identidad en Honduras

2011-07-06T01:00:00.000+02:00

A dos años del golpe de Estado, la Convergencia por los Derechos Humanos zona noroccidental se pronuncia en los siguientes términos:

PRIMERO: Denunciamos que frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por policías, civiles y militares desde el rompimiento del orden constitucional, hasta el momento no hay ninguna persona condenada penalmente, lo cual ha generado un clima de terror e impunidad generalizada que socava el ejercicio de las libertades básicas y permite la repetición crónica de este tipo de hechos.

SEGUNDO: Condenamos que a dos años del golpe de Estado continúan las amenazas, ataques, asesinatos, detenciones arbitrarias, restricciones ilegales al derecho a la libertad de expresión y de reunión contra periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y activistas políticos, persecuciones políticas y el uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones públicas pacíficas.

TERCERO: Reprochamos que la reincorporación de Honduras a la OEA se haya realizado irrespetando los principios de la Carta Democrática Interamericana y sin que se le exigiera al régimen de Porfirio Lobo Sosa la depuración de las instituciones y la deducción de las responsabilidades correspondientes a los autores intelectuales y materiales de las graves violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo desde el golpe de Estado.

CUARTO: Denunciamos que pese a la firma del Acuerdo de Cartagena de Indias, continúan la persecución política en su modalidad de sicariato judicial y la impunidad de los victimarios, debido a que las instituciones clave del sector justicia, como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, siguen en manos de los sectores que defendieron el rompimiento del orden constitucional y avalaron las graves violaciones a los derechos humanos.

QUINTO: Denunciamos el gran número de medidas, reformas y leyes adoptadas que restringen derechos y garantías constitucionales, y violan las obligaciones internacionales del Estado de avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de los derechos humanos, lo cual implica la prohibición de adoptar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes.

SEXTO: Demandamos la depuración y destitución inmediata de policías, militares y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ombudsman que se mantienen en las estructuras del Estado para garantizar la impunidad, lo cual se traduce en la restricción del derecho a la justicia de las miles de víctimas que aún esperan que el Estado hondureño cumpla con su obligación de investigar, sancionar y reparar las violaciones de las que han sido objeto.

SÉPTIMO: Exhortamos a la sociedad hondureña en general y a las organizaciones de derechos humanos en particular, a promover acuerdos mínimos para impulsar una alianza nacional que permita elaborar e implementar una estrategia contra la impunidad que incluya la utilización de herramientas jurídicas como el principio de jurisdicción universal y el examen preliminar iniciado por el Fiscal de la Corte Penal Internacional en torno a la responsabilidad penal internacional de los altos responsables de las violaciones a derechos humanos.

OCTAVO: Emplazamos a la comunidad internacional mantenerse vigilantes ante la situación de impunidad y violaciones a derechos humanos en Honduras, y demandamos el establecimiento de una oficina permanente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Noroccidental

Dado en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los 05 días del mes de julio de 2011.

Otro golpe en nombre de la democracia

2011-06-28T18:15:00.001+02:00

El congreso nacional nuevamente acaba de demostrar su falta de ética, su desprecio por los principios democráticos, su apatía por la protección de la dignidad humana y su capacidad para pisotear los altos valores que representan los derechos humanos en una sociedad democrática.

Una mayoría aplastante de 108 diputados y diputadas aprobaron la reforma de dos artículos constitucionales fundamentales para la integridad de las personas. El artículo 71 que prohibe la detención e incomunicación de una persona por más de 24 horas sin ser puesta a la orden de una autoridad competente para su juzgamiento. Con la reforma, el plazo de la detención se extiende de 24 a 48 horas.

Da terror pensar permanecer en manos de la policía por tanto tiempo, no sólo por las terribles condiciones de detención sino también por quedar bajo la custodia de una institución que desde el golpe de Estado demostró su desprecio por la vida y la integridad física y psíquica de las personas.

La otra reforma es al artículo 92 que exige, para la declaración de prisión, la plena prueba de haberse cometido un crimen que merezca la pena de privación de la libertad, y un indicio racional del posible autor. Gracias a la reforma, sólo se requiere evidencia probatoria, con lo cual, un simple informe policial que contenga la declaración del detenido es suficiente para que un juez decrete el procesamiento de una persona.

Nuevamente da terror imaginar las enormes posibilidades de utilizar la tortura, la intimidación, las amenazas o los tratos crueles para obligar a una persona a declarar que ha cometido un supuesto delito.

Estas reformas violan descaradamente un principio fundamental del derecho constitucional e internacional, es decir, el principio de progresividad que obliga a Honduras a avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de los derechos humanos, lo cual implica la prohibición de adoptar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes.

El artículo 64 constitucional es claro al respecto, al señalar que “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”.

Del mismo modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que “la legitimidad democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por la protección de los derechos humanos […] en donde la protección de tales derechos 'constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías […]'”.

Frente a ello, sólo nos queda el desafío de utilizar todas las herramientas posibles, incluida la denuncia ante órganos internacionales, para revertir dichas reformas que atentan contra el proceso democrático y la dignidad humana.

Algunas preguntas previas sobre el Informe de La Comisión Presidencial de La Verdad ¿o de la verdad presidencial?

2011-06-24T05:44:00.000+02:00

Por Rodolfo Pastor Pasquelle

Se percibe ya un pensamiento compartido, para no decirle único, en el medio, la preparación de un discurso que tiene líneas claras. Aunque ha ordenado divulgar otros materiales o insumos del Reporte final a través del sitio web, el Presidente de la Comisión Sr. Stein, efectivamente muy ligado a círculos de Washington y propuesto por ellos a Lobo (según un cable pendiente de divulgación) ha enfatizado que el Informe definitivo se dará a conocer integro en la fecha prevista y será “objetivo y solido”.

¡Bravo! Y haciendo eco de esa declaración, la amiga Julieta Castellanos, Rectora y antes de eso amiga también de Ricardo Maduro, de Juan Orlando Hernández (hoy implicado en el atropello contra Flores Lanza) ha explicado que ese Informe no será satisfactorio para ninguno de los extremos. Precisamente porque será objetivo. Y el problema es que no se define que cosa quiere decir ese término. Me permito citar la frase de un representante de NNUU en México confrontado con los hechos aproximadamente un mes después del golpe. No se puede ser objetivo entre un delincuente y su víctima, entre el asaltante de una tienda y el tendero, aunque el asaltante se quede con el mostrador.

Y aunque la mercancía tuviera algún defecto. La existencia de una Comisión de la Verdad supone alguna garantía. Por principio, supone que creemos ellos y nosotros también que existe una verdad. Pero cuando esa Comisión es formada por el gobierno, es oficial, producirá una verdad oficialista, ¿o no? necesaria, inevitablemente. No puede ser de otra manera.

Me pregunto a mí mismo. ¿Qué dirá el Reporte sobre el papel que en el golpe jugo Pepe Lobo, quien la ha juramentado y la paga y en aquel entonces Candidato perdedor del P.N. en la contienda inminente por la presidencia de la República? ¿Podrá ser objetiva al respecto? ¿Podrá decir que en Honduras el Presidente del Partido político tiene una ascendencia definitiva casi absoluta sobre los parlamentarios de su Partido? Y que por lo tanto debe inferirse que Pepe participo en la conspiración? Y que ¿habría dado su consentimiento cuando la bancada del Partido Nacional voto a favor del golpe? Definámosla.

La objetividad es por supuesto un pre requisito del dialogo racional. Pero no supone dejar de tomar partido. No significa que uno tiene que estar en el centro, en un terreno neutro, evadir un compromiso. No significa que uno puede hacer entonces “acepción de persona”, o excepción de ellas. Consiste en renunciar a los dogmas y a los absolutos, en cuestionar los supuestos pero no en abdicar del enjuiciamiento obligado, de la condena o del elogio justificado. Por el contrario la objetividad es el elemento, el criterio que permite asegurar que la condena es justa o que el elogio es merecido.

No es por supuesto una escogencia entre el bien y el mal, entre el acierto y el error craso, porque aunque todas esas cosas existen, lo más común es encontrarlas mezcladas en la realidad. Por eso es que esta escrito que dijo el Nazareno en alguna ocasión “Solo Dios es bueno” y por eso es que dice Pascal que el hombre es ángel y gusano”, fue caritativo y no quiso decir demonio. Aunque muchos se creen impunes y otros superiores no solo a la ley, a esta o aquella ley que me gusta o no (al fin dice Roque la ley la hacen los ricos para que la obedezcan los pobres) si no por encima de toda ley, del principio de la ley, se creen superiores a la ética, al bien y el mal. Eso no es objetivo.

Uno de los consultados por la Comisión Stein asegura que el Presidente Zelaya no tenía derecho a llevar a cabo una encuesta no vinculante? Y a mi no me cabe duda que llevar a cabo la encuesta sobre la Cuarta Urna tenia una legalidad dudosa en cuanto un juez había determinado que la Ley de Participación Ciudadana no autorizaba al Presidente para hacerla. Pero se supone que solo esta prohibido lo proscrito, lo tipificado. Ninguna ley fundamental podría oponerse a una encuesta no vinculante, es decir ninguna ley que no fuese profundamente antidemocrática y aun más dudosa. Porque ¿cómo ha de actuar entonces un gobierno democrático si no es en sintonía con el sentimiento mayoritario del pueblo? Y ¿Cómo se podrá saber cuál es la voluntad del pueblo si no se le pregunta? Esa es una verdad objetiva, aquí y en china…

Aunque repetidamente se solicito que se nos permitiera a la Resistencia nombrar a una persona que, dentro del Tribunal, representara nuestro punto de vista se nos negó y ahora nos ha explicado el Sr Stein que eso era imposible, que en efecto dentro de la Comisión todos son objetivos y nadie representa un punto de vista. Pero esa no es una afirmación objetiva. Ni veraz. Porque apartándolo a el que quizás no estuviera antes del incidente comprometido con ningún partido, los otros miembros hondureños de la Comisión tienen simpatías y antipatías públicas manifiestas de mucho tiempo atrás.

He dicho que la Sra. Rectora es mi amiga y no puedo traicionar esa amabilidad suya pero ella no negará que, aunque no apoyo a ningún partido político, el Partido Nacional ha estado poniendo al rector de la Universidad desde hace décadas. Y aunque me apoyo a mí en mi trabajo como ministro, ella no era simpatizante de Mel, tenía una opinión fundamentalmente crítica de su personalidad, y adversaria, con todo derecho por supuesto. (Recuerdo largos discursos) Otros miembros hondureños de la Comisión son afiliados del Partido del Gobierno y del Golpe, defensores suyos. Y al solicitar un representante se trataba de equilibrar en la balanza el peso de esa perspectiva. Y entonces Mr. Stein conocía de esas afiliaciones y no ha sido objetivo al explicar porque no se nos permitió participar, lo que le parecía buena idea a OEA y que Lobo alguna vez se comprometió a propiciar.

¿La Comisión tuvo la posibilidad de recopilar toda la información pertinente? No lo sé, me lo pregunto porque en efecto el problema de la información pública en el país ha sido severo. Se ha escondido al público la realidad. Nadie imprimió que yo sepa la noticia de que a un mi vecino aquí, un líder natural, organizador del movimiento social aquí en el Valle de La Entrada, en la Seis de Mayo concretamente, que estaba a la cabeza de la Resistencia aquí, lo asaltaron paramilitares y lo acribillaron. ¿Cómo interpretara la Comisión Stein el asesinato de la hija de Pedro Brizuela, una mujer joven, madre, que sale a la puerta de su casa y es acribillada por dos enmascarados con armas automáticas? Porque oigan hay que ser serios.

Uds. pueden como este sinvergüenza de Ernesto Gálvez ir al público y decir que “la Resistencia es violenta” y el Estado tiene la función legitima de aplacarla con la fuerza. Pero estos son crímenes que se han cometido, contra personas valiosas de nuestra sociedad a las que solo la intransigencia golpista tipificaba de delincuentes por protestar contra el golpe. Y todos los organismos nacionales e internacionales aseguran que la fuerza pública se extralimito en la represión y reconocen estos crímenes oficiales que han quedado impunes. La Comisión oficial de la Verdad entiende que los fantasmas de esos caídos estarán esperándolos al otro lado del umbral de la muerte para exigirles las cuentas que no les podamos exigir nosotros aquí? ¿Qué dirá Ella de las mujeres violadas en la cárcel con toletes? ¿De manifestantes sometidos, en el suelo, a quienes vemos un policía patear en la cabeza? Porque si dice la verdad La Comisión yo voy a estar muy satisfecho y entre sus propuestas se exigirá la deducción de responsabilidades, la depuración de las fuerzas represivas del estado la inculpación de responsables.

¿Qué dirá la Comisión oficial sobre todo este teatro de sombras con que se nos ha querido embobar sobre “la independencia de los poderes” y el abuso sistemático de la judicatura por los políticos, la burla de la administración de la justicia, de la fiscalía contra quienes pensaban diferente, la destitución de cualquier juez simpa tético a los acusados y la intimidación de los defensores? Hasta este mismo momento.

¿Explicara el Informe de Stein quienes falsificaron la renuncia de Mel y nos dirá como fue que aunque una semana después se argumento que los militares “habían cumplido con una orden de arresto judicial, cuando el Presidente de La Corte y el Fiscal General, según un cable recién publicado confesaron al Embajador que esa orden no había existido? Porque entonces en cuanto el documento existe con la fecha indicada… alguien en la Corte Suprema lo falsifico, como antes alguien en el Congreso falsifico la renuncia falsa?

Y el problema amiga es que si, como dices, hay pocos blancos y pocos negros y la mayoría somos mestizos como vos y yo, entonces hay que escoger entre los menos y los mas culpables, escoger entre los culpables de una falla en procedimiento y los culpables de crímenes de violencia y lesa humanidad. La misma ley establece que hay delitos más o menos graves que merecen condenas más o menos severas. Y poner todas las fallas cometidas por tantos pecadores en el mismo plano es objetivo ¿o es deshonesto? Detesto que la gente que me llantas en la calle o invada propiedades antes de establecer su derecho, pero por supuesto que es peor asesinar a la gente que va pasando por esas propiedades bajo la suposición de que tienen malas intenciones o destituir al Presidente bajo la suposición de que tiene la intención de quedarse en el poder… contra la voluntad de las FFAA, contra la voluntad de su propio Partido Político , contra la voluntad de El Congreso y la Corte Suprema recién electa por ese Congreso y sus titiriteros.

¿Dirá la verdad el Reporte de la Comisión sobre el papel que cumplió Carlos Flores en esas negociaciones en la Embajada sobre las que nos han ilustrado los cables llegados del Ethernet? (Es que ese también es un delito heroico). Pues hay que esperar lo mejor. Pero si ha de decir la verdad Stein, tendría entonces y viendo hacia atrás que preguntarse ¿a quién representaba C. Flores en esas platicas? ¿Con que premio se quería inducir al Presidente a ceder su posición comprometida de preguntar sobre una constituyente? ¿Cuál habría sido el resultado si Mel hubiera accedido a la exigencia de modificar la pregunta?

Lo cierto es que Honduras necesita algo más que la verdad. Pero nadie tiene derecho a pedir perdón aun ni menos olvido sin que se hayan aclarado esas preguntas, que son las que se encargaron a La Comisión. Y en mi considerada opinión la única amnistía posible por crímenes contra el pueblo es la que puede dar el pueblo mismo, en una constituyente.

Noticias que dan esperanza de justicia

2011-06-22T18:02:00.002+02:00

La semana pasada hemos sido testigos de una muy buena noticia. Un militar guatemalteco acusado de los delitos de genocidio y desaparición forzada, fue detenido el viernes 17 de junio por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala.

Se trata de Héctor Mario López Fuentes, un general retirado de 81 años que fungió como jefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de facto del dictador Efraín Ríos Montt, entre 1982 y 1983.

A este militar se le atribuye la responsabilidad de al menos 77 desapariciones forzadas durante ese período y su persecución penal obedece a una denuncia que familiares de las víctimas de la guerra civil guatemalteca presentaron hace 11 años.

Sin duda alguna, esta noticia representa un importante paso en la lucha contra la impunidad y una esperanza real de justicia para las víctimas, no sólo para las guatemaltecas, sino también para las víctimas hondureñas de la década pérdida de los años 80 y del golpe de Estado.

Y como la esperanza se nutre de noticias como estas, se espera que muy pronto tengamos una nueva noticia sobre el examen preliminar que realiza el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que podría implicar una visita a Honduras para conocer personalmente la situación y comprobar que el Estado no tiene la capacidad ni la voluntad política para perseguir penalmente a los militares, policías y civiles que han cometido violaciones a derechos humanos, que por su gravedad, pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

Ambas noticias son como una bocanada de aire fresco en medio de un ambiente plagado de la putrefacción que produce la corrupción judicial de jueces, magistrados y fiscales que han vendido su dignidad y que consuman la impunidad de los victimarios “bajo esa sensación de ternura que produce el dinero”, como poéticamente dijo Roberto Sosa.

Relatoría Especial expresa preocupación por desaparición de periodista en México

2011-06-16T23:54:00.001+02:00

Washington D.C., 16 de junio de 2011. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la desaparición del periodista Marco Antonio López Ortiz, jefe de información del periódico Novedades Acapulco, en el Estado de Guerrero, México. La Relatoría Especial exhorta al Estado a hacer todos los esfuerzos para lograr la aparición con vida del periodista e investigar el hecho, sin descartar la posibilidad de que las causas de la desaparición tengan su origen en el ejercicio profesional del periodismo.

Según la información recibida, la noche del 7 de junio de 2011 López Ortiz habría sido capturado por un grupo de personas desconocidas en la ciudad de Acapulco. Su auto fue encontrado abandonado en el lugar de su secuestro, y desde entonces no se ha tenido noticias sobre su paradero. De acuerdo con lo informado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero ha iniciado una investigación sobre estos hechos, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también visitó las instalaciones de Novedades Acapulco para averiguar sobre la desaparición del periodista.

En su “Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010”, la Relatoría constató la situación crítica de violencia que enfrentan los periodistas en el Estado de Guerrero. De acuerdo a lo documentado en dicho informe, cuatro de los 13 asesinatos de periodistas ocurridos en México durante el año 2010 tuvieron lugar en Guerrero, además de otros hechos graves como el ataque armado contra el periódico El Sur en Acapulco, ocurrido en noviembre del año pasado.

La Relatoría Especial reitera al Estado mexicano la necesidad de impulsar medidas que protejan eficazmente a los periodistas, así como mecanismos eficientes para afrontar la grave deficiencia en la procuración y administración de justicia respecto de estos crímenes. En particular, la Relatoría Especial ha urgido al Estado sobre la necesidad de fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, el traslado a la justicia federal de las investigaciones de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que lo ameriten, y la implementación adecuada de los mecanismos de seguridad necesarios para proteger efectivamente la vida e integridad de los periodistas amenazados. Además, la Relatoría Especial insiste en que para impedir la impunidad y la repetición de estos hechos es imprescindible identificar a todos los responsables de los crímenes cometidos, juzgarlos, sancionarlos y reparar de manera justa a los familiares de las víctimas.

El noveno principio de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, establece que "el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/

Enlaces útiles:

Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010

Declaración de Principios de Libertad de Expresión
PRESS RELEASE

R58/11

Desafíos y diálogo contra la impunidad

2011-06-14T18:22:00.000+02:00

La reincorporación de Honduras a la OEA constituye en la práctica la legalización del golpe de Estado, ya que ni siquiera se le exigió al régimen de Lobo Sosa la depuración de las instituciones y la deducción de las responsabilidades correspondientes a quienes ordenaron y ejecutaron las graves violaciones a los derechos humanos.

Sin duda alguna, para la comunidad internacional el tema de Honduras es un asunto que ya no interesa demasiado pues se considera que su retorno al concierto americano de naciones normaliza definitivamente la situación a pesar de que el escenario de los derechos humanos reviste una gravedad sólo comparable con la época perdida de los años 80.

Ante ello, se nos presentan grandes desafíos en materia de justica y reparación que exigen como primer paso un diálogo nacional entre todas las organizaciones de derechos humanos, pero un diálogo que sea franco, sincero, respetuoso, desprovisto de protagonismos, personalismos y antagonismos que supere los obstáculos para la lucha articulada contra la impunidad.

En el marco de ese diálogo, es preciso elaborar estrategias nacionales para establecer hojas de ruta que nos permitan clarificar cuáles son las mejores posibilidades para exigir justicia en el ámbito internacional, y a partir de allí, fortalecer el trabajo coordinado mediante la creación de equipos técnicos en el área jurídica, comunicacional, investigativa y otras.

Un primer ejercicio de trabajo seriamente articulado lo puede constituir el anuncio del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, en relación con el inicio de un examen preliminar para comprobar si las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del golpe de Estado son competencia de ese tribunal penal internacional.

En este sentido, es urgente y necesario que se puedan promover acuerdos mínimos para impulsar una alianza nacional que permita situar en el debate público el tema de los crímenes de lesa humanidad y dotar a la oficina del Fiscal Moreno Ocampo de los insumos necesarios para que llegue a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación en torno a la responsabilidad penal internacional de los altos responsables del gobierno de facto y otros actores.

El desafío está sobre la mesa, ahora nos toca a quienes luchamos por los derechos humanos asumir la responsabilidad histórica de articularnos honestamente en nombre de la dignidad de las víctimas.

Carta abierta al presidente Mauricio Fúnez ante las agresiones contra defensoras (es) de los derechos de las mujeres en el marco de la AG de la OEA

2011-06-08T19:10:00.002+02:00

Sr.

Mauricio Funes

Presidente de la República

República de El Salvador

Excelentísimo señor:

Las organizaciones firmantes queremos expresarle nuestro repudio ante los actos de represión de los que fue víctima un grupo de defensores y defensoras de los derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad del Estado salvadoreño durante el domingo pasado, 5 de junio, frente a las instalaciones del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO), en donde se celebra la 41.a Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Ese día, una comitiva de 14 representantes de la Delegación de Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres de la Región Centroamericana empezaron una pequeña manifestación en las afueras de CIFCO a eso de las 6:15 p. m. haciendo un llamado a la despenalización del aborto terapéutico. En pocos minutos, fuerzas de seguridad del Estado solicitaron la reubicación de los y las manifestantes alegando motivos de seguridad, petición que fue debidamente acatada.

No obstante, minutos después, un equipo policial de choque arremetió con violencia contra el grupo de tres hombres y once mujeres que se expresaba pacíficamente en el sitio que se les había asignado, obligándoles a abandonar el lugar.

En suma, la agresión sufrida por las y los manifestantes constituye una grave violación a la libertad de expresión, lo cual repudiamos enérgicamente.

Muchas organizaciones de la sociedad civil observamos con agrado la iniciativa estatal salvadoreña de proponer el tema de Seguridad Ciudadana en las Américas para que ocupase un lugar privilegiado en la agenda de la reunión interamericana. Las organizaciones vimos en esta iniciativa una esperanza para promover políticas hemisféricas de seguridad centradas en la persona y en el respeto y garantía de sus derechos humanos. No obstante, los hechos sucedidos durante la inauguración de la Asamblea General parecieran demostrar lo contrario.

Para las organizaciones firmantes es lamentable que se promueva la militarización y el uso desproporcionado de la fuerza como respuestas a la situación de inseguridad que vivimos en nuestros países. Es por ello que respetuosamente solicitamos tomar las medidas adecuadas para que se investiguen los hechos que ocurrieron el pasado domingo y se proceda a sancionar a los responsables, y, a la vez, que se tomen las acciones correspondientes para que este tipo de actos no vuelva a ocurrir.

Atentamente,

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC ALC)

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C. - México

Asociación Nacional de Centros (ANC) - Perú

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C. (Centro PRODH) - México

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú EQUIDAD

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Comisión de Justicia y Paz - Colombia

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989(COVAFIC) - Venezuela

Corporación Reiniciar – Colombia

Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) - Costa Rica

Espacio Público - Venezuela

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) – Honduras

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)

Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH) - Guatemala

Grupo de Mujeres de San Cristobal de las Casas, A. C. - México

Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH) - Colombia

Grupo Tortura Nunca Más - RJ (Brasil)

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” - El Salvador

Justicia Global - Brasil

Observatorio Venezolano de Prisiones

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) - Comité de Coordinación del Capítulo Peruano

Los cómplices de la sangre

2011-06-07T17:47:00.002+02:00

Del 5 al 7 de junio se celebra en San salvador, El Salvador, la asamblea general de la OEA sobre "Seguridad Ciudadana en las Américas". La novedad de esta asamblea es que el Estado de Honduras, después de la firma del acuerdo de Cartagena de Indias, participa como miembro pleno del organismo continental que lo había suspendido a consecuencia del golpe de Estado.

Resulta curioso leer el proyecto de declaración final en el que la asamblea general reconoce que la democracia y los derechos humanos son pilares del sistema interamericano y que “están vinculados entre sí y se refuerzan unos a otros”, y declara que los Estados tienen la “obligación de desarrollar e implementar políticas públicas en materia de seguridad pública en el marco de un orden democrático, de imperio del Estado de derecho y de respeto a los derechos humanos orientadas a proveer seguridad y fortalecer la convivencia pacífica de sus comunidades”.

Y decimos curioso porque los pueblos latinoamericanos han sido testigos del mediocre papel de la OEA en la crisis hondureña y de su desprecio hacia la dignidad y los derechos humanos de las víctimas del golpe de Estado, al promover el reintegro de Honduras y el reconocimiento del régimen de Lobo Sosa que ni siquiera ha cumplido las condiciones mínimas en materia de derechos humanos.

Mientras en San Salvador la OEA habla de derechos humanos y seguridad ciudadana, en Honduras los violadores a los derechos humanos disfrutan de una impunidad absoluta y la muerte sigue asechando a todos aquellos que se oponen a la situación de desigualdad, corrupción, violencia e impunidad impuesta a sangre y fuego por la clase política tradicional.

Mientras la OEA celebra su asamblea en lujosos hoteles con Honduras como invitado especial, en el Bajo Aguán mueren asesinados 3 campesinos más, José Recinos, Genaro Acuesta y Joel Santa María, miembros del Movimiento Auténtico Reivindicador de Campesinos del Aguán.

Sin duda alguna, todos los gobiernos de “izquierda” y “derecha” que impulsaron el reintegro de Honduras a la OEA son cómplices de tanta sangre derramada en nuestro país.

Domingo sangriento en el Bajo Aguán

2011-06-06T16:39:00.001+02:00

José Recinos Aguilar, Joel Santamaría y Genaro Cuesta, campesinos asociados a la cooperativa San Esteban han sido asesinados cuando se conducían en un vehículo marca nissan a pocos metros de ese asentamiento, desconociéndose hasta este momento detalles de cómo ocurrió el atentado.

Militares, policías y guardias de seguridad protegían el lugar donde se encuentran los cadáveres impidiendo que sus compañeros campesinos pudieran llegar a ellos. Los cuerpos serán trasladados a la Ceiba para realizar la autopsia según informaron en la fiscalía de Trujillo.

Casi simultáneamente, fueron desalojados los campesinos que han tomado la finca San Isidro por guardias de seguridad de Miguel Facussé. Posteriormente entraron en las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA), en Sinaloa, y dispararon contra los campesinos, que se encuentran refugiados desde el invierno del año pasado en lo que se conoce como “casa de oro”, provocando heridas de gravedad en el abdomen a la campesina Doris Pérez Vásquez, a quien hubo que trasladar de emergencia a un hospital de la ciudad de La Ceiba.

Todas las personas consultadas por FIAN Honduras sobre los hechos violentos en la región del Bajo Aguán coinciden en que nunca ha sido tan fuerte la represión como la que actualmente están sufriendo los campesinos integrados a las organizaciones reivindicativas. No hay confianza en las autoridades y todos temen por su vida.

Los campesinos se sienten defraudados por el incumplimiento del convenio entre MUCA y el régimen, y el olvido de las promesas que el INA hizo a los campesinos de MARCA y MCA, de manera tal que las razones del conflicto agrario se mantienen inalterables desde el 13 de abril de 2010 con el agravante de que ahora hay más muertos, heridos y víctimas de otras violaciones.

El sentimiento de los campesinos es de total indefensión. FIAN Honduras ha reiterado que mientras no se resuelva el conflicto agrario se mantendrán los actos violentos en esa región y que la policía, muchas veces junto con el ejército, solo sirven para atemorizar a los pobladores y levantar información preliminar sobre los hechos violentos sin que se hagan públicos los resultados de las investigaciones a las que están obligados a realizar.

Tegucigalpa MDC 05 de junio de 2011 4:10 p.m.

FIAN Honduras

Honduras-OEA. Crítica de un retorno

2011-06-03T01:09:00.002+02:00

*Manuel Torres Calderón

Honduras está cerca de su reintegración a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la 41 Asamblea General que tendrá lugar del 5 al 7 de junio de 2011 en San Salvador. La anulación por parte de una corte hondureña de dos procesos jurídico-políticos por “abuso de poder” contra el derrocado ex presidente Manuel Zelaya Rosales y la firma del llamado Acuerdo de Cartagena allanan el camino de la readmisión. Según había declarado el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, la suspensión de esos juicios y una agenda de mediación pactada para el conflicto interno eran las principales condiciones a cumplir. Las pedían desde Washington hasta Buenos Aires. En un continente que se mantiene en un nivel constante de precariedad democrática no extraña que el estándar requerido para ser socio pleno de la OEA sea muy bajo.

Si se aplicaran con rigor los requisitos contenidos en la Carta Democrática Interamericana, la centenaria casona de la OEA en Washington estaría más desolada que un pueblo de Juan Rulfo. El artículo 3 de la Carta califica como “elementos esenciales” para formar parte activa del sistema interamericano el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. Demasiada carga democrática para las débiles espaldas latinoamericanas. ¿Quién tira la primera piedra?

En el caso de Honduras, la oposición política sostiene que el país no debe ser readmitido en tanto persista la violación a los derechos humanos y se mantenga la impunidad de los funcionarios públicos que ejecutaron o avalaron el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, incluyendo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General del Estado. Al menos eso es lo que afirmaba la resistencia antes de que su caudillo, Manuel Zelaya, firmara con Lobo el acuerdo de la reconciliación.

En efecto, a partir de la ruptura del orden constitucional se han cometido múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y a libertades fundamentales; muchas de ellas documentadas ante organismos de la propia OEA, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El período más intenso ocurrió bajo la dictadura (de siete meses) de Micheletti, pero persisten bajo la administración del presidente Porfirio Lobo, quien rechaza que haya una política de Estado en esa dirección. En efecto, no hay evidencia pública de que desde el gobierno se pretenda anular toda clase de oposición política al régimen pero son numerosos los casos que se anotan de opositores asesinados sin que se esclarezca la identidad de los responsables. Los hechos perfilan un círculo de complicidad que genera dudas razonables. Un ejemplo de la gravedad de la situación es el asesinato del comunicador social Nahún Palacios (14 marzo, 2010), quien era beneficiario de medidas cautelares dictadas por la CIDH el 24 de julio de 2009, lo cual no importó a sus ejecutores. El número de medidas cautelares irrespetadas en Honduras refleja la indefensión ciudadana y amerita la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos normativos.

Sin embargo, limpiar el expediente judicial de Zelaya es considerado mérito suficiente para calificar solvente al Estado hondureño de ser socio pleno de la OEA. Así lo sostienen Insulza y el departamento de Estado norteamericano. El metalenguaje en esa opinión es que el organismo hemisférico no tiene capacidad, ni interés real, de ponerse exigente con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de Honduras y de América Latina en su conjunto. Ello explica que, en esencia, se pueda reducir la vigencia de la Carta Democrática Interamericana a una sola y controversial condición: limpiar el expediente Zelaya y, con ello, diluir el efecto de un golpe que permanece impune.

En el limbo quedan otras dimensiones del caso hondureño, incluyendo hechos previos al golpe de Estado, como el deterioro de la credibilidad de los procesos electorales, el irrespeto constante a la separación de poderes, la militarización creciente, la corrupción desenfrenada de recursos públicos, la ausencia de justicia pronta y efectiva o la impunidad respecto a violaciones y abusos a los derechos humanos. Vale recordar que 95% de los homicidios cometidos en Honduras permanecen en la impunidad.

El punto es que cuando 33 de los 34 países representados en la OEA (la delegación hondureña se abstuvo de votar) le suspendieron su condición de miembro de ese organismo el 4 de julio de 2009), aplicaron el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en el cual se lee: “El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos”.

¿Cómo es que ahora, desde la Secretaría General de la OEA y desde la mediación que impulsan los gobiernos de Colombia y Venezuela, se asegura que la evaluación de los derechos humanos no califica como condicionalidad democrática? ¿Qué pasa con la CIDH y otros instrumentos ligados a la ciudadanía continental que guardan silencio? Desafortunadamente, la democracia ha estado siempre fuera de las preocupaciones reales de quienes aseguran velar por ella; eso explica que haya muchos expertos en la teoría de la democracia pero muy pocos en el terreno de su aplicación.

Podríamos sumar más argumentos sobre la precariedad democrática hondureña pero no es el caso ensañarse con un país pobre y ninguneado internacionalmente. El asunto es, más bien, plantear que en la OEA no son todos los que están y no están todos los que son. En realidad, mantener errante a Honduras y complicarle su retorno ya resultaba incómodo para todos. De hecho, a ningún gobierno le conviene poner en un listón alto las exigencias para ser certificado como "democrático". ¿Qué país se atreve a lanzar la primera piedra sin exponerse a darse con ella en los dientes? ¿México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú, Estados Unidos...? ¿Cuál?

Del caso hondureño resulta provocadora la demanda de un papel distinto de la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones a ese deterioro sistemático de la gobernabilidad democrática que se atestigua en América Latina, o, por lo menos, una actuación menos cínica cuando se dan estallidos tan violentos como el ocurrido en junio de 2009. Es evidente la incapacidad del sistema interamericano de prevenir las violaciones graves a su Carta Democrática. La pregunta es si hay que seguir conviviendo con esa realidad o si se puede intentar algo diferente.

El debate sobre la legitimidad y la eficiencia de la OEA y sus instrumentos continentales es añejo y aún se aguardan los cambios esperados. Periódicamente en ese organismo ha habido ciertas rebeliones internas pero la OEA se mantiene aferrada a una inercia burocrática de acuerdos y convenciones que evitan su desaparición, a condición de “vegetar” en el continente.

Quizá, para no dejar caer tan fuerte la mano de la crítica sobre un sistema interamericano declinante, hay que recordar que no se le puede pedir mucho, que con OEA o sin OEA no se puede hablar de una sola Améica sino que hay varias "Américas" y todas ellas con democracias débiles. Y que el principal problema no está dentro de la OEA sino fuera de ella, en el contexto mismo de los países miembros. Aún así, el manejo de la crisis hondureña pudo ser distinto, pero no lo fue, y con cada día que pasa aumenta la percepción de que se ha perdido una coyuntura extraordinaria para revitalizar al organismo hemisférico.

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*Periodista independiente, es corresponsal en Honduras de Radio Nederland (Holanda) y columnista de la Revista Envío. Ha sido corresponsal de la agencia española ACAN-EFE, Diario Excelsior de México, La Nación Internacional de Costa Rica, Noticias Aliadas de Perú, Inter Press Service, entre otros.

Fuente: www.raices.com.sv

Sólo justicia

2011-05-31T19:20:00.000+02:00

Desde la vaga redacción del punto 5 del Acuerdo de Cartagena relativo a los derechos humanos, pasando por el discurso ambiguo del ex presidente Zelaya, hasta las reacciones de la comunidad interamericana, con excepción de Ecuador, pareciera que los llamados a la reconciliación en Honduras significan pactar con el olvido y el “borrón y cuenta nueva”.

Si bien en un país tan polarizado es importante que el diálogo para la reconciliación esté presente en el debate nacional, él mismo no puede desarrollarse desconociendo que los responsables de los crímenes contra el pueblo hondureño siguen impunes y formando parte de las estructuras del Estado y del régimen actual.

Como lo señala el periodista Manuel Torres en una entrevista a Radio Nederland, los perdedores en este acuerdo son “la situación de los derechos humanos y las víctimas de la represión”, quienes “quedan a la espera infinita de justicia”.

No obstante, aunque para las víctimas estas negociaciones y llamados a la reconciliación que ignoran la impunidad de los victimarios parecen alargar su sufrimiento, desde distintas partes del mundo nos llegan noticias que alimentan la esperanza de que tarde o temprano los violadores a derechos humanos en Honduras van a ser juzgados implacablemente.

La primera buena noticia es que la Audiencia Nacional de España decretó la busca y captura internacional de 20 militares salvadoreños y su prisión sin fianza por el asesinato de los jesuitas de la Universidad Centro Americana “Simeón Cañas” en noviembre de 1989.

La segunda es que la justicia serbia ha confirmado que se cumplen las condiciones para que el ex general Ratko Mladic sea extraditado al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia para que sea juzgado por la masacre de 8.000 musulmanes de Srebrenica en julio de 1995.

Y finalmente, la justicia colombiana está cercando cada vez más al ex presidente Álvaro Uribe, cuyo mandato se caracterizó por el aumento de las desapariciones, desplazamientos forzados, asesinatos políticos, seguimientos y escuchas ilegales contra jueces, periodistas y opositores políticos, etc. Hasta el momento, ya son 14 los altos funcionarios de su Gobierno con investigaciones abiertas.

A veces la justicia tarda pero sólo hasta cuando llega es posible hablar de una verdadera reconciliación. Y haciendo eco de la frase acuñada por el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, durante décadas, “de los hechos y los hechores ni olvido ni perdón”… sólo justicia.

Pronunciamiento sobre el Acuerdo de Cartagena de Indias y la posible reincorporación del Estado de Honduras a la OEA

2011-05-31T16:41:00.000+02:00

30-05-11

Ante la firma del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras (en adelante Acuerdo de Cartagena de Indias o Acuerdo), las organizaciones de derechos humanos firmantes reconocemos que el mismo constituye un paso significativo que facilita el regreso del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales y sus colaboradores a Honduras, sienta las bases para la restitución de sus derechos políticos y constituye un paso significativo hacia una posible salida a la crisis política hondureña. No obstante, observamos con preocupación la omisión de los siguientes temas mínimos e indispensables cuya ausencia compromete la restitución del Estado de Derecho y la superación de las consecuencias más agudas del golpe de Estado en dicho país, por lo que rechazamos el reingreso incondicional de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA) si el mismo se basa únicamente en este Acuerdo.

Según han señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el contexto del golpe de Estado –y como resultado del mismo– ocurrieron innumerables violaciones a los derechos humanos que afectaron principalmente a personas que se manifestaron en contra de la citada ruptura. Sin embargo, el Acuerdo de Cartagena de Indias no reconoce estos hechos ni establece un mecanismo efectivo para su investigación, sanción y adecuada reparación. La referencia que se hace para que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos atienda las denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos resulta contraria al orden interno, ya que dicha institución no tiene competencia para tales efectos sino que correspondería al Ministerio Público y al Poder Judicial procesar estas denuncias. Así, el Acuerdo hace evidente la falta de reconocimiento de las graves vulneraciones a los derechos ocurridas en el contexto del golpe de Estado.

El Acuerdo no establece las bases ni expresa el compromiso para que las personas que participaron en la ruptura del orden constitucional –cometiendo graves violaciones a los derechos de las personas o actuando con aquiescencia frente a ellas– sean sometidas a una efectiva investigación y se les sancione conforme corresponda. En este sentido se mantienen en sus cargos todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. A su vez, como lo señaló en su oportunidad la CIDH, varios miembros de la cúpula militar que lideró el golpe de Estado se mantienen en la dirección de instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo. La rendición de cuentas de estas personas y el establecimiento de las responsabilidades que correspondan son condiciones mínimas para avanzar hacia la restitución del Estado de Derecho en Honduras. Como lo señaló la OACNUDH en su informe del mes de marzo de 2010, estos órganos fallaron en el cumplimiento de sus mandatos a costa de la protección de los derechos humanos y del respeto del Estado de Derecho.

Todo Estado está obligado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, lo que significa, como mínimo en el caso hondureño, la existencia de un sistema de tutela de garantías que funcione de manera diligente, independiente e imparcial ante violaciones de derechos humanos. Asimismo, Honduras debe emprender acciones concretas de combate a la impunidad, y cesar inmediatamente los actos de persecución y represión en contra de los sectores críticos al Gobierno, que actualmente se encuentran en una situación de indefensión.

Si bien comprendemos la importancia de que el Estado hondureño sea reintegrado a la OEA, el Acuerdo resulta insuficiente si no va de la mano de medidas que superen las condiciones que permitieron el golpe de Estado, y sin que al menos se defina un proceso debidamente supervisado por la comunidad internacional para investigar, enjuiciar a los violadores de los derechos humanos y a quienes han atentado en contra del Estado de Derecho, al tiempo que se reparen a las víctimas como consecuencia de su oposición al golpe de Estado y se tomen medidas concretas para fortalecer la democracia.

Como mínimo, la OEA debe retomar las recomendaciones dadas por la Comisión de Alto Nivel nombrada por esta institución en junio de 2010 y valorar los avances concretos que ha tomado el Estado hondureño para cumplir con ellas. En particular, esta Organización debe evaluar las acciones específicas de avance respecto de las siguientes recomendaciones relativas a los derechos humanos:

1. Las investigaciones para esclarecer los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos;

2. La adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, jueces/as que participaron en actividades contra el golpe de Estado;

3. La implementación efectiva de mecanismos de cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo; y

4. El cese a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del golpe de Estado, incluyendo las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; con las consecuentes depuraciones institucionales necesarias para garantizar la adecuada investigación y sanción de los responsables.

Por lo anterior, las organizaciones firmantes objetamos que la reincorporación de Honduras a la OEA se haga sobre la base única de un Acuerdo que, si bien es significativo, poseería omisiones en lo relativo al respeto a los derechos humanos y las garantías para un Estado de Derecho, así como en relación con la investigación, sanción y reparación de las violaciones ocurridas con ocasión y como consecuencias del golpe. Un reingreso incondicional en dichas circunstancias va en detrimento no sólo de la democracia hondureña, sino también de todas las democracias del continente americano.

30 de mayo de 2011

Abogados y Abogadas en Resistencia Zona Norte - Honduras

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) - Honduras

Asociación LGBT Arco Iris - Honduras

Centro de Derechos de Mujeres (CDM) - Honduras

Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) - Honduras

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - Ecuador

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)

Comité por la Libre Expresión (C-Libre) - Honduras

Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral - Honduras

Diakonia - Suecia

Equipo de Reflexión, Comunicación e Investigación de la Compañía de Jesús (ERIC) - Honduras

Fundación IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África) de España

Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla" - Honduras

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) - Honduras

Organización Fraternal Negra (OFRANEH) - Honduras

Solidaridad Mundial - Bélgica

Red Lésbica Cattrachas - Honduras

Rights Action

Enlaces relacionados:

Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras. Disponible en:

http://www.presidencia.gob.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=1388:acuerdo-en-cartagena-de-de-indias&catid=39:presidente&Itemid=92

Carta conjunta a los Embajadores de la OEA sobre el reintegro de Honduras éste órgano. Disponible en:

http://cejil.org/comunicados/preocupaciones-respecto-a-una-eventual-reincorporacion-de-honduras-a-la-oea

Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Derechos Humanos y Golpe de Estado en Honduras: Disponible en: http://www.cidh.oas.org/countryrep/Honduras09sp/Indice.htm

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009. Disponible en: http://cejil.org/sites/default/files/Informe%20ONU_marzo%202010.pdf

Libertad de expresión: Comunicación y violencia

2011-05-28T19:05:00.003+02:00

Por: Gustavo Cardoza*

Una de las enormes consecuencias del Golpe de Estado de junio de 2009, es el alto índice de violencia que abate a la sociedad hondureña. Con facilidad escuchamos, vemos y sentimos testimonios de asaltos, violaciones, extorsión y muerte a la orden del día en las colonias, barrios y aldeas de nuestro país. Y los medios de comunicación somos, en parte, los responsables de reproducir ese mundo de violencia y en muchos casos contribuimos a agrandar esa violencia “casi institucionalizada”. Aunque como periodistas y comunicadores no “podemos ocultar la realidad”, tenemos la responsabilidad de hacer un “tratamiento especial” al tema de la violencia.

No podemos convertirnos en repetidores y voceros de las pobres argumentaciones de los órganos de seguridad del país. Muchas veces caemos en el juego de ser como los pericos, repetimos lo que nos dicen los demás, tomamos las declaraciones de las autoridades como palabra santa, allí es dónde debemos actuar, investigar, ir más allá de los hechos meramente contados sin un contexto, debemos hacer de la nota roja, una fuente no de morbosidad, debemos tratar la temática de la violencia como una de la prioridades de la problemática de nuestra población.
Según cifras de la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), alrededor de 16 personas en Honduras mueren de manera violenta; casi cada hora y media un hondureño u hondureña es asesinada.
En la última década en Honduras (2000 – 2010) fueron asesinadas 36,036 personas.

Y esto convierte a las instancias encargadas de dar seguridad en Honduras en simples espectadores de una realidad que escapa de sus manos, o en el peor de los casos, muchos son directamente vinculados a esta cultura de la sospecha, de acusación constante, dicho de otra manera es en muchos casos, la policía, y sus dependencias, y las otras estructuras de seguridad las que se ven por la sociedad hondureñas como constructores de la criminalidad y violencia.

Siempre según cifras del CONADEH, 3,907 denuncias fueron presentadas en contra de miembros de la Policía Preventiva y 2,868 contra agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC). Como dirían nuestros sabios y sabias abuelas, “ponemos el queso para que lo cuiden los ratones”.

En el presupuesto anual de la república correspondiente al 2011 se destinarían a la secretaría de seguridad la cantidad, nada despreciable de 3,110 millones de lempiras. Y nos preguntamos: ¿tanto dinero para tan poca seguridad?, tanto ruido para tan pocas nueces. La población hondureña sigue indefensa, vulnerable ante tanta violencia. Como ejemplo uno de los sectores más golpeados desde la crisis social desatada por el Golpe de

Estado del 2009, es el sector del periodismo. Medios de comunicación amenazados, hostigados, con atentados en sus instalaciones y el personal de esos medios de comunicación; para citar algunos casos: “La Voz de Zacate Grande” en el sur del país y la radio garífuna “Faluma Bimetu” en la costeña aldea de Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida, son casos vivientes y en total impunidad. En lo que va desde el mencionado golpe de estado a la fecha son 13 los periodistas y comunicadores que han sido víctimas de la violencia, común, política y hasta estatal por la inoperancia en las investigaciones de estas muertes.

A continuación presentamos un recuento de las víctimas en el periodismo hondureño desde el 2009 al 2011. Según datos de archivo, de Radio Progreso y el ERIC-SJ estos son los periodistas y comunicadores hondureños asesinados:

2009

Gabriel Fino Noriega:
Asesinado el 02 de julio de 2009, ejecutado en la comunidad de San Juan Pueblo por hombres a bordo de un vehículo en marcha que le dispararon. Datos preliminares señalaban que el periodista había recibido amenazas previas por cubrir en radios locales las actividades de la resistencia popular organizada tras el Golpe de Estado y expresar su rechazo al mismo.

2010

Nicolás Asfura (18 de febrero):
El periodista, de 42 años, fue encontrado muerto en el apartamento que habitaba en la colonia Santa Bárbara de Tegucigalpa. Se había graduado como licenciado en Ciencias de la Comunicación en 1988 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Trabajó como periodista en canal 45, también se desempeñó como locutor en radios de Comayagüela y Tegucigalpa. Fue encontrado muerto el 18 de febrero.

Joseph Hernández Ochoa (1 de marzo):
El periodista de televisión, de 26 años, muere a tiros cuando iba en automóvil. También resultó herida su colega Karol Cabrera, quien culpó a seguidores del ex presidente Manuel Zelaya y ahora está exiliada en Canadá. Fue asesinado en la capital de Honduras, Tegucigalpa.

David Meza Montesinos (11 de marzo):
De 51 años muere acribillado en La Ceiba (Atlántico Hondureño), tercera ciudad más importante de Honduras. Era corresponsal del telenoticiario "Abriendo Brecha" del Canal 10, transmitido desde Tegucigalpa y laboraba para radios locales.

Nahúm Palacios Arteaga (14 de marzo):
Muerto a los 34 años de edad, asesinado en el municipio de Tocoa en el departamento de Colón, mientras se conducía en vehículo a su casa. Trabajaba para Canal 5 y radio Tocoa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido medidas de protección para él en 2009 luego de que recibiera amenazas de militares tras el golpe de Estado.

Bayardo Mairena y Manuel Juárez (26 de marzo):
El periodista (José Bayardo Mairena Ramírez), de 52 años, y su asistente (Manuel Juárez), de 54, son asesinados a tiros mientras viajaban en un vehículo cerca de Juticalpa, 200 km al este de Tegucigalpa. Mairena dirigía el programa "Así es Olancho" en radio Excélsior y trabajaba en el Canal RZ, Canal 4 y la radio "Súper 10".

Luis Chévez Hernández (11 de Abril):
Asesinado Luis Chévez Hernández locutor, de 23 años, en San Pedro Sula. Trabajaba en la radioemisora W105, una radio dirigida a una audiencia juvenil, con programación musical. Es asesinado junto a un familiar con quien se conducía. Apodado el “Huevo”.

Jorge Alberto Orellana (20 de abril):
El periodista conocido popularmente como “Georgino”, de 48 años, fue asesinado de un disparo al salir del canal de televisión donde trabajaba en San Pedro Sula, segunda ciudad más importante de Honduras. Conducía el programa "En vivo con Georgino". Laboró por muchos años para la cadena de televisión, Televicentro, empresa defensora del Golpe de Estado, pero dejó de laborar para esa institución antes de su muerte. Era catedrático de la carrera de periodismo de la UNAH en su campus en la capital industrial de Honduras.

Luis Arturo Mondragón (14 de junio):
Comunicador de 53 años de edad fue reportado muerto en el oriente de Honduras, fue asesinado a las 10 de la noche del 14 de junio en la comunidad de Santa Clara, en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, a unos 150 kilómetros de Tegucigalpa. Era director de noticias del Canal 19.

Israel días Zelaya (24 de agosto):
Conocido popularmente como “Chacatay”. Fue encontrado muerto en las plantaciones de caña de azúcar en Villanueva, Cortés, a 30 minutos de SPS. Laboró en el programa “Claro y Pelado” bajo la dirección del periodista Carlos Rodríguez Panting, en radio Internacional, Igual lo hizo, en el programa “Comentando la Noticia”, que dirige Jesús Vélez Banegas. Fue colaborador del programa televisivo “Tele-Diario” que dirige Gabriel García Ardón.

Henry Suazo (28 de diciembre):
Corresponsal de HRN, laboraba para la compañía Cable Visión del Atlántico (CVA), que tiene los canales 9 en Santa Ana y 29 en San Juan Pueblo, y era corresponsal Canal 6 de San Pedro Sula. Por dos años fue corresponsal de Radio Progreso. Fue asesinado en San Juan Pueblo, a 20 minutos de La Ceiba, Atlántida, en el norte del país.

2011

Héctor Francisco Medina Polanco (10 de mayo):
El comunicador social perdió la vida en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, víctima de tres disparos en la espalda que le infirieron supuestos sicarios a bordo de una motocicleta, cuando salía de su lugar de trabajo en el canal Omega Visión en Morazán, Yoro. Nació el 5 de marzo de 1974.

En este contexto dónde no sólo se cruzan datos y cifras, sino que también convergen realidades humanas, historias inconclusas, sueños declinados y violación a derechos humanos fundamentales, es dónde los periodistas, comunicadores y medios alternativos debemos defender nuestro derecho a la vida, a la libertad de prensa e información y la libertad de expresión como herramienta necesaria para el desarrollo de nuestro pueblo.

Como bien nos recuerda Monseñor Romero:

“Es lástima, hermanos, que en estas cosas tan graves de nuestro pueblo se quiera engañar al pueblo. Es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad” (Homilía 2 de abril de 1978).

Y como buen pastor nos indica cual es el camino que los medios de comunicación debemos seguir no importando nuestra poca cobertura o el alcance geográfico o de audiencia que tengamos:

“Si cuentan con todos los medios de comunicación, ¿qué estorbo puede hacer una emisora y un pequeño periódico? La justicia es nuestra fuerza, la verdad es lo que hace grande la pequeñez de nuestros medios” (Homilía 8 de octubre de 1978).
__________________
* Periodista de Radio Progreso.

Relatoría Especial deplora asesinato y atentado contra propietario y gerente de medios de comunicación en Honduras

2011-05-28T00:47:00.002+02:00

Washington D.C., 27 de mayo de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deplora el asesinato del propietario del canal 24, Luis Mendoza Cerrato, ocurrido en la localidad de Danlí el 19 de mayo, y el atentado contra la vida del gerente del periódico La Tribuna, Manuel Acosta Medina, acaecido el 23 de mayo en Tegucigalpa. La Relatoría Especial insta a las autoridades competentes hondureñas a realizar una investigación diligente, oportuna y exhaustiva y a no descartar la posibilidad de que los crímenes estén relacionados con el trabajo de las víctimas en medios de comunicación.

De acuerdo con la información recibida, al menos tres hombres encapuchados y fuertemente armados emboscaron a Luis Mendoza y le dispararon en varias ocasiones en la entrada del canal de televisión, al llegar a trabajar por la mañana. El empresario murió en el tiroteo mientras que dos mujeres y un niño que pasaban por el lugar fueron heridos. Los perpetradores huyeron en un vehículo que más tarde abandonaron e incendiaron. En el caso de Manuel Acosta, al salir del periódico su camioneta fue bloqueada por dos vehículos de los atacantes. Cuando el ejecutivo aceleró para escapar, los delincuentes dispararon y lo hirieron. Manuel Acosta pudo conducir hasta su casa donde su familia lo auxilió y llevó a un hospital.

Las autoridades competentes hondureñas investigan ambos hechos; sin embargo, aún se ignora el motivo de ambas agresiones. Momentos después del atentado contra Acosta, la Policía capturó a cinco sospechosos armados que viajaban en un vehículo similar al usado en el ataque.

Para la Relatoría Especial es imprescindible que el Estado hondureño demuestre con acciones concretas e investigaciones efectivas su compromiso en la lucha contra la impunidad y con la protección de los medios de comunicación y de los periodistas. Asimismo, la Relatoría Especial reitera su preocupación por la ausencia de avances significativos para esclarecer otros 11 asesinatos cometidos contra comunicadores desde 2009. En todos estos casos es urgente identificar a los responsables, juzgarlos y, en su caso, sancionarlos, así como garantizar la reparación adecuada de los familiares de las víctimas.

El noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/

Preocupaciones respecto a una eventual reincorporación de Honduras a la OEA

2011-05-27T23:09:00.001+02:00

Carta a los Embajadores ante la OEA
27-05-11

16 de mayo de 2010

Distinguidos embajadores

Misiones permanentes ante la

Organización de los Estados Americanos

Ref.: Reintegro de Honduras a la OEA

Sus Excelencias:

Reciban un cordial saludo de las organizaciones de derechos humanos que suscriben la presente misiva.

En esta ocasión nos dirigimos a ustedes para expresar nuestras preocupaciones respecto a una eventual reincorporación del Estado de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Según hemos conocido a través de los medios de comunicación, diversos representantes estatales se han pronunciado sobre la pertinencia de analizar la inmediata reincorporación de Honduras. Un elemento que podría haber sido clave en la evaluación política ha sido la anulación de los procesos judiciales pendientes en contra del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales.

Al respecto, y de manera preliminar, es importante aclarar que la decisión de las autoridades judiciales solamente implica una anulación de actuaciones por irregularidades procesales y no el archivo definitivo del proceso. Ello podría significar que el Ministerio Público puede presentar las mismas acusaciones en contra del ex Presidente en cuanto éste regrese a Honduras (siempre y cuando no hayan prescrito).

Amén de lo anterior, consideramos que en la evaluación sobre la pertinencia del reintegro de Honduras a la OEA debe primar el cumplimiento de los principios democráticos que son la razón de ser y deberían regir el actuar de la OEA, y en este sentido, son de especial importancia, entre otras, las resoluciones emitidas por este organismo en relación con la situación hondureña, al igual que las relativas a la misión auspiciada por la OEA.

Cabe recordar la condena del Golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009 lo que significó que la Asamblea General de esta Organización resolviera

Declarar que no se reconocerá ningún Gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional y reafirmar que los representantes designados por el Gobierno constitucional y legítimo del Presidente José Manuel Zelaya Rosales son los representantes del Estado de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos.

La ruptura del orden constitucional ocurrida en junio de 2009 fue apoyada desde las más altas jerarquías de instituciones claves en todo Estado de Derecho. Así, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional de la República, la Procuraduría General de la República y hasta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos avalaron o tuvieron una participación activa y determinante en la ejecución del golpe de Estado. Pese a ello, estas personas se mantienen en sus cargos, generando serias dudas respecto a la independencia e imparcialidad con que realizan sus funciones así como las garantías existentes para la vida en democracia.

Adicionalmente, aún cuando el ejército fue responsable de la ejecución del golpe, lejos de establecer las responsabilidades correspondientes, actualmente existen militares de alto rango que tuvieron una participación directa en el golpe que tienen cargos claves dentro del gobierno de Porfirio Lobo. Ello ha significado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exprese su preocupación en las Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010:

124. En este intento de normalización institucional, la CIDH observa con preocupación que altos mandos del Ejército o ex miembros del mismo contra quienes se han formulado denuncias por su participación en el Golpe de Estado estén ocupando la gerencia de dependencias públicas en el gobierno de Porfirio Lobo. Así, el General de División Venancio Cervantes es Director General de la Dirección de Migración y Extranjería (era Sub jefe del Estado Mayor Conjunto al momento del golpe de Estado); el General de Brigada Manuel Enrique Cáceres es Director de Aeronáutica Civil; el ex General Nelson Wily Mejía se halla a cargo de la Dirección de la Marina Mercante y el ex General Romeo Vásquez Velásquez es gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) (era Comandante en Jefe de las FFAA al momento del golpe de Estado)[1].

Por otra parte, en el contexto del golpe de Estado y como resultado del mismo ocurrieron innumerables violaciones a los derechos humanos que afectaron principalmente a las personas que se manifestaron en contra de la citada ruptura, en este sentido se limitó arbitraria y excesivamente la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad personal e inclusive numerosas personas perdieron sus vidas en virtud de su defensa de la democracia. No obstante, ninguna de estas violaciones ha sido efectivamente sancionada.

Ahora bien, en adición al mantenimiento de las estructuras que propiciaron y avalaron el Golpe de Estado y a la falta de respuesta relacionada con las violaciones de derechos humanos cometidas, es fundamental que, a la hora de valorar la posible reincorporación del Estado de Honduras al seno de la Organización, se valore como mínimo, el cumplimiento efectivo de las conclusiones y recomendaciones que realizó la Comisión de Alto Nivel nombrada por la Asamblea General para analizar la situación de Honduras.

Como es de su conocimiento, en el informe del 29 de julio de 2010, dicha Comisión señaló la importancia de observar avances concretos, entre otros, respecto a lo siguiente:

1. “… poner fin a los juicios iniciados durante el régimen de facto en contra del ex Presidente Zelaya y sus colaboradores, conforme a la legislación de Honduras. […]”

2. Las investigaciones para esclarecer los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos;

3. La adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, jueces que participaron en actividades contra el golpe de Estado;

4. La implementación efectiva de mecanismos de cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo; y

5. El cese a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, incluyendo las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Pese a ello, al día de hoy no se ha dado cumplimiento total a los anteriores puntos, es decir, no se han cumplido las condiciones mínimas establecidas por la OEA que justifiquen el levantamiento de la suspensión de dicho Estado en la Organización. Cualquier diálogo que se realice en el seno de la OEA para analizar la reincorporación de Honduras debe considerar, como mínimo, lo establecido por la citada Comisión.

Desde una perspectiva de derechos humanos y de defensa del derecho a la democracia, consideramos que la enmienda de los hechos ocurridos en el marco del golpe en Honduras no consiste únicamente en la restitución de los derechos de Manuel Zelaya —que por cierto deben ser reparados— sino en el restablecimiento del Estado de Derecho. Para ello, es fundamental que exista un sistema de tutela de garantías que funcione de manera diligente, independiente e imparcial; acciones concretas de combate a la impunidad, y el cese inmediato de los actos de persecución y represión en contra de los sectores críticos del gobierno.

Las valoraciones que se realicen respecto de Honduras no pueden obviar lasobligaciones internacionales en materia de derechos humanos que tiene ese Estado ni los pronunciamientos y recomendaciones que distintas instancias internacionales han emitido, particularmente la CIDH, la Oficina de la Alta Comisionada y el Consejo de Derechos Humanos en el marco del Examen Periódico Universal.

Sin duda alguna, esta discusión trasciende a la reincorporación de un Estado que irrespetó los principios básicos sobre los que se rige la Organización, sino que puede convertirse en un desafortunado precedente que avala una respuesta inadecuada a un golpe de Estado con consecuencias actuales para las democracias de las Américas. Por ello, consideramos que esta es una oportunidad histórica para que la OEA brinde una respuesta coherente con la garantía de los derechos amparados en la Carta Democrática Interamericana. Confiamos en que la misma no será desaprovechada.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra más alta consideración.

Asociación de Jueces por la Democracia - Honduras

Asociación para una vida mejor de las personas infectadas/afectadas por el VIH-SIDA en Honduras (APUVIMEH)

Centro de Derechos de Mujeres de Honduras (CDM)

Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) - Honduras

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)

Comité por la Libre Expresión C-LIBRE - Honduras

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) - Colombia

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) - Honduras

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Frente de Abogados y Abogadas en Resistencia - Zona Norte - Honduras

FIAN Internacional

GMB - Sindicato General de Gran Bretaña

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) - El Salvador

Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) - España

Organización Fraternal Negra (OFRANEH) - Honduras

Red Lésbica Cattrachas - Honduras

Solidaridad Mundial - Bélgica

ADDENDA A LA CARTA SOBRE EL REINTEGRO DE HONDURAS A LA OEA (FIRMAS RECIBIDAS AL 20 DE MAYO DE 2011):

Asociación LGBT Arco Iris - Honduras

Asociación Americana de Juristas (AAJ)

Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM) - El Salvador

Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) - Perú

Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM) - Guatemala

Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (PRO-BÚSQUEDA) – El Salvador

Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) - Honduras

Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias (CPTRT) - Honduras

Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS)

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) – Nicaragua

Centro para la Promoción de Derechos Humanos "Madeleine Lagadec" - El Salvador.

Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)

Colectivo de hondureños en resistencia del norte de California

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – Honduras

El Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos (CIIDH) - Guatemala

Foro de Mujeres por la Vida – Honduras

Friendship Office of the Americas

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) – El Salvador

Fundación Hermano Mercedes Ruiz (FUNDAHMER) – El Salvador

Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES) El Salvador

Hermanas de la Misericordia de las Américas - Equipo de Justicia

Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER) – El Salvador

Judges for Judges (Rechters voor Rechters) – The Netherlands

La Asociación Internacional por la Paz en Colombia y el Mundo (AIPAZCOMUN)

La Coordinación Ecuménica de la Iglesia de las y los pobres en El Salvador

(CEIPES)

Mesa Nacional Consejo Latinoamericano de Iglesias CLAI - Honduras

Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitacion Padilla" - Honduras

Movimiento de Profesionales y Técnicos Patria Exacta – El Salvador

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina “Oscar Romero” (SICSAL)

Cc. Señor José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA. Para su conocimiento.

Señor Santiago Canton, Secretario Ejecutivo de la CIDH. Para su conocimiento.

[1] CIDH. Doc. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, de 3 junio 2010, párr. 124.

Niños de secundaria vejados por policías que invaden Instituto

2011-05-25T16:44:00.001+02:00

Tegucigalpa. 25 mayo 2011. Un policía empuja la boca del cañón de su fusil contra la espalda de un niño estudiante de Secundaria, mientras lo inmoviliza con el pie, calzado con bota militar, a pesar de tenerlo ya rendido tumbado sobre el suelo, mostraron el martes varios canales de la televisión hondureña.

Un segundo policial se une a patear al detenido, al tiempo que contenía a uno de los estudiantes, quien también yacía retenido boca abajo sobre el terreno.

Mientras que el resto del grupo afuera del centro educativo, corría disperso por la calle para evitar ser golpeados por una veintena de policiales.

La vejación contra ambos niños, ocurrió cuando decenas de estudiantes del Instituto Técnico, “Luis Bográn”, fueron correteados, perseguidos y reprimidos con gases lacrimógenos disparados por policías durante una manifestación estudiantil.

Dos de los agentes que se metieron a las instalaciones del Instituto para perseguir a cuatro de los estudiantes, dos varones y dos niñas, los llevaron a un lugar apartado del edificio, dentro del Colegio, donde les quitaron las mochilas, los jalaban de las camisas y los tiraron al suelo.

Según denuncias los policías habrían disparado “bala viva”, como lo han hecho en varias ocasiones.

Algunos de los estudiantes se veían golpeados y, al menos uno, mostraba el rostro ensangrentado.

Las y los estudiantes protestaban por estar, desde hace varios días, sin profesor de español, ni de matemáticas, debido a que el régimen de Porfirio Lobo suspendió a 303 docentes en castigo por asistir – después de prohibírselos- a manifestaciones magisteriales que reclamaron varios derechos incumplidos y consignados en un acta de compromiso, firmada en agosto.

Al parecer, los alumnos y alumnas están preocupados porque no se graduarían en tiempo, de continuar sin docentes en las clases afectadas. Y como reacción, decidieron hacer una toma del Instituto, que extendieron hasta la calle de enfrente.

Se estima que unos catorce estudiantes habrían sido detenidos y trasladados a la Cuarta Subestación Policial de Comayagüela, y varios de sus familiares se desplazaron para conocer de su condición legal y estado de salud.

Habría sido detenido también un fotorreportero de un medio de comunicación escrita, que hacía su trabajo en el lugar, a quien le habrían confiscado su cámara, por un rato, denunció el propio periódico.

El hecho ha sido interpretado por algunos observadores como una reacción de descontento en ciertos sectores por el acuerdo para la reconciliación aceptado por Porfirio Lobo y promovido por el presidente en retorno, Manuel Zelaya.

Otras manifestaciones estudiantiles
Un colectivo de estudiantes del Instituto Abelardo Fortín también se movilizó, el martes, hasta la Plaza de Los Mártires -bautizada así por la Resistencia- para apoyar al grupo de docentes apostado allí en una huelga de hambre desde el cuatro de mayo, para exigir su reintegro sin ser castigados por reclamar sus derechos humanos civiles y laborales.

También, al menos un centenar de estudiantes del Instituto Central Vicente Cáceres, se manifestaron la semana pasada en una caminata contra la represión que sufren los docentes.

Porfirio Lobo ordenó suspender en forma temporal, hasta por seis meses, sin goce de sueldo, a 303 docentes, luego que estos participaron de manifestaciones sobre las que el régimen había anunciado les castigaría con recorte de sueldos, después que declaró “ilegal” una huelga magisterial.

Fuente: Diana Canales. Red Fian.

¿El golpe perfecto?

2011-05-25T04:46:00.001+02:00

El Acuerdo de Cartagena está firmado y el retorno de Honduras a la OEA es cuetión de tiempo. Todo está consumado.

Gracias a dicho acuerdo el ex presidente Zelaya retornará al país en los próximos días, sin embargo, muy poco se dice en los acuerdos firmados sobre los juicios pendientes sobre los ex funcionarios de su gobierno y de los más de 200 exiliados que huyeron del país para salvaguardar su vida e integridad.

Frente a estos hechos, cabe preguntarnos, ¿qué pasará con las víctimas de violaciones a derechos humanos?, ¿seguirán condenadas a mirar cómo sus victimarios campean a sus anchas cobijados bajo el manto de la impunidad?

¿Seguirán los miembros de la junta de comandantes manejando instituciones claves del Estado?, ¿seguirá el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el Fiscal General y los magistrados de la Corte Suprema al frente de todo el sistema de justicia, negánoles dignidad a las víctimas?

Mientras unos celebran de manera triunfal la firma del Acuerdo de Cartagena, las víctimas del golpe de Estado contemplan cómo sus derechos se diluyen en las letras de un nuevo pacto en el que su voz y su dignidad otra vez no han sido tomadas en cuenta.

Relatoría Especial condena asesinato de periodista en Guatemala

2011-05-25T04:30:00.001+02:00

COMUNICADO DE PRENSA
R48/11

Washington D.C., 24 de mayo de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el crimen cometido contra el periodista Yensi Ordóñez, quien apareció asesinado el 19 de mayo en el municipio de Nueva Concepción, departamento de Escuintla, Guatemala. La Relatoría Especial exhorta al Estado a investigar el asesinato de manera oportuna, diligente y exhaustiva, y solicita a las autoridades no descartar la posibilidad de que el crimen haya sido motivado por el ejercicio periodístico de la víctima.

De acuerdo con la información disponible, el cuerpo de Yensi Ordóñez fue encontrado dentro de su vehículo con heridas de arma blanca en su pecho y cuello. Según lo informado, el comunicador habría recibido recientemente amenazas por algunas de las coberturas que había realizado y también habría sido víctima de extorsiones.

El periodista, de 24 años, colaboraba con el noticiero local del Canal 14, donde también trabajó como conductor de programas musicales y de variedades. Además, Ordóñez era maestro en una escuela primaria en la localidad de El Reparo, en Nueva Concepción.

La Relatoría Especial exhorta a las autoridades guatemaltecas a impulsar las investigaciones que permitan aclarar el motivo del homicidio, juzgar y sancionar adecuadamente a los responsables, así como garantizar una justa reparación a los familiares de la víctima. Es fundamental que se adopten las medidas necesarias para impedir la repetición de estos hechos de violencia y contrarrestar su fuerte impacto en el derecho a la libertad de expresión de toda la sociedad.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/

Hombres fuertemente armados asesinan a propietario de Canal 24 en el oriente del país

2011-05-20T23:34:00.000+02:00

Alerta C-Libre
19 de Mayo del 2011

Tegucigalpa, Honduras. Hombres fuertemente armados que se conducían en un vehículo color verde tipo camioneta, asesinaron este día, a la 7:10 de la mañana, al empresario de las comunicaciones Luis Mendoza, propietario de la compañía de cable, Macrosistema y Canal 24 del municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, al oriente del país.

El hecho ocurrió a media cuadra del Canal 24, en las cercanías de la escuela Manuel Adalid Gamero de la ciudad de Danlí. “Luis Mendoza venía del municipio de El Paraíso, donde residía con su familia, y se dirigía a supervisar las labores diarias en el canal cuando fue interceptado por 4 hombres armados quienes le dispararon con armas de grueso calibre, informó para C-libre la comunicadora Reina Isabel Sandoval, de Canal 9 de esta ciudad.

El vehículo en el cual se trasportaban los sicarios de Luis Mendoza, fue encontrado incinerado, por la Policía Nacional, a la salida del municipio de San Matías, a dos kilómetros de Danlí. “Los motivos del asesinato del empresario de 35 años de edad y que también se dedicaba al negocio del café y los bienes raíces, se desconocen”, informó a C-Libre el periodista David Morga de Canal 9.

En el crimen resultaron heridos tres personas; un niño y dos adultos, quienes se encuentran, bajo atención médica, en el hospital regional Gabriela Alvarado. Comunicó a C-Libre, julio Gaítan, de la radio local Crisma.
_________________________________________________________________________
Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Esta alerta es distribuida a través de diversas redes nacionales, regionales e internacionales.
Para mayor información comunicarse al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), al correo electrónico a clibre@clibrehonduras.com, Para sus comentarios acerca de esta y otras alertas visita la pagina Web www.clibrehonduras.com

Honduras no reúne garantías suficientes para regresar a la OEA

2011-05-17T21:42:00.001+02:00

20 organizaciones se manifestaron contra la reincorporación de este Estado

San José, 16 de mayo del 2011. 20 organizaciones de derechos humanos han solicitado que se mantenga la suspensión de Honduras de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La recomendación se hizo por medio de una carta dirigida el día de hoy, 16 de mayo, a los 35 embajadores de las misiones permanentes de los países miembros de la OEA, en la cual se les recuerda que el Estado hondureño aún tiene serias deudas con la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y los derechos humanos.

La petición se emitió ante las manifestaciones de varios representantes estatales sobre la necesidad de analizar la inmediata reincorporación del Estado de Honduras.

Las organizaciones firmantes señalaron que la institucionalidad democrática hondureña continúa comprometida después de casi dos años del golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Así, por ejemplo, todavía se mantienen en sus cargos los altos funcionarios que apoyaron y/o avalaron la ruptura constitucional desde la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional de la República, la Procuraduría General de la República e, incluso, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este continuismo genera dudas con respecto a la independencia e imparcialidad de estos órganos del Estado.

En este mismo sentido, varios oficiales del Ejército implicados en la expulsión del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales fueron nombrados en la dirigencia de instituciones civiles durante el actual gobierno de Porfirio Lobo.

Las organizaciones denunciaron además que Honduras sigue teniendo graves fallas en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el Estado no ha investigado adecuadamente los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos ocurridos durante y después de la ruptura constitucional. Tampoco ha adoptado las medidas adecuadas para detener las amenazas y hostigamientos contra los defensores y defensoras, comunicadores, activistas y docentes, así como contra los jueces que se manifestaron contra el golpe de Estado.

Las organizaciones de la sociedad civil llamaron la atención sobre el hecho de que el Estado ni siquiera ha acatado adecuadamente las recomendaciones que realizó la Comisión de Alto Nivel nombrada en junio de 2010 por la propia Asamblea General de la OEA para analizar la situación del país.

Por ejemplo, aunque las autoridades judiciales han suspendido los juicios iniciados contra el ex Presidente Zelaya y sus colaboradores, esta medida no garantiza la anulación definitiva del proceso, por lo que las causas en contra del ex mandatario podrían ser reabiertas en el futuro.

Las organizaciones firmantes alertaron a los embajadores sobre el peligroso precedente que podría significar para la OEA la reincorporación de un Estado que, habiendo ocurrido un golpe de Estado, no ha respondido adecuadamente ante las exigencias democráticas presentadas en informes de órganos políticos y de monitoreo de los derechos humanos de la comunidad internacional.

“Esta es una oportunidad histórica para que la OEA brinde una respuesta coherente con la garantía de los derechos amparados en la Carta Democrática Interamericana. Confiamos en que la misma no será desaprovechada”, concluyeron.

Organizaciones firmantes:

- Asociación de Jueces por la Democracia - Honduras
- Asociación para una vida mejor de las personas infectadas/afectadas por el VIH-SIDA en Honduras (APUVIMEH)
- Centro de Derechos de Mujeres de Honduras (CDM)
- Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) - Honduras
- Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)
- Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)
- Comité por la Libre Expresión C-LIBRE – Honduras
- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) – Colombia
- Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) – Honduras
- Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
- Frente de Abogados y Abogadas en Resistencia - Zona Norte - Honduras
- FIAN Internacional
- GMB - Sindicato General de Gran Bretaña
- Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) - El Salvador
- Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) – España
- Organización Fraternal Negra (OFRANEH) – Honduras
- Red Lésbica Cattrachas – Honduras
- Solidaridad Mundial - Bélgica

La libertad de expresión bañada de sangre

2011-05-17T21:25:00.002+02:00

Una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre y por tanto, no puede llamarse democrática si no descansa sobre el ejercicio sin obstáculos del derecho a la libertad de expresión.

Pero la libertad de expresión no implica la sola existencia de medios de comunicación, sino el derecho de hablar o escribir, de utilizar los medios apropiados para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de personas, de tratar de comunicar a los otros nuestros propios puntos de vista y de conocer opiniones y noticias que nos afectan en nuestra vida cotidiana.

Todo lo anterior implica la democratización y la lucha contra el monopolio de los medios de comunicación, y la garantía de transmitir y recibir información y conocimiento sin temor a sufrir represalias por nuestras posiciones alrededor de los temas de interés nacional.

En Honduras, desde el golpe de Estado se ha profundizado la intolerancia contra las voces disidentes y más allá de las concepciones ideológicas y políticas de tales voces, los poderes institucionales y fácticos utilizan la violencia como herramienta para silenciar a aquellos que se atreven a cuestionar sus acciones.

Por tal razón, ante la serie de asesinatos cometidos contra comunicadores hondureños a cuya lista sangrienta se sumó Héctor Francisco Medina Polanco, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha exigido al Estado de Honduras investigar de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad y crear mecanismos de protección destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por su actividad periodística.

Una vez más el Estado de Honduras presidido por el régimen de Lobo Sosa le muestra al mundo su incapacidad para prevenir, investigar y sancionar estos crímenes y ratifica con los hechos que no ha cumplido ni una coma de sus compromisos en materia de derechos humanos.

Y mientras tanto, ante este nuevo crimen sólo recibimos el silencio de un ministerio de derechos humanos que hasta el momento sólo ha servido para limpiarle las manchas de sangre al régimen hondureño.

COMUNICADO

2011-05-14T20:10:00.000+02:00

En el marco de la celebración del día mundial de la libertad de prensa, el pasado 3 de mayo, nos dimos cita, en la ciudad de El Progreso, Yoro, radios comunitarias, populares y alternativas, para debatir sobre la libertad de expresión, la situación que rodea a los comunicadores y comunicadoras, y compartir experiencias y vivencias sobre nuestro quehacer comunicativo. Nosotras, instituciones radiales al servicio de las grandes mayorías de Honduras nos pronunciamos ante los últimos acontecimientos:

PRIMERO:

El 18 de abril del 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó al Estado Hondureño, medidas cautelares a favor del personal de la Radio La Voz de Zacate Grande, ubicada en el municipio de Amapala, en el sureño departamento de Valle. Por tal razón es de carácter urgente que el Estado de Honduras adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de los derechos a la libertad de Prensa y Expresión de este medio de comunicación, y el derecho a la vida de los comunicadores y comunicadoras de “la Zacate Grande”.

SEGUNDO:

Solicitamos al Estado Hondureño a través de las autoridades correspondientes que se adopten las medidas necesarias para que cese el hostigamiento, amenazas e intimidación por parte de sectores opositores en nuestra zona de cobertura. Esta solicitud es en virtud de los hechos ocurridos con radios como La Voz de Zacate Grande, La Voz Lenca de San Francisco, Lempira y La Esperanza, Guarajambala, radio Transparencia y la radio garífuna Faluma Bimetu.

TERCERO:

Condenamos el asesinato del periodista Héctor Francisco Medina Polanco, ocurrido el 10 de mayo de 2011, en el municipio de Morazán en el departamento de Yoro, a mano de sicarios. Nos solidarizamos con su familia y compañeros de labores en Omega Visión. Y exigimos a las autoridades una pronta investigación y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este hecho tan deplorable.

CUARTO:

Como radios comunitarias, populares y alternativas nos pronunciamos y entrelazamos nuestros esfuerzos para seguir en la lucha por la DEMOCRATIZACIÓN de la comunicación al servicio de las grandes mayorías en nuestro país. Anunciamos nuestro proceso para consolidarnos en un espacio nacional que tenga como fin último poner nuestras voces al servicio de la dignidad y las luchas de nuestra población hondureña.

Dado en la ciudad de El Progreso, Yoro. 12 de mayo de 2011

DECLARAMOS Y FIRMAMOS:

Radio Orquídea en Trujillo, Colón.

Radio La Voz del Aguán en Tocoa, Colón.

Radio Sonaguera en Sonaguera, Colón.

Radio Sin Fronteras en Arizona, Atlántida.

Radio Faluma Bimetu en Tela, Atlántida.

Radio Loyola/Boanerge en Yoro, Yoro.

Radio Progreso en El Progreso, Yoro.

Radio La Voz del PRO en Macuelizo, Santa Bárbara.

Radio Santa Rosa en Santa Rosa, Copán.

Radio Joconguera en Candelaria, Lempira.

Radio La Voz Lenca en San Francisco, Lempira)

Radio La Voz Lenca en La Esperanza, Intibucá

Radio Guarajambala en La Esperanza, Intibucá

Radio Coquimbó, Proyecto On Line, Tegucigalpa, Fco. Morazán.

Radio Revelación en Curaren, Fco. Morazán.

Radio Transparencia, Nacaome, Valle.

Radio Éxtasis en Langue, Valle.

Urgente. Asesinan periodista en Morazán, Yoro

2011-05-11T21:39:00.001+02:00

En Morazán, Yoro, Héctor Francisco Medina Polanco, de 35 años de edad, fue abatido a tiros cuando salía del noticiero estelar del Canal 9 Omega Visión, del que era Coordinador General.

Al finalizar la emisión del noticiero a las 7:00 de la noche ayer martes, Medina Polanco fue seguido por dos hombres a bordo de una motocicleta , quienes enfrente de su casa le dispararon tres veces por la espalda; un cuarto disparo le impactó un brazo. Fue atendido por parientes y vecinos, trasladado en una ambulancia al Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula, donde expiró aproximadamente a las 11:00 de la noche.

El periodista había recibido amenazas de muerte previas al ataque, las que había confiado a familiares y conocidos; era un crítico permanente de las actuaciones y omisiones de la Policía Nacional, de grupos privados de seguridad que custodian bienes de ganaderos pudientes de la zona, donde además operan bandas de narcotraficantes.

Uno de los hermanos de Héctor, el también periodista Carlos Medina Polanco, relató que la Policía Nacional en Morazán rehusó acompañar por seguridad la ambulancia hacia San Pedro Sula. El cadáver del periodista será entregado a su madre este mediodía en la Morgue del Ministerio Público y de inmediato trasladado a Morazán, donde será velado y sepultado.

Este es el 11 asesinato entre 2010 y 2011 cometido contra periodistas en Honduras, considerado junto a México el país más peligroso para ejercer esta profesión. En circunstancias similares, pero aún no investigadas por la dictadura militar que controla el Estado después del golpe de estado de junio 2009, los demás asesinatos permanecen en la impunidad.

Ignorando estos hechos, el señor Porfirio Lobo Sosa y su grupo aliado intentan reincorporar a Honduras a la Asamblea General de la OEA en junio próximo, invisibilizando las violaciones a los derechos humanos que califica con frecuencia de "acciones políticas de exportación de grupos que viven de eso".

Relatoría Especial condena dos crímenes contra periodistas en Brasil

2011-05-11T17:14:00.000+02:00

COMUNICADO DE PRENSA

R44/11

Washington D.C., 11 de mayo de 2011. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena los asesinatos de los periodistas brasileños, Valério Nascimento, propietario y reportero del periódico Panorama Geral, ocurrido el 3 de mayo en Río Claro, estado de Río de Janeiro, y de Luciano Leitão Pedrosa, quien trabajaba en TV Vitória y la Radio Metropolitana FM, muerto el 9 de abril en Vitória de Santo Antão, estado de Pernambuco. La Relatoría Especial reconoce la rápida intervención de la Policía para intentar esclarecer estos crímenes e insta a las autoridades a investigar a profundidad todos los indicios que permitan relacionar las muertes con el trabajo de los comunicadores.

De acuerdo con la información recibida, Valério Nascimento fue encontrado sin vida en la entrada de su casa, con varios impactos de bala. Recientemente el periodista había lanzado una nueva publicación y en la última edición divulgó una serie de presuntas irregularidades en la administración pública de la localidad de Bananal.

En el caso de la muerte de Luciano Leitão Pedrosa, en la noche del 9 de abril dos desconocidos habrían seguido al periodista hasta un restaurante en el cual fue asesinado. Según la información disponible, el comunicador era el presentador del programa "Ação e Cidadania" (Acción y Ciudadanía) en TV Vitória, cubría de manera cotidiana noticias policiales y era conocido por denunciar constantemente el accionar de las bandas criminales y cuestionar a las autoridades locales. Familiares manifestaron que el periodista recientemente había recibido varias amenazas de muerte.

La Relatoría Especial manifiesta su preocupación por el hecho de que dos comunicadores hayan muerto en Brasil en menos de un mes, por causas posiblemente relacionadas con su ejercicio profesional. Esta Oficina hace un llamado a las autoridades para que hagan todos los esfuerzos necesarios con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, procesarlos y, en su caso, sancionarlos, así como para otorgar una justa reparación a los familiares de las víctimas. Para la Relatoría Especial es imprescindible combatir la impunidad, si se quiere evitar que hechos de este tipo se repitan.

La Relatoría Especial recuerda al Estado que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/

Asesinan miembro del Movimiento Campesino del Aguan (MCA)

2011-05-10T19:10:00.004+02:00

Pablo Lemus 44 años (cinco hijos, casado) de la empresa campesina Brisas del Edén y perteneciente al MCA fue vilmente asesinado cuando se trasladaba hacia la comunidad Honduras Aguan.

Con un disparo en el pecho (calibre escopeta 12) le fue segada la vida a Lemus, aproximadamente el hecho sangriento sucedió entre las 7:30 am de hoy 10 de mayo 2011 curiosamente cuando hacen cambio de turno los guardias de seguridad del terrateniente Miguel Facusse, el hecho se realizo entre la comunidad de Honduras Aguan y Rio Claro (carretera hacia Trujillo, Colon).

El compañero Lemus tenía constantes amenazas por su participación activa en las luchas del movimiento campesino y el Frente Nacional de Resistencia (FNRP).

El asesinato de Pablo Lemus se da en un ambiente de constante persecución producto de la militarización de la zona.

CENCOPH
EMN

Derechos humanos y retorno a la OEA

2011-05-10T16:54:00.002+02:00

Los derechos humanos son los valores más importantes de una sociedad democrática ya que son la máxima manifestación de la dignidad humana.

Su promoción y protección debe ser uno de los objetivos primordiales de las políticas estatales, y los Gobiernos que quieran ser considerados legítimos deben poner todos sus recursos en lograr que la población pueda vivir libre tanto del temor de la miseria, del hambre, del analfabetismo y del empleo precario, como del temor de la violencia, de las torturas, de las detenciones ilegales, de la falta de acceso a la justicia y de la represión.

En este sentido, los derechos humanos son un componente esencial para legitimar o deslegitimar cualquier poder, por lo que no es extraño que aún un régimen deslegitimado como el de Lobo Sosa y señalado como violador de los derechos humanos, maneje un discurso de respeto a los mismos, establezca nuevas instituciones como la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y anule el procedimiento de los juicios contra el ex presidente Zelaya para dar una imagen pulcra ante la comunidad internacional y lograr su reincorporación a la OEA.

Sin embargo, como lo señala Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), eso no es suficiente para restablecer el Estado de Derecho pues lo que se requiere es la existencia de “un sistema de tutela de garantías que funcione de manera diligente, independiente e imparcial; un sistema en el que sean remplazados los funcionarios que participaron en el golpe de Estado. Por ello, la reintegración de Honduras a la OEA, más allá de pactos políticos entre grupos de poder nacionales o extranjeros, debe ser producto de un examen objetivo sobre el respeto a los principios del Estado de Derecho, los mismos que desafortunadamente siguen ausentes”.

Si la OEA reincorpora a Honduras ignorando la gravedad de la situación de los derechos humanos, perderá ante los pueblos de América la legitimidad de la que aún goza y más voces nos sumaremos a la famosa canción del cantautor cubano Carlos Puebla que dice: “Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa”.

CIDH ordena a Honduras proteger a excomisionado de Derechos Humanos

2011-05-09T18:08:00.000+02:00

La Comisión Interamericana determinó que Leo Valladares Lanza y su esposa corren un riesgo inminente
09-05-11

San José, 9 de mayo del 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado de Honduras, el pasado 26 de abril, adoptar medidas urgentes para proteger la vida y la integridad física de Leo Valladeres Lanza y su esposa Daysi Pineda Madrid. La solicitud de medidas cautelares fue realizada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Leo Valladares ha sido víctima de hostigamientos desde el mes de febrero pasado. El defensor de los derechos humanos y su esposa han recibido llamadas anónimas e intimidatorias a su casa. Asimismo, él fue amenazado públicamente desde una emisora oficial y ha sido vigilado desde vehículos estacionados en la vía pública. El 28 de marzo pasado, Valladares se percató de que sujetos desconocidos habían forzado la entrada a su oficina y revisaron sus archivos de trabajo.

Las amenazas contra el defensor de los derechos humanos empezaron después de que participó en un programa televisivo de difusión nacional en el que criticó la participación de las fuerzas armadas hondureñas en el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales. Asimismo, en esa ocasión objetó la incorporación posterior de varios oficiales del Ejército –involucrados en la expulsión de Zelaya– en altos puestos de instituciones civiles del Estado.

Leo Valladares ha sido un tenaz defensor de las garantías fundamentales en Honduras, país en el que ocupó el puesto de Comisionado Nacional de Derechos Humanos entre 1992 y el 2002. Actualmente es Director Ejecutivo de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa) y también trabaja en proyectos relacionados con el monitoreo del gasto público y de la corrupción en su país.

Además de garantizar la vida y la integridad física del defensor de los derechos humanos y de su esposa, la Comisión Interamericana ordenó al Estado adoptar “las medidas necesarias a fin de garantizar que el señor Leo Valladares continúe ejerciendo su actividad de defensa y promoción de los derechos humanos en condiciones de seguridad”. Asimismo, Honduras debe investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas disposiciones de protección en primer lugar.

Estos sucesos son una muestra del ambiente de riesgo en el que deben ejercer su labor los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras, cuya gravedad se ha intensificado a partir del golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009. Ante ese escenario adverso, la Comisión Interamericana ha emitido una diversidad de medidas cautelares que protegen a más de doscientas personas.

El COFADEH y CEJIL deploran los hostigamientos recibidos por Leo Valladares y su esposa Daysi Pineda y urgen al Estado hondureño a acatar sin demora las medidas cautelares dictadas por la CIDH.

Fuente: http://cejil.org/comunicados/cidh-ordena-a-honduras-proteger-a-excomisionado-de-derechos-humanos

Periodista es agredida por la policía nacional

2011-05-07T01:51:00.001+02:00

Alerta C-Libre
05 de Mayo de 2011

Tegucigalpa, Honduras. Silvia Ardón periodista de Radio Uno fue agredida
por la policía nacional mientras intentaba obtener los datos personales de
los manifestantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras, COPINH, detenidos en la primera estación policial
ubicada en el barrio El Centro de la Ciudad de San Pedro Sula, departamento
de Cortés, al norte del país.

El COPINH y el Frente Nacional de Resistencia FNRP, protestaban contra el
proyecto empresarial Honduras Abierta a los Negocios, cuando fueron
reprimidos brutalmente con bombas lacrimógenas y toletes, aseguró a
C-Libre la comunicadora.

Varios de los manifestantes fueron capturados y llevados a la primera
estación policial, a “donde yo y otros reporteros, entre ellos Uriel
Rodríguez y Noel Flores de Globo TV, nos apersonamos para conseguir los
datos personales de los detenidos y poder informar del hecho, pero cuando
íbamos entrando fuimos repelidos a empujones por los policías que allí se
encontraban, y no nos permitieron hacer nuestro trabajo periodístico,
porque cerraron la puerta”, Narró la afectada.

Según el Balance Libertad de Expresión 2011, elaborado por C-Libre, en los
primeros cuatro meses del año la represión por parte de los cuerpos de
seguridad del Estado hacia periodistas y comunicadores comunitarios en el
país, se ha incrementado considerablemente. Hasta la fecha se tienen
registradas 38 violaciones a la libertad expresión, que representan el 75
por ciento de los casos reportados el año pasado.

De continuar las protestas de los sectores populares contra el sistema de
injusticias que impera en el país, se percibe que los periodistas, en el
ejercicio de su labor, seguirán siendo blanco de los ataques inhumanos de
la policía, por lo que se insta al presidente Porfirio Lobo Sosa a instruir
a quien corresponda, el cese inmediato de tales hostigamientos
injustificados.
__________________________________________________________________
Fuente: El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), una coalición de
periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y
defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras
y es distribuida a través de diversas redes regionales. Para mayor
información comunicarse al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), al
correo electrónico clibre@clibrehonduras.com
Para sus comentarios acerca de esta y otras alertas, visite
www.clibrehonduras.com

Campesinos del Aguán rodeados y atacados por militares y policías Continúa la violencia indiscriminada

2011-05-06T01:18:00.002+02:00

Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
http://www.rel-uita.org/agricultura/palma_africana/campesinos_rodeados_y_atacados.htm

Un fuerte contingente de militares, polícías y guardias de seguridad del terrateniente y productor palmero René Morales, tiene cercado a más de 300 campesinos de la cooperativa La Trinidad, pertenenciente al Movimiento Auténtico Reivindicador de Campesinos del Aguán (MARCA). El pasado 30 de abril las familias campesinas recuperaron la tierra que reivindican como propia, y desde entonces han sufrido varios intentos de desalojo que hasta ahora dejaron un saldo de dos heridos.

“Hace 15 minutos que dejaron de disparar. Militares del XV° Batallón de Infanteria, policías y guardias de seguridad de René Morales nos atacaron a las 5 de la mañana e intentaron desalojarnos, pero no pudieron.

Nos dispararon con armas de grueso calibre y tenemos a dos compañeros heridos, uno de ellos es el campesino Antonio Rivas.

Nos mantienen cercados, y llevamos ya una semana sin poder salir de nuestra cooperativa. Se nos están acabando los alimentos y el agua, y en cualquier momento podrían volver a atacarnos”, explicó con mucha preocupación a Sirel el directivo del MARCA, Julián Hernández.

Hace más de 16 años, las cooperativas afiliadas al MARCA iniciaron una acción legal para recuperar las tierras que reivindican como propias y que, aseguran, les fueron usurpadas por el terrateniente y productor palmero nicaragüense René Morales.

Ante la ineficiencia -y en muchos casos la colusión con los terratenientes- del Poder Judicial, el pasado 30 de abril miembros del MARCA decidieron recuperar las tierras de la cooperativa La Trinidad, en la margen izquierda del río Aguán, Trujillo.

“Desde que recuperamos nuestras tierras nos han venido reprimiendo. El 1° de Mayo hubo un primer intento de desalojo violento. Nos atacaron disparando y desde entonces mantienen un cerco militar que no nos permite salir.

El acoso y los ataques han sido constantes, pero no tenemos alternativa. Estas tierras son nuestras y nos las arrebataron. Intentamos la vía judicial, pero han pasado 16 años y no hemos logrado nada, porque el Poder Judicial está al servicio del terrateniente René Morales.

La única solución -advirtió Hernández- es retomar lo que nos pertenece, y estamos dispuestos a quedarnos aquí. Mejor que nos maten defendiendo nuestras tierras que seguir sufriendo hambre y pobreza”, concluyó el directivo del MARCA.

Ante esta difícil situación, FIAN Honduras emitió un comunicado en el que condenó el operativo de la Policía y el Ejército por estar al servicio de los más grandes terratenientes de la región, y pidió la solidaridad de todas las organizaciones sociales, “para evitar que se sigan produciendo hechos violentos que terminan muchas veces con la vida de nuestros compañeros y sus familiares”.

Las inversiones no pueden estar por encima de los Derechos Humanos

2011-05-05T20:05:00.000+02:00

Ante el desarrollo del evento político-empresarial “Honduras is open for Bussines” el 05 y 06 de mayo del presente año, la Convergencia por los Derechos Humanos zona noroccidental se pronuncia en los siguientes términos:

PRIMERO: Reconocemos que el comercio y las inversiones es una herramienta fundamental para el desarrollo de las naciones, pero sólo si se realiza en un plano de igualdad real, si se toma en cuenta las condiciones de cada país y sobre todo, si se constituye en un medio para lograr el bienestar general mediante el respeto y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

SEGUNDO: Manifestamos nuestra preocupación en relación con este evento ya que representa la profundización de la aplicación del Programa Nacional de Promoción de Inversiones Honduras 2010-2014 que trae consigo un profundo proceso de reformas jurídicas e institucionales que debilita aún más la institucionalidad del Estado y pone en mayor precario las condiciones ambientales, sociales, económicas y laborales de millones de hondureños y hondureñas.

TERCERO: Denunciamos que en el marco de este programa, el régimen de Lobo Sosa ha establecido y adoptado una Visión de País y un Plan de Nación que sitúa los intereses de los inversionistas por encima de los intereses y derechos de la persona humana; legitima la privatización de bienes fundamentales como la educación y la salud pública; legaliza el despojo, la explotación y desnacionalización de nuestros recursos naturales; y criminaliza con mayor crudeza la protesta social pacífica que se opone a esta visión de desarrollo que prescinde de la dignidad humana.

CUARTO: Demandamos a los países desarrollados que asuman seriamente la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar que sus empresas que desarrollan o tienen relaciones económicas y comerciales con países empobrecidos como Honduras, respeten las normas internacionales de derechos humanos, sobre todo las relativas a los derechos económicos, sociales y culturales.

QUINTO: Exigimos al régimen de Lobo Sosa, a los organismos financieros internacionales y a las empresas involucradas en este proceso, evaluar seriamente su incompatibilidad con la obligación internacional de respeto y garantía de los derechos humanos pues su incumplimiento puede generar responsabilidad internacional del Estado y contravenir lo señalado por el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos Sociales y Culturales en el sentido de que “instituciones financieras internacionales, sobre todo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, deben prestar mayor atención a la protección [de los derechos humanos] influyendo en las políticas y acuerdos crediticios y las medidas internacionales adoptadas por esas instituciones”.

SEXTO: Ratificamos que no estamos en contra del desarrollo del país pero exigimos que el mismo tenga lugar en condiciones de respeto y garantía de los derechos humanos, y la dignidad humana, y que en caso de ejecutarse acciones que atenten contra ellos, tanto el Estado como las empresas son responsables y ambos tienen la obligación de corregirlas.

SÉPTIMO: Manifestamos nuestro compromiso de utilizar todas las herramientas políticas y legales que nos brinda el Sistema Interamericano de Derechos Humanos relativas al debido proceso, la transparencia, el monitoreo de los programas de desarrollo, los estudios de impacto ambiental, y la consulta y la participación de las comunidades en los proyectos de desarrollo y la explotación de recursos, con el objetivo de exigir que el Estado hondureño y los actores no estatales cumplan con la obligación de respetar las normas universales e interamericanas de derechos humanos.

Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Noroccidental

Dado en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los 05 días del mes de abril de 2011.

El circo de la justicia

2011-05-04T18:47:00.002+02:00

La ultraderecha del país, encarnada en la Unión Cívica Democrática, está de luto; los sectores afines al ex presidente Zelaya están de fiesta; y nuevamente, se ha ratificado que la institucionalidad democrática es sólo un concepto vacío de contenido para quienes detentan el poder político y que la justicia es un circo en el que los payasos que gobiernan las instituciones públicas son expertos en provocarnos impotencia, rabia, llanto y a veces risa.

Ahora el circo se ha trasladado a la Corte de Apelaciones en Tegucigalpa al anular los procesos incoados por el Ministerio Público contra Zelaya Rosales por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública, acusaciones que han sido “percibidas como políticamente motivadas” por la comunidad internacional, tal y como lo señaló en su informe la Comisión de Alto Nivel de la OEA.

Si bien es una buena noticia que a un ciudadano hondureño como Zelaya Rosales se le anularon unos procesos instruidos bajo un gobierno de facto, con el país militarizado y con instituciones colapsadas, la mala noticia es que se ratifica con crudeza que las instituciones del Estado y quienes las gobiernan, en vez de actuar bajo los preceptos constitucionales y del Estado democrático de derecho, lo hacen de acuerdo a lo que ordenan los clanes y las mafias disfrazadas de partidos políticos, empresarios y militares que realmente tienen el poder en el país.

A partir de ahora, el circo se traslada a la asamblea general de la OEA en donde el triángulo de Santos, Chávez y Lobo, que aparecen en la lista siniestra de violaciones a derechos humanos de la Comisión Interamericana, están allanando el camino para el reingreso de Honduras al organismo continental, aparentemente sin que el fin de la impunidad, el acceso a la justicia para miles de víctimas y el respeto irrestricto a los derechos humanos sea un tema esencial en las negociaciones políticas.

Esta nueva etapa del circo que nos brinda la clase política hondureña nos confirma la necesidad de una nueva institucionalidad y de una reforma total del Estado, que también incluye la generación de una nueva conciencia política ciudadana que permita romper con el bipartidismo, con el caudillismo y las prácticas autoritarias que caracterizan a la sociedad hondureña.

Día Mundial de la Libertad de Prensa

2011-05-03T16:38:00.001+02:00

La Directora General de la UNESCO hace un llamamiento para la protección de la libertad de expresión en todo el mundo

3 de mayo 2011 -- Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, 3 de mayo, la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, hizo un llamamiento a todos los gobiernos para mantener sus compromisos de protección y promoción de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, pilares básicos de toda sociedad democrática. Sobre los gobiernos de los países de Oriente Medio y el norte de África recae una responsabilidad especial para responder a las aspiraciones de sus pueblos, especialmente en lo que se refiere a libertad de expresión, un derecho humano básico reclamado ampliamente por los ciudadanos de Egipto y Túnez.La Directora General expresó también su profunda preocupación respecto a los continuos ataques contra los corresponsales de guerra y los enviados especiales que cubren los movimientos sociales en Oriente Medio y el norte de África.

“Observo con satisfacción los avances que se han producido en los últimos meses en relación con la libertad de expresión y el progresivo fin de las restricciones a la libertad de prensa en Egipto y Túnez” dijo la Directora General de la UNESCO. “Sin embargo, también pido a los gobiernos de la región que hagan más progresos para alcanzar las demandas de sus ciudadanos y permitan que puedan disfrutar plenamente del derecho humano básico de la libertad de expresión. La libertad de opinar y la libertar de escribir son precondiciones esenciales para la transición hacia la democracia y el buen gobierno”, añadió Bokova.

La Directora General también habló de su preocupación por la seguridad de los periodistas en la región en vista de las informaciones sobre los continuados ataques contra reporteros en Bahréin, Irak, Libia, Siria y Yemen. Bokova se mostró especialmente preocupada por los informes que hablan del arresto, desaparición, intimidación, amenazas y violencia física que han sufrido algunos de los periodistas que cubren las protestas antigubernamentales.

“Silenciar a los medios o intentar intimidarlos es un ataque inaceptable contra el derecho de los ciudadanos a ser informados”, dijo la Directora General. “Pido a todos los países del mundo que respeten el derecho a la libertad de expresión, tal y como establece el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el derecho a la libertad de información”.

Irina Bokova se comprometió también a mantener y reforzar la ayuda de la UNESCO a los países que deseen crear un entorno adecuado para unos medios de comunicación profesionales, libres e independientes; especialmente a la hora de redactar un marco constitucional y legislativo favorable a la práctica y los estándares democráticos.

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HREA - www.hrea.org

RELATORÍA ESPECIAL CONDENA EL ASESINATO DE UN REPORTERO GRAFICO EN EL SALVADOR

2011-05-02T19:48:00.001+02:00

R38/11

Washington D.C. 2 de mayo de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del reportero gráfico salvadoreño, Alfredo Hurtado, y solicita a las autoridades de ese Estado conducir una investigación exhaustiva que tome en cuenta la posibilidad de que el crimen haya sido motivado por el trabajo periodístico de la víctima.

De acuerdo con la información recibida, Alfredo Hurtado se dirigía a su trabajo la noche del lunes 25 de abril, cuando dos hombres armados subieron al autobús en el cual viajaba y le dispararon en varias ocasiones. Los asesinos no robaron ninguna pertenencia y habrían escapado hacia una localidad cercana donde operan grupos delictivos.

Según la información disponible, Hurtado trabajaba como camarógrafo nocturno del noticiero Teleprensa, del Canal 33, y tenía más de 20 años de experiencia. De manera cotidiana cubría hechos criminales e información acerca de violencia de pandillas. Las autoridades policiales salvadoreñas han sugerido diversas hipótesis como motivo del asesinato. Sin embargo, voceros de la empresa donde laboraba y organizaciones periodísticas salvadoreñas no descartan que el crimen pueda estar relacionado con las actividades profesionales del camarógrafo.

La Relatoría Especial exhorta a las autoridades salvadoreñas a impedir la impunidad de este crimen mediante el impulso decidido de las investigaciones que permitan aclarar el motivo del crimen y juzgar y sancionar adecuadamente a los responsables. El combate de la impunidad es un paso esencial para desincentivar la violencia y su impacto en derechos como la vida y la libertad de expresión.

La Relatoría Especial recuerda que, según el noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

Para más información acerca de la Relatoría Especial visite: http://www.cidh.oas.org/relatoria/

Visita Honduras Organización de Derechos Humanos de EEUU

2011-04-29T23:41:00.000+02:00

El 30 de abril el padre Roy Bourgeois, junto a una delegación de School of Americas Watch (SOAW), llegará a Honduras para conocer in situ la grave situación de derechos humanos que afecta a este país centroamericano.

La visita, que se extenderá hasta el 8 de mayo, contemplará reuniones con miembros de la resistencia, grupos de derechos humanos, maestros, sindicalistas, lideres religiosos y miembros del ex gobierno de Zelaya. Entre ellos, reuniran especialmente con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, COFADEH.

Los activistas de derechos humanos estarán en Tegucigalpa, el Bajo Aguán y Zacate Grande para conocer en terreno las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos que se siguen registrando en este país desde el golpe de estado de junio de 2009. Sólo este fin de semana dos dirigentes campesinos fueron hallados decapitados en el Bajo Aguán, informó el presidente de la Federación por el Derecho a la Alimentación (FIAN-Honduras), Gilberto Ríos.

La delegación SOAW también contempla una visita a la base militar de Estados Unidos en Palmerola cuestionada por haber ayudado en el golpe de estado del 2009.

El sacerdote católico, Roy Bourgeois, fundador de SOAW, estará acompañado, entre otros, por la Coordinadora para América Latina de la organización, la socióloga, Lisa Sullivan. Juntos han visitado 18 países de la región haciendo conciencia en los gobiernos de lo nefasto que es seguir enviando militares latinoamericanos a la academia militar conocida como Escuela de las Américas.

Recordemos que el ex Jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, Romeo Vásquez y el Jefe de la Fuerza Aérea, General Luis Prince Suazo, fueron quienes encabezaron el Golpe Militar de Honduras en junio de 2009, ambos fueron graduados de la Escuela de las Américas en cuya academia militar se descubrieron en 1996 manuales de tortura como parte del entrenamiento.

Según los registros públicos entregados por el mismo gobierno de Estados Unidos hasta el año 2004 Honduras había enviado a este centro militar a 3566 militares. Un documento del Pentágono, de mayo del 2010, señala que ese año fueron 73 nuevos militares hondureños a recibir instrucción allí.

La Escuela de Asesinos

La Escuela de las Americas fue fundada en 1946 por el Ejército de los Estados Unidos y durante casi cuatro décadas funcionó en el Canal de Panamá. En 1984 fue expulsada de este país por el ex Presidente Jorge Illueca quien afirmó que esta academia militar era la más grande base militar para la desestabilización de América Latina. Desde entonces opera en el Estado de Georgia, en el Fuerte Benning, Estados Unidos.

Amnistía Internacional ha expresado que este instituto militar debe ser cerrado mientras no se investiguen las violaciones a los derechos humanos que cometieron sus graduados en la mayoría de los países de America Latina.

Hasta el momento SOAW ha logrado que Venezuela, Argentina, Bolivia y Uruguay retiren sus tropas de esta polémica institución militar hoy rebautizada con el nombre de Instituto de Cooperación y Seguridad de Hemisferio Occidental (Whinsec, su nombre en ingles).

www.soawlatina.org

Advertencia sobre las reformas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

2011-04-29T23:36:00.000+02:00

Comunicado de prensa - Amnistía Internacional
28 abril 2011

Los dirigentes europeos deben proteger la independencia y la integridad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, después de una conferencia intergubernamental celebrada para examinar las reformas propuestas para el Tribunal.

“El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque se enfrenta al desafío de una carga cada vez mayor de casos, sigue siendo la joya de la corona del sistema de protección de los derechos humanos en Europa”, ha manifestado Avner Gidron, asesor general de Política de Amnistía Internacional.

“Los Estados no deben permitir que se utilice el actual proceso de revisión del Tribunal para abordar quejas contra aspectos específicos de las resoluciones del Tribunal.”

Los representantes gubernamentales de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa se reunieron esta semana en Esmirna, Turquía, para debatir el futuro del Tribunal, y plantearon cambios potencialmente perjudiciales, como imponer un sistema de depósito para presentar una demanda o establecer criterios de admisibilidad.

“Debe mantenerse el acceso de las personas al Tribunal, no obstaculizarlo forzando a los demandantes a pagar para que se examinen sus casos de derechos humanos, o añadir nuevos criterios de admisibilidad”, ha manifestado Avner Gidron.

“La restricción del acceso de las personas al Tribunal sería una medida sin precedentes y poco acertada, que amenaza con minar la protección de los derechos humanos en Europa. Los depósitos económicos constituirían una barrera adicional a la justicia, insuperable para algunas personas, a las que podría privar del remedio por violaciones graves.”

Amnistía Internacional es una de las aproximadamente 270 ONG de Europa que han firmado una petición oponiéndose a la imposición de depósitos.

“Se necesitan medidas para garantizar la efectividad a largo plazo del Tribunal. Sin embargo, sería un error tratar los derechos de quienes acuden directamente al Tribunal como la causa de los problemas a los que este órgano se enfrenta, cuando precisamente esos derechos son la razón de su existencia”, ha manifestado Avner Gidron.

El Tribunal se creó en 1959 para hacer cumplir, mediante resoluciones vinculantes, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que los 47 Estados miembros del Consejo de Europa están obligados a respetar.

Desde su establecimiento, el Tribunal ha dictado más de 11.000 resoluciones en las que determinaba que los Estados habían incumplido las obligaciones contraídas en virtud del Convenio.

Learn more about the European Court of Human Rights in HREA's self-directed e-course Human Rights in Europe
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HREA - www.hrea.org

Human Rights Education Associates (HREA) se dedica a la educación y el entrenamiento de calidad con el fin de promover el conocimiento, las actitudes y las acciones para proteger los derechos humanos y de fomentar el desarrollo de comunidades justas, libres y pacíficas.

Relatoría Especial condena la muerte violenta de un periodista en Bolivia

2011-04-29T00:13:00.002+02:00

R36/11

Washington D.C., 28 de abril de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la muerte violenta del periodista David Niño de Guzmán y considera de la mayor importancia la orden impartida por el gobierno del presidente Evo Morales, para investigar de manera inmediata las circunstancias del deceso. La Relatoría Especial encuentra fundamental que las autoridades emprendan investigaciones exhaustivas y diligentes con el fin de impedir la impunidad de esta muerte, esclarecer sus móviles, reparar a los familiares del comunicador y evitar la repetición de este tipo de hechos de violencia extrema.

De acuerdo con la información recibida, David Niño de Guzmán había desaparecido desde la noche del martes 19 de abril, cuando salió de su apartamento tras recibir una llamada telefónica, y apareció muerto el jueves 21 de abril, en el lecho de un río en La Paz, destrozado por una carga explosiva. Las autoridades todavía desconocen la razón del fallecimiento e investigan varias hipótesis. La Relatoría Especial solicita a los investigadores no descartar la posibilidad de que las causas de la muerte se originen en el ejercicio profesional del periodismo.

David Niño, de 42 años, era el Jefe de Prensa de la Agencia de Noticias Fides, un medio de comunicación de la Iglesia Católica en Bolivia. Durante más de 15 años había trabajado con diversos medios de comunicación bolivianos, como Presencia, Última Hora, La Razón y El Diario.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión señala que el “asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”. En efecto, hechos de esta naturaleza no solo lesionan los derechos humanos de las víctimas sino que generaran un gravísimo efecto intimidatorio que afecta severamente el derecho a la libertad de expresión.

Para más información acerca de la Relatoría Especial visite : http://www.cidh.oas.org/relatoria/

Conjeturas con dosis de realidad

2011-04-26T19:25:00.002+02:00

Desde que fue creada la Comisión de la Verdad por parte del régimen de Lobo Sosa, nuestra posición ha sido crítica respecto a su legitimidad ya que en vez de ser establecida a partir de amplias consultas con la sociedad hondureña y con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, fue implementada de manera hermética, a prisa y sin reunir todas las garantías de independencia y autonomía.

También hemos señalado nuestra preocupación con respecto a la posibilidad de que el informe elaborado por esta Comisión sirva para justificar el golpe de Estado, lavar la imagen de los altos responsables del mismo en tanto se vieron obligados por las circunstancias a ejecutarlo y legitimar al régimen frente a la comunidad internacional.

Estas conjeturas adquieren dosis de realismo cada vez que la información sobre el informe se empieza a filtrar.

Así, el 15 de marzo de este año, Eduardo Stein, coordinador de la Comisión de la Verdad, dio una entrevista a Radio Nederland en la que adelanta que los liderazgos más extremos del país, tanto conservadores como otros sectores radicales, van a quedar disgustados con el contenido del informe, ya que “varios de los elementos que intervinieron en esta crisis no son responsabilidad de una sola persona; no son responsabilidad de un solo grupo”.

Asimismo, Stein asegura que Porfirio Lobo ha hecho esfuerzos por mostrar la invalidez del procedimiento en los juicios contra el ex presidente Zelaya y “que eso daría paso al retorno de Honduras al seno de la OEA”.

En toda la entrevista, Stein ni siquiera menciona la cuestión de la impunidad y de las graves violaciones a los derechos humanos. Habla de la importancia de conocer la verdad pero ni siquiera insinúa que el informe será un instrumento para que las víctimas puedan obtener justicia.

Con estos pocos datos, las conjeturas que hemos venido señalando respecto de este informe adquieren mayor relevancia y la información que se filtra poco a poco en los medios de comunicación parece confirmar lo que hemos venido denunciando: Que la Comisión de la Verdad y Reconciliación se constituirá en una instancia experta en lavar impecablemente el primer golpe de Estado exitoso de nuestro continente en el siglo XXI.

Dos campesinos de MUCA fueron asesinados

2011-04-25T06:44:00.000+02:00

Los cuerpos sin vida de Tarin Daniel García Enamorado, de 26 años y tres hijos -encontrado sin cabeza-, y su suegro el señor Carlos Alberto Acosta Canales, con 5 hijos, con las manos atadas, los dos campesinos miembros del Movimiento Auténtico Campesino del Aguán (MUCA) fueron encontrados en Ocotes Altos, margen izquierda del Río Aguán, en el municipio de Trujillo.

Tarin Daniel era socio de la empresa Productores de Colón, una de las cuatro que conforman el asentamiento La Concepción.

De acuerdo a versiones de la esposa de uno de los victimados, ellos habían salido a pescar el día jueves 14 de abril a las 3 p.m. con el compromiso del volver al día siguiente. Como no regresaron el día convenido sus familiares y amigos optaron por comunicarse con la policía de Tocoa, Trujillo y La Ceiba para buscar información, pero fue hasta ayer 19 de abril que encontraron los cadáveres.

Hay versiones de vecinos del lugar que señalan que las víctimas habían sido capturadas por guardias de seguridad de Reynaldo Canales y René Morales precisamente a la altura de los terrenos de estos empresarios que colindan con el Río Aguán.

Pobladores y campesinos integrados en las cooperativas campesinas de la región expresan que viven en un estado de permanente zozobra, con temor de perder la vida, porque son muchos los muertos y mutilados que se producen de los cuales no se lleva cuenta precisa porque algunos de estos hechos no son siquiera denunciados por los medios de comunicación.

Hoy mismo denuncian campesinos de la cooperativa La Confianza que han sido perseguidos cuando habían retirado dinero de un banco por tres automóviles marca Toyota 3.0., colores blanco, crema y gris. Mario Mejía, campesino de otro asentamiento, fue perseguido, el 14 de este mes cuando había retirado dinero, por tres automóviles de similares colores, desde donde le dispararon y una de las balas impactó en uno de sus tobillos. Los denunciantes no creen que tales acciones correspondan a la delincuencia común sino más bien a acciones de intimidación de parte de los terratenientes con los que se mantienen enfrentados.

FIAN Internacional Sección Honduras expresa su indignación por la impunidad que prevalece en todo el país y con especial dramatismo en el Bajo Aguán luego de iniciados los conflictos agrarios que son de conocimiento público nacional y en el ámbito internacional.

Tegucigalpa MDC 20 de abril de 2011-04-20

FIAN Internacional
Sección Honduras

Negociaciones y lista siniestra de los derechos humanos

2011-04-19T23:26:00.001+02:00

Mientras en Cartagena y en Caracas se toman importantes decisiones respecto del futuro de Honduras, nuevamente las negociaciones se hacen de forma hermética, a espaldas del pueblo y aparentemente sin darle la debida importancia al tema de los derechos humanos.

Pareciera que quienes negocian el retorno de Honduras a la OEA han limitado los condicionamientos al régimen de Lobo Sosa únicamente al regreso incondicional y seguro del ex presidente Zelaya Rosales, relegando a un segundo plano uno de los temas cruciales para salir de la crisis política generada por el golpe de Estado: El fin de las violaciones a los derechos humanos y de la impunidad.

Curiosamente, los Estados participantes en este diálogo son Colombia, Venezuela y Honduras, quienes junto a Cuba, forman parte de una lista siniestra publicada en el Informe Anual 2010 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que sus prácticas en materia de derechos humanos generan especial preocupación para la comunidad internacional.

Respecto de Colombia, el informe anual establece que los grupos armados ilegales continúan involucrados en la comisión de crímenes; con respecto a Venezuela el informe plantea la situación de la libertad de pensamiento y expresión, la falta de independencia del poder judicial y la situación de violencia en las cárceles.

En relación con Honduras, el informe señala una serie de asuntos estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación que han afectado durante décadas los derechos humanos, y que se agudizaron a partir del golpe de Estado. El informe denuncia asesinatos, hostigamientos y amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos y otros líderes sociales, hostigamiento y persecución contra jueces y magistrados, violaciones al derecho a la libertad de expresión, entre otros.

Bajo este escenario y con estos actores, no sería extraño que los derechos humanos sean sacrificados en el altar de las negociaciones políticas; no obstante, informes como el de la Comisión Interamericana sirven para denunciar la falta de legitimidad de aquellas acciones, acuerdos y decisiones que no tengan como base, el respeto de la dignidad humana, en particular, de la dignidad de las víctimas.

Las radios comunitarias siguen siendo presas de grandes dificultades por el simple hecho de existir

2011-04-13T16:58:00.001+02:00

Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa
13 de abril de 2011
HONDURAS

La casa de Teresa Reyes y Alfredo López, director de Radio Faluma Bimetu (Radio Coco Dulce), originaria de la comunidad afro-caribeña garífuna ubicada en Triunfo de la Cruz, fue incendiada por desconocidos el 7 de abril de 2011 a media noche.

Este incendio se suma a la larga lista de agresiones cometidas contra Radio Coco Dulce y sus miembros. Los ataques contra esta radio comunitaria se han vuelto frecuentes desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Las agresiones se acentuaron a inicios del año 2010, cuando un grupo de individuos saqueó e incendió las instalaciones de la radiodifusora. A falta de una verdadera investigación, estos crímenes permanecen en la impunidad (ver: http://es.rsf.org/honduras-saqueo-de-una-radio-comunitaria-en-07-01-2010,35965.html).

Reporteros sin Fronteras y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias - América Latina y el Caribe (AMARC-ALC) reiteran su llamado a las autoridades hondureñas para que investiguen lo más rápido posible las recientes agresiones cometidas contra los miembros de la radio. La comunidad internacional debe pedir a Honduras que proteja los derechos fundamentales de sus ciudadanos, en este caso, el derecho de la libertad de expresión de esta radio comunitaria.

El calvario de Radio Coco Dulce se reanudó durante las elecciones locales de enero de 2011, tras las cuales los miembros de la estación fueron víctimas de procesos penales injustificados y de amenazas. Esto, pese a que varios de ellos deberían haber gozado de medidas de protección, como lo ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2006. Estas medidas nunca fueron aplicadas por las autoridades hondureñas (ver: http://www.cidh.org/annualrep/2006sp/Honduras906.03sp.htmet, http://www.cidh.org/annualrep/2007sp/Honduras1118.03sp.htm, y www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/HOAD1119-03ES.doc).

Radio Coco Dulce es conocida por defender los derechos de la comunidad Triunfo de la Cruz, especialmente su derecho a la tierra, ante los riesgos de expropiación que enfrenta por los importantes proyectos turísticos emprendidos por un grupo de políticos y empresarios locales.

Las constantes agresiones a los miembros de la Radio Coco Dulce y la situación de impunidad que prevalece, constituyen una grave violación al derecho de expresión de la comunidad Triunfo de la Cruz y no hacen sino demostrar la intención de los poderes públicos de hacerla callar.

Triste aniversario de la Voz Zacate Grande

Es en este clima de tensión creciente que la radio La Voz de Zacate Grande se prepara para celebrar su primer aniversario, este jueves 14 de abril.

Hace una semana, el tribunal de Amapala ordenó el arresto de ocho dirigentes de la organización campesina ADEPZA, La Voz de Zacate Grande es su medio de comunicación. Varios colaboradores de la radio se vieron afectados por esta medida. Las acusaciones, que datan de hace varios meses, tienen que ver directamente con la persecución de sus actividades.

Al parecer, las autoridades son reticentes a efectuar las detenciones en la comunidad por temor a las manifestaciones de la población en apoyo a los colaboradores de la radio. Estos, corren el riesgo de ser detenidos cada vez que salen de la comunidad, especialmente cuando acuden al tribunal, donde están obligados a presentarse cada quince días.

La celebración del primer aniversario de la radio dará lugar a un encuentro de radios comunitarias de todas las regiones de Honduras. Así, participarán en él representantes de la Radio Coco Dulce, de la organización garífuna OFRANEH, que opera en la comunidad Triunfo de la Cruz.

Reporteros sin Fronteras y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe (AMARC-ALC), exigimos a las autoridades en Honduras la terminación de las acciones de hostigamiento y el respeto al ejercicio de la libertad de expresión de las emisoras comunitarias, así como la exigencia de que existan medidas de seguridad para que la Asamblea de AMARC pueda llevarse a cabo este próximo 14 de abril.

¿Hacia dónde apunta el informe de la Comisión de la Verdad? Mis propias conjeturas

2011-04-12T23:51:00.002+02:00

Por Padre Melo.

Cuentan que la oficial Comisión de la Verdad y Reconciliación hará público su informe el próximo mes de mayo. A estas alturas y sin el texto a mano, los rumores van y vienen. Y uno tiene derecho a hacer sus propias conjeturas.

Un rumor de mucho peso: la Comisión oficial de la Verdad inevitablemente concluirá confirmando que lo ocurrido el 28 de junio del 2009 fue una acción que rompió el orden constitucional, y sin duda destacaría que lo indefendible del hecho fue la captura y expulsión del país del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales. En este caso, el dedo señalará a quienes propiciaron y permitieron esa acción violenta que no encontraría argumento alguno en la legislación hondureña ni en los tratados y convenios internacionales.

Por la torpeza de la acción, la Comisión de la Verdad no tendría ningún otro camino que condenar el hecho, y aún en contra de la voluntad, al menos de algunos de sus comisionados, el informe dejaría a los sectores de la extrema derecha hondureña como confabuladores de un golpe de Estado. El asunto nodal del informe se podría perfilar en cómo incursionar en todos los vericuetos de la política y la vida en general de Honduras para dar carta de ciudadanía a lo que de hecho ya es un legitimado e irreversible golpe de Estado. Y en eso es en lo que podría reducirse el quid del informe de los verídicos comisionados oficiales.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha dicho que su informe se basará en lo que ocurrió antes, durante y después del 28 de junio. Para lograr su propósito, el informe pondría su peso en el “antes” del 28, que es justamente lo que más interesa a la Comisión de la Verdad, puesto que de lo que se trataría es de dar un espaldarazo a lo se hace y ocurre en la actual administración pública de Lobo Sosa. Digamos que lo del 28 de junio recibe una condena y un severo regaño a quienes lo ejecutaron. Pero lo que más interesa no es tanto el “durante”, sino el “antes” porque con el mismo se buscaría explicar incluso cualquier exceso de fuerza ejercida el día 28 de junio.

Qué significa esto: que todo el “antes” vendría a argumentar que el peso mayor de la responsabilidad del “durante” recae en la administración de Zelaya Rosales quien llegó incluso a violentar la ley, y que en determinado momento actuó al margen de la misma. Es cierto que el informe buscaría contextualizar sobre la base de la debilidad institucional del Estado y la democracia hondureña, con alguno que otro documento que recoja datos, cifras y valoraciones desde los años ochenta a la fecha. Pero lo que se buscaría con todo ello es que ese “antes” deje bien establecida las razones para exonerar de sus altas responsabilidades a quienes dieron el golpe de Estado, y dejar mucho más hundidos en la arbitrariedad y la ilegalidad a aquellos en contra de los cuales se efectuó el violento acto inconstitucional.

Tanto el “antes” como el “durante” buscarían un propósito fundamental: dar legitimidad al “después”, que significa un pleno reconocimiento al gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Para ello, el “después” habría de incluir la legitimidad de las elecciones del 29 de noviembre del 2009, y todavía más la integración de un gobierno de “unidad nacional”, al tiempo que recogería esfuerzos de la administración Lobo Sosa porque se conozca la verdad y el respeto a los derechos humanos. No en vano fue durante se realizaba el informe que la administración de Lobo Sosa constituyó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y cuando la titular del mismo informó en Ginebra, en el marco del Examen Periódico Universal, sobre los avances del Gobierno en el respeto de los derechos humanos.

El resumen de nuestras conjeturas: el informe de la Comisión de la Verdad condenaría el “durante” ocurrido el 28 de junio como un hecho torpe y cínico, y por eso mismo, haber dejado en evidencia que la acción política había pasado los límites del Estado de derecho hasta violentar el orden constitucional. Pero igualmente acentuaría que ese “durante” tiene un “antes” de ilegalidad y arbitrariedad tan grandes que exasperó a un sector político y empresarial, el cual queriendo enderezar los desaciertos e ilegalidades de Zelaya Rosales, se excedió en sus propósitos.

Sin embargo, el “después” habría llevado acertadamente a un diálogo que culminó con elecciones y la toma de posesión de un gobierno que en medio de tantas incertidumbres, amenazas e inestabilidades, se ha esforzado por recuperar el orden constitucional, el respeto a los derechos humanos, por hacer frente a la impunidad y a los desafíos de gobernabilidad del país al tiempo que demanda de la ciudadanía y de la comunidad internacional un genuino reconocimiento para que avancemos hacia el total e irrestricto imperio de la ley.

Un informe así, la administración de Lobo Sosa lo estaría esperando literalmente como agua de mayo, porque es el argumento y la prueba final que necesita presentar para que a comienzos de junio los delegados de los gobiernos levanten su mano en la asamblea de la OEA a celebrarse en San Salvador para que de una vez por todas Honduras sea readmitida en el seno de este organismo continental.

Un informe así dejaría a la Comisión de la Verdad y Reconciliación como una instancia experta en “lavar” impecablemente el primer golpe de Estado exitoso de nuestro continente en nuestro siglo veintiuno.

Fuente: http://www.tiempo.hn/editorial/item/6440-%C2%BFhacia-d%C3%B3nde-apunta-el-informe-de-la-comisi%C3%B3n-de-la-verdad?-mis-propias-conjeturas.html

Llamado de organizaciones y redes feministas y de Derechos Humanos, ante las políticas represivas del Estado de Honduras

2011-04-12T16:56:00.003+02:00

Las personas, organizaciones y redes nacionales e internacionales abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por el estado de represión y violación a los derechos humanos de la cual es objeto el pueblo hondureño(a) y denunciamos de manera particular las agresiones y persecución que organizaciones y defensoras de derechos humanos están enfrentando por denunciar, durante y después del golpe de estado, las políticas represivas y las altas tasas de violencia e impunidad que imperan en Honduras.

En los últimos meses, políticas como la nueva Ley de Municipalización de la Educación (primera etapa para privatizar la educación pública) y la deuda de salarios de 2010 a más de seis mil maestros y maestras (quienes representan la mayoría del sector magisterial), entre otras medidas, han motivado la movilización y protesta social en varios puntos del territorio nacional, así como el llamado a huelga del magisterio.

En respuesta a la inconformidad social, el régimen de Porfirio Lobo declaró ilegal la huelga y dio a conocer un decreto que legalizará la suspensión de salarios y los despidos masivos de maestros y maestras si no desisten en sus demandas. Además ha enviado a las fuerzas de seguridad del Estado a reprimir con lujo de violencia, manifestaciones pacíficas del magisterio apoyadas por diversos movimientos sociales:

A las y los manifestantes se les ha atacado a golpes y con bombas lacrimógenas, dejando numerosas personas heridas. Algunas personas han recibido heridas de bala.

· El 24 de marzo fueron detenidas sin cargo en la ciudad de Tegucigalpa, y posteriormente remitidas a la cárcel de mujeres de Támara las maestras: Ingrid Liseth Sierra, Nuria Evelyn Verduzco, Linda Melina Guillén Fonseca, María Auxiliadora Espinoza y Wendy Méndez. Entre ellas se encuentra una maestra con un bebe de 9 meses, a quién se le negó el derecho de tener al pequeño con ella.

· El pasado 18 de marzo, como consecuencia del desalojo violento a manos de agentes represivos del Estado en la misma ciudad de Tegucigalpa, murió la maestra Ilse Ivania Velásquez Rodríguez.

Esta situación no es un hecho aislado, desde el inicio del mandato del Sr. Lobo, de manera generalizada se han reprimido manifestaciones pacíficas y se ha aumentado la persecución y amenazas en contra de organizaciones feministas y de mujeres, así como de cualquier defensora de derechos humanos que simpatice con el movimiento nacional de resistencia. Ejemplos recientes de ello son: la cadena de amenazas que ha sufrido la Sra. Gladys Lanza y el Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” desde julio de 2010; las constantes amenazas que han sufrido las comunicadoras de la Voz de Zacate Grande; las lesiones por bomba lacrimógena y la detención arbitraria por 12 horas sin atención médica, que padeció Miriam Miranda (presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras) el pasado 28 de marzo o el asalto y saqueo a la organización feminista “CESADEH. Las defensoras de derechos humanos enfrentan también la impunidad en la que se mantienen la creciente violencia contra las mujeres; que ha dejado un saldo de 50 casos de feminicidio en lo que va del 2011.

Tan solo en el 2010 pudieron documentarse los asesinatos de cinco defensoras de derechos humanos: dos integrantes del Frente de Resistencia (Claudia Brizuela y Teresa Flores), una integrante de la Red de Mujeres Jóvenes de la Colonia “Cruz Roja” (Jessica Gálvez) y dos activistas del movimiento LGBT (Gamaniel Parson y Neraldys).

Estas y otras agresiones a defensoras de derechos humanos en Honduras, fueron denunciadas por feministas mesoamericanas ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2011; en el marco de la presentación del informe mundial sobre la situación de defensoras presentado por la Relatora Especial de Defensores de Derechos Humanos. En esta ocasión el estado hondureño dijo estar comprometido con la seguridad y protección de las defensoras, lo cual se contradice con su práctica sistemática de amenazas, represión y tolerancia a los asesinatos de mujeres que defienden los derechos humanos.

Frente a estos hechos hacemos un llamado al sistema de derechos humanos de Naciones Unidas para que:

· Se pronuncien enérgicamente por el grave incumplimiento del Estado Hondureño de los pactos de derechos humanos que ha signado.

· Aplique de todas las medidas a su alcance para poner un límite a la violación generalizada de los derechos políticos de la población hondureña y la persecución política a las y los defensores de derechos humanos de Honduras.

· Requiera al estado de Honduras para que realice una investigación imparcial que identifique a todos los responsables de las agresiones contra defensoras de derechos humanos, así como el enjuiciamiento de los responsables de las mismas conforme a las obligaciones de derechos humanos del estado de Honduras.

Atentamente:

Redes regionales e internacionales:

Confluencia mesoamericana Las Petateras, Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe, Articulación Feminista Marcosur, Asociadas por lo Justo (JASS), Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID), Fondo Centroamericano de Mujeres, Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), Red de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres en Honduras, Comité Subregión MEXICO, CENTRO AMERICA, PANAMA, REPUBLICA DOMINICANA Y CUBA de Mujeres de la Internacional de Servicios Públicos ISP y Marcha Mundial de las Mujeres.

Organizaciones firmantes por país:

Canadá: Coalition regional de Quebec de la Marche mundial des femmes,

Comité des femmes du Conseil, Central de Quebec Chaudière Appalaches (CSN), La Fédération des femmes du Quebec, Coordination du Quebec de la Marche mondiale des femmes.

Argentina: Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer,

Comisión de Mujeres de Carta Abierta.

Brasil: Mulheres Rebeldes

Chile: Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y el Caribe, RSMLAC, Mujeres artistas, Nuevas masculinidades, MARCHA MUNDIAL DE MUJERES EN CHILE.

Colombia: Liga de Mujeres Desplazadas de Colombia, Observatorio Genero Democracia y Derechos Humanos, Red de Apoyo Entre Mujeres por la Justicia Remjus, Causa Abierta, Observatorio Genero Democracia y Derechos Humanos, Red de Apoyo Entre Mujeres por la Justicia Remjus CAUSA ABIERTA, Liga de Mujeres Desplazadas.

Costa Rica: Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, CEFEMINA, Mujer no estás sola, CIPAC, Agenda Política de Mujeres, Coordinadora del Beso Diverso, Las Rojas contra el Patriarcado, Colectiva por el Derecho a Decidir, Secretaría Permanente de la Mujer-APSE, CEFEMINA, Feministas en Resistencia- CR., La Red Feministas contra la Violencia hacia las Mujeres, Agenda Feminista de Mujeres, Radio internacional Feminista.

Congo: COMMISSION DIOCESAINE "JUSTICE ET PAIX", Archidiocèse de Bukavu, Asblfemmes en acción, Comité National Femme et Développement (CONAFED).

España: Alternativa antimilitarista - MOC de Canarias, Asociación canaria de economía alternativa, Red Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras,

Estados Unidos: Programa de las Américas, Global Fund for Women, Center for Women's Global Leadership (CWGL) y MADRE (organización internacional).

Francia: Collectif de Pratiques et de Réflexions Féministes, Réseau Féministe « Ruptures »

Guatemala: Sinergia Noj’, UDEFEGUA, Colectivo Voces de Mujeres, Comité de Mujeres del Frente Nacional de Lucha, Asociación de Abogad@s Mayas de Guatemala, Alianza Política Sector de Mujeres, Colectiva Actoras de Cambio, CERIGUA, Asociación de Mujeres del Área Rural de Colomba, Asociación de Desarrollo Integral de las Mujeres Huehetecas, Asociación Ixkoq'a' Tz'olojya', Colectivo Voces de Mujeres Fundación Guillermo Torriello, Integral Flor de Retama, Asociación del Movimiento Intercultural de Jóvenes del Occidente, Asociación de Mujeres Semillas para el Futuro, Programa Derechos de la Mujeres del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Centro de Investigación y Educación Popular, Consejo de Mujeres Cristianas, Colectivo Artesana, Colectivo de Mujeres Feministas de Izquierda, Colectivo Vida Independiente de Guatemala, Asociación Nacional de Comadronas Tradicionales de Guatemala, Programa de Desarrollo Local y Participación Ciudadana, Grupo Guatemalteco de Mujeres , Asociación Palineca Jawal Tinimit, Organización de Mujeres en Superación, Red Guatemalteca Mujeres Positivas en Acción, Red Ecuménica de Mujeres, Servicios Ecuménicos de Formación en Centroamérica, Sector de Mujeres Autónomas Unidas Xenacoreñas, Sociedad Civil para el Desarrollo de la Juventud, Colectiva Lésbica Todas Somos, Secretaria de la Mujeres de Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, Comité de Mujeres de Frente Nacional de Lucha, Sindicato Nacional de Trabadores de Salud de Guatemala, Comité de Mujeres del Frente Nacional de Lucha Guatemala, Comité de Mujeres desde Guatemala Internacional de Servicios Públicos ISP, Comisión de Genero Plataforma Sindical Común Centroamericana, UNAMG Secretaria de las Mujeres de Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, Asociación de Desarrollo Integral de las Mujeres Huehetecas,, Asociación para el Desarrollo Integral Unimal Reranimá Ixoq', Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez, Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras, Asociación de Mujeres del Área Rural de Colomba, Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán, Asociación de Mujeres Empleadas y Desempleadas Unidas contra la Violencia, Asociación de Salud Integral, Asociación de Mujeres Mam para el Desarrollo, Asociación de Mujeres para el Desarrollo Integral Flor de Retama, Asociación del Movimiento Intercultural de Jóvenes del Occidente, Asociación de Mujeres Semillas para el Futuro, Programa Derechos de la Mujeres del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Centro de Investigación y Educación Popular, Consejo de Mujeres Cristianas, Colectivo Artesana, Colectivo de Mujeres Feministas de Izquierda, Colectivo Vida Independiente de Guatemala, Asociación Nacional de Comadronas Tradicionales de Guatemala, Programa de Desarrollo Local y Participación Ciudadana , Fundación Guillermo Torriello, Grupo Guatemalteco de Mujeres, Asociación Ixkoq'a' Tz'olojya', Organización de Mujeres en Superación, Red Guatemalteca Mujeres Positivas en Acción, Red Ecuménica de Mujeres, Servicios Ecuménicos de Formación en Centroamérica, Sector de Mujeres Autónomas Unidas Xenacoreñas.

Mali: La Coordination Nationale des Associations et ONG Féminines du Mali (CNAOF/Mali), Le Réseau Association pour l’Epanouissement Economique et Social de la Femme au Mali (AESF), ‘Le Réseau Vision de Femme, L’Association pour le Progrès et la Défense des Femmes (APDF), L’Association des Secrétaires, Assistants et Attachés de Direction (ASAD), Le Réseau des Femmes Démunies et Orphelins du Mali (REFDOM), Le Réseau Association de Veuves et Orphelins du Mali (AVOM), Le Réseau Femmes Internationales Mur Brisé (FIMB), Le Réseau Association des Femmes des Camps (AFC), L’Union Nationale des Coopératives Multifonctionnelles des Femmes du Mali (UNSCMFM), Le Réseau National des Coopératives Féminines du Mali (RNCF/Mali), Le Réseau des Femmes Transformatrices des Produits Agricoles du Mali (RFTPA),Le Réseau National des Associations et Organisations Féminines pour la Décentralisation et le Développement Durable des Communes du Mali (RNAFO 2DF),Le Réseau National Genre Sensible Masculin (RNGSM), Le Réseau des Associations Féminines pour la Promotion, la Solidarité et la Formation des Femmes, Association réseau pour la Promotion du Leadership Féminin (APLEF), L’Union des Communautés Africaines vivant au Mali/collège Femmes (UCAMA), Le Réseau Femmes Porteuses de Vie (R.F.P.V) Le Réseau National des Associations de Jeunes Filles et Femmes (RENAJF), Le Réseau National des Associations des Femmes Âgées (RENAFA)Le réseau Amicale des Femmes Travailleuses de INPS (AFTI),Réseau Association Malienne des Expatriées de la Côte d’Ivoire (ARM),Réseau Association pour la Promotion de la Femme Africaine pour le Développement (AIFD), Réseau Association des Femmes Réfugiées au Mali (AFREMA),Réseau Association des Femmes Talibé de N’Diassane AFTD

México: Servicios y Asesoría para la Paz, Marcha Mundial de Mujeres en México, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Grupo de Mujeres de San Cristóbal De Las Casas, Mujeres por México en Chihuahua, ProDesc, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos "Hasta Encontrarlos, Movimiento pacto por la Cultura y Colectiva: arte, comunidad y equidad, Centro de Derechos Humanos de Las Mujeres, COSYDDHAC, Mujeres Transformándose en Mujeres, Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Defensores Oaxaqueños por los Derechos Humanos Isabel, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos Oaxaca, Centro Las Libres de información en salud sexual región centro, Instituto Guerrerense de Derechos Humanos Grupo de Educación Popular con Mujeres, A.C. Grupo de Mujeres de San Cristobal de las Casas, Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., , Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), Red Nacional Género y Economía (REDGE), Mujeres para el Diálogo (MpD), Siembra, A.C., Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), Colectiva Feminista para el Desarrollo Local Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir (RLACDD) Católicas por el Derecho a Decidir México, México UACM, BIA´LII, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN, NACIDOS EN LA TEMPESTAD A.C, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, IMDEC,A.C Jalisco,

Nicaragua: Punto Focal Nicaragua de la Campaña 28 de Setiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, Petateras de Nicaragua , Red de Mujeres de Matagalpa, Red de Mujeres del Norte, Movimiento Feminista de Nicaragua , Grupo Venancia, SI Mujer, Fondo Centroamericano de Mujeres, Coordinadora Civil (espacio de articulación de la sociedad civil), Alianza Feminista Centroamericana transformando la cultura patriarcal, Red de Mujeres de Matagalpa, Grupo Venancia, Matagalpa, Si Mujer, Punto Focal Nicaragua de la Campaña 28 de Setiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo Integral de la Mujer (CODIM)fondo centroamericano de mujeres, Red de periodistas con Visión de Género Nicaragua,.

El Salvador: Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.

Panamá: CODIM, Colectivo Voces Ecológicas COVEC.

Suecia: Feministiskt initiativ

Honduras: Feministas en Resistencia, Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, Centro de Derechos de Mujeres, Artistas en Resistencia, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.

Firmas Individuales:

Patricia Toledo (Red de Defensoras, Feminista en Resistencia, Honduras), Josie Chávez (Cuadernos Feministas, México), Yunuhen Rangel (México), Lucía Lagunes (México), Erika Cervantes (México), Cirenia Celestino (México), Emelia Ortiz (Triqui, México), Odette Alonso (Escritora, México), Sara Henríquez(Nicaragua), Angélica Fauné(Nicaragua), Katy Sevilla(Nicaragua), Helen Dixon (Nicaragua), Patricia Orozco(Campaña 28 de Setiembre por la Despenalizaicòn del aborto en América Latina y el Caribe(Nicaragua), Yarman Jiménez (Radio Internacional Feminista (Costa Rica), María Guadalupe Ramos Ponce(CLADEM MEXICO), Maya Alvarado(Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas), Amanda Mercedes Gigler Calala (Fondo de Mujeres España), Roxana Arroyo Vargas( Agenda feminista de mujeres Costa Rica), Mónica Baltodano(Diputada de Nicaragua), Evelyn Morales( Organización de Mujeres Tierra Viva Guatemala), Marlen Auxiliadora Chow(Nicaragua),Mariana Moisa(Colectiva feminista para el Desarrollo Local El Salvador), Carla Veronica Cáceres(Comité nicaragüense de Solidaridad con la resistencia hondureña Nicaragua), Liduvina Mendez(Colectiva Actoras de Cambio Guatemala), Ana Cofiño(Asociación Feminista La Cuerda Guatemala), Araceli Glez. Saavedra (Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres Mexico), Mharyha Morales(Movimiento Mujeres por la Vida Venezuela), Eugenia López (Balance de México), Nirvana Gonzalez Rosa (Cairomas15 Mexico), Patricia Ardon (Sinergia No´j Guatemala), Auxiliadora Vasquez (Red de Mujeres Contra la Violencia Nicaragua), Alba Carosio(CEM UCV ,Araña FeministaVenezuela), Alba Carosio(Red de Colectivos Feministas y de Mujeres Venezuela), Ruth Zurbriggen (Colectiva Feminista La Revuelta Argentina), Natalia Di Marco(RSMLAC Argentina), Cecilia lipszyc (Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer Argentina), Diana Luque Martín( Jerez de la Frontera España), Rosibel Zuñiga (Mujeres y vida / Esperanza vivaCosta Rica), Nadia Bazán Londoño(Fondo de Acción Urgente de América Latina (FAU-AL) Colombia), Ruth Zurbriggen(Colectiva Feminista La Revuelta Argentina), Cecilia lipszyc(Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer Argentina), Alejandra López Gómez(MYSU, MUJER Y SALUD Uruguay), Silvia Ethel Matus Avelar(Asociación Movimiento de Mujeres "Mélida Anaya Montes El Salvador), Gabriela Huerta Tamayo(Seminario de Feminismo Nuestroamericano Mexico), Andrés Peñaloza (BIA´LII, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN, A.C México), Sonia Acabal (Red de la No Violencia contra las Mujeres –REDNOVI Guatemala), Norma Mogrovejo(Seminario de Feminismo Nuestro Americano México), Ana Silvia Monzon(Voces de mujeres Guatemala), Silvina A. Biviloni (Abogada MAO Argentina), Sissela Nordling Blanco (Feministiskt initiativ Suecia), Maria Borgström (Feministiskt initiativ Suecia), Andrea Caraballo (Colectivo C.A.S.A.), Terezinha de Jesus Lopes Mulheres Socialistas do Partido Socialista Brasileiro Campo Grande Brasil), Carolina Ramirez Suárez (Observatorio de Genero y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres Mexico), Luz Elena Rosas Hernández(CLADEM México), Marianne Ebel (Marche mondiale des femmes Suiza), Nathalie Arguin(Secrétaire générale FEESP-CSN Estados Unidos), Phyllis O'Dwyer( FSSS Canada), Rosa Marìa Centeno Valle (Asociación para el Desarrollo de El Salvador, CRIPDES), MARTA SPERONI(Comité Internacional por la Libertad de los Cinco, Argentina), Lucero Mendizábal (Educadora y Periodista Mexico), Marlen Auxiliadora Chow (Nicaragua), GABO SEQUEIRA (Argentina), Liliana Ivett Tejada Romero (DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS, Mexico), Alba Carosio (Feminista, Venezuela), Francesca Gargallo Celentani (Feminista), Ana Lucia Robles(Antropóloga feminista Guatemala), Lorena Zelaya(Insurrección Autónoma Honduras), Antonio Puijgané (sacerdote capuchino, ex-preso político Argentina), Isabelle Langlois (Organisatrice communautaire responsable de la mobilisation et de l'éducation populaire Canada), Rosa Elena Arteaga (Battered Women's), Rosa Cristina Báez Valdés (La Polilla Cubana), Marika Sidoti (Suecia), Luis Ovalle (Guatemala), Melissa Vega (Guatemala), Marielos Carranza(Guatemala), Regina Pérez(Guatemala), María Dolores Marroquín(Guatemala), Marcela Orozco Contreras (México),Teresa Lombardo(Argentina), Omar Coronel (Argentina), Pia Barrios ( Chile), Malena López Dorigoni(Argentina), Karina Ochoa Muñoz, María José Martínez Pardo, Beatriz García Quesada, Ana Musso, Uzele Beatrice (Congo), Julieta Hernández Camargo(México), Luz Aleyda, Margarita María Muñoz Conde (México), Colectivo el Papel, H.I.J.O.S, Colectiva Lésbica Todas Somos, Modemmujer, Red Feminista de Comunicación Electrónica, Coordinadora de la Red Social Hermes, Organización estudiantil 23 de noviembre, María Teresa Zúñiga(México), Luz Aleyda Terán(Panamá), Margarita Cruz (cantante chilena), Reyna Cálix (Catedra de Estudios de la Mujer-Honduras), Sociedad Civil para el Desarrollo de la Juventud, Michèle Loup (Elu/es Contre les Violences faites aux Femmes), Emma Lastenia Amador (Salud Integral para la Mujer A. C.), Carlos Ernesto García (Poeta salvadoreño), Ivonne Garcia Bueso, Johann Rivera, Elda Vallecillo, Edgar Castro, Carolina Rivera, Saira Rivera, Julio Rodriguez, Melisa Villanueva, Luis Santos, Dania Villanueva, Lesli Andino, Alberto Dubon, Allan Villanueva, Lucia Bueso, Lily Bueso, Zoraima Gonzales, Rene Guerra (Costa Rica).

Banco público alemán retira financiamiento a Corporación Dinant por violaciones a derechos humanos en el Bajo Aguán

2011-04-12T16:32:00.002+02:00

12/04/2011

Heidelberg, 12 de Abril, 2011 - El banco público para el desarrollo DEG (Deutsche Entwicklungsgesellschaft), con sede en Colonia/Alemania, informó el día de ayer en un escrito dirigido al secretariado internacional de FIAN que después de analizar en profundidad la situación del conflicto agrario en el Bajo Aguán, Honduras, tomó la decisión de no seguir la relación contractual con la Corporación Dinant en Honduras. El DEG declara que, por lo tanto, no desembolsará el préstamo acordado anteriormente con esta empresa. El propietario de la Corporación Dinant, Miguel Facussé, había indicado en una entrevista con la prensa nacional en 2010, que el préstamo acordado con la DEG era de 20 millones de USD.

Previamente a esta decisión, FIAN Internacional había presentado al DEG el “Informe Preliminar de la Misión Internacional” que entre el 25 de febrero y 3 de marzo del 2011 había investigado las violaciones de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, en el litoral atlántico de Honduras. Esta misión se realizó como un esfuerzo conjunto de las redes internacionales APRODEV, CIFCA, FIAN Internacional, FIDH, Rel-UITA y Vía Campesina, contando con el apoyo de las organizaciones nacionales de derechos humanos COFADEH, CDM, CIPRODEH, Comisión de Verdad y FIAN Honduras. El informe preliminar de la misión se había entregado también el 25 de marzo de 2011 en Washington al Relator para Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ante las graves violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, así como las evidencias recogidas sobre el involucramiento de servicios de seguridad privada contratados por las empresas de Miguel Facussé en abusos de derechos humanos , en particular, en asesinatos de campesinos en el Bajo Aguán, FIAN había solicitado al DEG revisar su relación contractual con estas empresas, especialmente con la Corporación Dinant, y suspender su cooperación financiera con ellas.

FIAN saluda esta decisión importante del DEG, ya que sigue las recomendaciones emitidas por la Misión Internacional: “Solicitamos que en el caso particular del Bajo Aguán la cooperación bilateral y los bancos multilaterales revisen todos sus acuerdos de cooperación financiera con las fuerzas de seguridad pública y las empresas privadas presuntamente involucradas en actos de violencia, hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la región.”

Martin Wolpold Bosien, coordinador de FIAN para Centro América, considera que la decisión del DEG es un paso muy importante: “FIAN da la bienvenida a esta decisión, porque puede tener un efecto positivo para prevenir más violaciones de derechos humanos contra las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, al hacer entender a los actores que generan la represión que tal comportamiento tiene costos financieros”. “También”, sigue Wolpold-Bosien, ”refuerza peticiones similares presentadas a otras agencias de cooperación que siguen financiando las empresas denunciadas, tal como es el caso de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, el Banco Interamericano para el Desarrollo, y el gobierno británico en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio.“

Ver el Informe Preliminar de la Misión InternacionalVer Campaña de Cartas de Salva la Selva al gobierno británico en http://www.salvalaselva.org/mailalert/694/gobierno-britanico-y-derechos-humanos-comercio-de-carbono-ensangrentado-en-honduras Ver fotos de Bajo Agúan de Giorgio Trucchi en http://www2.rel-uita.org/galeria/?id=138

Fuente: http://www.fian.org/noticias/comunicados-de-prensa-1/honduras-violaciones-de-derechos-humanos-banco-publico-aleman-retira-financiamiento

Comisión de Verdad culmina su tercera visita investigativa en Honduras

2011-04-09T01:07:00.001+02:00

Por: German H. Reyes/Revistazo.com

Tegucigalpa. Con una rueda de prensa, la Comisión de Verdad (CDV) culminó su tercera visita de avances en la investigación y registro de testimonios de violaciones a los derechos humanos derivados del Golpe de Estado de 2009.

Durante la visita de cuatro días la CDV sostuvo reuniones con miembros del cuerpo diplomático acreditado en Honduras y con representantes de las agencias de cooperación internacional, a quienes expusieron los avances del proceso investigativo.

Asimismo sostuvieron un encuentro con los representantes del G-16 para exponer sus preocupaciones por las agresiones sufridas por el equipo técnico de la CDV en los últimos días. Empleados de esa comisión internacional denunciaron haber sufrido atentados en las oficinas de San Pedro Sula y la recién inaugurada en Tegucigalpa, a inmediaciones del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA).

Mirna Perla, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y miembro de la CDV, informó que se reunieron con el pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, para conocer información relacionada con la captura y expatriación del ex presidente Manuel Zelaya Rosales, del despido de los tres jueces y una magistrada en San Pedro Sula y sobre la criminalización de la protesta social.

La CDV, también visitó la comunidad de Zacate Grande y La Flor, en el departamento de Choluteca, para conocer los testimonios de violaciones a los derechos humanos, la agresión y amenazas permanentes de los elementos policiales y la inseguridad que se vive en la zona.

Se informó que la CDV ha promovido juicios en los Estados Unidos por la negación de información de los hechos relacionados con el golpe de Estado. “Estas solicitudes de información se realizaron meses anteriores a través de la Ley de acceso a la Información, conocida por sus siglas en ingles FOIA”, establece un comunicado repartido a los medios de comunicación.

Alerta: Desalojo en la comunidad garífuna de Punta Gorda, Roatán.

2011-04-07T17:13:00.001+02:00

Efectivos del Ministerio de de Seguridad, a petición del Instituto de Prevención Militar (IPM), están en este momento efectuando un desalojo en la comunidad insular de Punta Gorda, Roatán.

Las más de 40 familias que son violentamente desalojados, habitan en el barrio conocido como Punta Gorda, ubicado en la comunidad del mismo nombre.

Es inaudito que mientras el Estado de Honduras se jacta de una política de inclusión y celebra con boato el Año Internacional de los Afrodescendientes, los militares ordenen al Ministerio de Seguridad una orden de desalojo.

Los garífunas nos encontramos padeciendo una segunda expulsión en el caribe. Precisamente en pocos días se conmemora, el 12 de abril, la llegada a nuestro pueblo a Honduras, específicamente a la Isla de Roatán, después de haber sido expulsados por los Británicos de la isla de San Vicente en el año de 1797.

Las presiones territoriales que padece nuestro pueblo, se originan en la especulación causada por la industria turística. Proyectos como Banana Coast, Laguna de Micos, y en futuro no muy lejano la supuesta Ciudad Modelo, han instigado una arremetida para desalojar en Punta Gorda y en la mayoría de las comunidades de tierra firme, que son objetivos para empresarios, políticos y militares los cuales aprovechan el enorme vacío jurídico existente en Honduras.

A partir del golpe de estado del año 2009, se han intensificado las presiones territoriales sobre el pueblo garífuna. El desalojo en Punta Gorda es parte del "humanimo cristiano" de la actual administración, la que a garrote pretende imponer su visión de una "democracia" de las minorías asociadas al partido en el poder.

Los garífunas de Punta Gorda, carecen de un titulo de su territorio, a pesar de haber bailado para las administraciones gubernamentales de turno, que suelen celebrar en Punta Gorda con rituales de poder los aniversarios de nuestra llegada a Honduras.

Cómo explicará el Estado de Honduras y las organizaciones afines este desalojo en la cumbre que piensan efectuar de Afrodescendietenes en el mes de agosto de este año.

Basta ya de la expulsión del pueblo garífuna de Honduras.

La Ceiba, 7 de abril de 2011

OFRANEH

Voces de denuncia sobre las violaciones a derechos humanos en Honduras

2011-04-07T00:25:00.002+02:00

Dada la gravedad de la situación de los derechos humanos en Honduras, no es de extrañarse que en las últimas semanas, dos organismos internacionales de reconocido prestigio se hayan pronunciado públicamente al respecto.

En primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la continuidad de prácticas violatorias a los derechos humanos, como las comprobadas a partir del golpe de Estado, sobre todo en lo referente al uso desproporcionado de la fuerza pública para reprimir manifestaciones “contrarias a las políticas del actual Gobierno, la falta de independencia del poder judicial y la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos”.

Por ello, la Comisión instó al Estado hondureño a implementar un protocolo de protección a defensoras y defensoras de derechos humanos, y a promover en los diversos ámbitos del régimen y en la sociedad hondureña una cultura de reconocimiento al trabajo de éstos como elementos indispensables para el fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia.

En segundo lugar, Human Rights Watch denunció la brutalidad policial que ha producido la muerte de Ilse Velásquez Rodríguez, golpizas y otros abusos contra manifestaciones del magisterio, estudiantes y otros sectores que se oponen a las reformas al sistema de educación pública, y agresiones contra periodistas que cubren las jornadas de represión.

Para esta organización, ante el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, el lanzamiento de gases lacrimógenos indiscriminadamente y las golpizas contra los manifestantes, el régimen de Lobo Sosa no debe tolerar en ningún caso estos tratos abusivos y tiene la obligación de promover sanciones disciplinarias, incluida la pérdida del cargo y acciones penales en contra de aquellos policías y militares involucrados en tales violaciones.

Pese a la contundencia de las denuncias de estos dos órganos internacionales, el régimen continúa con su discurso y practica que criminaliza la disidencia y a quienes denunciamos nacional e internacionalmente las graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos que no han parado de cometerse en el país desde el golpe de Estado.

El recrudecimiento de la represión con su consecuente impacto mediático, debe servir para que la comunidad internacional vuelva a colocar responsablemente la vista en Honduras, y sobre todo para que el fiscal de la Corte Penal Internacional decida lo más pronto posible iniciar la investigación penal de los altos responsables civiles, policiales y militares responsables de estos crímenes.