El 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido con el fin de recordar al mundo la existencia de la realidad de la desaparición forzada, a través de la cual hombres y mujeres han sido arrancados de sus hogares y familias sin que hasta ahora se conozca su paradero.
En América Latina, los responsables de dicha práctica han sido policías, militares y grupos armados bajo las órdenes de éstos, y en muchos casos, como en Honduras, han logrado cobijarse bajo el manto de la impunidad, gracias a la debilidad de las instituciones llamadas a impartir justicia y reparación a las víctimas.
El conocido adagio de que la impunidad permite la repetición de los crímenes se ha plasmado en Honduras, ya que los violadores de los derechos humanos durante los años 80 que jamás fueron castigados por sus crímenes, son los mismos que ejecutaron el golpe de Estado y que silencian, asesinan, violan, torturan y desaparecen a los hondureños y hondureñas que luchamos por una sociedad verdaderamente justa y democrática.
No obstante, los autores intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos en Honduras están cometiendo un error de cálculo al pensar que pueden actuar sin consecuencias tal y como lo hicieron en décadas pasadas, ya que sus actos de ayer y hoy son considerados crímenes de lesa humanidad por el derecho penal internacional y por tanto, su persecución no tiene límites de tiempo ni lugar.
Ello implica que tarde o temprano la verdadera justicia los alcanzará, como a Fujimori, Scilingo, Pinochet o Videla, y haciendo nuestras las palabras del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, “A los violadores les decimos que nos mantendremos firmes en la exigencia de verdad y justicia, porque no nos callarán, la sangre de nuestros mártires florece en nuestros corazones”.
Espacio relacionado con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.
martes, 31 de agosto de 2010
En el Dìa Internacional del Detenido Desaparecido: Los sepultureros del pasado no tendrán paz, la verdad y la justicia los alcanzaràn
Este 30 de agosto se conmemora en todos los países que han vivido la práctica de la desaparición forzada, el Día Internacional del Detenido Desaparecido, la fecha tiene el objetivo de honrar la memoria de hombres y mujeres que fueron arrancados de sus hogares por los cuerpos represivos del Estado y su destino nunca se ha sabido.
En algunos países las organizaciones que aglutinan a los familiares de las víctimas lograron que los Congresos de sus países a través de decreto declararan el Día Nacional del Detenido Desaparecido esta misma fecha, es el caso de Honduras, en el año 2002, el Poder Legislativo lo hizo a través del Decreto Número 284-2002.
Para el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, este 30 de Agosto es motivo de un triple acontecimiento, aparte de conmemorar el Día Nacional del Detenido Desaparecido Aprobado por el Congreso Nacional bajo Decreto 284-2002 y el Día Internacional del Desaparecido, también se celebra con gran júbilo que hace 10 años salió al aire el programa radial “Voces contra el Olvido”, como un medio de comunicación alternativo que lleva el propósito de mantener la memoria histórica en el país, para que nunca más el crimen de la desaparición forzada se repita.
Este día recordamos a nuestros mártires del pasado y del presente que lucharon por una patria grande, con justicia y verdad, no podemos menos que levantar su bandera de lucha por la cual cayeron en las manos de criminales que hoy se cobijan bajo la impunidad, lo que facilita su accionar y repetición de crímenes de lesa humanidad, esta vez contra la resistencia popular.
Los violadores de los derechos humanos de los 80 en su mayoría son los mismos ahora, sus manos ensangrentadas accionan en estos momentos para callar las voces que a gritos piden verdad y justicia, así como un nuevo pacto social a través de una Asamblea Nacional Constituyente.
El COFADEH, organización de víctimas que permanece en la lucha contra la impunidad desde 1982, continúa acompañando a quienes son violentados en sus derechos, porque creemos que la verdad y la justicia nos harán libres.
Pero para los sepultureros del pasado que fingen amnesia, esta fecha es subversiva e incómoda, hace muchas décadas que quieren borrarla de nuestra memoria, pero eso es imposible, recordamos este día para que no vuelva a ocurrir este crimen de lesa humanidad como es la desaparición forzada.
A nuestras compañeras y compañeros, familiares de las víctimas tanto de las de ayer como las de hoy, con quienes nos encontramos en las plazas públicas para exigir justicia, y a aquellos que aún no han salido porque todavía tienen miedo, les mandamos un fuerte abrazo solidario.
A los violadores les decimos que nos mantendremos firmes en la exigencia de verdad y justicia, porque no nos callarán, la sangre de nuestros mártires florece en nuestros corazones.
DE LOS HECHOS Y LOS HECHORES, NI OLVIDO, NI PERDON
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH
Tegucigalpa 30 de agosto de 2010.
En algunos países las organizaciones que aglutinan a los familiares de las víctimas lograron que los Congresos de sus países a través de decreto declararan el Día Nacional del Detenido Desaparecido esta misma fecha, es el caso de Honduras, en el año 2002, el Poder Legislativo lo hizo a través del Decreto Número 284-2002.
Para el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, este 30 de Agosto es motivo de un triple acontecimiento, aparte de conmemorar el Día Nacional del Detenido Desaparecido Aprobado por el Congreso Nacional bajo Decreto 284-2002 y el Día Internacional del Desaparecido, también se celebra con gran júbilo que hace 10 años salió al aire el programa radial “Voces contra el Olvido”, como un medio de comunicación alternativo que lleva el propósito de mantener la memoria histórica en el país, para que nunca más el crimen de la desaparición forzada se repita.
Este día recordamos a nuestros mártires del pasado y del presente que lucharon por una patria grande, con justicia y verdad, no podemos menos que levantar su bandera de lucha por la cual cayeron en las manos de criminales que hoy se cobijan bajo la impunidad, lo que facilita su accionar y repetición de crímenes de lesa humanidad, esta vez contra la resistencia popular.
Los violadores de los derechos humanos de los 80 en su mayoría son los mismos ahora, sus manos ensangrentadas accionan en estos momentos para callar las voces que a gritos piden verdad y justicia, así como un nuevo pacto social a través de una Asamblea Nacional Constituyente.
El COFADEH, organización de víctimas que permanece en la lucha contra la impunidad desde 1982, continúa acompañando a quienes son violentados en sus derechos, porque creemos que la verdad y la justicia nos harán libres.
Pero para los sepultureros del pasado que fingen amnesia, esta fecha es subversiva e incómoda, hace muchas décadas que quieren borrarla de nuestra memoria, pero eso es imposible, recordamos este día para que no vuelva a ocurrir este crimen de lesa humanidad como es la desaparición forzada.
A nuestras compañeras y compañeros, familiares de las víctimas tanto de las de ayer como las de hoy, con quienes nos encontramos en las plazas públicas para exigir justicia, y a aquellos que aún no han salido porque todavía tienen miedo, les mandamos un fuerte abrazo solidario.
A los violadores les decimos que nos mantendremos firmes en la exigencia de verdad y justicia, porque no nos callarán, la sangre de nuestros mártires florece en nuestros corazones.
DE LOS HECHOS Y LOS HECHORES, NI OLVIDO, NI PERDON
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH
Tegucigalpa 30 de agosto de 2010.
viernes, 27 de agosto de 2010
Plataforma de derechos humanos denuncia existencia de “Comando Álvarez Martínez”
Red Morazánica de Información.
Tegucigalpa 26 de agosto de 2010. La Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, denunció hoy la existencia una organización paramilitar denominada “Comando Álvarez Martínez”, conocida también como “CAM”, dedicada amenazar a los ciudadanos que trabajan en la defensa del los derechos humanos.
La denuncia fue presentada en conferencia de prensa, donde denunciaron también, que se han recrudecido las amenazas por todos los medios contra activistas sociales y defensoras/defensores de derechos humanos.
Las amenazas son recibidas a “través de mensajes por medios electrónicos firmados con las siglas “CAM” o “Comando Álvarez Martínez”, identidad ya usada en el pasado en actos de terrorismo de Estado” recuerdan.
Diferentes organizaciones internacionales han hecho llamados al Estado de Honduras, para que cese la persecución y las amenazas que reciben de forma permanente las personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y la democracia.
Ayer el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, solicitó a “la comunidad nacional e internacional, de manera urgente”, Para que se inicie un proceso de investigación, análisis y tomen postura oficial respecto a las graves violaciones a los derechos humanos que está cometiendo el régimen de Lobo Sosa en contra del pueblo hondureño.
Hace pocos días Amnistía Internacional emitió una acción urgente a favor de la defensora de los derechos humanos Gladis Lanza, después de que recibió un mensaje amenazador de correo electrónico y una serie de llamadas telefónicas anónimas.
Lanza, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, recibió un correo electrónico que tenía como asunto: “Hola vieja puta!!!”. Parte del correo decía: “Ahorita te caemos, vieja ignorante!!! […] Billy Joya Améndola renovado”.
Según la comunicación de AI, “muchas personas en Honduras tienen miedo de Billy Joya, a causa de sus presuntas actividades con el Batallón 3-16, unidad hondureña de inteligencia militar que cometió violaciones de derechos humanos en la década de 1980”.
El correo llevaba anexas seis fotografías: una imagen de Billy Joya, un gatito con un rifle telescópico, una extraña comitiva funeraria encabezada por hombres con uniformes de presidiario, un reloj con la hora 10:12, y dos fotografías de Gladys Lanza, relató la carta de AI.
Finalmente, la Plataforma hace un llamado a la población a que denuncia cualquier acto de represión e intimidación en cualquiera de las oficinas de las organizaciones que conforman la Plataforma de Derechos Humanos.
Tegucigalpa 26 de agosto de 2010. La Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, denunció hoy la existencia una organización paramilitar denominada “Comando Álvarez Martínez”, conocida también como “CAM”, dedicada amenazar a los ciudadanos que trabajan en la defensa del los derechos humanos.
La denuncia fue presentada en conferencia de prensa, donde denunciaron también, que se han recrudecido las amenazas por todos los medios contra activistas sociales y defensoras/defensores de derechos humanos.
Las amenazas son recibidas a “través de mensajes por medios electrónicos firmados con las siglas “CAM” o “Comando Álvarez Martínez”, identidad ya usada en el pasado en actos de terrorismo de Estado” recuerdan.
Diferentes organizaciones internacionales han hecho llamados al Estado de Honduras, para que cese la persecución y las amenazas que reciben de forma permanente las personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y la democracia.
Ayer el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, solicitó a “la comunidad nacional e internacional, de manera urgente”, Para que se inicie un proceso de investigación, análisis y tomen postura oficial respecto a las graves violaciones a los derechos humanos que está cometiendo el régimen de Lobo Sosa en contra del pueblo hondureño.
Hace pocos días Amnistía Internacional emitió una acción urgente a favor de la defensora de los derechos humanos Gladis Lanza, después de que recibió un mensaje amenazador de correo electrónico y una serie de llamadas telefónicas anónimas.
Lanza, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, recibió un correo electrónico que tenía como asunto: “Hola vieja puta!!!”. Parte del correo decía: “Ahorita te caemos, vieja ignorante!!! […] Billy Joya Améndola renovado”.
Según la comunicación de AI, “muchas personas en Honduras tienen miedo de Billy Joya, a causa de sus presuntas actividades con el Batallón 3-16, unidad hondureña de inteligencia militar que cometió violaciones de derechos humanos en la década de 1980”.
El correo llevaba anexas seis fotografías: una imagen de Billy Joya, un gatito con un rifle telescópico, una extraña comitiva funeraria encabezada por hombres con uniformes de presidiario, un reloj con la hora 10:12, y dos fotografías de Gladys Lanza, relató la carta de AI.
Finalmente, la Plataforma hace un llamado a la población a que denuncia cualquier acto de represión e intimidación en cualquiera de las oficinas de las organizaciones que conforman la Plataforma de Derechos Humanos.
Criminalizar protesta y reprimir toda acción de descontento social es opción de Estado: Plataforma Derechos Humanos
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 26 de agosto de 2010. La Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, luego de una conferencia de prensa, denunció, hoy, en un comunicado, que el Estado “ha optado por criminalizar la protesta, militarizar el accionar policial y reprimir toda acción de descontento social”.
Sostienen que desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en que la población ha “fortalecido la protesta y la resistencia” contra toda violación a sus derechos humanos, tanto en el régimen de facto como en el que lo sucedió, el Estado “ha optado por criminalizar esta protesta, militarizar el accionar policial y reprimir toda acción de descontento social”.
La Plataforma, denuncia como evidencias de esa criminalización de la protesta: la represión ejercida por policías contra la población estudiantil en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ocurrida el pasado 3 de agosto de 2010, con la complicidad de la rectora universitaria.
Otro hecho, indica la Plataforma, son los asesinatos de que han sido víctimas varios miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA); los ataques a los docentes acontecidos en la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán “(UPNFM); además, la intimidación y la violencia contra la población de Zacate Grande.
Como también, otro hecho que muestra que el Estado criminaliza la protesta social, es la represión contra la población en resistencia de Choloma, ocurrida el 18 de agosto de 2010; y, el continuado asesinato a periodistas, todavía más fortaleciendo la impunidad al no esclarecerse los mismos.
Destacan los integrantes de la Plataforma de Derechos Humanos, que ellos propios testimonian que muchos de los policías no portan identificación durante esos actos “crueles de represión”, lo que permite que mercenarios y escuadrones de la muerte se introduzcan entre los grupos policiales y militares del Estado.
Se han “recrudecido”, por todos los medios, las amenazas contra las y los activistas sociales, y defensoras y defensores de derechos humanos , quienes han recibido mensajes por vía electrónicos, firmados con las siglas “CAM” (Comando Álvarez Martínez) que fueron ya utilizadas en el pasado en actos de terrorismo de Estado.
Las respuestas violentas del Régimen contra la protesta social y la resistencia del pueblo hondureño, se realizan con la “complicidad de los medios
masivos de comunicación, y de instancias como la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Congreso Nacional y otras”, acusa la Plataforma.
La Plataforma de Derechos Humanos, condena las “graves violaciones” cometidas por las fuerzas policiales y militares del Estado de Honduras contra los derechos humanos del pueblo, y llama a la población a denunciar cualquier acto de represión e intimidación ante alguna de las organizaciones que constituyen esa Plataforma.
Tegucigalpa. 26 de agosto de 2010. La Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, luego de una conferencia de prensa, denunció, hoy, en un comunicado, que el Estado “ha optado por criminalizar la protesta, militarizar el accionar policial y reprimir toda acción de descontento social”.
Sostienen que desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en que la población ha “fortalecido la protesta y la resistencia” contra toda violación a sus derechos humanos, tanto en el régimen de facto como en el que lo sucedió, el Estado “ha optado por criminalizar esta protesta, militarizar el accionar policial y reprimir toda acción de descontento social”.
La Plataforma, denuncia como evidencias de esa criminalización de la protesta: la represión ejercida por policías contra la población estudiantil en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ocurrida el pasado 3 de agosto de 2010, con la complicidad de la rectora universitaria.
Otro hecho, indica la Plataforma, son los asesinatos de que han sido víctimas varios miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA); los ataques a los docentes acontecidos en la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán “(UPNFM); además, la intimidación y la violencia contra la población de Zacate Grande.
Como también, otro hecho que muestra que el Estado criminaliza la protesta social, es la represión contra la población en resistencia de Choloma, ocurrida el 18 de agosto de 2010; y, el continuado asesinato a periodistas, todavía más fortaleciendo la impunidad al no esclarecerse los mismos.
Destacan los integrantes de la Plataforma de Derechos Humanos, que ellos propios testimonian que muchos de los policías no portan identificación durante esos actos “crueles de represión”, lo que permite que mercenarios y escuadrones de la muerte se introduzcan entre los grupos policiales y militares del Estado.
Se han “recrudecido”, por todos los medios, las amenazas contra las y los activistas sociales, y defensoras y defensores de derechos humanos , quienes han recibido mensajes por vía electrónicos, firmados con las siglas “CAM” (Comando Álvarez Martínez) que fueron ya utilizadas en el pasado en actos de terrorismo de Estado.
Las respuestas violentas del Régimen contra la protesta social y la resistencia del pueblo hondureño, se realizan con la “complicidad de los medios
masivos de comunicación, y de instancias como la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Congreso Nacional y otras”, acusa la Plataforma.
La Plataforma de Derechos Humanos, condena las “graves violaciones” cometidas por las fuerzas policiales y militares del Estado de Honduras contra los derechos humanos del pueblo, y llama a la población a denunciar cualquier acto de represión e intimidación ante alguna de las organizaciones que constituyen esa Plataforma.
Relatoría Especial condena nuevo asesinato de periodista en Honduras
Washington D.C., 26 de agosto de 2010 - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Israel Zelaya Díaz, ocurrido el pasado martes 24 de agosto de 2010 en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Esta Relatoría manifiesta su profunda preocupación por la grave situación del periodismo en Honduras, país en el cual han asesinado, durante el presente año, al menos a ocho periodistas, sin que aun se conozcan las causas o los responsables de dichos crímenes ni las medidas adoptadas por el Estado para proteger a los periodistas en riesgo.
De acuerdo con la información recibida, Israel Zelaya fue encontrado muerto con heridas de bala en la tarde del martes en una plantación de caña. Ninguna de sus pertenencias personales fue robada. Tres meses antes su casa fue dañada por un incendio cuya causa no pudo ser determinada. Según conoció esta Relatoría, Zelaya trabajaba en un programa de noticias locales en Radio Internacional, de San Pedro Sula, y acostumbraba a hacer denuncias acerca de asuntos de interés público.
En el presente año han sido asesinados en Honduras los periodistas Joseph Hernández, el 1 de marzo en Tegucigalpa; David Meza Montesinos, muerto en La Ceiba el 11 de marzo; Nahúm Palacios, asesinado en Tocoa el 14 de marzo; Bayardo Mairena y Manuel Juárez, asesinados en Juticalpa el 26 de marzo; Jorge Alberto (Georgino) Orellana, muerto el 20 de abril en San Pedro Sula; y Luis Arturo Mondragón asesinado el 14 de junio en El Paraíso. Según pudo constatar la Relatoría Especial en su última visita a Honduras, estos hechos y la ausencia de investigaciones efectivas y completas respecto de los mismos, mantienen en un estado de permanente zozobra al gremio de periodistas.
Para esta Relatoría Especial es motivo de enorme preocupación la persistente situación de riesgo en la que se encuentran los periodistas hondureños, así como la ausencia de medidas adecuadas para protegerlos y para juzgar los crímenes cometidos. Por ello ha instado al Estado a crear cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como mecanismos de protección destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por su actividad periodística. Como ya lo ha reiterado esta oficina, resulta urgente que el Estado hondureño investigue de forma completa, efectiva e imparcial los crímenes cometidos contra los periodistas e identifique, procese y sancione adecuadamente a los responsables.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/
De acuerdo con la información recibida, Israel Zelaya fue encontrado muerto con heridas de bala en la tarde del martes en una plantación de caña. Ninguna de sus pertenencias personales fue robada. Tres meses antes su casa fue dañada por un incendio cuya causa no pudo ser determinada. Según conoció esta Relatoría, Zelaya trabajaba en un programa de noticias locales en Radio Internacional, de San Pedro Sula, y acostumbraba a hacer denuncias acerca de asuntos de interés público.
En el presente año han sido asesinados en Honduras los periodistas Joseph Hernández, el 1 de marzo en Tegucigalpa; David Meza Montesinos, muerto en La Ceiba el 11 de marzo; Nahúm Palacios, asesinado en Tocoa el 14 de marzo; Bayardo Mairena y Manuel Juárez, asesinados en Juticalpa el 26 de marzo; Jorge Alberto (Georgino) Orellana, muerto el 20 de abril en San Pedro Sula; y Luis Arturo Mondragón asesinado el 14 de junio en El Paraíso. Según pudo constatar la Relatoría Especial en su última visita a Honduras, estos hechos y la ausencia de investigaciones efectivas y completas respecto de los mismos, mantienen en un estado de permanente zozobra al gremio de periodistas.
Para esta Relatoría Especial es motivo de enorme preocupación la persistente situación de riesgo en la que se encuentran los periodistas hondureños, así como la ausencia de medidas adecuadas para protegerlos y para juzgar los crímenes cometidos. Por ello ha instado al Estado a crear cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como mecanismos de protección destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por su actividad periodística. Como ya lo ha reiterado esta oficina, resulta urgente que el Estado hondureño investigue de forma completa, efectiva e imparcial los crímenes cometidos contra los periodistas e identifique, procese y sancione adecuadamente a los responsables.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/
lunes, 23 de agosto de 2010
Continúa la represión en Honduras
Nuevamente el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, se dirige a la comunidad nacional e internacional, de manera URGENTE, pero específicamente a los tomadores de decisión.
Para que se inicie un proceso de investigación, análisis y tomen postura oficial respecto a las graves violaciones a los derechos humanos que está cometiendo el régimen de Lobo Sosa en contra del pueblo hondureño que decide manifestarse para obtener respuesta a sus derechos violados.
Sin embargo el ejercicio de la reclamación pública o mejor dicho la protesta social en Honduras es criminalizada.
El Magisterio bajo represión
Es nuestra obligación informar la situación de emergencia que vive Honduras en materia de derechos humanos. Desde el inicio del golpe militar de Estado que se dio el 28 de junio, vimos con preocupación que hay sectores objeto de persecución y los colocamos como los más vulnerables, entre ellos, el gremio magisterial.
Hoy reafirmamos esa preocupación, el magisterio ha sido sometido a una embestida represiva como nunca antes le había tocado vivir, el 25 por ciento de los asesinados políticos, los ha puesto el magisterio sin que para ello se hayan iniciado investigaciones serias y objetivas por parte del Ministerio Público.
Al contrario desde este ente, cada vez que hay una detención ilegal de maestros, lo primero que hace es blanquear y justificar las torturas e inicia con agilidad causas judiciales contra ellos.
El caso más reciente es el ocurrido el 20 de agosto en Tegucigalpa, en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, cuando los uniformados desalojaron salvaje y violentamente a maestros y maestras, usando nuevamente las mortales bombas lacrimógenas que han dejado ya varias víctimas producto del uso y abuso de estos gases tóxicos.
La manifestación de los mentores ya había concluido, se aprestaban unos a tomar sus alimentos para pronto ir a hacer un análisis de las actividades diarias cuando un sin número de pelotones de uniformados lanzaron disparos de bala viva y bombas lacrimógenas muy diferentes a las que habían utilizado anteriormente.
Esto indica que el objetivo era capturar selectivamente a dirigentes para tenerlos en condición de canje en la mesa de negociaciones las que fueron suspendidas por parte de los representantes oficiales y que sin duda se tendrán que abrir nuevamente.
Los detenidos desaparecidos por más de dos horas son el profesor Andrés Martínez; Carlos Anariva; Edgard Soriano y Luís Sosa, todos reconocidos dirigentes del magisterio. Ellos fueron llevados a un centro no legal de detención, la Estación de Tránsito, en la colonia Kennedy de Tegucigalpa.
Para detenerlos les sometieron a tal brutalidad que aún se mantienen en un hospital capitalino. El Ministerio Público en completo acuerdo con la Secretaría de Seguridad abrieron procesos contra los cuatro mentores, en ningún momento se les permitió que tuvieran acceso a médicos para constatar su estado de salud, al contrario los mantuvieron allí desde el mediodía del 20 de agosto hasta las tres de la madrugada del 21 de agosto y después fueron conducidos bajo un fuerte operativo policial hacia un hospital privado, ordenando que se mantuviera custodia policial en el centro asistencial.
Los golpeados, torturados y heridos, según la justificación de los fiscales, eran los que habían atentado contra la seguridad de los uniformados y hasta la fecha desconocemos que hayan iniciado causa judicial contra los policías que cometieron esta violación grave a los derechos humanos.
A pesar que se tienen nombre de los oficiales, números de los chalecos 0385; 0237; 0974 que pertenecen a la policía de Tránsito y números de cascos 0236; 0255; 26, 22,18, pero eso no es prueba suficiente para el Ministerio Público para iniciar causas urgentes para parar la barbarie con que los uniformados trataron a los maestros.
En esta brutalidad usaron más de 200 bombas lacrimógenas valoradas en 100 dólares cada una, sobrevolaron helicópteros, desplazaron tanquetas, utilizando vehículos claramente identificados de la Policía Nacional y carros sin placas donde se mueven sicarios armados y sin uniforme, mejor dicho paramilitares.
Si este dinero se utilizara para cancelar la deuda que tiene el Estado de Honduras producto de la corrupción y saqueo del INPREMA, fondos que le pertenecen al magisterio, ya estaría saldada esta deuda y no se estuviera sometiendo a la represión salvaje que solo exhibe al régimen tal como es.
Es necesario llamar la atención a la comunidad internacional, a la solidaridad internacional porque la situación que está enfrentando el magisterio y el pueblo hondureño en general es grave y una lucha desigual, mentores con pluma y pensamiento libre ante armados, uniformados, con toda una logística y equipamiento que son un instrumentos de guerra utilizado contra el pueblo hondureño que ha decidido luchar pacíficamente.
Alertamos de manera urgente que estamos en momentos difíciles, tememos por una más sangrienta represión contra el magisterio en las próximas horas.
Denunciamos que se les ha suspendido el servicio de luz en las instalaciones del INPREMA donde está el magisterio y que están haciendo uso de toda penetración e infiltración de hombres de civil al interior del conglomerado magisterial, igual la circulación de vehículos sin placas con hombres armados vestidos de civil.
Hostilidad continúa en Zacate Grande y Bajo Aguán
El día de hoy 22 de agosto desde tempranas horas de la mañana hemos sido alertadas desde la comunidad de Zacate Grande, ubicada en el Sur del país, que la patrulla 1715 de la policía, fue la primera que circuló en la zona, con más de 10 hombres de la Dirección Nación de Investigación Criminal, DNIC y policías preventivos, con rumbo a las tierras del grupo campesino de Puerto Grande, ubicado en Zacate Grande.
En la comunidad de Puerto Grande se encuentran unas 80 familias dispuestas a morir por el derecho a tener un pedazo de tierra que les pertenece a ellos y que ha sido arrebatada por el terrateniente Miguel Facussé Barjum, quien ha estado usando la estrategia de repartir tierras a personas que le son fiel a sus propósitos para que entren en conflicto con los dueños de la tierra y los miembros de la comunidad antes mencionada.
El objetivo es generar la confrontación, la que en efecto se logró este día dejando como resultado cuatro personas heridas: Ethel Verónica Posadas (28), quien está hospitalizada en San Lorenzo, así como Rosa Merari y Gustavo Eduardo Sánchez (20) que fueron golpeados salvajemente, todo esto se realizó en presencia de las fuerzas policiales que acompañaban a los civiles.
Además hay personas amenazadas a muerte entre ellas, Miguel Ángel Vásquez; Edwin Aguilar y Verónica Torres, que fueron sentenciadas en presencia de los uniformados, quienes dijeron que lo único que iban a hacer al lugar era a recoger los muertos. Cabe señalar que uno de los policías salió golpeado por parte de los hostigadores de Facussé.
Los moradores de la comunidad tienen más de 10 años de posesión en la tierra, en el expediente del Instituto Nacional Agrario, INA, amparado en el Decreto 18-2008, les garantiza su legitimidad aunque todavía no tienen oficialmente la posesión de la tierra, esta es una acción que deben tomar de inmediato las autoridades del INA para evitar más derramamientos de sangre en la zona.
Por otro lado, el régimen de “unidad y reconciliación” que preside Lobo Sosa, ha firmado un compromiso de respetar los derechos humanos y facilitar un proceso de entrega de tierras a los campesinos del MUCA, movimiento que en los últimos meses ha sido víctima de serios y violentos ataques por parte de terratenientes de la zona, entre ellos Miguel Facussé Barjum.
El 17 de agosto, fueron asesinados los campesinos Victor Manuel Mata (40) y los menores de edad Sergio Magdiel Amaya (18) y Rulbin Marel Villeda (14), de la Cooperativa San Esteban, según testigos, por agentes que pertenecen a la policía nacional.
De qué reconciliación y respeto a los derechos humanos se habla, cuáles son los avances de pacificación que se tiene en la zona, a quién beneficia este acuerdo, exhortamos que se hable menos y que se ponga en práctica el respeto integral de los derechos humanos, sobre todo el respeto a la vida. Mientras se continúen las amenazas, la militarización y el terror en la zona, los avances nos se podrán medir, menos cumplir.
Libertad de Expresión
En la actualidad en Honduras se continúa coartando la Libertad de Expresión y se ataca deliberadamente a comunicadores y periodistas que ejercen su trabajo independiente.
Es motivo de preocupación para este Comité que en los últimos 15 días del presente mes de agosto se ha puesto en práctica diferentes tipos de ataques a los periodistas:
Dick Emanuelsson, de nacionalidad Sueca, quien ejerce con profesionalismo, ética, independencia y responsabilidad su labor, ha venido siendo víctima de diferentes ataques y hoy se suma a la hostilidad el furibundo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que de manera pública ha expresado que inició una investigación sobre el estatus que tiene el periodista en el país.
Todo indica que se abrirá un proceso legal y conociendo cómo funciona el Sistema de Justicia, se concluirá con su salida del país, las pretensiones es expulsarlo de Honduras, lo cual será ilegal puesto que el periodista Dick no necesita permiso, su patrono no es ningún hondureño, además él reside legalmente Honduras.
De lo que le pasa al periodista Dick hemos puesto en autos al Relator Especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, al Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y está en curso una comunicación al Relator Especial de la Libertad de Expresión en Europa.
Igual preocupación tenemos por la situación que enfrenta el periodista René Rojas, en Santa Rosa de Copán, en el Occidente del país, que ha sido víctima de reiterados ataques por miembros de la Policías Nacional Preventiva, asignados en la zona.
El día 05 de agosto fue detenido ilegalmente por el policía de Tránsito de nombre Ricardo Espinoza quien argumentó que estaba mal estacionado su vehículo, lo esposó, lo exhibió en el parque central de Santa Rosa de Copán y lo despojó de su grabadora la cual es su herramienta trabajo, sin haber cometido la falta de tránsito y aún si lo hubiese hecho lo que procedía era una sanción administrativa, pero lo mantuvo detenido por más de tres horas.
El día 14 de agosto Rojas se apersonó a las oficinas de la policía a reclamar su grabadora, en el momento que se le entregó fue amenazado de muerte por el delegado regional de la policía el Comisionado Juan Carlos Bonilla y el jefe regional de Tránsito, Wilmer Torres, quienes le dijeron : “ si seguís hablando m… te vamos a matar”.
Ese mismo día en horas de la noche cuando se trasladaba con una de sus hijas menores, fue interceptado por la policía de Tránsito bajo la justificación que andaba en estado de ebriedad y continúa la persecución y el chequeo contra este comunicador social en el Occidente del país.
El 14 de agosto, Brayan Flores, periodista del Diario El Libertador fue detenido por policías COBRAS, en el instante que realizaba su labor periodística en las inmediaciones del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), donde permanecen los maestros reclamando la devolución de más de tres mil millones de lempiras que han sido sustraídos del patrimonio magisterial, por parte de las autoridades.
En el momento de su detención tomaba fotografías sobre la vigilancia que los policías estaban realizando a los docentes. Le dijeron “Ah, vos sos de los que andás defendiendo a los comunistas revoltosos”, “este pendejo es venezolano”, “verdad que vos sos chavista perro”, a lo que el reportero se limitó a decir que “era hondureño por nacimiento y que solamente andaba haciendo su trabajo como reportero”.
No es la primera vez que Flores es objeto de persecución y amenazas, por eso en el mes de agosto de 2009, que la CIDH hizo presencia en Honduras, él presentó su denuncia formal.
El 18 de agosto el periodista Eduardo Coto Barnica, del Colectivo de Radio Uno, de San Pedro Sula, fue detenido arbitraria e ilegalmente por parte de la policía, en el momento que ejercía su trabajo de comunicador social, en el desalojo violento que es práctica del ejército y de la policía de Honduras, para desarticular y torturar a los ciudadanos y ciudadanas que reclaman derechos violados y que son miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular.
Al periodista se le declaró auto de libertad después de permanecer varias horas detenido, mientras a dos de sus compañeros se les sigue proceso penal por delitos políticos y otro guarda prisión por sedición, en la cárcel de San Pedro Sula.
El 20 de agosto el periodista Richard Casulá de Canal 36 fue nuevamente objeto de hostilidad y ataques contra su integridad física por parte de los uniformados en el momento en que él se encontraba ejerciendo su labor periodística, registrando la brutalidad policial contra el magisterio, en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, en Tegucigalpa.
José Alemán, otro comunicador social que reside en Ocotepeque, está siendo objeto de hostigamiento, según lo ha denunciado en nuestras oficinas y en comunicación a través del programa radial del COFADEH “Voces contra el Olvido”.
Por todos estos hechos demandamos de manera urgente que la comunidad internacional exija respeto a los derechos humanos y el cese de la persecución política.
DE LOS HECHOS Y LOS HECHORES NI OLVIDO NI PERDON
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH
Tegucigalpa M.D.C. 22 de agosto de 2010
Para que se inicie un proceso de investigación, análisis y tomen postura oficial respecto a las graves violaciones a los derechos humanos que está cometiendo el régimen de Lobo Sosa en contra del pueblo hondureño que decide manifestarse para obtener respuesta a sus derechos violados.
Sin embargo el ejercicio de la reclamación pública o mejor dicho la protesta social en Honduras es criminalizada.
El Magisterio bajo represión
Es nuestra obligación informar la situación de emergencia que vive Honduras en materia de derechos humanos. Desde el inicio del golpe militar de Estado que se dio el 28 de junio, vimos con preocupación que hay sectores objeto de persecución y los colocamos como los más vulnerables, entre ellos, el gremio magisterial.
Hoy reafirmamos esa preocupación, el magisterio ha sido sometido a una embestida represiva como nunca antes le había tocado vivir, el 25 por ciento de los asesinados políticos, los ha puesto el magisterio sin que para ello se hayan iniciado investigaciones serias y objetivas por parte del Ministerio Público.
Al contrario desde este ente, cada vez que hay una detención ilegal de maestros, lo primero que hace es blanquear y justificar las torturas e inicia con agilidad causas judiciales contra ellos.
El caso más reciente es el ocurrido el 20 de agosto en Tegucigalpa, en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, cuando los uniformados desalojaron salvaje y violentamente a maestros y maestras, usando nuevamente las mortales bombas lacrimógenas que han dejado ya varias víctimas producto del uso y abuso de estos gases tóxicos.
La manifestación de los mentores ya había concluido, se aprestaban unos a tomar sus alimentos para pronto ir a hacer un análisis de las actividades diarias cuando un sin número de pelotones de uniformados lanzaron disparos de bala viva y bombas lacrimógenas muy diferentes a las que habían utilizado anteriormente.
Esto indica que el objetivo era capturar selectivamente a dirigentes para tenerlos en condición de canje en la mesa de negociaciones las que fueron suspendidas por parte de los representantes oficiales y que sin duda se tendrán que abrir nuevamente.
Los detenidos desaparecidos por más de dos horas son el profesor Andrés Martínez; Carlos Anariva; Edgard Soriano y Luís Sosa, todos reconocidos dirigentes del magisterio. Ellos fueron llevados a un centro no legal de detención, la Estación de Tránsito, en la colonia Kennedy de Tegucigalpa.
Para detenerlos les sometieron a tal brutalidad que aún se mantienen en un hospital capitalino. El Ministerio Público en completo acuerdo con la Secretaría de Seguridad abrieron procesos contra los cuatro mentores, en ningún momento se les permitió que tuvieran acceso a médicos para constatar su estado de salud, al contrario los mantuvieron allí desde el mediodía del 20 de agosto hasta las tres de la madrugada del 21 de agosto y después fueron conducidos bajo un fuerte operativo policial hacia un hospital privado, ordenando que se mantuviera custodia policial en el centro asistencial.
Los golpeados, torturados y heridos, según la justificación de los fiscales, eran los que habían atentado contra la seguridad de los uniformados y hasta la fecha desconocemos que hayan iniciado causa judicial contra los policías que cometieron esta violación grave a los derechos humanos.
A pesar que se tienen nombre de los oficiales, números de los chalecos 0385; 0237; 0974 que pertenecen a la policía de Tránsito y números de cascos 0236; 0255; 26, 22,18, pero eso no es prueba suficiente para el Ministerio Público para iniciar causas urgentes para parar la barbarie con que los uniformados trataron a los maestros.
En esta brutalidad usaron más de 200 bombas lacrimógenas valoradas en 100 dólares cada una, sobrevolaron helicópteros, desplazaron tanquetas, utilizando vehículos claramente identificados de la Policía Nacional y carros sin placas donde se mueven sicarios armados y sin uniforme, mejor dicho paramilitares.
Si este dinero se utilizara para cancelar la deuda que tiene el Estado de Honduras producto de la corrupción y saqueo del INPREMA, fondos que le pertenecen al magisterio, ya estaría saldada esta deuda y no se estuviera sometiendo a la represión salvaje que solo exhibe al régimen tal como es.
Es necesario llamar la atención a la comunidad internacional, a la solidaridad internacional porque la situación que está enfrentando el magisterio y el pueblo hondureño en general es grave y una lucha desigual, mentores con pluma y pensamiento libre ante armados, uniformados, con toda una logística y equipamiento que son un instrumentos de guerra utilizado contra el pueblo hondureño que ha decidido luchar pacíficamente.
Alertamos de manera urgente que estamos en momentos difíciles, tememos por una más sangrienta represión contra el magisterio en las próximas horas.
Denunciamos que se les ha suspendido el servicio de luz en las instalaciones del INPREMA donde está el magisterio y que están haciendo uso de toda penetración e infiltración de hombres de civil al interior del conglomerado magisterial, igual la circulación de vehículos sin placas con hombres armados vestidos de civil.
Hostilidad continúa en Zacate Grande y Bajo Aguán
El día de hoy 22 de agosto desde tempranas horas de la mañana hemos sido alertadas desde la comunidad de Zacate Grande, ubicada en el Sur del país, que la patrulla 1715 de la policía, fue la primera que circuló en la zona, con más de 10 hombres de la Dirección Nación de Investigación Criminal, DNIC y policías preventivos, con rumbo a las tierras del grupo campesino de Puerto Grande, ubicado en Zacate Grande.
En la comunidad de Puerto Grande se encuentran unas 80 familias dispuestas a morir por el derecho a tener un pedazo de tierra que les pertenece a ellos y que ha sido arrebatada por el terrateniente Miguel Facussé Barjum, quien ha estado usando la estrategia de repartir tierras a personas que le son fiel a sus propósitos para que entren en conflicto con los dueños de la tierra y los miembros de la comunidad antes mencionada.
El objetivo es generar la confrontación, la que en efecto se logró este día dejando como resultado cuatro personas heridas: Ethel Verónica Posadas (28), quien está hospitalizada en San Lorenzo, así como Rosa Merari y Gustavo Eduardo Sánchez (20) que fueron golpeados salvajemente, todo esto se realizó en presencia de las fuerzas policiales que acompañaban a los civiles.
Además hay personas amenazadas a muerte entre ellas, Miguel Ángel Vásquez; Edwin Aguilar y Verónica Torres, que fueron sentenciadas en presencia de los uniformados, quienes dijeron que lo único que iban a hacer al lugar era a recoger los muertos. Cabe señalar que uno de los policías salió golpeado por parte de los hostigadores de Facussé.
Los moradores de la comunidad tienen más de 10 años de posesión en la tierra, en el expediente del Instituto Nacional Agrario, INA, amparado en el Decreto 18-2008, les garantiza su legitimidad aunque todavía no tienen oficialmente la posesión de la tierra, esta es una acción que deben tomar de inmediato las autoridades del INA para evitar más derramamientos de sangre en la zona.
Por otro lado, el régimen de “unidad y reconciliación” que preside Lobo Sosa, ha firmado un compromiso de respetar los derechos humanos y facilitar un proceso de entrega de tierras a los campesinos del MUCA, movimiento que en los últimos meses ha sido víctima de serios y violentos ataques por parte de terratenientes de la zona, entre ellos Miguel Facussé Barjum.
El 17 de agosto, fueron asesinados los campesinos Victor Manuel Mata (40) y los menores de edad Sergio Magdiel Amaya (18) y Rulbin Marel Villeda (14), de la Cooperativa San Esteban, según testigos, por agentes que pertenecen a la policía nacional.
De qué reconciliación y respeto a los derechos humanos se habla, cuáles son los avances de pacificación que se tiene en la zona, a quién beneficia este acuerdo, exhortamos que se hable menos y que se ponga en práctica el respeto integral de los derechos humanos, sobre todo el respeto a la vida. Mientras se continúen las amenazas, la militarización y el terror en la zona, los avances nos se podrán medir, menos cumplir.
Libertad de Expresión
En la actualidad en Honduras se continúa coartando la Libertad de Expresión y se ataca deliberadamente a comunicadores y periodistas que ejercen su trabajo independiente.
Es motivo de preocupación para este Comité que en los últimos 15 días del presente mes de agosto se ha puesto en práctica diferentes tipos de ataques a los periodistas:
Dick Emanuelsson, de nacionalidad Sueca, quien ejerce con profesionalismo, ética, independencia y responsabilidad su labor, ha venido siendo víctima de diferentes ataques y hoy se suma a la hostilidad el furibundo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que de manera pública ha expresado que inició una investigación sobre el estatus que tiene el periodista en el país.
Todo indica que se abrirá un proceso legal y conociendo cómo funciona el Sistema de Justicia, se concluirá con su salida del país, las pretensiones es expulsarlo de Honduras, lo cual será ilegal puesto que el periodista Dick no necesita permiso, su patrono no es ningún hondureño, además él reside legalmente Honduras.
De lo que le pasa al periodista Dick hemos puesto en autos al Relator Especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, al Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y está en curso una comunicación al Relator Especial de la Libertad de Expresión en Europa.
Igual preocupación tenemos por la situación que enfrenta el periodista René Rojas, en Santa Rosa de Copán, en el Occidente del país, que ha sido víctima de reiterados ataques por miembros de la Policías Nacional Preventiva, asignados en la zona.
El día 05 de agosto fue detenido ilegalmente por el policía de Tránsito de nombre Ricardo Espinoza quien argumentó que estaba mal estacionado su vehículo, lo esposó, lo exhibió en el parque central de Santa Rosa de Copán y lo despojó de su grabadora la cual es su herramienta trabajo, sin haber cometido la falta de tránsito y aún si lo hubiese hecho lo que procedía era una sanción administrativa, pero lo mantuvo detenido por más de tres horas.
El día 14 de agosto Rojas se apersonó a las oficinas de la policía a reclamar su grabadora, en el momento que se le entregó fue amenazado de muerte por el delegado regional de la policía el Comisionado Juan Carlos Bonilla y el jefe regional de Tránsito, Wilmer Torres, quienes le dijeron : “ si seguís hablando m… te vamos a matar”.
Ese mismo día en horas de la noche cuando se trasladaba con una de sus hijas menores, fue interceptado por la policía de Tránsito bajo la justificación que andaba en estado de ebriedad y continúa la persecución y el chequeo contra este comunicador social en el Occidente del país.
El 14 de agosto, Brayan Flores, periodista del Diario El Libertador fue detenido por policías COBRAS, en el instante que realizaba su labor periodística en las inmediaciones del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), donde permanecen los maestros reclamando la devolución de más de tres mil millones de lempiras que han sido sustraídos del patrimonio magisterial, por parte de las autoridades.
En el momento de su detención tomaba fotografías sobre la vigilancia que los policías estaban realizando a los docentes. Le dijeron “Ah, vos sos de los que andás defendiendo a los comunistas revoltosos”, “este pendejo es venezolano”, “verdad que vos sos chavista perro”, a lo que el reportero se limitó a decir que “era hondureño por nacimiento y que solamente andaba haciendo su trabajo como reportero”.
No es la primera vez que Flores es objeto de persecución y amenazas, por eso en el mes de agosto de 2009, que la CIDH hizo presencia en Honduras, él presentó su denuncia formal.
El 18 de agosto el periodista Eduardo Coto Barnica, del Colectivo de Radio Uno, de San Pedro Sula, fue detenido arbitraria e ilegalmente por parte de la policía, en el momento que ejercía su trabajo de comunicador social, en el desalojo violento que es práctica del ejército y de la policía de Honduras, para desarticular y torturar a los ciudadanos y ciudadanas que reclaman derechos violados y que son miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular.
Al periodista se le declaró auto de libertad después de permanecer varias horas detenido, mientras a dos de sus compañeros se les sigue proceso penal por delitos políticos y otro guarda prisión por sedición, en la cárcel de San Pedro Sula.
El 20 de agosto el periodista Richard Casulá de Canal 36 fue nuevamente objeto de hostilidad y ataques contra su integridad física por parte de los uniformados en el momento en que él se encontraba ejerciendo su labor periodística, registrando la brutalidad policial contra el magisterio, en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, en Tegucigalpa.
José Alemán, otro comunicador social que reside en Ocotepeque, está siendo objeto de hostigamiento, según lo ha denunciado en nuestras oficinas y en comunicación a través del programa radial del COFADEH “Voces contra el Olvido”.
Por todos estos hechos demandamos de manera urgente que la comunidad internacional exija respeto a los derechos humanos y el cese de la persecución política.
DE LOS HECHOS Y LOS HECHORES NI OLVIDO NI PERDON
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH
Tegucigalpa M.D.C. 22 de agosto de 2010
viernes, 13 de agosto de 2010
Asesinan a dirigente campesina María Teresa Flores
Carlos H. Reyes: es “un asesinato político”
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa 12 de agosto de 2010. La dirigente campesina María Teresa Flores, desaparecida desde el pasado 07 de agosto, fue encontrada muerta, con señales de haber sido torturada y posteriormente ejecutada con disparos de arma de fuego.
Flores, madre de 14 hijos, formaba parte del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), anteriormente también fue directiva de Organización Campesina de Honduras (OCH).
El cadáver de la dirigente, fue encontrado en estado de putrefacción y con disparos y señales de haber sido torturada el día miércoles a las 10:00 de la mañana a unos 35 kilómetros de la ciudad de Siguatepeque, según versiones de familiares.
Flores había desparecido desde al Sábado 07 de Agosto al medio día, pues había salido de Tegucigalpa con destino a su casa a las 6:00 de la mañana, pero se comunicó con un compañero de un grupo campesino y le dijo que se encontraba en Siguatepeque esperando un auto-bus para su casa, desde entonces la familia no volvió a saber nada mas de ella hasta hoy que encontraron su cuerpo ya putrefacto, según el relato de la Periodista Mabel Márquez.
De acuerdo con la Periodista, la dirigente agraria, era coordinadora de varios grupos campesinos en el sector donde residía, en el departamento de Comayagua y era originaria del municipio de Meambar.
El año anterior esta compañera perdió 15 de sus familiares en un accidente automovilístico mientras regresaban del entierro de un pariente suyo.
Un asesinato político.
El dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP, Carlos H. Reyes, calificó la muerte de Flores, como “un asesinato político”, enmarcado en la represión que vive el país después del golpe de Estado.
Reyes cuestionó que “quienes tomas las decisiones (sobre el asesinato de dirigentes sociales), es al más alto nivel, asesorados por elementos claves de la embajada de los Estados Unidos”.
En los últimos meses se registra una serie de asesinatos y ejecuciones de personas, al grado que el país es catalogado como el más violento de mundo por una publicación Inglesa “The Econimist”.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, denunció hace pocos días, que existe una política de Estado de violación sistemática a los derechos humanos en Honduras.
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa 12 de agosto de 2010. La dirigente campesina María Teresa Flores, desaparecida desde el pasado 07 de agosto, fue encontrada muerta, con señales de haber sido torturada y posteriormente ejecutada con disparos de arma de fuego.
Flores, madre de 14 hijos, formaba parte del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), anteriormente también fue directiva de Organización Campesina de Honduras (OCH).
El cadáver de la dirigente, fue encontrado en estado de putrefacción y con disparos y señales de haber sido torturada el día miércoles a las 10:00 de la mañana a unos 35 kilómetros de la ciudad de Siguatepeque, según versiones de familiares.
Flores había desparecido desde al Sábado 07 de Agosto al medio día, pues había salido de Tegucigalpa con destino a su casa a las 6:00 de la mañana, pero se comunicó con un compañero de un grupo campesino y le dijo que se encontraba en Siguatepeque esperando un auto-bus para su casa, desde entonces la familia no volvió a saber nada mas de ella hasta hoy que encontraron su cuerpo ya putrefacto, según el relato de la Periodista Mabel Márquez.
De acuerdo con la Periodista, la dirigente agraria, era coordinadora de varios grupos campesinos en el sector donde residía, en el departamento de Comayagua y era originaria del municipio de Meambar.
El año anterior esta compañera perdió 15 de sus familiares en un accidente automovilístico mientras regresaban del entierro de un pariente suyo.
Un asesinato político.
El dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP, Carlos H. Reyes, calificó la muerte de Flores, como “un asesinato político”, enmarcado en la represión que vive el país después del golpe de Estado.
Reyes cuestionó que “quienes tomas las decisiones (sobre el asesinato de dirigentes sociales), es al más alto nivel, asesorados por elementos claves de la embajada de los Estados Unidos”.
En los últimos meses se registra una serie de asesinatos y ejecuciones de personas, al grado que el país es catalogado como el más violento de mundo por una publicación Inglesa “The Econimist”.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, denunció hace pocos días, que existe una política de Estado de violación sistemática a los derechos humanos en Honduras.
martes, 10 de agosto de 2010
Peligroso que Estados Unidos aproveche influencia para cabildear retorno de Honduras a OEA
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa/Nueva York. 28 Julio 2010. "Estados Unidos está adoptando un enfoque peligroso en aprovechar su influencia para cabildear en favor de la normalización de las relaciones de la OEA", denunció el director ejecutivo de CCR Vicente Warren, en una declaración y carta abierta a la Secretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, sobre readmitir Honduras en la OEA.
Estados Unidos premia a quienes hacen cambios violentos de gobierno.
El Director Ejecutivo del Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), Vincent Warren, expresó que el lobby de los Estados Unidos: “Recompensa el cambio, ilegal, antidemocrático y violento, de un régimen [ocurrido en Honduras], y debe ser abandonado".
Ningún estado de OEA debería normalizar relaciones con el régimen antidemocrático de Lobo.
Warren discrepa del informe presentado por Hillary Clinton sobre la situación en Honduras, y resume cuatro puntos que califica como “graves preocupaciones” sobre la situación actual en el país:
1. La situación de los derechos humanos en Honduras es grave, y ha seguido deteriorándose;
2. Las elecciones de noviembre fueron ampliamente criticadas. Ellas no fueron "libres y justas", como las ha caracterizado la secretaria Clinton;
3. La situación en Honduras, y los debates en torno a ella, han sido empañados por la penetrante desinformación sobre los acontecimientos que condujeron al golpe de Estado, sobre la encuesta pública que el Presidente Zelaya tenía previsto realizar, así como la supuesta legalidad de las acciones de los militares y el Congreso en su remoción [del presidente].
4. La Comisión de Verdad y Reconciliación, establecida por el gobierno de Lobo ha sido citado por Clinton como una señal de progreso en Honduras. Sin embargo, la legitimidad, el mandato, el alcance y la metodología de la Comisión ha sido cuestionado y criticado en toda Honduras y en las comunidades internacionales de derechos humanos.
Teniendo en cuenta estas preocupaciones, Warren juzga que: "Los Estados Unidos no debería apoyar la normalización de las relaciones con el régimen antidemocrático de Porfirio Lobo. Como tampoco ningún estado miembro de la OEA".
Antecedentes.
Después del golpe de Estado en junio de 2009, la OEA suspendió la adhesión de Honduras.
El 30 de julio de 2010, una Comisión de Alto Nivel, de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre Honduras, debería hacer recomendaciones a los demás Estados miembros de la OEA, respecto a la readmisión de Honduras en ese organismo continental.
La Comisión no realizó ninguna visita a Honduras, como se preveía, y escuchó, en Washington, al representante Arturo Corrales, del régimen de Porfirio Lobo, y a Rodolfo Pastor Fasquelle, comisionado por el presidente defenestrado por el golpe de Estado, Manuel Zelaya.
El Frente Nacional de Resistencia popular (FNRP), pidió a esa Comisión, que no hiciera ninguna recomendación sobre la readmisión de Honduras a la OEA, sin antes escuchar a todos los protagonistas, incluido el Frente.
De manera extraoficial, se ha divulgado que la OEA pospondría la reunión para escuchar el informe de la Comisión, el viernes 30.
No obstante, el vocero Corrales, del régimen de Lobo, aseguró a varios medios que el “informe está casi listo para reincorporar a Honduras”.
El CCR es una organización civil dedicada, hace más de 40años, al progreso y protección de los derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración Universal de Los Derechos Humanos. Ha recibido más de una decena de premios internacionales por su labor.
Tegucigalpa/Nueva York. 28 Julio 2010. "Estados Unidos está adoptando un enfoque peligroso en aprovechar su influencia para cabildear en favor de la normalización de las relaciones de la OEA", denunció el director ejecutivo de CCR Vicente Warren, en una declaración y carta abierta a la Secretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, sobre readmitir Honduras en la OEA.
Estados Unidos premia a quienes hacen cambios violentos de gobierno.
El Director Ejecutivo del Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), Vincent Warren, expresó que el lobby de los Estados Unidos: “Recompensa el cambio, ilegal, antidemocrático y violento, de un régimen [ocurrido en Honduras], y debe ser abandonado".
Ningún estado de OEA debería normalizar relaciones con el régimen antidemocrático de Lobo.
Warren discrepa del informe presentado por Hillary Clinton sobre la situación en Honduras, y resume cuatro puntos que califica como “graves preocupaciones” sobre la situación actual en el país:
1. La situación de los derechos humanos en Honduras es grave, y ha seguido deteriorándose;
2. Las elecciones de noviembre fueron ampliamente criticadas. Ellas no fueron "libres y justas", como las ha caracterizado la secretaria Clinton;
3. La situación en Honduras, y los debates en torno a ella, han sido empañados por la penetrante desinformación sobre los acontecimientos que condujeron al golpe de Estado, sobre la encuesta pública que el Presidente Zelaya tenía previsto realizar, así como la supuesta legalidad de las acciones de los militares y el Congreso en su remoción [del presidente].
4. La Comisión de Verdad y Reconciliación, establecida por el gobierno de Lobo ha sido citado por Clinton como una señal de progreso en Honduras. Sin embargo, la legitimidad, el mandato, el alcance y la metodología de la Comisión ha sido cuestionado y criticado en toda Honduras y en las comunidades internacionales de derechos humanos.
Teniendo en cuenta estas preocupaciones, Warren juzga que: "Los Estados Unidos no debería apoyar la normalización de las relaciones con el régimen antidemocrático de Porfirio Lobo. Como tampoco ningún estado miembro de la OEA".
Antecedentes.
Después del golpe de Estado en junio de 2009, la OEA suspendió la adhesión de Honduras.
El 30 de julio de 2010, una Comisión de Alto Nivel, de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre Honduras, debería hacer recomendaciones a los demás Estados miembros de la OEA, respecto a la readmisión de Honduras en ese organismo continental.
La Comisión no realizó ninguna visita a Honduras, como se preveía, y escuchó, en Washington, al representante Arturo Corrales, del régimen de Porfirio Lobo, y a Rodolfo Pastor Fasquelle, comisionado por el presidente defenestrado por el golpe de Estado, Manuel Zelaya.
El Frente Nacional de Resistencia popular (FNRP), pidió a esa Comisión, que no hiciera ninguna recomendación sobre la readmisión de Honduras a la OEA, sin antes escuchar a todos los protagonistas, incluido el Frente.
De manera extraoficial, se ha divulgado que la OEA pospondría la reunión para escuchar el informe de la Comisión, el viernes 30.
No obstante, el vocero Corrales, del régimen de Lobo, aseguró a varios medios que el “informe está casi listo para reincorporar a Honduras”.
El CCR es una organización civil dedicada, hace más de 40años, al progreso y protección de los derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración Universal de Los Derechos Humanos. Ha recibido más de una decena de premios internacionales por su labor.
Los ataques contra opositores continuos propician un clima de intimidación
Julio 25, 2010
Escasos avances en derechos humanos luego a seis meses del gobierno de Lobo
(Washington DC) - A seis meses de que Porfirio Lobo asumió la presidencia, han habido avances muy limitados en Honduras para abordar las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde el golpe de estado de 2009, señaló hoy Human Rights Watch. Las amenazas y agresiones contra periodistas y opositores políticos han propiciado un clima de intimidación, mientras que la impunidad por estos abusos continúa siendo la regla.
"Los ataques violentos contra periodistas y opositores políticos han inhibido fuertemente el ejercicio de las libertades fundamentales en Honduras", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Cuando los periodistas dejan de transmitir noticias, los ciudadanos abandonan las actividades políticas y los jueces temen ser destituidos por sus sentencias, están en grave peligro los pilares de la democracia".
Human Rights Watch instó al gobierno hondureño a brindar protección a periodistas y miembros de la oposición política, a juzgar a los responsables de las violaciones de derechos humanos y a restablecer la independencia del poder judicial.
Un clima de intimidación
Al menos ocho periodistas y diez miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) -una organización política que se opuso al golpe de estado de 2009 y exigió la restitución del depuesto Presidente Manuel Zelaya- han sido asesinados desde que asumió el Presidente Lobo el 27 de enero de 2010.
Según fiscales entrevistados por Human Rights Watch, también aumentaron significativamente las amenazas contra periodistas y miembros de la oposición durante este período.
Por ejemplo, José Oswaldo Martínez, un periodista de Radio Uno en San Pedro Sula, informó a Human Rights Watch que había recibido varias amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y de correo electrónico, entre ellas una recibida en julio que anunciaba: "Como no dejes de hablar de ese perro Zelaya, te vamos a callar la boca de un balazo".
El 15 de junio, Luis Arturo Mondragón, director de noticias de Canal 19 en El Paraíso, fue asesinado a balazos al salir del canal. Aparentemente, había recibido amenazas de muerte por teléfono.
Oslin Obando Cáceres, un conductor de taxi de 22 años de la ciudad de Tela que participaba activamente en el FNRP, permanece desaparecido desde el 13 de junio y se teme que haya sido asesinado. En las semanas previas a su desaparición, Obando y su familia habían recibido varias amenazas de muerte vinculadas con sus actividades políticas.
En respuesta a estos y otros ataques y amenazas, durante la vigencia del actual gobierno la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado 26 medidas cautelares en favor de periodistas, miembros de la oposición política y sus familiares, y ha ordenado al gobierno hondureño que les garantice protección. Sin embargo, según señaló la Comisión en un informe de junio, los esfuerzos realizados por Honduras para implementar esas medidas han sido "escasos, tardíos, deficientes y, en algunos casos, nulos".
Como prueba del cumplimiento deficiente del gobierno, la Comisión citó el caso de Nahún Palacios, director de un canal de televisión en Tocoa, a quien se habían concedido medidas cautelares luego de recibir varias amenazas de muerte. Palacios fue asesinado por agresores no identificados el 14 de marzo mientras conducía hacia su vivienda, y la Comisión criticó duramente al gobierno hondureño por no haberle brindado protección. Varios periodistas y miembros del FNRP que cuentan con medidas cautelares manifestaron a Human Rights Watch que el gobierno no había tomado ninguna medida tendiente a protegerlos.
Las razones de los ataques contra determinados periodistas no siempre son evidentes; en algunos casos -pero no en todos- los ataques parecen estar vinculados con sus críticas al golpe de estado de 2009. No obstante, estas amenazas y ataques, sumados a la violencia contra la oposición política, han generado un clima de intimidación que inhibe fuertemente el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en Honduras, expresó Human Rights Watch.
Un periodista de radio relató a Human Rights Watch que en julio un colega renunció a su trabajo en la estación después de recibir varias amenazas de muerte por expresar su opinión política. De manera similar, una opositora política entrevistada por Human Rights Watch afirmó que se sintió obligada a abandonar sus actividades políticas luego de que en marzo ella y sus hijas fueron abordadas por hombres armados. Un miembro del FNRP que recibió un disparo en la pierna durante un intento de asesinato comentó a Human Rights Watch que también había abandonado su participación en actividades políticas a causa del ataque. En cada uno de estos casos, al igual que en muchos otros documentados por Human Rights Watch, los entrevistados pidieron que no se divulgaran sus nombres por temor a sufrir represalias.
Impunidad
La impunidad por los abusos cometidos luego del golpe de estado de 2009 no ha hecho más que agravar el clima de intimidación reinante en Honduras. Hasta el momento, no se ha condenado a ninguno de los responsables de los abusos documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos locales e internacionales.
El 27 de enero, el gobierno aprobó un decreto de amnistía para los delitos políticos cometidos durante el golpe de 2009. Si bien el decreto prohíbe expresamente la amnistía para las violaciones de derechos humanos, el lenguaje ambiguo de la norma -en particular en relación con la amnistía por los delitos de abuso de autoridad- deja abierta la posibilidad de una aplicación excesivamente amplia. Honduras es parte de varios tratados internacionales de derechos humanos que imponen la obligación de investigar y juzgar adecuadamente a los perpetradores y que garantizan a las víctimas un recurso legal efectivo, como el derecho a la justicia, la verdad y a una reparación adecuada.
Si bien la creación este año de una Fiscalía Especial de Derechos Humanos constituyó una medida positiva, los fiscales señalaron a Human Rights Watch que la fiscalía no cuenta con los recursos ni el personal necesarios para investigar la enorme cantidad de denuncias recibidas. Asimismo, las víctimas y los testigos de los ataques a menudo prefieren mantener silencio para resguardar su seguridad y la de sus familias, y esto contribuye a obstaculizar las investigaciones.
Destitución de jueces
La destitución en mayo de cuatro jueces de tribunales inferiores que cuestionaron la legalidad del golpe de estado de 2009 ha debilitado gravemente la credibilidad del poder judicial hondureño.
La Corte Suprema destituyó al Juez Ramón Barrios luego de que se opusiera públicamente una sentencia dictada en junio por dicho tribunal en la cual validaba el golpe. El juez Guillermo López Lone, presidente de Jueces por la Democracia, y el juez Luis Chévez de la Rocha fueron apartados de sus cargos por participar en manifestaciones públicas que exigían la restitución de Zelaya en el poder. La Jueza Thirza Flores Lanza fue destituida por haber presentado dos amparos en favor de Zelaya.
El 28 de junio, estos jueces presentaron escritos de impugnación ante el Consejo de la Carrera Judicial, un órgano revisor designado por la Corte Suprema, y han presentado apelaciones ante el Sistema Interamericano para que revea su caso.
El Juez López expresó a Human Rights Watch que, desde su destitución, varios jueces le han comentado confidencialmente que el temor a ser destituidos por el gobierno influye en sus decisiones judiciales. Un fiscal de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos comentó que otros fiscales también habían expresado esta preocupación.
"Los avances para restablecer el estado de derecho en Honduras desde el golpe de estado han sido muy limitados" afirmó Vivanco. "El gobierno debería proteger a los periodistas y miembros de la oposición política que reciben amenazas, impulsar la investigación y el juzgamiento activos de los abusos y reafirmar la independencia de los jueces".
Fuente: http://www.hrw.org/es/news/2010/07/29/honduras-los-ataques-contra-periodistas-y-opositores-continuos-propician-un-clima-de
Escasos avances en derechos humanos luego a seis meses del gobierno de Lobo
(Washington DC) - A seis meses de que Porfirio Lobo asumió la presidencia, han habido avances muy limitados en Honduras para abordar las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde el golpe de estado de 2009, señaló hoy Human Rights Watch. Las amenazas y agresiones contra periodistas y opositores políticos han propiciado un clima de intimidación, mientras que la impunidad por estos abusos continúa siendo la regla.
"Los ataques violentos contra periodistas y opositores políticos han inhibido fuertemente el ejercicio de las libertades fundamentales en Honduras", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Cuando los periodistas dejan de transmitir noticias, los ciudadanos abandonan las actividades políticas y los jueces temen ser destituidos por sus sentencias, están en grave peligro los pilares de la democracia".
Human Rights Watch instó al gobierno hondureño a brindar protección a periodistas y miembros de la oposición política, a juzgar a los responsables de las violaciones de derechos humanos y a restablecer la independencia del poder judicial.
Un clima de intimidación
Al menos ocho periodistas y diez miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) -una organización política que se opuso al golpe de estado de 2009 y exigió la restitución del depuesto Presidente Manuel Zelaya- han sido asesinados desde que asumió el Presidente Lobo el 27 de enero de 2010.
Según fiscales entrevistados por Human Rights Watch, también aumentaron significativamente las amenazas contra periodistas y miembros de la oposición durante este período.
Por ejemplo, José Oswaldo Martínez, un periodista de Radio Uno en San Pedro Sula, informó a Human Rights Watch que había recibido varias amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y de correo electrónico, entre ellas una recibida en julio que anunciaba: "Como no dejes de hablar de ese perro Zelaya, te vamos a callar la boca de un balazo".
El 15 de junio, Luis Arturo Mondragón, director de noticias de Canal 19 en El Paraíso, fue asesinado a balazos al salir del canal. Aparentemente, había recibido amenazas de muerte por teléfono.
Oslin Obando Cáceres, un conductor de taxi de 22 años de la ciudad de Tela que participaba activamente en el FNRP, permanece desaparecido desde el 13 de junio y se teme que haya sido asesinado. En las semanas previas a su desaparición, Obando y su familia habían recibido varias amenazas de muerte vinculadas con sus actividades políticas.
En respuesta a estos y otros ataques y amenazas, durante la vigencia del actual gobierno la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado 26 medidas cautelares en favor de periodistas, miembros de la oposición política y sus familiares, y ha ordenado al gobierno hondureño que les garantice protección. Sin embargo, según señaló la Comisión en un informe de junio, los esfuerzos realizados por Honduras para implementar esas medidas han sido "escasos, tardíos, deficientes y, en algunos casos, nulos".
Como prueba del cumplimiento deficiente del gobierno, la Comisión citó el caso de Nahún Palacios, director de un canal de televisión en Tocoa, a quien se habían concedido medidas cautelares luego de recibir varias amenazas de muerte. Palacios fue asesinado por agresores no identificados el 14 de marzo mientras conducía hacia su vivienda, y la Comisión criticó duramente al gobierno hondureño por no haberle brindado protección. Varios periodistas y miembros del FNRP que cuentan con medidas cautelares manifestaron a Human Rights Watch que el gobierno no había tomado ninguna medida tendiente a protegerlos.
Las razones de los ataques contra determinados periodistas no siempre son evidentes; en algunos casos -pero no en todos- los ataques parecen estar vinculados con sus críticas al golpe de estado de 2009. No obstante, estas amenazas y ataques, sumados a la violencia contra la oposición política, han generado un clima de intimidación que inhibe fuertemente el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en Honduras, expresó Human Rights Watch.
Un periodista de radio relató a Human Rights Watch que en julio un colega renunció a su trabajo en la estación después de recibir varias amenazas de muerte por expresar su opinión política. De manera similar, una opositora política entrevistada por Human Rights Watch afirmó que se sintió obligada a abandonar sus actividades políticas luego de que en marzo ella y sus hijas fueron abordadas por hombres armados. Un miembro del FNRP que recibió un disparo en la pierna durante un intento de asesinato comentó a Human Rights Watch que también había abandonado su participación en actividades políticas a causa del ataque. En cada uno de estos casos, al igual que en muchos otros documentados por Human Rights Watch, los entrevistados pidieron que no se divulgaran sus nombres por temor a sufrir represalias.
Impunidad
La impunidad por los abusos cometidos luego del golpe de estado de 2009 no ha hecho más que agravar el clima de intimidación reinante en Honduras. Hasta el momento, no se ha condenado a ninguno de los responsables de los abusos documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos locales e internacionales.
El 27 de enero, el gobierno aprobó un decreto de amnistía para los delitos políticos cometidos durante el golpe de 2009. Si bien el decreto prohíbe expresamente la amnistía para las violaciones de derechos humanos, el lenguaje ambiguo de la norma -en particular en relación con la amnistía por los delitos de abuso de autoridad- deja abierta la posibilidad de una aplicación excesivamente amplia. Honduras es parte de varios tratados internacionales de derechos humanos que imponen la obligación de investigar y juzgar adecuadamente a los perpetradores y que garantizan a las víctimas un recurso legal efectivo, como el derecho a la justicia, la verdad y a una reparación adecuada.
Si bien la creación este año de una Fiscalía Especial de Derechos Humanos constituyó una medida positiva, los fiscales señalaron a Human Rights Watch que la fiscalía no cuenta con los recursos ni el personal necesarios para investigar la enorme cantidad de denuncias recibidas. Asimismo, las víctimas y los testigos de los ataques a menudo prefieren mantener silencio para resguardar su seguridad y la de sus familias, y esto contribuye a obstaculizar las investigaciones.
Destitución de jueces
La destitución en mayo de cuatro jueces de tribunales inferiores que cuestionaron la legalidad del golpe de estado de 2009 ha debilitado gravemente la credibilidad del poder judicial hondureño.
La Corte Suprema destituyó al Juez Ramón Barrios luego de que se opusiera públicamente una sentencia dictada en junio por dicho tribunal en la cual validaba el golpe. El juez Guillermo López Lone, presidente de Jueces por la Democracia, y el juez Luis Chévez de la Rocha fueron apartados de sus cargos por participar en manifestaciones públicas que exigían la restitución de Zelaya en el poder. La Jueza Thirza Flores Lanza fue destituida por haber presentado dos amparos en favor de Zelaya.
El 28 de junio, estos jueces presentaron escritos de impugnación ante el Consejo de la Carrera Judicial, un órgano revisor designado por la Corte Suprema, y han presentado apelaciones ante el Sistema Interamericano para que revea su caso.
El Juez López expresó a Human Rights Watch que, desde su destitución, varios jueces le han comentado confidencialmente que el temor a ser destituidos por el gobierno influye en sus decisiones judiciales. Un fiscal de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos comentó que otros fiscales también habían expresado esta preocupación.
"Los avances para restablecer el estado de derecho en Honduras desde el golpe de estado han sido muy limitados" afirmó Vivanco. "El gobierno debería proteger a los periodistas y miembros de la oposición política que reciben amenazas, impulsar la investigación y el juzgamiento activos de los abusos y reafirmar la independencia de los jueces".
Fuente: http://www.hrw.org/es/news/2010/07/29/honduras-los-ataques-contra-periodistas-y-opositores-continuos-propician-un-clima-de
lunes, 9 de agosto de 2010
Acción urgente de Amnistía Internacional
Una defensora de los derechos humanos hondureña ha recibido un mensaje amenazador de correo electrónico y una serie de llamadas telefónicas anónimas. Amnistía Internacional cree que su vida puede correr peligro.
Al atardecer del 17 de julio, Gladys Lanza, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, recibió un correo electrónico que tenía como asunto: “Hola vieja puta!!!”. Parte del correo decía: “Ahorita te caemos, vieja ignorante!!! […] Billy Joya Amendola renovado”. Muchas personas en Honduras tienen miedo de Billy Joya, a causa de sus presuntas actividades con el Batallón 3-16, unidad hondureña de inteligencia militar que cometió violaciones de derechos humanos en la década de 1980. El correo llevaba anexas seis fotografías: una imagen de Billy Joya, un gatito con un rifle telescópico, una extraña comitiva funeraria encabezada por hombres con uniformes de presidiario, un reloj con la hora 10:12, y dos fotografías de Gladys Lanza. Tres horas antes, Gladys Lanza había participado en un programa radiofónico producido por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en el que condenó el resurgir del militarismo en Honduras y los planes para que el gobierno estadounidense establezca nuevas bases militares en el país.
Durante el programa, en el que distintos invitados hablaron del mismo tema y mencionaron también cuestiones generales sobre los derechos humanos en Honduras, se envió al programa un mensaje de texto que decía: “Ustedes comunistas son los que kieren patadas por mentirosos”.
A lo largo del mes de junio, Gladys Lanza recibió en su móvil cuatro llamadas diferentes, y en todas ellas se oía una respiración fuerte. Durante el mes de julio se siguieron recibiendo llamadas del mismo número, pero Gladys Lanza dejó de responderlas.
El 24 de julio de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIADH) pidió a las autoridades hondureñas que protegieran a Gladys Lanza. Las autoridades hondureñas no han cumplido esta orden de manera efectiva. No se han cumplido las promesas de mantener reuniones periódicas con Gladys Lanza y de organizar patrullas policiales en torno a las oficinas de Visitación Padilla, lo que pone a Gladys Lanza en peligro.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y el acoso contra Gladys Lanza;
- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para cumplir plenamente la orden dictada por la CIADH el 24 de julio de 2009; la protección proporcionada a Gladys Lanza debe ser acordada con ella, y conforme a sus propios deseos;
- recordando a las autoridades que los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen derecho a llevar a cabo sus actividades sin restricciones injustas ni temor a represalias, conforme establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 A:
Sr. Porfirio Lobo Sosa
Presidente de la República
Casa Presidencial
Boulevard Juan Pablo Segundo
Palacio José Cecilio del Valle
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 239 3298
Tratamiento: Sr. Presidente
Sr. Luis Alberto Rubí
Fiscal General de la República
Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana
Edificio Lomas Plaza II
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 221 5667
Tratamiento: Sr. Fiscal General
Y copia a:
ONG
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Barrio La Plazuela, Avenida Cervantes, Casa No. 1301
Apartado Postal 1243
Tegucigalpa, HONDURAS
Fax: +504 220 5280 (digan: “tono de fax, por favor”)
Envíen también copia a la representación diplomática de Honduras acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
INFORMACIÓN ADICIONAL
El Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla es una organización de derechos humanos que trabaja para promover y defender los derechos de las mujeres. Visitación Padilla fue una de las muchas organizaciones de mujeres de Honduras que se opuso de forma activa y visible al golpe de Estado de junio de 2009.
En octubre de 2009, el programa de radio “Entre Chonas”, producido por Visitación Padilla, fue cancelado por la gerencia de la emisora que lo transmitía. Según la gerencia, el programa violaba un decreto presidencial de emergencia emitido por el gobierno de facto, ya que, según ellos, no promovía la paz y desacreditaba el proceso electoral de noviembre de 2009.
El 9 de marzo de 2010, varias integrantes de Visitación Padilla se dirigían a un acto que habían organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer, para protestar por el homicidio de mujeres en Honduras y por la impunidad que suele rodear esos crímenes. A las doce del mediodía, una integrante de Visitación Padilla aparcó el auto de la organización ante sus oficinas mientras entraba dentro a recoger los materiales y el equipo que necesitaban para el acto. Cuando, a las doce y media, ella y sus colegas volvieron al automóvil y arrancaron, se dieron cuenta de que algo le sucedía al vehículo. Lo llevaron a un mecánico, quien les dijo que alguien había cortado deliberadamente uno de los neumáticos.
Muchas personas en Honduras tienen miedo de Billy Joya, a causa de sus presuntas actividades con el Batallón 3-16, unidad hondureña de inteligencia militar que, en la década de 1980, persiguió a sospechosos políticos y los secuestró, detuvo, torturó y asesinó.
AU: 170/10 Índice: AMR 37/012/2010 Fecha de emisión: 4 de agosto de 2010
Al atardecer del 17 de julio, Gladys Lanza, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, recibió un correo electrónico que tenía como asunto: “Hola vieja puta!!!”. Parte del correo decía: “Ahorita te caemos, vieja ignorante!!! […] Billy Joya Amendola renovado”. Muchas personas en Honduras tienen miedo de Billy Joya, a causa de sus presuntas actividades con el Batallón 3-16, unidad hondureña de inteligencia militar que cometió violaciones de derechos humanos en la década de 1980. El correo llevaba anexas seis fotografías: una imagen de Billy Joya, un gatito con un rifle telescópico, una extraña comitiva funeraria encabezada por hombres con uniformes de presidiario, un reloj con la hora 10:12, y dos fotografías de Gladys Lanza. Tres horas antes, Gladys Lanza había participado en un programa radiofónico producido por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en el que condenó el resurgir del militarismo en Honduras y los planes para que el gobierno estadounidense establezca nuevas bases militares en el país.
Durante el programa, en el que distintos invitados hablaron del mismo tema y mencionaron también cuestiones generales sobre los derechos humanos en Honduras, se envió al programa un mensaje de texto que decía: “Ustedes comunistas son los que kieren patadas por mentirosos”.
A lo largo del mes de junio, Gladys Lanza recibió en su móvil cuatro llamadas diferentes, y en todas ellas se oía una respiración fuerte. Durante el mes de julio se siguieron recibiendo llamadas del mismo número, pero Gladys Lanza dejó de responderlas.
El 24 de julio de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIADH) pidió a las autoridades hondureñas que protegieran a Gladys Lanza. Las autoridades hondureñas no han cumplido esta orden de manera efectiva. No se han cumplido las promesas de mantener reuniones periódicas con Gladys Lanza y de organizar patrullas policiales en torno a las oficinas de Visitación Padilla, lo que pone a Gladys Lanza en peligro.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y el acoso contra Gladys Lanza;
- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para cumplir plenamente la orden dictada por la CIADH el 24 de julio de 2009; la protección proporcionada a Gladys Lanza debe ser acordada con ella, y conforme a sus propios deseos;
- recordando a las autoridades que los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen derecho a llevar a cabo sus actividades sin restricciones injustas ni temor a represalias, conforme establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 A:
Sr. Porfirio Lobo Sosa
Presidente de la República
Casa Presidencial
Boulevard Juan Pablo Segundo
Palacio José Cecilio del Valle
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 239 3298
Tratamiento: Sr. Presidente
Sr. Luis Alberto Rubí
Fiscal General de la República
Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana
Edificio Lomas Plaza II
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 221 5667
Tratamiento: Sr. Fiscal General
Y copia a:
ONG
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Barrio La Plazuela, Avenida Cervantes, Casa No. 1301
Apartado Postal 1243
Tegucigalpa, HONDURAS
Fax: +504 220 5280 (digan: “tono de fax, por favor”)
Envíen también copia a la representación diplomática de Honduras acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
INFORMACIÓN ADICIONAL
El Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla es una organización de derechos humanos que trabaja para promover y defender los derechos de las mujeres. Visitación Padilla fue una de las muchas organizaciones de mujeres de Honduras que se opuso de forma activa y visible al golpe de Estado de junio de 2009.
En octubre de 2009, el programa de radio “Entre Chonas”, producido por Visitación Padilla, fue cancelado por la gerencia de la emisora que lo transmitía. Según la gerencia, el programa violaba un decreto presidencial de emergencia emitido por el gobierno de facto, ya que, según ellos, no promovía la paz y desacreditaba el proceso electoral de noviembre de 2009.
El 9 de marzo de 2010, varias integrantes de Visitación Padilla se dirigían a un acto que habían organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer, para protestar por el homicidio de mujeres en Honduras y por la impunidad que suele rodear esos crímenes. A las doce del mediodía, una integrante de Visitación Padilla aparcó el auto de la organización ante sus oficinas mientras entraba dentro a recoger los materiales y el equipo que necesitaban para el acto. Cuando, a las doce y media, ella y sus colegas volvieron al automóvil y arrancaron, se dieron cuenta de que algo le sucedía al vehículo. Lo llevaron a un mecánico, quien les dijo que alguien había cortado deliberadamente uno de los neumáticos.
Muchas personas en Honduras tienen miedo de Billy Joya, a causa de sus presuntas actividades con el Batallón 3-16, unidad hondureña de inteligencia militar que, en la década de 1980, persiguió a sospechosos políticos y los secuestró, detuvo, torturó y asesinó.
AU: 170/10 Índice: AMR 37/012/2010 Fecha de emisión: 4 de agosto de 2010
Posibles ejecuciones extrajudiciales/ Temor por impunidad
El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura
(OMCT) solicita su intervención MUY URGENTE ante la siguiente situación en
Honduras.
Descripción de la situación
El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con grave preocupación informaciones del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), organización miembro de la red SOS Tortura de la OMCT, sobre el asesinato del Sr. Marco Tulio Amaya, abogado y miembro activo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) como coordinador del Frente de Abogados Contra el Golpe de Estado, en hechos ocurridos el 20 de julio de 2010 en el departamento de El Paraíso. En los mismos hechos también murieron dos defendidos por el Sr. Marco Tulio Amaya, el Sr. Emilio Herrera y la Sra. Mara Leslie Hernández Alemán y resultó gravemente herido otro de sus defendidos, el Sr. Sergio Garibaldi Elvir.
De acuerdo con las informaciones recibidas, el 20 de julio 2010 hacia las
4:00 pm, el Sr. Marco Tulio Amaya, quien estaba acompañado por tres de sus defendidos, los Sres. Emilio Herrera, Sergio Garibaldi Elvir y la Sra. Mara Leslie Hernández Alemán, viajaba en su carro en la carretera que va del municipio de Ojo de
Agua, en el departamento de El Paraíso, a la Villa de San Francisco, cuando fue disparado por individuos no identificados fuertemente armados. Los Sres. Marco Tulio Amaya, Emilio Herrera y la Sra. Mara Leslie Hernández Alemán fallecieron al instante. El Sr. Sergio Garibaldi Elvir resultó gravemente herido y fue luego trasladado de emergencia a Tegucigalpa.
Según las mismas informaciones, en el momento de los hechos, el Sr. Marco Tulio Amaya regresaba a Tegucigalpa al concluir una audiencia en el juzgado de Danlí en la cual salieron favorecidos sus defendidos, quienes estaban acusados de lavado de activos. Se supone que el Sr. Marco Tulio Amaya, al enterarse que estaban siendo seguidos desde la salida de Danlí por varios individuos que se desplazaban en un
vehículo, salió de la carretera a la altura del desvío a Ojo de Agua, pero a unos cinco kilómetros sobre la carretera de tierra fueron alcanzados por los individuos que empezaron a dispárales.
Según las hipótesis presentadas por la policía, el asesinato del Sr. Marco Tulio Amaya estaría vinculado al crimen organizado. Sin embargo, de acuerdo con las mismas informaciones, hasta la fecha, la policía no ha considerado la posibilidad de que el Sr. Marco Tulio Amaya haya sido asesinado por sus actividades en el marco del Frente de Abogados Contra el Golpe de Estado. Según las informaciones, el Sr. Marco Tulio Amaya defendió a varios perseguidos políticos, imputados por manifestarse en contra del golpe de Estado, durante el régimen de facto del Presidente Roberto Micheletti.
El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su seria preocupación respecto al asesinato del Sr. Marco Tulio Amaya. La OMCT recuerda a las autoridades que tienen que cumplir con sus obligaciones que emanan del derecho internacional de derechos humanos de hacer respectar el derecho a la vida y de llevar ante la justicia a los responsables.
En consecuencia, la OMCT llama a las autoridades competentes a realizar una investigación rápida, efectiva, exhaustiva, independiente e imparcial acerca de los hechos arriba mencionados conforme a las normas nacionales e internacionales de
derechos humanos, tales como los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias de las Naciones Unidas, cuyo resultado debe ser hecho público, con el fin de llevar a aquellos responsable ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley.
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades hondureñas urgiéndolas a: i. tomar de manera urgente las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Sergio Garibaldi Elvir; ii. llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos arriba denunciados conforme a las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, tales como los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias de las Naciones Unidas, cuyos resultados se hagan públicos, con el fin de
identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley; iii. asegurar que se le garantice al Sr. Sergio Garibaldi Elvir y a las familia del Sres. Marco Tulio Amaya, Emilio Herrera y la Sra. Mara Leslie Hernández Alemán un recurso efectivo, incluido el derecho a una completa reparación con una compensación; iv. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, de los cuales Honduras es Estado parte.
Direcciones
_ Sra. Embajadora Gracibel Bu Figueroa, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra, 13, Chemin de Taverney, 1218, Grand-Saconnex. FAX: + 41 22 710 07 66, Email: mission.honduras@ties.itu.int; mhonduras.onug@gmail.com
_ Sr. Porfirio Lobo Sosa, Presidente de la República, Casa Presidencial, Boulevard Juan Pablo Segundo, Palacio José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras, Fax: + 504 232 1666
_ Sr. Luis Alberto Rubí, Fiscal General de la República, Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, Edificio Lomas Plaza II, Tegucigalpa, Honduras, Fax: + 504 221 5667
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.
Ginebra, 28 de julio de 2010
Les agradecemos que nos informen acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código delpresente llamado en su respuesta.
(OMCT) solicita su intervención MUY URGENTE ante la siguiente situación en
Honduras.
Descripción de la situación
El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con grave preocupación informaciones del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), organización miembro de la red SOS Tortura de la OMCT, sobre el asesinato del Sr. Marco Tulio Amaya, abogado y miembro activo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) como coordinador del Frente de Abogados Contra el Golpe de Estado, en hechos ocurridos el 20 de julio de 2010 en el departamento de El Paraíso. En los mismos hechos también murieron dos defendidos por el Sr. Marco Tulio Amaya, el Sr. Emilio Herrera y la Sra. Mara Leslie Hernández Alemán y resultó gravemente herido otro de sus defendidos, el Sr. Sergio Garibaldi Elvir.
De acuerdo con las informaciones recibidas, el 20 de julio 2010 hacia las
4:00 pm, el Sr. Marco Tulio Amaya, quien estaba acompañado por tres de sus defendidos, los Sres. Emilio Herrera, Sergio Garibaldi Elvir y la Sra. Mara Leslie Hernández Alemán, viajaba en su carro en la carretera que va del municipio de Ojo de
Agua, en el departamento de El Paraíso, a la Villa de San Francisco, cuando fue disparado por individuos no identificados fuertemente armados. Los Sres. Marco Tulio Amaya, Emilio Herrera y la Sra. Mara Leslie Hernández Alemán fallecieron al instante. El Sr. Sergio Garibaldi Elvir resultó gravemente herido y fue luego trasladado de emergencia a Tegucigalpa.
Según las mismas informaciones, en el momento de los hechos, el Sr. Marco Tulio Amaya regresaba a Tegucigalpa al concluir una audiencia en el juzgado de Danlí en la cual salieron favorecidos sus defendidos, quienes estaban acusados de lavado de activos. Se supone que el Sr. Marco Tulio Amaya, al enterarse que estaban siendo seguidos desde la salida de Danlí por varios individuos que se desplazaban en un
vehículo, salió de la carretera a la altura del desvío a Ojo de Agua, pero a unos cinco kilómetros sobre la carretera de tierra fueron alcanzados por los individuos que empezaron a dispárales.
Según las hipótesis presentadas por la policía, el asesinato del Sr. Marco Tulio Amaya estaría vinculado al crimen organizado. Sin embargo, de acuerdo con las mismas informaciones, hasta la fecha, la policía no ha considerado la posibilidad de que el Sr. Marco Tulio Amaya haya sido asesinado por sus actividades en el marco del Frente de Abogados Contra el Golpe de Estado. Según las informaciones, el Sr. Marco Tulio Amaya defendió a varios perseguidos políticos, imputados por manifestarse en contra del golpe de Estado, durante el régimen de facto del Presidente Roberto Micheletti.
El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su seria preocupación respecto al asesinato del Sr. Marco Tulio Amaya. La OMCT recuerda a las autoridades que tienen que cumplir con sus obligaciones que emanan del derecho internacional de derechos humanos de hacer respectar el derecho a la vida y de llevar ante la justicia a los responsables.
En consecuencia, la OMCT llama a las autoridades competentes a realizar una investigación rápida, efectiva, exhaustiva, independiente e imparcial acerca de los hechos arriba mencionados conforme a las normas nacionales e internacionales de
derechos humanos, tales como los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias de las Naciones Unidas, cuyo resultado debe ser hecho público, con el fin de llevar a aquellos responsable ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley.
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades hondureñas urgiéndolas a: i. tomar de manera urgente las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Sergio Garibaldi Elvir; ii. llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos arriba denunciados conforme a las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, tales como los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias de las Naciones Unidas, cuyos resultados se hagan públicos, con el fin de
identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley; iii. asegurar que se le garantice al Sr. Sergio Garibaldi Elvir y a las familia del Sres. Marco Tulio Amaya, Emilio Herrera y la Sra. Mara Leslie Hernández Alemán un recurso efectivo, incluido el derecho a una completa reparación con una compensación; iv. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, de los cuales Honduras es Estado parte.
Direcciones
_ Sra. Embajadora Gracibel Bu Figueroa, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra, 13, Chemin de Taverney, 1218, Grand-Saconnex. FAX: + 41 22 710 07 66, Email: mission.honduras@ties.itu.int; mhonduras.onug@gmail.com
_ Sr. Porfirio Lobo Sosa, Presidente de la República, Casa Presidencial, Boulevard Juan Pablo Segundo, Palacio José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras, Fax: + 504 232 1666
_ Sr. Luis Alberto Rubí, Fiscal General de la República, Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, Edificio Lomas Plaza II, Tegucigalpa, Honduras, Fax: + 504 221 5667
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.
Ginebra, 28 de julio de 2010
Les agradecemos que nos informen acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código delpresente llamado en su respuesta.