¡Del tigre, aunque sea un pelo!

Sandra Marybel Sánchez

Obligada por las circunstancias tuve que acudir a comienzos de esta semana al “templo de encantadores de serpientes” que tan acertada y gráficamente, describiera el queridísimo amigo Roberto Sosa, en unas de sus piezas poéticas más conocidas.

Se podría decir esta vez que fui en “mejores” condiciones que las anteriores, porque no llegué como “imputada” de un delito, siendo exhibida irrespetuosamente ante y por los medios de comunicación; a manera de juicio previo, emitido por poderes fácticos que determinan su dosis de amarillismo, dependiendo de la condición económica, social o política del acusado.

Fui como “víctima”. Y mentiría si negara que ir en esa condición, a ese iluminado pero a la vez oscuro lugar, por instantes me hizo experimentar el placer morboso de tener en tus manos al “otro”, quizás el mismo que experimentan los torturadores, sólo que potenciado miles de veces, cuando ejercen el control sobre la vida de sus atormentadas presas.

Por supuesto, que esa sólo fue una fantasía momentánea; porque nadie ignora en este país que llamamos nuestro, aunque no lo sea, y fuera de él también, que allí, en ese lugar, la justicia se vende “libreada”, como con gran candidez o maldad, nos lo reconfirmó hace un tiempo, uno de esos politiqueros que han conducido la patria al despeñadero.

Me presenté al lugar, convocada por el tribunal que conoce del “requerimiento fiscal” en contra de un policía, que el 21 de marzo del 2012, junto a por lo menos seis policías más, amenazaron, agredieron e impidieron mi ejercicio profesional del periodismo, en medio de la fuerte y prolongada represión que vivía por esos días en los alrededores del INPREMA, un sector del magisterio nacional.

El caso, se hubiese evaporado junto a centenares de agresiones impunes que sufrido la prensa nacional desde el Golpe de Estado de junio del 2009, de no ser porque quien escribe y el camarógrafo Uriel Rodríguez, (quien compartió conmigo la ferocidad policial ese día) registramos el incidente, hicimos uso de nuestras herramientas de trabajo, el con su filmadora y yo con mi cámara fotográfica (inutilizada en mi intento de salvar la evidencia del ataque), registramos los rostros y los cuerpos de nuestros agresores.

Pero la movida en los tribunales no comenzó este miércoles, comenzó meses atrás, con la audiencia inicial. Allí vi a mi agresor sin la máscara antigases que el día del vejamen cubría casi totalmente el rostro, escondiéndose detrás del cuerpo de su abogado defensor (quien también es policía) intentando que no lo identificáramos, sufriendo la angustia de las consecuencias de su acción.

Sentí pena por él… y reconfirmé algo que ha martillado mi conciencia desde hace muchísimo tiempo. La perversidad del sistema, lo tiene allí, en el banquillo de los acusados. 

Esa perversidad que trastocó su idónea función de servidor público, protector de la seguridad de las personas, de sus vidas, de integridad física, síquica y moral, sus libertades, bienes y derechos, según manda artículo 3 de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, aprobada apenas ocho meses antes del quebrantamiento del “orden constitucional”, y lo mutó en agresor de quienes debieran ser sus protegidos.

Me convencí a mí misma, que no quiero hacer lo mismo que ellos hacen. Que no quiero concederle a este sistema inhumano (que hasta el ultraconservador de Juan Pablo II, llamó capitalismo salvaje), que se ensaña con los más débiles y desprotegidos, el trofeo de mi pérdida de conciencia, de humanidad.

No dudo que después de este proceso, en el “templo de encantadores de serpientes” fingirán haber hecho justicia, sancionando con una condena, lo más leve posible (quizás revocada después por una Corte de Apelaciones), a este policía perteneciente a la escala básica.

Pero yo no quiero ser comparsa de las organizaciones, instituciones, medios de comunicación, y por supuesto y en primera línea, la cooperación internacional, que quieren asegurar la sobrevivencia de ese sistema de injusticia, que es servil con los poderosos y se ensaña con los humildes y empobrecidos.

Así que, en una determinación estrictamente personal, he decidido conciliar con el acusado. Bajo la certeza que de nada servirá un prolongado juicio, que aunque desemboque una sentencia condenatoria, ni siquiera tocará un pelo al tigre rápido y furioso, que es hoy la policía.

Mi agresor, que es el mismo de Uriel, también es víctima como nosotros de ese sistema que, lo formó bajo la disciplina de mando vertical, en la que los “civilones” (sobre todo los que protestan), aunque sean su familia o amigos, se convierten en enemigos.

El ejecutó una orden emitida frente a mí por un superior, al que yo ví y escuché, pero que el desvencijado y desprestigiado Ministerio Público considera inimputable, aun cuando por la misma verticalidad de la institución policial, era el responsable de las acciones de los policías bajo su mando.

Seguramente ignora, como lo ignorarán el resto de sus compañeros y compañeras (y bien se cuidarán sus superiores de contarles), que el Derecho Humanitario Internacional, no acepta, ni siquiera como atenuante, la justificación de una orden superior emitida ilegítima e ilegalmente.  

Aunque tampoco es inocente, porque sabe que no fue correcto lo que hizo y por eso, pide perdón y la posibilidad de resarcir el daño, lo cual no es posible. No estoy tan segura de la sinceridad de esta acción, creo que más bien obedece a la estrategia de su asesor legal.

Pero yo no estoy dispuesta a ensañarme con quien está en el eslabón más bajo de la escala de mando, por eso y porque sé que su comportamiento obedece en un alto porcentaje, a una política institucional represiva, quiero convertir este problema en una oportunidad.

Quizás sigo siendo ilusa, y quiero serlo! Creo que esta experiencia puede representar una oportunidad de aprendizaje para él, incluso para la institución a la que pertenece, por lo que he propuesto algunas condiciones ineludibles e insustituibles, para no judicializar el caso, y Uriel está de acuerdo conmigo. Estas son:

1.       El Director Nacional de la Policía, como jefe máximo de la institución, debe en un plazo máximo de un mes y en conferencia de prensa, pedirnos una disculpa pública a Uriel y a mí, por los vejámenes de que fuimos víctimas.

2.       El “imputado” debe ser sometido a una capacitación intensiva sobre el tema de Derechos Humanos con énfasis en el de Libertad de Expresión, Relaciones Humanas, Ley Orgánica de la Policía Nacional y Ley de Convivencia Ciudadana.

3.   Deben proporcionarme una nueva cámara fotográfica, con las características de la que resultó inutilizada.

Es lo mínimo que pueden hacer ellos y es lo mínimo a que podemos aspirar nosotros, en nuestra condición de víctimas del abuso policial; con la conciencia que la intimidación a los trabajadores de la prensa, tiene la doble dimensión de ser una agresión individual a la libertad de expresión, pero a la vez una colectiva, en contra del derecho de toda la población a estar informada.

Repiten los “leguleyos” por allí, que es mejor llegar a un buen arreglo que a un mal juicio, yo no estoy convencida de eso. Pero sí estoy plenamente convencida, que ir a juicio contra este hombre, implicaría seguramente, quedar ”a la espera de algo que no existe” como dijo magistralmente, mi amigo Roberto, refiriéndose a la espera infinita de la justicia. Ya veremos Joaquín!

Una declaración conjunta necesaria

El 25 de junio de este año, los cuatro Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la ONU, de la OEA, de Europa y de África, denunciaron la necesidad de poner freno al alarmante incremento de la violencia contra periodistas y comunicadores sociales, y manifestaron su repudio ante los inaceptables índices de delitos contra la libertad de expresión, como asesinatos, amenazas de muerte, desapariciones, acciones judiciales y encarcelamiento.

Para los cuatro Relatores, los crímenes contra periodistas y comunicadores sociales no sólo representan ataques contra las víctimas sino que afectan a la libertad de expresión en sí misma, puesto que tienen un efecto disuasivo para el libre intercambio de información e ideas y atentan contra los derechos de la sociedad en general.

Esta declaración conjunta nos viene como anillo al dedo a todo el continente americano, ya que en nuestros países, desde Canadá hasta Argentina, los periodistas y comunicadores sociales siguen sufriendo impunemente constantes censuras, amenazas, agresiones y asesinatos, haciendo del ejercicio del periodismo una de las actividades más peligrosas en nuestra región.

Por ello, los Relatores Especiales recomiendan a los Estados adoptar una serie de medidas que aseguren, particularmente, la investigación independiente y efectiva, el juzgamiento y el castigo de los delitos que atenten contra la libertad de expresión; y que además aseguren la creación de programas de protección especializados cuando exista un riesgo constante y grave de que se cometan atentados contra este derecho tan fundamental para el fortalecimiento democrático.

Evidentemente, Estados como Honduras, el más peligroso para el ejercicio del periodismo en la región, requiere de medidas extremas que implican la construcción de una nueva institucionalidad que se asiente sobre los dos pilares fundamentales de la democracia y el Estado de derecho, la legalidad y la legitimidad, ya que con el golpe de Estado de hace 3 años, estos dos pilares fueron destruidos por la violencia de las armas y el desprecio de la dignidad humana.

Honduras destaca en el mundo por la violencia contra la libertad de expresión

Uno de los problemas más graves que enfrenta América Latina son las constantes amenazas, agresiones y asesinatos en contra de los comunicadores y comunicadoras sociales, lo cual ha convertido el ejercicio del periodismo en una de las profesiones más peligrosas en nuestra región. 

Pero esta situación no solamente constituye una violación directa de sus derechos a la vida y a la integridad física, sino también un violento ataque a la libertad de expresión, ya que produce un efecto paralizante en la sociedad al enviar un mensaje intimidatorio a quienes informan para que se autocensuren o manejen “con cuidado” cierta información, lo que en suma significa una violación del derecho de la sociedad a acceder libremente a la información.

Frente a la gravedad de esta situación no es de extrañar que recientemente otro organismo internacional mostrara su preocupación al respecto; así, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó en su discurso de apertura de la 20 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos, su alarma por el drástico incremento de la violencia contra los periodistas en América Latina.

Como ya es costumbre, el nombre de Honduras volvió a relucir cuando se trata de violaciones a derechos humanos, pues la Alta Comisionada manifestó su mayor preocupación por lo que sucede en nuestro país debido al asesinato de varios periodistas y otras agresiones en su contra en los últimos meses.

Sin ninguna duda, el Estado hondureño es responsable directa e indirectamente de las amenazas, agresiones y muertes que sufren los comunicadores y comunicadoras sociales; de forma directa cuando sus agentes violentan los derechos de estas personas, como sucedió particularmente en el contexto del golpe de Estado; y de forma indirecta cuando no investiga seriamente los hechos y cuando no protege efectivamente a los periodistas en riesgo.

Si la impunidad sigue cubriendo este tipo de hechos, jamás podremos sentar las bases para construir democráticamente el país, ya que una prensa independiente y crítica, libre del miedo y la censura, constituye un elemento fundamental para la vigencia de los derechos humanos que integran el sistema democrático y el Estado de derecho.

Atentado contra compañeros del COPINH

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras DENUNCIA ante el pueblo de Honduras y a la opinión internacional que esta noche después de regresar de una diligencia por la resolución de un conflicto de una comunidad indígena de Santa Bárbara, los compañeros Juan Vásquez y Sotero Chavarría (miembros de la comisión ejecutiva del COPINH) fueron atacados por dos individuos que desde una motocicleta les dispararon por lo menos dos veces provocándoles un accidente automovilístico que no provocó daños personales, pero sí impactó sobre el vehículo de la organización y constituye un atentando criminal.

Desde hace meses el COPINH ha denunciado la campaña de amenazas, intimidación y agresión que se ha desplegado en contra de la organización y sus dirigentes y bases por parte de hombres armados del Estado hondureño y de miembros miembros a sueldo de compañías que intentan desarrollar megaproyectos en territorios indígenas. Las comunidades del COPINH se enfrentan en sus territorios con estos representantes de las empresas nacionales y transnacionales dispuestos a agredir y asesinar los miembros de la organización, con tal de llevar a cabo sus propósitos empresariales.

Como lo hemos denunciado muchas veces la represión contra nuestra organización al igual que contra otras personas de la resistencia arrecia. Sin embargo no van a detener nuestra legítima lucha por la tierra, los  bienes naturales, la autonomía indígena y la soberanía de territorios y del país. No claudicaremos con nuestro sueño de Refundar la matria donde nacimos y queremos vivir. Decimos junto a todos y todas las que luchan: No nos callarán. No detendrán nuestra lucha.

Llamamos al pueblo de Honduras y sus organizaciones en Resistencia que cotidianamente son golpeadas por la represión y a las organizaciones y personas del mundo solidarias con esta lucha para que redoblemos esfuerzos por organizarnos ante la represión, denunciar, visibilizar la situación en el país, y usar toda nuestra energía y fuerza para que la vida y la justicia y no la muerte violenta sean nuestro destino.

Dado en La Esperanza, Intibucá 13 de junio del 2012.

¡Con la fuerza ancestral de Icelaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!

De salvadores de la democracia a salvadores de la seguridad

Ante la falta de acciones contundentes por parte del Estado para enfrentar los altos índices de violencia en el país y la corrupción policial, la respuesta siempre es la misma: Los militares a las calles para protegernos. 

Bajo este esquema, los sectores políticos que nos desgobiernan se empeñan en fomentar la participación de los soldados en tareas que deben ser exclusivas de una policía civil e intentan vendernos la idea de que los valores militares como la disciplina son fundamentales para acabar con la violencia.

Así como presentaron a los militares como los salvadores de la democracia en los años 80 y en el golpe de Estado de 3 años, hoy se les presenta como los salvadores de la seguridad ciudadana, evadiendo la propia historia que demuestra que la intervención militar en asuntos de seguridad interna siempre viene acompañada de graves violaciones a derechos humanos.

Las últimas pruebas de ello lo constituyen el asesinato del adolescente Ebed Haziel Yánez a manos de militares que lo vieron como un enemigo de guerra porque éste no se detuvo ante el retén militar. Su acompañante, una muchacha que aún no ha sido reconocida, se encuentra desaparecida.

Ahora, para maquillar la participación militar en funciones policiales, el presidente del Congreso Nacional propone la creación de una policía militar que no es otra cosa que la misma mona en diferente rama, evadiendo que nuestros problemas de seguridad no se resolverán nunca si no se adoptan medidas de garantía de derechos humanos tan importantes como el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, entre otros.

Si las políticas de seguridad no se centran en la construcción de mayores niveles de ciudadanía, no colocan a la persona humana como objetivo primario y no garantizan la seguridad humana y el desarrollo humano, la violencia seguirá desangrando el país lentamente mientras los políticos de turno le sacarán provecho cada 4 años con sus discursos de mano dura.

Los ataques contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

La Organización de Estados Americanos, OEA, a lo largo de los años ha generado muchas dudas sobre su verdadero papel al servicio de la democracia continental y hay muchas voces que denuncian que ha sido un instrumento de los gobiernos de Estados Unidos para imponer su visión política y económica al resto de países del hemisferio.

No obstante, el único aspecto de la OEA que se ha ganado el prestigio del mundo entero es su Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conformado por la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, cuyo trabajo ha sido fundamental para salvar vidas, abrir espacios democráticos, combatir la impunidad y ayudar a asegurar la verdad, justicia y reparaciones a las víctimas, tal y como lo señalan numerosas organizaciones de la sociedad civil de continente en una carta pública.

Gracias al trabajo de la Comisión y la Corte, se ha logrado reincorporar a víctimas a su trabajo y pagar salarios y demás prestaciones; se ha asegurado el pleno goce del derecho de la víctima a la jubilación; se ha localizado, identificado, exhumado los restos mortales de las víctimas y entregado a sus familiares; se ha podido buscar e identificar a los hijos de una persona desaparecida; se ha creado un sistema de información genética; y se ha implementado un registro de detenidos.

Además, se ha capacitado a los miembros de cuerpos armados y de seguridad sobre límites en el uso de las armas; se ha investigado efectivamente los hechos y sancionado a todos los responsables; se ha otorgado tratamiento antirretroviral a personas portadoras del VIH/SIDA; se ha reformado legislación discriminatoria contra la mujer; se ha dejado sin efecto legislación que promovía la impunidad; se ha adoptado legislación en materia de protección a la niñez; se ha liberado a personas detenidas injustamente; y se han celebrado nuevos juicios a personas condenadas sin las debidas garantías.

Lamentablemente, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela son algunos de los Estados que impulsan un proceso para debilitar este sistema de protección de derechos humanos, en reacción a acciones y resoluciones específicas que la Comisión y la Corte han asumido en contra de estos países en relación con denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas dentro de sus territorios.

En el marco de la 42ª edición de la Asamblea General de la OEA que se realiza del 3 al 5 de junio de 2012 en Cochabamba, Bolivia, las críticas válidas a la OEA se han llevado de encuentro a los órganos de protección de los derechos humanos, lo cual pone en grave peligro y vulnerabilidad, a millones de víctimas que ven en la Comisión y la Corte, la última y única esperanza de acceder a la justicia que es negada por sus propios Estados.

Este ataque contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por parte de países tan distintos políticamente, nos ratifica una vez más que los derechos humanos no es cuestión de ideologías, sino de compromiso pleno con la dignidad humana. Como Radio Progreso y ERIC nos sumamos a las voces de condena contra este intento de debilitar las estructuras interamericanas de lucha contra la impunidad.