Callejas: culpable e inocente en dos mundos paralelos

¡Culpable! Así respondió esta semana el ex presidente Rafael Leonardo Callejas cuando un magistrado de una corte federal de Brooklyn le preguntó sobre su responsabilidad y participación en los delitos de fraude y lavado de dinero en el caso conocido como “Fifagate”.

¡Inocente! Así lo declaró la Corte Suprema de Justicia bajo la presidencia de Vilma Cecilia Morales en noviembre de 2008 cuando Callejas fue acusado por actos de corrupción durante su gobierno.

¡Culpable! Callejas fue parte de una red criminal de unas 42 personas que aceptaron unos 200 millones de dólares en sobornos para facilitar la obtención derechos de transmisión y comercialización de torneos y partidos de la FIFA.

¡Inocente! El ex presidente Callejas fue acusado por el Ministerio Público por malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, abuso de autoridad, abrogación de funciones correspondientes al cargo y fraude mientras fue presidente del país, y a pesar de las pruebas en su contra, evadió la justicia.

¡Culpable! Por cada delito cometido el ex presidente Callejas puede afrontar una pena máxima de 20 años de cárcel, lo cual se sabrá cuando se dicte la sentencia el próximo 5 de agosto en Nueva York.

¡Inocente! La Corte presidida por Vilma Morales le otorgó 16 cartas de libertad y el Ministerio Público jamás lo investigó por los actos de corrupción en el Proyecto Gol y en donde jamás se supo qué pasó con varios millones de dólares provenientes de la FIFA.

En Estados Unidos Callejas es un vil criminal a quien se le está juzgando porque la administración de justicia es relativamente independiente. En Honduras Callejas es un señor, un intocable, un modelo a seguir pese a que los hechos han demostrado que es un corrupto.

La tragedia de Honduras es que el poder judicial solo muerde a las personas descalzas y hace que personajes como Callejas amplifiquen esa terrible cualidad que el padre Ismael Moreno describe como “la de convertir el acto corrupto en un hábito honorable, la evasión de la justicia en sagacidad y la transformación del Estado en un negocio privado disfrazado de inteligencia política”. 

Cinismo o ignorancia. Una sentencia contra la libertad de expresión

El pasado martes 15 de marzo, el periodista David Romero Ellner fue condenado por un Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa a 10 años de prisión por 6 delitos de injuria y difamación, ya que vertió ofensas públicas contra la dignidad y el honor de Sonia Inés Gálvez, esposa del fiscal adjunto, Rigoberto Cuéllar.

Además de su reclusión, es sumamente grave que la sentencia también implica que Romero Ellner no pueda ejercer el periodismo durante el tiempo que dure la pena. Aunque la injuria y la difamación forman parte de nuestro derecho penal, la penalización de los delitos contra el honor es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que infringe tres de los límites establecidos para la imposición de restricciones a la libertad de expresión.

En primer lugar, tanto la tipificación como la penalización de la injuria y la difamación no son necesarias en una sociedad democrática; en segundo lugar, son desproporcionadas; y en tercer lugar, constituyen un medio indirecto de restricción a la libertad de expresión.

El sometimiento de una persona a un proceso penal constituye un medio particularmente gravoso de restricción de sus derechos, no sólo por el riesgo de la pérdida de la libertad, sino también por el efecto estigmatizador que el proceso y la sanción penal acarrean, así como por generar en el conjunto de la sociedad un efecto inhibidor que limita el debate abierto y democrático.

La propia Convención Americana da cuenta de medios menos lesivos para proteger el honor y la reputación de las personas, es decir, a través de acciones civiles y la garantía del derecho de rectificación o de respuesta, con las que se obtienen los resultados que se buscan por la vía penal, sin los riesgos y desventajas que esta presenta.

Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la solución civil no trae consigo los problemas que suscita la solución penal ni posee el carácter intimidante inherente a la acción penal y que apareja un factor de inhibición para el ejercicio de la libertad de expresión.

Toda restricción a la libertad de expresión debe ser proporcional al daño ocasionado y su finalidad debe ser la reparación del demandante y no la sanción del demandado, por tanto, cuando alguien abusa de esa libertad, debe buscarse que rectifique y ofrezca una disculpa pública, y en caso contrario, que la sanción sea de carácter estrictamente civil y no penal.

Una de dos. La condena al periodista Romero Ellner refleja que los jueces y juezas del Tribunal de Sentencia no tienen ni idea de que están generando la responsabilidad internacional del Estado por adoptar una decisión contraria a la Convención Americana o simplemente han demostrado un monumental nivel de cinismo.  

El asesinato de Berta Cáceres y las líneas de investigación

El asesinato de Berta Cáceres vino a desnudar algo que diversas organizaciones internacionales vienen denunciando desde hace tiempo: Que en Honduras existe una persistencia de ataques, amenazas, hostigamientos y criminalizaciones contra líderes y lideresas sociales, y defensoras y defensores de derechos humanos en general y de ambientalistas en particular.

De acuerdo con la organización Protección Internacional, Honduras en el país más peligroso del mundo para los ambientalistas, ya que además de ser víctimas de asesinatos, se enfrentan a amenazas que quedan impunes. Solo en el año 2015 fueron asesinados cuatro defensores de las comunidades lencas y en febrero de este año asesinaron a cinco indígenas Tolupanes.

Según Global Rights, entre 2010 y 2015, fueron asesinados 109 ambientalistas. Debido al riesgo de perder la vida o sufrir un daño a la integridad física de quienes defienden el medio ambiente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas de protección que deberían ser implementadas por el Estado hondureño.

Sin embargo, el Estado, en vez de cumplir con su obligación de prevenir e investigar tales hechos, ha utilizado la represión y persecución política de quienes se oponen a proyectos inconsultos y contrarios a los derechos humanos.

De acuerdo con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, a estas personas se les cataloga como terroristas, delincuentes y guerrilleros, y son víctimas de una escalada de amenazas, ataques violentos, intimidaciones, detenciones ilegales, asesinatos y criminalización por parte de políticos, militares, guardias de empresas de seguridad privada, empresarios agrícolas, hoteleros e incluso personas vinculadas con el crimen organizado que andan en pos de las tierras de las comunidades.

Como ha señalado la Comisión Interamericana, muchos de los ataques proferidos en contra de la vida e integridad personal de líderes, lideresas y defensores indígenas tienen la intencionalidad de reducir las actividades de defensa y protección de sus territorios y bienes naturales, así como la defensa del derecho a la autonomía e identidad cultural.

Y esta situación se agrava aún más si se trata de mujeres pues Honduras ocupa el segundo lugar por agresiones a defensoras de derechos humanos en la región que abarca México y Centroamérica. De las 119 agresiones registradas solo en 2012, 95 fueron contra defensoras de la tierra y los bienes naturales.

Es en este contexto en el que se ubica el asesinato de Berta Cáceres, razón por la cual, el Estado de Honduras debe avanzar líneas de investigación en ese sentido. No obstante, estamos presenciando la utilización macabra del Ministerio Público para desviar la investigación de los verdaderos responsables que todo mundo conoce y que son aliados financieros del gobierno actual.

El asesinato de Berta es responsabilidad del Estado y del gobierno de Juan Orlando Hernández

El pasado 6 de febrero se cumplieron 21 años desde que las balas asesinas le quitaron la vida a Blanca Jeannette Kawas Fernández. El motivo: Su amor por la vida y su valiente defensa de los bienes naturales. 

Casi un mes después y por los mismos motivos, otras balas asesinas pero hijas del mismo odio y desprecio por la naturaleza y la dignidad humana, le arrebataron la vida a Berta Cáceres.

Más allá de los autores intelectuales y materiales de su asesinato, el principal responsable es el Estado hondureño y el gobierno de Juan Orlando Hernández porque sabía del riesgo que enfrentaba Berta a tal punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había otorgado medidas de protección que las autoridades hondureñas tenían la obligación ineludible de cumplir.

El asesinato de Berta es responsabilidad del Estado y del gobierno de Juan Orlando Hernández por su irrespeto al derecho a la consulta previa e informada del pueblo Lenca, Garífuna y otras comunidades donde se quieren imponer proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos, de bosque y otros.

El asesinato de Berta es responsabilidad del Estado y del gobierno de Juan Orlando Hernández porque no ha querido adaptar las leyes y prácticas nacionales a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales que lo obliga a garantizar la consulta previa, informada, libre y de buena fe, razón por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado en los casos Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

El asesinato de Berta es responsabilidad del Estado y del gobierno de Juan Orlando Hernández porque no ha querido garantizar la participación efectiva de las comunidades en relación con todo plan de desarrollo que se lleve a cabo dentro de sus territorios, la razonabilidad de los beneficios derivados de los proyectos para las comunidades y la no emisión de ninguna concesión dentro de sus territorios sin la realización de un estudio de impacto independiente.

El asesinato de Berta es responsabilidad del Estado y del gobierno de Juan Orlando Hernández porque ha facilitado y promovido un modelo extractivista de espaldas a las comunidades que ha contribuido a provocar graves violaciones a derechos humanos que van desde la propia falta de consulta hasta la intimidación, desplazamientos, asesinatos y criminalización de las acciones legítimas de resistencia y oposición comunitaria.

El asesinato de Berta, de Jeannette Kawas, de Carlos Escaleras, de Carlos Luna, de los Tolupanes y de cientos de defensores y defensoras ambientalistas es responsabilidad del Estado pues ha incumplido con su obligación de prevenir y de proteger a quienes lo único que han hecho es defender la vida manifestada en el agua, el bosque, la tierra, en la Pachamama.

El asesinato de Berta Cáceres es responsabilidad del Estado de Honduras

El asesinato de Berta Cáceres es responsabilidad del Estado de Honduras por su falta de voluntad de garantizar la participación ciudadana y respetar el derecho a la consulta previa e informada de las comunidades donde se pretenden realizar los proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos, de bosque y otros, a pesar que la normativa internacional –la Convención Americana y el Convenio 169- lo obliga a que la normativa interna también garantice este derecho. Por no respetar y garantizar el derecho a la consulta previa es que recientemente Honduras fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

La ausencia de participación ciudadana y el incumplimiento del derecho a la consulta previa e informada son condiciones generadoras de violaciones a los derechos humanos que podrían evitarse si las autoridades hondureñas respetaran y garantizaran los tres elementos fundamentales de este derecho: La participación efectiva de los miembros de las comunidades en relación con todo plan de desarrollo que se lleve a cabo dentro de sus territorios, la razonabilidad de los beneficios derivados de los proyectos para las comunidades y la no emisión de ninguna concesión dentro de sus territorios sin la realización de un estudio de impacto independiente.

Ahora que el Estado de forma cínica intenta lavarse las manos por este crimen, hay que recordarle lo que señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su más reciente informe sobre Honduras, “los pueblos indígenas tienen derecho a ser protegidos por el Estado de ataques por terceros, especialmente cuando éstos ocurren en el marco de conflictos por el territorio ancestral. En casos así, cuando el Estado sabe o debería saber del riesgo, las autoridades estatales están obligadas a tomar medidas razonables para prevenir la ocurrencia de dichos conflictos, proteger a las comunidades indígenas de ataques violentos, e investigar y sancionar efectivamente a los responsables".

Los riesgos de la militarización

La estrategia de involucrar a los militares en la represión de la violencia supone graves riesgos para la democracia y el Estado de derecho, ya que los expone abiertamente a mayores niveles de corrupción y a violaciones a derechos humanos.

La dinámica de enfrentamiento con las bandas criminales trae consigo el peligro de una “guerra sucia” en la que los militares se ven tentados a operar de manera extrajudicial, practicando la tortura y las ejecuciones arbitrarias.

Y pese a que es posible que la violencia pueda remitir en los primeros momentos del despliegue inicial, el ejemplo de otros países de la región nos alerta que (a) pronto vuelve a arremeter con fuerza y la tasa de homicidios puede ascender rápidamente, superando los niveles previos, (b) otras formas de criminalidad también se incrementan y (c) las denuncian sobre violaciones a los derechos humanos por parte de militares aumentan de manera dramática.

Como lo señala Víctor Meza, en Honduras conocemos perfectamente que la intervención y participación de las Fuerzas Armadas en la vida nacional tienen graves implicaciones para nuestra frágil democracia y “han sido una permanente pesadilla en la historia política contemporánea del país”.

Además de su participación activa en la década de los años 80 y en el golpe de Estado de 2009, las denuncias de violaciones a derechos humanos por militares han aumentado considerablemente desde que el presidente Hernández incrementó la participación militar en la lucha contra la criminalidad.

De acuerdo con Human Rights Watch, “policías militares han sido acusados de al menos nueve asesinatos, más de 20 casos de tortura y cerca de 30 detenciones ilegales entre 2012 y 2014, y al menos 24 soldados estaban siendo investigados en relación con los asesinatos”.

El gobierno actual ha aprovechado el sentimiento de inseguridad y vulnerabilidad que provoca la criminalidad para instalar en la opinión pública la necesidad de convertir a los militares en los agentes redentores de una sociedad sometida al miedo, y que a cambio está dispuesta a renunciar a sus propias libertades y derechos para concederle a ellos facultades excepcionales.

De esta manera, como lo señala Domínguez Via, se termina por invertir la racionalidad democrática, la seguridad devora a la libertad y se llega a las llamadas “dictaduras dulces” nacidas de la renuncia de los valores democráticos y de la libertad en favor de la militarización de la seguridad ciudadana.