Una Coalición de la esperanza

192 manifestaciones reprimidas y alrededor de 1.257 detenciones. 1 persona detenida desaparecida, 38 personas asesinadas y 76 personas víctimas de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes. 393 personas heridas y lesionadas en las manifestaciones, varias de ellas con consecuencias irreversibles en su salud. 

105 personas desplazadas por persecución política, 15 periodistas agredidos y 89 personas criminalizadas, 24 de ellas están en prisión preventiva y son consideradas personas prisioneras políticas. 73 personas defensoras de derechos humanos víctimas de amenazas y otras acciones. Absoluta impunidad de los responsables de estos crímenes. 

Estos datos fueron denunciados por la Coalición contra la Impunidad y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en el marco del 167º Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado en Bogotá, Colombia, y representan la grave situación de derechos humanos que vivimos en el país desde las elecciones fraudulentas del pasado mes de noviembre. 

En palabras de Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), institución miembro de la Coalición contra la Impunidad, lo que hoy estamos viviendo y denunciando, “es que estamos en los peores momentos registrados en los últimos 30 años del país. Retrocedimos en la construcción de un Estado de derecho”. 

La Coalición contra la Impunidad y CEJIL demandaron que el Estado hondureño cese el uso indiscriminado y excesivo de la fuerza en las manifestaciones, la persecución selectiva de líderes y lideresas sociales, la obstaculización del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y los graves ataques a la libertad de expresión. 

A su vez exigieron la realización de investigaciones prontas y efectivas, y denunciaron que el Ministerio Público encabezado por Óscar Chinchilla, ha presentado acusaciones criminales contra decenas de personas que participaron en las manifestaciones contra el fraude electoral, pero no contra policías y militares responsables de las graves violaciones a derechos humanos documentadas. 

El enorme trabajo de documentación realizado por la Coalición contra la Impunidad y este primer paso en la denuncia ante órganos internacionales, nos llena de esperanza y fuerza para trabajar en otras acciones de justicia hasta lograr reparar a las víctimas y evidenciar a los criminales en el Estado.

Otro ataque a la libertad de expresión

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado claramente establecido que la libertad de expresión es la piedra angular en una sociedad democrática, ya que permite buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, incluidas las que se difunden o acceden a través de internet. 

La libertad de expresión no es absoluta y algunas expresiones pueden ser prohibidas como la propaganda en favor de la guerra y la apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar. 

Sin embargo, los Estados tienen un limitado margen de actuación al momento de establecer restricciones a este derecho justificadas en la prohibición de las expresiones de odio, ya que deben enmarcarse en cinco parámetros importantes. Primero, nadie debe ser penado por decir la verdad. 

Segundo, nadie debe ser penado por divulgar expresiones de odio a menos que se demuestre que las divulga con la intención de incitar a la discriminación o la violencia; tercero, debe respetarse el derecho de los periodistas a decidir sobre la mejor forma de transmitir información y comunicar ideas al público. 

Cuarto, nadie debe ser sometido a censura previa; y quinto, toda imposición de sanciones debe ser proporcional. A la luz de ello, el último movimiento para afianzar la dictadura juanorlandista es la aprobación de una Ley Nacional de Ciberseguridad con la excusa de sancionar los discursos de odio. 

Sin embargo, como lo plantea el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, esta ley pone en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos, comunicadores sociales y propietarios de dominios web, así como personas con discursos críticos hacia el Estado y sus instituciones. 

Según María Soledad Pazo, representante Residente del Alto Comisionado, si se aprueba esta ley tendrá un impacto sobre la libertad de expresión en internet, el cual podría verse limitado indebidamente en contradicción con el derecho internacional. 

Al igual que las reformas penales sobre apología del terrorismo aprobadas hace un año, esta ley puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos. 

Cuánta razón tiene Amnistía Internacional cuando señala que en Honduras no hay espacio para que las personas expresen sus opiniones y cuando lo hacemos, enfrentan toda la fuerza del aparato represivo del gobierno. Está claro que la dictadura quiere silenciarnos en todos los espacios.

Brutos, lumbreras o cínicos

Primero fue el señor Juan Orlando Hernández quien declaró que, con los mega parques inaugurados por su gobierno, los niños y niñas hondureñas sentirían lo mismo que sintieron sus hijas cuando visitaron Disneylandia.

Después, la primera dama, Ana García, culpó a las madres y padres que se ven obligados a enviar a sus hijos e hijas con coyotes para escapar de la pobreza y la violencia. De forma contundente señaló que ella jamás enviaría a sus hijas con un coyote.

Luego, el diputado nacionalista, Francisco Rivera, admitió que su partido estuvo involucrado en el desfalco millonario del Seguro Social y literalmente se preguntó si ¿“acaso solo es malo el dinero que roba uno y lo que roban otros es bueno”?

Después, el vicepresidente Ricardo Álvarez, en una muestra de cinismo absoluto, señaló que él había construido el Trans 450, considerado uno de los mayores actos de corrupción, pero que el alcalde capitalino, Tito Asfura, lo modificó y Salvador Nasralla lo quemó.

Luego, el ministro de defensa general Fredy Santiago Díaz Zelaya, señaló que la banda de sicarios con uniforme de Policía Militar no lleva ni fusil en los operativos en los que han asesinado a decenas de personas en el contexto de la crisis política.

Finalmente, el ministro de educación, Marcial Solís, para justificar la carencia de 600 mil pupitres en el sistema educativo nacional, señaló que en el modelo educativo del siglo XXI ya no se utilizan pupitres como en Finlandia, uno de los países más desarrollados del mundo.

Estas declaraciones son una evidencia más de que estamos gobernados por una clase política bruta, cínica, corrupta y sinvergüenza, lo cual refleja la escasa calidad humana y profesional de quienes prometieron respetar la legalidad y de quienes les apoyan.

Los buenos hondureños y hondureñas somos más, y más allá de las posiciones políticas o ideológicas, no podemos permitir que esta escoria siga manteniendo secuestrada a las instituciones que deberían estar al servicio de las mayorías. Es tiempo de decir basta a quienes nos roban el presente y el futuro.

El ministro de seguridad de aquí y el ministro de seguridad de allá

El general Julián Pacheco Tinoco se ha convertido en un personaje que calza perfectamente en el ya famoso dicho de la “Honduras de allá y la de Honduras de aquí”, el cual encierra una poderosa idea de lo que es nuestro país en materia de impunidad.

Por un lado, está la “Honduras de allá”, la de los impunes que tienen el poder sin contrapeso, sin ambages, los que muestran la arbitrariedad en toda su crudeza y a pesar de sus delitos se conducen y aparecen en las páginas sociales como si fueran inocentes, ajenos a toda perversión política, como lo señala Julio Scherer Ibarra.

Por otro lado, está la “Honduras de aquí”, la de la mayoría de personas para quienes las leyes sí existen, las que comparecemos ante la ley y sus jueces, si así lo determinan los dueños del poder, las que nos toca enfrontar la actuación efectiva de las normas y la fuerza pública.

Hay tres datos que evidencian que el general Pacheco Tinoco es parte de la “Honduras de allá”, la de los impunes, ya que, a pesar de las denuncias de su vinculación con el tráfico de drogas, continúa al frente de la secretaría bajo la cual está la policía que tiene el deber de servir y proteger.

En primer lugar, el jefe de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, declaró ante un tribunal federal de Nueva York que el ministro Pacheco está vinculado con el narcotráfico.

En segundo lugar, Insight Crime señaló que el ministro Pacheco es un ejemplo de cómo se han entrecruzado las élites con el narco, ya que era el jefe del batallón del ejército en Colón a inicios del 2000 cuando Los Cachiros estaban empezando a ganar relevancia.

En tercer lugar, el narcotraficante mexicano José Santos Peña declaró ante un tribunal del sur de Florida que se reunió con el ministro Pacheco para que este le ayudara a recibir envíos de cocaína de Colombia a Honduras.

En un verdadero Estado democrático de derecho, esperaríamos de la fiscalía la misma eficacia y celeridad que muestra cuando acusa a personas que participan en las protestas sociales, pero como el ministro Pacheco es de la “Honduras de allá”, la fiscalía no mueve ni un dedo.

Tal parece que el Ministro Julián Pacheco Tinoco se desdobla entre la “Honduras de allá” en donde actúa y es tratado como un hombre íntegro y honesto, y la “Honduras de aquí”, donde existen graves denuncias de vinculación con el narcotráfico que deberían ser investigadas inmediatamente.

Construyendo una dictadura paso a paso

En estos tiempos de hipocresía diplomática y de un aumento de los autoritarismos, es fácil para los aprendices de dictador construir un régimen que tenga todas las apariencias de la democracia representativa y ser en la práctica un régimen autoritario y excluyente.

El caso del régimen Juan Orlando Hernández es el mejor ejemplo de cómo se puede construir una dictadura disfrazada de algunas formalidades democráticas que después del fraude electoral ya no se puede ocultar.

Como diputado y jefe de bancada en el Congreso Nacional, Hernández fue una figura clave en el golpe de Estado de 2009; siendo presidente del legislativo lideró en 2012 la ilegal destitución de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional que representaban un obstáculo a su proyecto continuista y militarista.

Y como presidente de la república, en 2015 fue el principal beneficiario de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que él nombró para que le permitieran su reelección de facto. En estos tres momentos ha ido escalando posiciones de poder y concentrándolo en sus manos.

Esto le ha permitido colocar al frente del Ministerio Público a alguien que no se atrevería a investigar el delito de traición a la patria y al frente del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos a alguien que apoyaría su plan continuista en nombre de los derechos humanos.

Además, ha colocado al frente del Tribunal Supremo Electoral a un personaje oscuro a través del cual ha comprado las voluntades de los otros dos magistrados propietarios y ha puesto a la cabeza de los puestos claves de las Fuerzas Armadas a familiares y amigos para garantizar que estos traidores respalden por la fuerza de las armas su ilegal continuismo.

Con el control casi absoluto de toda la institucionalidad, también ha establecido una enorme red de favores y clientelismo para contar con el apoyo de un importante sector de la empresa privada, de los medios corporativos de comunicación, de las cúpulas religiosas y de un ejército de pobres obligados a vender su dignidad a cambio de una bolsa de comida.

Y para controlar a aquellos cuya voluntad no puede comprar, reformó normas penales para convertir por decreto en actos de terrorismo las luchas democráticas y de defensa de derechos humanos; y si no fuera suficiente, ha promovido y permitido la consolidación de estructuras criminales dentro de las fuerzas de seguridad para eliminar cualquier obstáculo.

Con toda esta evidencia, reafirmamos lo señalado recientemente por Amnistía Internacional, en el sentido de que no hay espacio para que las personas expresemos nuestras opiniones y, cuando lo hacemos, enfrentamos toda la fuerza del aparato represivo del gobierno. 

No hay duda que la reducción de espacios de libertad para la crítica, la discrepancia y la oposición es un elemento esencial para diferenciar a un régimen democrático de uno dictatorial. Juzgue usted la naturaleza de este régimen impuesto por un fraude electoral y sostenido a punta de balas.