viernes, 25 de mayo de 2018
miércoles, 23 de mayo de 2018
Nuevo artículo: "La responsabilidad penal de los altos mandos frente a las violaciones a derechos humanos". En Revista Envío-Honduras. Año 16 • N° 55 • Honduras • mayo de 2018.
Resumen: Durante la crisis poselectoral se ratificó el papel de las fuerzas de seguridad del Estado en la comisión de graves violaciones a derechos humanos. Los jerarcas policiales y militares mantienen con sus subordinados una relación de autoridad y control efectivo, pero omitieron implementar las medidas necesarias para prevenir o reprimir la comisión de los crímenes.¿Qué espera el Ministerio Público para acusar criminalmente a los generales, coroneles y comisionados de Policía, cuya responsabilidad penal está a la vista?
martes, 22 de mayo de 2018
Otra prueba del desprecio del régimen hacia las víctimas
La advertencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras es contundente en relación con la grave situación que atraviesa el país: “Probablemente se deteriorará aún más, a menos que haya una verdadera rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos”.
El informe del Alto Comisionado y la declaración de fin de misión del Relator Especial de Naciones Unidas sobre personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, deberían ser suficientes para que se adopten medidas políticas, administrativas y penales en contra de los responsables de la violencia extrema debido al uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Militar, el ejército y la Policía Nacional.
Tales acciones policiales y militares provocaron la muerte de manifestantes y transeúntes, así como detenciones y encarcelamientos masivos. Con excepción del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, desde el Estado de Honduras no ha habido condenas públicas contundentes ni compromisos para investigar y sancionar a los responsables.
En vez de perseguir a los jefes militares, civiles y policiales responsables de los crímenes cometidos por sus subordinados, quienes denunciamos estas graves violaciones enfrentamos, como lo señala el Relator Forst, situaciones de peligro, ataques, amenazas, criminalización y falta de acceso a la justicia, al igual que las víctimas directas.
La falta de investigación y sanción efectiva de quienes son responsables de los crímenes es una bofetada a las víctimas, pero este régimen además muestra su profundo desprecio hacia ellas cuando premia a los militares victimarios otorgándoles ascensos por sus servicios prestados a favor de mantener al dictador en el poder.
Es el caso de René Orlando Ponce Fonseca, jefe del Estado Mayor Conjunto, y de Raynel Enrique Fúnes Ponce, Comandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), cuyos ascensos al grado de general de división fueron aprobados por el Congreso Nacional y publicados en el Diario Oficial La Gaceta en marzo de este año.
Estos ascensos son una prueba clara de que el régimen no tiene voluntad política para castigar a los criminales y reparar a las víctimas. Pero también es un aviso para quienes, desde adentro o desde afuera, creen que pueden cambiar la naturaleza criminal de un régimen que solamente puede sobrevivir en la ilegalidad.
Fuente: Nuestra Palabra
sábado, 19 de mayo de 2018
Señora ministra Karla Cueva, ¿ya leyó la declaración de fin de misión del Relator Especial Michel Forst?
En el marco de las Naciones Unidas existen diferentes mecanismos para promover y proteger los derechos humanos en el mundo. Entre esos mecanismos se encuentran las relatorías especiales, que son asumidas por una persona nombrada por el Consejo de Derechos Humanos.
Entre las actividades que desarrollan estas relatorías se encuentran realizar visitas a los países, enviar comunicaciones a los Estados cuando reciben denuncias de violaciones a derechos humanos y realizar actividades académicas y de promoción de los derechos humanos.
En este contexto, del 30 de abril al 12 de mayo recibimos la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, quien, motivado por la grave situación de derechos humanos, vino a comprobar si las personas defensoras de derechos humanos se sienten seguras y empoderadas.
Lo que encontró el señor Forst fue una violencia extrema en todo el país debido al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, la policía militar y el ejército, lo que causó la muerte de manifestantes y transeúntes, así como detenciones y encarcelamientos masivos.
El Relator se sintió conmovido por el testimonio e historias de familiares de personas desaparecidas, así como de personas defensoras que han sido arrestadas arbitrariamente y maltratadas por la policía o el ejército, líderes comunitarios e indígenas privados de sus tierras, y sus cultivos y cosechas destruidas y robadas.
Al final de su visita, el señor Forst concluyó que la gran mayoría de personas defensoras de derechos humanos no pueden trabajar en un entorno seguro y propicio, ya que se encuentran en peligro y no se sienten seguras debido a los numerosos ataques y amenazas, la criminalización de sus actividades y la falta de acceso a la justicia.
También concluyó que las personas defensoras enfrentan campañas de difamación y estigmatización por parte de altos funcionarios del Estado, quienes les tachan de antinacionales, criminales o traidoras, y que son amenazadas, llevadas a los tribunales acusadas de cargos políticos o inventados.
Señora Ministra de Derechos Humanos, Karla Cueva, ¿no le parece esto suficiente para ser consciente de que su ministerio solo representa la sonrisa hipócrita de la dictadura y que el mejor aporte que le puede hacer a la defensa de los derechos humanos es renunciar a su cargo por dignidad?
miércoles, 16 de mayo de 2018
La elección del Fiscal General y las deudas históricas con las víctimas
A la clase política hondureña no le interesa elegir a un fiscal independiente que defienda los intereses generales de la sociedad, sino a un fiscal que proteja a los corruptos y de los violadores a derechos humanos.
Por ello, se ha garantizado un mecanismo de elección impregnado de influencia política vernácula y bajo la lógica de la repartición partidista en la que el fiscal general pertenece a uno de los dos partidos tradicionales y el adjunto al otro.
En términos generales, los titulares del Ministerio Público no han sido elegidos por sus mejores capacidades técnicas, integridad y experiencia profesional, sino por sus lealtades políticas, contactos, amiguismos y compromisos políticos.
Gracias a ello, esta institución que debería impulsar las investigaciones contra los criminales, se ha convertido en un elemento esencial para mantener la impunidad y aumentar la enorme deuda histórica con las víctimas.
Así, los 184 casos de desapariciones forzadas documentados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en el marco de la implementación de la doctrina de seguridad nacional en los años 80 se mantienen en completa impunidad.
Los crímenes de lesa humanidad documentados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el contexto del golpe de Estado de 2009 también se encuentran en la más absoluta impunidad.
Y las decenas de asesinatos y otras graves violaciones a derechos humanos documentadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Coalición contra la Impunidad parecen avanzar hacia el mismo camino de negación de justicia para las víctimas.
Así las cosas, no es de extrañar que, de acuerdo con el más reciente sondeo de opinión pública del ERIC-SJ, el 82.8% de la población cree que jueces, fiscales y magistrados protegen los intereses de los poderosos y ricos, o corruptos.
Desafortunadamente, el actual proceso de elección parece seguir con la misma lógica de garantizar que los poderes fácticos continúen controlando esta institución para que siga siendo un ente bipolar que muestra su fortaleza o debilidad dependiendo de quien tenga enfrente.
Por un lado, el Ministerio Público se muestra eficiente para criminalizar la protesta social, la lucha por la tierra o la defensoría de derechos humanos, pero, por el otro, se muestra ineficiente para luchar frontalmente contra las personas corruptas y las violadoras a derechos humanos.
Por mucho que los sectores oficialistas de sociedad civil se empeñen en alabar la imagen del actual fiscal general, Óscar Chinchilla, sus hechos han demostrado que él es cómplice de que el Ministerio Público sea una institución al servicio de la corrupción y la impunidad.
La profundización de una crisis permanente de derechos humanos
En 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que uno de los graves problemas para los derechos humanos en el país es la situación de violencia e inseguridad generalizada, parte de la cual proviene de la Policía Nacional, de la Policía Militar y del Ejército “a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado”.
La crisis política generada por la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández y su imposición a través de un fraude electoral, ratificó lo anterior y confirmó que el verdadero objetivo con la creación de la Policía Militar es consolidar el autoritarismo de Hernández mediante el uso de un ejército privado bajo sus órdenes.
Esta crisis es una continuidad de la generada por el golpe de Estado de 2009, cuyas violaciones a derechos humanos aún permanecen en la impunidad. Además, los responsables de los graves abusos a derechos humanos durante el golpe de Estado son los mismos de los años 80; y los responsables de los cometidos durante la crisis post-electoral son los mismos del golpe de Estado.
Es claro que tal impunidad es lo que ha propiciado la repetición crónica de estas transgresiones, ya que sin investigación y sanción de los responsables se agrava la debilidad institucional y se acentúa la desconfianza ciudadana en la democracia y las instituciones.
Como lo señala la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esta grave situación “probablemente se deteriorará aún más, a menos que haya una verdadera rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y se adopten reformas para abordar la profunda polarización política y social del país”.