Carta pública al rector Odir Fernández y, por su intermedio, a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

 

23 de febrero de 2026

Dr. Odir Fernández Flores

Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)

Estimado Dr. Fernández, con el debido respeto me dirijo a usted y, por su intermedio, al Consejo Universitario, a las demás autoridades universitarias y a la comunidad académica y universitaria en general, con el fin de expresarles mi preocupación democrática ante el silencio institucional frente a la reciente reforma del artículo 3 transitorio del Decreto Legislativo N.º 282-2010, aprobada por el Congreso Nacional al margen del procedimiento de reforma constitucional.

La UNAH, como institución rectora del pensamiento crítico, científico y jurídico del país, tiene el deber de ser coherente con su responsabilidad de educar a la ciudadanía en valores democráticos, orientar el debate público y promover la cultura constitucional. En este sentido, les recuerdo que en su comunicado público del 8 de diciembre de 2025 con respecto al cuestionado proceso electoral, ustedes afirmaron que la nulidad de las elecciones “sin la acreditación de un fraude estructural equivaldría, en términos constitucionales, a un desconocimiento indirecto de la soberanía popular, alterando la esencia misma del Estado Democrático de Derecho”, con mayor razón resulta alarmante que se violente directamente la Constitución de la República en el diseño mismo del Poder Judicial sin una posición clara de la universidad.

A su vez, la UNAH realizó un test de constitucionalidad para sostener que la nulidad es una figura excepcional cuya procedencia solo es legítima cuando existe prueba plena y concluyente de que la voluntad popular fue vulnerada mediante un fraude. Hoy enfrentamos un problema de la misma naturaleza, pero en otra dimensión: un poder constituido que, desconociendo la rigidez constitucional y los límites de su competencia, altera el equilibrio de poderes y pone en entredicho la supremacía de la norma fundamental aprobada, en última instancia, por ese mismo pueblo soberano.

Ustedes advirtieron con claridad que decisiones que desconocen la voluntad popular y la arquitectura constitucional provocan “ruptura de la legitimidad del origen del poder”, “crisis de gobernabilidad”, “judicialización extrema de la política”, “incremento del riesgo país” y “erosión de la cultura democrática”. Justamente esos son los riesgos que se agudizan cuando el Congreso Nacional decide prescindir del procedimiento establecido en el artículo 373 de la Constitución para reformar una disposición con naturaleza constitucional como el artículo 3 transitorio del Decreto 282-2010, que actúa como un “puente” para evitar un vacío de poder en el nombramiento y remoción de jueces y magistrados.

Si la UNAH ha sostenido en el referido comunicado que “reafirma su compromiso histórico con la defensa del Estado de Derecho, la democracia constitucional, la soberanía popular, la estabilidad institucional y la paz social”, resulta difícil comprender que, ante una violación abierta al texto constitucional, la institución permanezca en silencio. Este mutismo contrasta con la firmeza mostrada cuando se trató de cuestionar una pretensión de nulidad general sin sustento probatorio suficiente y abre la puerta a la lectura de que la defensa de la Constitución es enérgica frente a unas irregularidades, pero tímida ante otras que son muy graves.

Como ciudadano y como académico, me preocupa tanto la falta de certeza de los procesos electorales como la falta de seguridad en el respeto a la Constitución por parte del Congreso Nacional. Si anular elecciones sin fraude probado debilita la democracia, permitir que un poder constituido se coloque por encima de la Constitución, modifique de facto su contenido y altere la separación de poderes sin seguir los cauces formales, también erosiona la legitimidad del sistema constitucional y el Estado de derecho.

Por ello, respetuosamente, les invito a ser coherentes con los principios que la UNAH ha proclamado: la máxima casa de estudios del país no puede quedar como mera espectadora cuando está en juego la norma suprema que sirve de marco a la vida democrática, al sistema de justicia y al propio funcionamiento de la UNAH. La universidad, como “lugar de la problematización del saber, donde el saber se revisa continuamente y se convierte en objeto de reflexión”, como lo señala Daniel Innerarity en su libro “La sociedad del desconocimiento”, no puede ni debe pronunciarse selectivamente cuando se trata de nuestro orden constitucional.

En consecuencia, les animo a pronunciarse públicamente sobre esta violación a la Constitución de la República y a ejercer, con la autoridad moral y académica que les corresponde, un liderazgo claro en la defensa del Estado de derecho. Del mismo modo, considero urgente que la UNAH convoque a foros, debates y espacios de reflexión plural sobre este asunto, involucrando a sus facultades de derecho, ciencias sociales, economía y otras disciplinas, para analizar a profundidad las implicaciones de esta reforma y contribuir a formar una ciudadanía crítica y vigilante que no se resigne ante la erosión de la legalidad constitucional.

Saludos cordiales.

Joaquín A. Mejía Rivera

Carta pública al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y a la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ)

 

21 de febrero de 2026

Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)

Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)

 

Estimados y estimadas:

Les escribo desde la cercanía y el mayor respeto, pero también desde una profunda preocupación democrática ante su silencio frente a la reforma del artículo 3 transitorio del Decreto Legislativo N° 282-2010, aprobada por el actual Congreso Nacional al margen del procedimiento de reforma constitucional establecido en el artículo 373 de la Constitución de la República.

No se trata de un asunto técnico menor: estamos ante la violación de nuestra norma suprema que no solo impacta en su naturaleza fundamental, sino también en el principio de separación de poderes. Su trabajo anticorrupción durante tantos años les hace conscientes de que la violación de la ley suprema es una de las formas más graves de corrupción institucional, ya que dicha norma, como lo señala el constitucionalista Efraín Moncada Silva, “es el estatuto esencial de la convivencia política y social de un país”.

Ustedes saben que el Decreto Legislativo N° 282-2010 reformó la Constitución para crear el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, y trasladarle las funciones administrativas que antes recaían en la Corte Suprema de Justicia, como lo establecía el artículo 313 numeral 8. En este sentido, el artículo 3 transitorio que faculta a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia a asumir tales funciones hasta que el Consejo sea constituido, actúa como un “puente” constitucional para evitar un vacío de poder en el nombramiento y remoción de las personas juezas y magistradas.

Por tanto, al modificar el artículo 3 mediante un simple trámite de ley ordinaria, el Congreso Nacional ha desconocido el procedimiento del artículo 373 de la Constitución de la República, que exige mayoría calificada y ratificación en la siguiente legislatura para cualquier reforma constitucional. Este no es un debate abstracto. El respeto al procedimiento de reforma constitucional es la garantía que impide que cualquier mayoría coyuntural manipule las reglas del juego democrático y capture las instituciones.

Por esta razón, me llama poderosamente la atención que tanto el CNA como la ASJ, que antes alzaron su voz con fuerza e inmediatez frente a decisiones irregulares, inconstitucionales y opacas en Congresos pasados, hoy guarden un silencio ensordecedor ante una actuación que vulnera directamente la supremacía constitucional.​

El CNA y la ASJ, en cumplimiento de sus mandatos, han denunciado reiteradamente casos de corrupción, abuso de poder y falta de transparencia en distintas administraciones, incluyendo cuestionamientos a decisiones del Congreso Nacional anterior que se percibían contrarias a la ley y al interés público. Con ello, se presentaron como una voz ética frente al poder.​

Sin embargo, hoy, ante una reforma que golpea el núcleo del orden constitucional y pone en riesgo la independencia judicial, su silencio contrasta con sus propios discursos y comunicados anteriores. No es coherente exigir transparencia, legalidad y respeto a la Constitución cuando el Congreso está en manos de una fuerza política, y callar cuando otra mayoría comete violaciones de igual o mayor gravedad. La defensa de la democracia y del orden constitucional no puede depender del color del partido en el gobierno.

Este silencio, en un contexto de tanta fragilidad institucional, puede ser leído como tolerancia o como una forma de complicidad. Ustedes saben perfectamente que la corrupción no se limita al mal uso de fondos públicos; incluye también la manipulación de las normas y la erosión deliberada del marco constitucional en aras de intereses políticos. Saben bien que, cuando se debilitan los contrapesos y se normaliza el irrespeto a la Constitución, la puerta queda abierta para abusos de todo tipo, sin importar quién ocupe el poder.

Por eso, con respeto, pero con firmeza, les invito a ser coherentes con los valores que dicen defender. Alzar la voz hoy no es alinearse con una fuerza política contra otra; es ponerse del lado de la Constitución, del Estado de derecho y de la democracia. Guardar silencio, en cambio, es dejar el terreno libre para que la excepción se convierta en regla y para que mañana, cualquier mayoría, de cualquier signo, considere legítimo saltarse los candados constitucionales, tal y como ha pasado en reiteradas ocasiones en nuestro país.

Yo sigo confiando en que la historia será dura con quienes, pudiendo hablar, eligieron callar ante la violación de la Constitución. Todavía están a tiempo de honrar su discurso. Están a tiempo de demostrar que su compromiso con la democracia y con nuestra norma suprema no se somete a cálculos partidarios ni a conveniencias políticas coyunturales.

Saludos cordiales.

Joaquín A. Mejía Rivera