martes, 1 de mayo de 2012

Justicia contra impunidad


En un reciente pronunciamiento público, la Convergencia por los Derechos Humanos de la zona noroccidental de Honduras anunció que la Fiscalía de Derechos Humanos de San Pedro Sula había presentado un requerimiento fiscal contra los subcomisionados de policía Héctor Iván Mejía Velásquez y Daniel Matamoros Ávila, por los delitos de detención ilegal, lesiones leves y violación de los deberes de los funcionarios.

La comisión de tales delitos se enmarca en la represión ordenada y comandada por dichos subcomisionados el 15 de septiembre de 2010, donde miembros de la Policía Nacional atacaron violentamente una manifestación pacífica en la que participaban colegios de educación media, escuelas públicas, sindicatos, grupos artísticos, organizaciones sociales y varios colectivos de profesionales, dejando como saldo manifestantes con fracturas de costillas, fracturas de cráneo, pérdida de los dientes y heridas en el rostro y la cabeza, así como la detención de 37 personas, entre ellas, 3 menores de edad.

La Convergencia señaló que pese a que han pasado casi dos años desde tales hechos, es de suma importancia la deducción de responsabilidades penales y administrativas en este caso pues representa una oportunidad histórica para enviar un mensaje contundente a las fuerzas de seguridad del Estado en el sentido que no puede permitirse el uso discriminatorio y excesivo de la fuerza; abiertos excesos e inexistencia de control respecto del uso de fuerza letal y no letal, con el objetivo de castigar a quienes participan en manifestaciones; y la inobservancia de los criterios de proporcionalidad, oportunidad, necesidad y legitimidad en el uso de la fuerza.

Teniendo en cuenta que el sistema de justicia hondureño no goza de la  confianza en la aplicación de la ley de manera independiente e imparcial, la Convergencia hace un llamado a la ciudadanía en general y a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos en particular, a estar vigilantes con respecto al desenlace de este proceso contra los subcomisionados Mejía Velásquez y Matamoros Ávila.

Concretamente, la Convergencia por los Derechos Humanos invita a que el próximo 3 de mayo la población acompañe a las víctimas a los tribunales de San Pedro Sula, donde se desarrollará la audiencia inicial contra los imputados, y en la cual se determinará si se da un paso fundamental en la lucha contra la impunidad o si ésta se colocará nuevamente por encima de la justicia, con su efecto devastador sobre la realización del Estado de derecho y la democracia que queremos construir.

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