lunes, 17 de diciembre de 2012

En los primeros lugares de corrupción


La Convención Interamericana contra la Corrupción establece que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos.
Cada dólar que consume el latrocinio y que engrosa las cuentas bancarias privadas es un recurso que se despoja a los presupuestos de salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria y empleo, lo cual contribuye a la muerte por hambre, por falta de acceso a una vivienda adecuada y agua potable, por desnutrición y enfermedades curables.
En Honduras se estima que el Estado pierde entre 500 y 600 millones de dólares por año en corrupción que podrían invertirse en garantizar unas condiciones que promuevan y faciliten la satisfacción de ciertas necesidades básicas sin las cuales muchas personas no pueden alcanzar los niveles de humanidad necesarias para tener una vida digna.
En este sentido, la incidencia de la pobreza, de la desigualdad y la exclusión social tiene una relación directa con los altos índices de corrupción, lo cual afecta seriamente la institucionalidad democrática, desnaturaliza la democracia y hace ilusoria la participación ciudadana, el acceso a la justicia y el disfrute efectivo de todos los derechos humanos.
Por ello, no es de extrañar que Honduras sea considerado el país más corrupto de Centroamérica, el cuarto más corrupto del continente americano y uno de los más corruptos del mundo, de acuerdo con el informe “Índice de Percepción de la Corrupción 2012” de Transparencia Internacional.
Sumado a lo anterior, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación confirmó que el golpe de Estado no sólo produjo la comisión de graves violaciones a los derechos civiles y políticos, sino también la comisión de graves actos de corrupción que profundizaron la vulnerabilidad de los sectores que más sufren el hambre, la enfermedad, la indigencia, el desempleo y la falta de acceso a la educación básica.
Echando una mirada a las listas de candidatos en las elecciones internas, nos damos cuenta que los corruptos continúan presentándose a cargos de elección popular, y por tanto, así como el general Romeo Vásquez y otros deberían ser considerados inelegibles por sus antecedentes golpistas, también deberían serlo aquellos funcionarios, de facto o no, que aprovechando su condición, cometieron graves actos de corrupción que en la práctica constituyeron una sustracción de los recursos destinados a la satisfacción de las necesidades básicas de la población, particularmente de la más vulnerable.

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