miércoles, 13 de febrero de 2013

La defensa del Estado de Honduras ante la Corte Interamericana en el caso Luna



El pasado jueves 07 de febrero se celebró durante todo el día la audiencia sobre el caso del asesinato del ambientalista Carlos Luna López que puso nuevamente al Estado de Honduras ante la justicia internacional.

En dicha audiencia, la Corte Interamericana recibió la declaración de César Luna, hijo de la víctima, del abogado Omar Menjívar quien fue fiscal ad hoc del caso en Honduras y testigo ante el tribunal interamericano, y del perito experto Juan Mejía, todos propuestos por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y el ERIC. Por parte del Estado, la Corte recibió la declaración del abogado Adrián Rosales, quien fue el primer fiscal que conoció del asesinato Luna y cuya gestión inicial permitió sentar las bases de la impunidad. 

La audiencia fue pública y además se trasmitió en vivo desde la página electrónica de la Corte Interamericana y para quienes tuvieron la ocasión de presenciarla, pudieron observar que los representantes de la familia Luna lograron demostrar el incumplimiento del Estado de prevenir el asesinato de Carlos Luna, como parte de su obligación de garantizar el derecho a la vida.

También demostraron las graves deficiencias ocurridas en las primeras etapas de la investigación de su muerte, así como a las acciones y omisiones estatales que impidieron la captura, procesamiento y sanción de todos los responsables intelectuales y materiales de la misma. Y finalmente, también lograron mostrar a la Corte Interamericana el sufrimiento causado a los familiares y la necesidad de ordenar al Estado una serie de reparaciones que son indispensables para que hechos como los del presente caso no vuelvan a repetirse.

El Estado, representado “casualmente” por un bufete privado del cual es socia la esposa del Ministro de Recursos Naturales y Ambiente, hizo gala, una vez más como ya es costumbre que ocurra en las audiencias de la Comisión y Corte Interamericanas, de su falta de formación en derecho internacional, información y sobre todo, falta de ética y compromiso con la verdad y la justicia, dado que intentaron infructuosamente defender lo indefendible y ante la solidez de los argumentos de los representantes de la familia Luna, terminaron cayendo hasta en el absurdo de culpar a Carlos Luna de su propio asesinato.

A lo largo de Este año el tribunal interamericano dictará sentencia y esperamos que la misma constituya un mensaje claro y contundente respecto de las obligaciones internacionales del Estado de Honduras para prevenir la violencia contra defensores de derechos humanos en general y de ambientalistas en particular, pues sólo así será posible evitar seguir siendo testigos de la muerte de personas que como Carlos Luna sacrifican su vida por una Honduras más justa.

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