miércoles, 24 de abril de 2013

La danza de los llorones



La semana anterior comparecieron ante el Congreso Nacional diferentes titulares de los órganos operadores del sector justicia y seguridad. Entre ellos, comparecieron Eduardo Villanueva, director de la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, Pompeyo Bonilla, Ministro de Seguridad, Juan Carlos Bonilla, director de la Policía Nacional, Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Luis Rubí, Fiscal General de la República.
Tal y como lo señala la Alianza por la Paz y la Justicia, la rendición de cuentas realizada por estas autoridades es una “frustración total” y una desgracia escuchar que los mismos operadores de justicia confirmen que el crimen se ha apoderado del país y que el sistema de justicia es incapaz de evitar tanta sangre derramada.
Por ejemplo, Eduardo Villanueva reconoció que hasta el momento se han realizado 1792 pruebas de confianza, de las cuales se remitieron al Ministerio de Seguridad 230 resoluciones para destituir a los policías reprobados pero a la fecha no han tenido ningún efecto. De hecho, hasta el momento sólo se han depurado 7 policías.
El fiscal Luis Rubí, reconoció que sólo el 20% de las denuncias son investigadas y el 80% quedan en la impunidad; es decir, de cada 10 delitos, 8 quedan en total impunidad sin una respuesta contundente por parte del Estado.
Por su parte, el ministro Pompello Bonilla y el director de la Policía Juan Carlos Bonilla, reconocieron que la transformación de la Policía Nacional no puede lograrse de un día a otro y que la violencia es culpa de la Sala Constitucional al pretender que las pruebas de confianza no se realizaran.
El presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera Avilés, se centró sobre todo en solicitar más presupuesto para hacer más nombramientos de jueces penales, de jurisdicción nacional y otros de apertura de nuevos juzgados para ampliar la red de sedes judiciales.
En términos generales, estos funcionarios desfilaron por el Congreso sin señalar resultados concretos de sus gestiones y se limitaron a convertir el hemiciclo en un muro de los llantos y los lamentos. No obstante, quedó evidenciado que no han demostrado voluntad para hacer las cosas bien.
La sociedad ha escuchado de la propia voz de estos funcionarios lo que todos y todas sabemos por nuestra propia experiencia, que la población está de rodillas frente a la violencia y que el Estado lo ha permitido; por ello, es urgente que la sociedad en su conjunto se sume a esta lucha para evitar que continuemos hacia el precipicio de muerte y violencia a la que nos han condenado unas instituciones incapaces de hacer cumplir la ley.

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