miércoles, 30 de octubre de 2013

Una nueva afrenta a la lucha contra la corrupción y la impunidad



Una de las cosas positivas que dejó la Comisión Interventora al Ministerio Público, fue el nombramiento de personas honestas y comprometidas con la legalidad como coordinadoras de fiscalías especiales claves en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Así, se nombró al fiscal Luis Javier Santos como Fiscal Especial contra la Corrupción y John César Mejía como Fiscal Especial de Derechos Humanos. Teniendo en cuenta algunas de las acciones tomadas por estas dos fiscalías, era evidente que en cualquier momento serían removidos de sus cargos.
Por ejemplo, desde la Fiscalía contra la Corrupción se comenzó a investigar la corrupción en la municipalidad de San Pedro Sula, la relación de un familiar del presidente Lobo con un supuesto lavado de activos, la destitución ilegal de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y la venta irregular de medicinas al Estado por un número importante de droguerías.  
En el caso de la Fiscalía de Derechos Humanos, se promovió un requerimiento fiscal contra el pastor Evelio Reyes por el delito de discriminación y se presentó un recurso de amparo colectivo contra el Estado por la falta de medicamentos, oxígeno, camillas, deficiencia en la prestación del servicio de salud en los hospitales Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula, Regional Atlántida de La Ceiba y San Felipe y Escuela de Tegucigalpa.
También se preparaban otros requerimientos fiscales sobre casos graves de violaciones a derechos humanos. Coincidentemente, junto al fiscal John César Mejía, han sido trasladados el fiscal Edy Tábora y Rosa Seaman, quienes interpusieron el recurso de amparo colectivo y el requerimiento fiscal contra el pastor Reyes, respectivamente.
No se discute que la ley faculta al Fiscal General y su Adjunto a realizar estos cambios, no obstante, desarticular fiscalías cuyos coordinadores han impulsado casos importantes sólo nos muestra que tanto Óscar  Chichilla y Rigoberto Cuéllar ya comenzaron a jugar su papel de nuevos custodios de la impunidad y de los intereses de los sectores que los impusieron en una elección ilegítima, viciada y fuertemente cuestionada.
¿Qué esperamos para que como sociedad reaccionemos ante esta nueva afrenta a la institucionalidad y a la lucha contra la corrupción y la impunidad?

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