miércoles, 11 de diciembre de 2013

Una pesadilla que no termina

En las últimas semanas, han salido a la luz pública sendas denuncias contras las fuerzas de seguridad del Estado de Honduras que nos confirman el retroceso democrático que implicó el golpe de Estado y el alarmante nivel de control que ejercer los militares en la vida pública del país.
El 25 de noviembre, una delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), encabezada por su secretario general Luis Guillermo Pérez y por el juez español Baltazar Garzón, denunciaron la existencia de una lista de 36 personas consideradas opositoras, a quienes se les ha dado seguimiento por parte de la Dirección de Inteligencia Militar.
Por su parte, esta semana el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) ratificó dicha denuncia y publicó la lista que contiene los nombres de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, artistas, líderes gremiales y comunitarios, y dirigentes políticos de la oposición, cuyo perfil supuestamente ha sido elaborado por la inteligencia militar con el objetivo de atentar contra sus vidas.
Ya en agosto de este año, Jhony Lagos, periodista de El Libertador, había denunciado que el personal y el edificio donde funciona el periódico son objeto de vigilancia encubierta por parte de un sospechoso vinculado a las Fuerzas Armadas.
Y si a ello se suma la creación de la Dirección Nacional de Investigación y Defensa, bajo el mando del general Julián Pacheco Tinoco, la cual es una estructura que interviene las comunicaciones, da seguimiento y utiliza información de cualquier ciudadano sin que existan verdaderos y efectivos controles judiciales, resultan extremadamente preocupantes las denuncias señaladas.

Sin duda alguna, la herencia del golpe de Estado se está manifestando cada vez con mayor fuerza y el retorno de los militares a la vida política condicionando y decidiendo las cuestiones públicas del país, nos regresan a las terribles pesadillas vividas en los años 80’s.

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