miércoles, 8 de enero de 2014

Inseguridad y ciudadanía de baja intensidad

Frente a la violencia que azota al país, la clase política nos ofreció depuración policial, militares en las calles, mano dura, policía militar e incluso, sin que lo comprendiéramos totalmente, reducir nuestros derechos en nombre de una seguridad ciudadana que llegaría.

No obstante, tanto las estadísticas como la experiencia cotidiana de la gente demuestran que ninguna de esas medidas ha dado resultados. Los militares están en las calles desde el gobierno de Maduro, es decir, desde hace 10 años y los índices de violencia se han duplicado.

La creación de la policía militar representa un retroceso grave con respecto al proceso de desmilitarización de la sociedad que inició a partir de los años 90 y coloca al Estado de Honduras en franca violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que le exige que los asuntos de seguridad ciudadana sean de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados.

La depuración policial y la reforma del sistema de seguridad es un total fracaso puesto que las redes criminales siguen actuando con impunidad, lo cual refleja el poco o nulo  compromiso de las autoridades y la falta de liderazgo de los dirigentes políticos en la definición de una política de seguridad integral que priorice la prevención y el fortalecimiento de las instituciones.


Por todo ello, no es extraño corroborar, como lo señala el Observatorio de la Violencia que ha habido un súbito aumento en el número de asesinatos, temiendo que este año se supere incluso la tasa de 83 homicidios por cada 100 mil habitantes y se consolide una situación de por sí alarmante que ha convertido al país en una enorme cárcel y a los hondureñas y hondureños en titulares de una ciudadanía de baja intensidad.

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