domingo, 2 de febrero de 2014

Una importante victoria internacional de la Comunidad Nueva Esperanza y del Patronato Regional del Sector Florida

Durante más de 12 años lo pobladores y pobladoras de las 16 comunidades del Sector Florida, municipio de Tela, se han organizado para defender los bienes naturales y los territorios en los que residen.

En este tiempo han tenido que soportar la presencia y asedio de empresarios mineros chinos, italianos y hondureños que han pretendido explotar y destruir la riqueza natural de la zona. Pero la situación se tornó grave desde el 2011 cuando algunos empresarios mineros comenzaron a hacer uso de la fuerza y la violencia para explotar minas a cielo abierto, supuestamente  para la extracción de óxido de Hierro.

Ante el amplio rechazo de la mayoría de la población a la operación de proyectos mineros y de represas en sus territorios, los empresarios con el apoyo de la Policía Nacional y la municipalidad de Tela, incrementaron la intimidación, amenazas y agresiones tanto a la comunidad, como a los líderes de las organizaciones sociales y eclesiales comprometidas en la defensa del ambiente y sus medios de vida.

Pese a que todos estos hechos fueron debidamente denunciados, el Estado ha sido incapaz y no ha tenido voluntad para escuchar y resolver la exigencia de las comunidades de que ningún proyecto de explotación de la riqueza natural de su territorio se realice sin que previamente se les consulte.

Frente a la inoperancia y desidia del Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de varios líderes y defensores de derechos humanos de la comunidad Nueva Esperanza y del Patronato Regional del Sector Florida. Para este organismo internacional, dichos líderes y lideresas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal están amenazadas y en grave riesgo.

Esperamos que esta resolución de la Comisión Interamericana sea una herramienta para lograr que en un futuro cercano, ya no existan en Honduras personas y comunidades criminalizadas, amenazadas y en riesgo sólo por defender la vida de todos y todas.

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