viernes, 18 de diciembre de 2015

Sobre el proceso de reforma de seguridad y justicia en Honduras

1)     Logros y desafíos: Introducción: La Comisión Multinacional de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), ha realizado durante esta semana, su sexta visita a Honduras, desde el año 2013; al igual que en las ocasiones anteriores, nos hemos reunido con altas funcionarios del Estado, operadores de justicia, dirigentes de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Desde nuestra visita en diciembre de 2014 hasta ahora, constatamos que ha habido algunos avances en el fortalecimiento del sistema de investigación criminal, como la creación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la consolidación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), del Ministerio Público (MP), así como la iniciativa de instalar una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos OEA). Sin embargo, vemos con preocupación que pese a la reducción de la tasa de homicidios, la situación de inseguridad y los niveles de impunidad en el país siguen siendo alarmantes, que el proceso de depuración policial se encuentra estancado y que la Policía Nacional no contempla una reestructuración institucional de su alto mando que responda al perfil de policía comunitario que sale graduado del Instituto Tecnológico Policial (ITP).

2)    Depuración: Hace un año manifestamos nuestra preocupación porque el proceso de depuración policial era un fracaso, lo cual reafirmamos en esta visita, ya que tres años después y pese a las declaraciones de compromiso y manifestaciones de voluntad política por parte de las altas autoridades policiales y de la Secretaría de Seguridad, las mismas no se han traducido en acciones contundentes para impulsar un efectivo proceso de investigación, evaluación y acción disciplinaria que permita limpiar a la institución policial de los miembros y redes internas vinculadas con el crimen y el delito. Tal cual ha sido consenso en el discurso oficial y en el clamor popular, la depuración policial en Honduras, es una tarea inconclusa que solamente podrá concluirse si se investiga, juzga y sanciona a los oficiales y agentes de escala básica que hayan cometido faltas, delitos, crímenes y otros actos ilícitos.

3)    Educación policial: Vemos en términos positivos el proceso de reforma integral del sistema de educación policial que incluye, entre otras cosas, la graduación de 1,564 policías bajo una nueva curricula enfocada en la seguridad comunitaria y el respeto a los derechos humanos; la creación de cuatro nuevos centros de formación policial que fortalecerán la formación inicial, la formación continua, la capacitación y perfeccionamiento, y la formación de formadores; y la proyección de formación de policías para obtener en el año 2019 una relación de 1 policía por cada 402 habitantes. Sin embargo, lamentamos que la reforma del sistema de educación contrasta con los obstáculos y el estancamiento en la depuración policial, lo cual representa una grave amenaza a la consolidación de una nueva generación de policías que en el día a día deberá enfrentarse a una estructura institucional jerárquica, militarizada y deslegitimada. Los procesos de modernización en la formación de los nuevos agentes de escala básica de la Policía Nacional, debe –obligatoriamente- ser complementados por otros que actualicen y orienten la conducta de los altos oficiales a los nuevos estándares y exigencias en donde se le de privilegio al enfoque comunitario y de respeto a los derechos humanos. Los avances mostrados en la formación de nuevos agentes policiales, contrasta con la falta de transparencia, flexibilidad y evaluación en las prácticas cotidianas policiales, aspectos que son fundamentales no solo para una policía comunitaria exitosa, sino también para contar con una policía orientada a los problemas de inseguridad en vez de su propia estructura.

4)      Investigación criminal: Valoramos positivamente la creación de la DPI y la dotación de recursos humanos y logísticos para fortalecer la investigación criminal. En este sentido, aplaudimos las detenciones de líderes de redes criminales en los últimos tres meses, la elaboración y pronta aprobación de un Manual Único de Investigación Criminal que armonizará los mecanismos y protocolos de todos los actores involucrados en la investigación en el país, y fortalecerá la coordinación interinstitucional, así como la dotación de modernos laboratorios criminalísticos móviles y de recurso humano capacitado y comprometido. No obstante, nos preocupa la falta de equipos criminalísticos individuales, de materiales básicos como hisopos y sobres de manila que en lo cotidiano son tan útiles, y sobre todo, la ausencia de un plan estratégico de mediano y largo plazo que garantice la continuidad y sostenibilidad financiera de la gestión institucional. El fortalecimiento de la investigación criminal también debe mejorar los mecanismos de colaboración con la ciudadanía para que la policía investigue los delitos que más afectan a la sociedad.

5)   Elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ): Vemos como una oportunidad histórica para la sociedad hondureña la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), que estará en funciones durante este gobierno, el próximo y el subsiguiente. Teniendo en cuenta que la existencia de un Poder Judicial competente, independiente e imparcial constituye un elemento esencial para el fortalecimiento de la Democracia y del Estado de Derecho, exhortamos a la Junta Nominadora y al Congreso Nacional a realizar una elección basada en las mejores capacidades técnicas, integridad moral y experiencia de los candidatos y candidatas propuestas, y que no sea –como en el pasado- una elección marcada por la influencia partidaria, o de los grupos de poder político, económico o criminal en el país. También esperamos que se aproveche este proceso de selección para hacer públicas las opiniones de los candidatos y candidatas sobre cuestiones constitucionales fundamentales, como los límites del poder del Estado y los derechos humanos, y para buscar consenso con el fin de aprobar una Ley de Audiencias Públicas que uniformice y transparente los procesos de selección de todos los altos funcionarios del Estado.

6)  MACCIH: Exhortamos al gobierno de Honduras a instalar la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y garantizar que esta sea un ente con carácter internacional, autónomo, independiente financieramente y con facultades para escoger e investigar todos los crímenes de alto impacto, y patrones de actuación ilícita y redes corruptas que operan en el país; autorizar a que tenga facultades para recibir denuncias –de la ciudadanía- actos al margen de la Ley que pudieran ser investigados y judicializados; acompañar y asesorar técnicamente a las fiscalías especiales del MP y demás instituciones del sector seguridad y justicia; ampliar la capacidad investigativa de estas instituciones; y proponer reformas políticas para fortalecer el sistema de justicia nacional. La MACCIH solamente podrá colaborar con la institucionalidad estatal que opera justicia y aplica la Ley, si cuenta con un mandato claramente definido, facultades para actuar con independencia y rinda cuentas de sus actuaciones a la población.

7)    Índice APJ: Valoramos positivamente la disponibilidad de las autoridades hondureñas de sumarse al esfuerzo de construcción e implementación del Índice de la APJ “Midiendo el progreso del sistema de seguridad y justicia”, cuyo objetivo es detectar las buenas prácticas, los obstáculos y los desafíos que se deben enfrentar y superar para mejorar la eficiencia y efectividad del sistema de justicia y seguridad. Esperamos que este índice contribuya a optimizar los esfuerzos del Estado para hacer más transparentes sus propios programas, entre los cuales esta como caso emblemático la gestión financiera y operativa de la Tasa de Seguridad. Asimismo, instamos a que la Secretaría de Seguridad implemente lo antes posible el Plan de Mejoras presentado en torno a las falencias y debilidades mostradas en el más reciente informe de línea base del Convenio suscrito entre las autoridades gubernamentales, Transparencia Internacional (TI) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

8)  Cambios institucionales: Anhelamos que se pueda aprovechar la coyuntura del inicio de un nuevo ciclo político en el año 2016, para profundizar en los cambios institucionales que den respuesta a las demandas ciudadanas de un Estado transparente, capaz, eficiente y confiable que se necesita para poner fin a la impunidad.

Tegucigalpa, MDC - 18 de diciembre de 2015.


COMISIÓN MULTINACIONAL DE LA ALIANZA POR LA PAZ Y LA JUSTICIA (APJ) 

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