jueves, 4 de febrero de 2016

Lecciones urgentes sobre democracia y poder constituyente

Hace 7 años, atreverse a hablar sobre la reelección o sobre un proceso constituyente era merecedor de los peores calificativos, de pena de cárcel y hasta de un golpe de Estado. Resulta que ahora quienes le asestaron una herida mortal a nuestra débil democracia en nombre de la supuesta constitucionalidad, ya no salen a la calle, ya no acusan ni amenazan, ni se rasgan las vestiduras.

El presidente Hernández no solo logró reformar la Constitución para permitir la reelección a través de un fallo de una Sala de lo Constitucional controlada por él, sino que acaba de señalar “que llegó el momento de establecer un nuevo pacto social”. ¿Dónde está la Unión Cívica Democrática?, ¿por qué se esconden los camisetas blancas?, ¿dónde están las honorables Fuerzas Armadas para “salvar” la democracia?

De las declaraciones de Juan Orlando Hernández se deduce que la nueva constitución en la que está pensando, al igual que la actual constitución de 1982, distará mucho de las características de un verdadero pacto social que sea producto del consenso de todos los sectores de la sociedad.

Una constitución es el diseño de cómo idealmente debe funcionar nuestra sociedad. Por ello, la sociedad hondureña debe tener presente que una auténtica teoría del poder constituyente exige como requisitos esenciales (a) que la ciudadanía pueda elegir expresamente a sus representantes para la redacción de una nueva constitución y (b) que tenga la oportunidad de aprobar el texto constitucional mediante consultas directas como el referéndum o el plebiscito.

En este sentido, la Asamblea Nacional Constituyente es el espacio donde se manifiesta o se institucionaliza el poder constituyente y consiste en un organismo colegiado, temporal, representativo, democrático y participativo que además de elaborar una nueva constitución, se constituye en un mecanismo pacífico, participativo y democrático de transformación de la realidad política, social y económica del país.

Una Asamblea Nacional Constituyente debe tener representación de todos los sectores de la sociedad y evitar que como en el pasado, solo participen los grupos vinculados a las altas esferas del poder económico, empresarial, religioso y militar del país, mientras la mayoría de la sociedad hondureña queda marginada de dicho proceso.

Debemos entender que el ejercicio del poder constituyente no se limita a ser un espacio para elaborar un nuevo texto constitucional, sino que es una lucha permanente para lograr un cambio profundo en la institucionalidad del país y en las estructuras que sostienen la exclusión y la desigualdad del sistema.

También debemos recordar que por decreto no se cambiará la realidad que vivimos, sino que se requiere la consolidación de una ciudadanía activa, crítica, participativa y articulada en redes locales y nacionales para lograr y mantener los cambios sociales, ambientales, económicos, éticos, culturales y políticos que demanda Honduras.

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