martes, 15 de marzo de 2016

El asesinato de Berta Cáceres y las líneas de investigación

El asesinato de Berta Cáceres vino a desnudar algo que diversas organizaciones internacionales vienen denunciando desde hace tiempo: Que en Honduras existe una persistencia de ataques, amenazas, hostigamientos y criminalizaciones contra líderes y lideresas sociales, y defensoras y defensores de derechos humanos en general y de ambientalistas en particular.

De acuerdo con la organización Protección Internacional, Honduras en el país más peligroso del mundo para los ambientalistas, ya que además de ser víctimas de asesinatos, se enfrentan a amenazas que quedan impunes. Solo en el año 2015 fueron asesinados cuatro defensores de las comunidades lencas y en febrero de este año asesinaron a cinco indígenas Tolupanes.

Según Global Rights, entre 2010 y 2015, fueron asesinados 109 ambientalistas. Debido al riesgo de perder la vida o sufrir un daño a la integridad física de quienes defienden el medio ambiente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas de protección que deberían ser implementadas por el Estado hondureño.

Sin embargo, el Estado, en vez de cumplir con su obligación de prevenir e investigar tales hechos, ha utilizado la represión y persecución política de quienes se oponen a proyectos inconsultos y contrarios a los derechos humanos.

De acuerdo con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, a estas personas se les cataloga como terroristas, delincuentes y guerrilleros, y son víctimas de una escalada de amenazas, ataques violentos, intimidaciones, detenciones ilegales, asesinatos y criminalización por parte de políticos, militares, guardias de empresas de seguridad privada, empresarios agrícolas, hoteleros e incluso personas vinculadas con el crimen organizado que andan en pos de las tierras de las comunidades.

Como ha señalado la Comisión Interamericana, muchos de los ataques proferidos en contra de la vida e integridad personal de líderes, lideresas y defensores indígenas tienen la intencionalidad de reducir las actividades de defensa y protección de sus territorios y bienes naturales, así como la defensa del derecho a la autonomía e identidad cultural.

Y esta situación se agrava aún más si se trata de mujeres pues Honduras ocupa el segundo lugar por agresiones a defensoras de derechos humanos en la región que abarca México y Centroamérica. De las 119 agresiones registradas solo en 2012, 95 fueron contra defensoras de la tierra y los bienes naturales.

Es en este contexto en el que se ubica el asesinato de Berta Cáceres, razón por la cual, el Estado de Honduras debe avanzar líneas de investigación en ese sentido. No obstante, estamos presenciando la utilización macabra del Ministerio Público para desviar la investigación de los verdaderos responsables que todo mundo conoce y que son aliados financieros del gobierno actual.

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