miércoles, 19 de abril de 2017

¿Usted a qué grupo de ciudadanía pertenece?

En el país existen tres grupos de ciudadanas y ciudadanos plenamente identificables. En un primer grupo están aquellas y aquellos que trabajamos por el cumplimiento de la promesa constitucional de un Estado de derecho que garantice el bienestar económico, social, cultural, político y ambiental de la población, y cuyo norte sea la protección de la dignidad humana.

Para estos ciudadanos y ciudadanas el Estado y sus instituciones deben garantizar que todas y todos estemos sometidos a la Constitución y a las leyes, que exista un equilibrio entre los poderes públicos y se evite el absolutismo, que las actuaciones de la administración pública sean acordes con la legalidad y que el respeto y realización de los derechos humanos sea un objetivo estratégico.

En un segundo grupo están aquellas y aquellos que sin tapujos han apostado por el control y sometimiento absoluto de la institucionalidad, por la profundización de un modelo autoritario, excluyente y militarizado, y por el rompimiento del orden constitucional y el uso de la fuerza como mecanismo para lograr sus fines particulares, limitar gravemente las libertades y debilitar la presión social y la crítica pública.

Para estos ciudadanos y ciudadanas, el Estado y sus instituciones son un botín y una herramienta para garantizar la concentración de la propiedad y la riqueza social en su beneficio. Con su imagen de demócratas se esconden detrás de lo que Fernando Bustamante llama, “mafias y corporaciones disfrazadas de partidos políticos”.

Y en un tercer grupo se encuentra una masa de personas que navega en la indecisión y creencia que estos asuntos están alejados de su realidad, y que no le afectan en su vida cotidiana, ignorando que la corrupción política constituye una sustracción de los recursos destinados a la realización de la dignidad humana.

¿Usted a qué grupo de ciudadanos y ciudadanas pertenece? Su decisión es vital para garantizar en el presente y futuro cercano si transformamos al Estado para incrementar sus capacidades de reducir la injusticia y la violencia, o si continúa por la senda de la corrupción, la impunidad y el autoritarismo.

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