martes, 29 de agosto de 2017

Nuestro derecho a defender la democracia

El filósofo estadounidense, John Rawls, señala que la desobediencia civil es un acto público, no violento, consciente y político que busca inducir a un cambio en normas jurídicas o políticas gubernamentales que se consideran ilegítimas a la luz de los principios y fundamentos constitucionales del Estado democrático de derecho.

Por su parte, el filósofo alemán, Jürgen Habermas, plantea que esta forma de conducta cívica no busca la ruptura del orden constitucional, sino apelar al sentido de justicia de la comunidad y comprometer su conciencia moral para revisar y corregir una cuestión que vulnera los principios fundamentales que sostienen el pacto social en una sociedad democrática.

De acuerdo con nuestra Constitución nacional, dos de esos principios esenciales de nuestra forma de gobierno y convivencia social son la prohibición de la reelección presidencial y la obligación de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, a tal punto que fueron establecidos en cláusulas pétreas con el fin de blindarlos y reservar exclusivamente al poder constituyente su modificación o eliminación.

Por tanto, solo el pueblo hondureño es el único sujeto político legitimado para reformar tales principios y, consecuentemente, ni el Congreso Nacional ni el Poder Ejecutivo ni la Corte Suprema de Justicia, como poderes constituidos, tienen la facultad de reformar las cláusulas pétreas que operan contra ellos para evitar que se transformen en poder constituyente.

En este sentido, la participación de Juan Orlando Hernández en el próximo proceso electoral es una herida grave y profunda para la democracia, y es un vicio perverso que deriva de la usurpación al soberano de su facultad constituyente de modificar o no el artículo pétreo que prohíbe la reelección, lo cual implica un nuevo rompimiento del orden constitucional.

A la luz del artículo 3 de la Constitución, la ciudadanía tenemos derecho a la desobediencia civil y a la insurrección en defensa del orden democrático, sobre todo porque todas las instituciones estatales se han prestado a este atentado contra nuestra forma de gobierno, y la OEA y la comunidad internacional se llaman a un silencio cómplice y, como lo señala la Convergencia contra el Continuismo, avalan “una novedosa modalidad de golpe de Estado por vía electoral”.

Libertad de expresión y la amenaza de CONATEL contra Radio Waruguma

La libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas y constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, pues es indispensable para la formación de la opinión pública. 

Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los medios de comunicación son los vehículos que materializan el ejercicio de la libertad de expresión y para ello es imprescindible que, entre otras cosas, se garantice la pluralidad de medios y la prohibición de todo monopolio respecto a ellos.

En este sentido, el Estado debe garantizar el derecho de todas las personas de contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación por ningún motivo. 

En otras palabras, el rol del Estado a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es fomentar la pluralidad de voces y evitar los monopolios u oligopolios en los medios de comunicación, ya que representan un serio obstáculo a la democratización del país.

La historia reciente de Honduras nos ha mostrado que los medios de comunicación tradicionales solo difunden ideas y opiniones afines a los intereses de los grupos de poder político, económico y religioso, ejerciendo de este modo un control antidemocrático sobre la información que recibe el resto de la población.

Por ello es fundamental que el Estado facilite las condiciones necesarias para que los medios de comunicación alternativos o comunitarios puedan ejercer su labor en forma independiente y sin presiones, e incluir en la agenda nacional contenidos que atiendan las necesidades y reivindicaciones de los sectores marginados.

La amenaza por parte de CONATEL de cerrar la radio comunitaria Waruguma, localizada en la ciudad de Trujillo y a la que acusa de “rebelde”, viola abiertamente las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado de garantizar que dicho medio alternativo pueda realizar su labor en forma independiente y sin presiones.

Desde el ERIC-SJ y Radio Progreso nos solidarizamos con Radio Waruguma y le recordamos a CONATEL que a la luz del principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, acciones como la señalada que puede redundar en el silenciamiento de dicha radio, es incompatible con la esencia de los valores democráticos.

lunes, 21 de agosto de 2017

Para esto sirve la Policía Militar

Como parte del profundo proceso de militarización del Estado y la sociedad, en agosto de 2013 se creó la Policía Militar de Orden Público, que está facultada para actuar en situaciones de emergencia, capturar a personas asociadas con estructuras criminales, realizar tareas de investigación e inteligencia, combatir el contrabando y la defraudación fiscal, y las demás otorgadas a la Policía Nacional. 

En el marco de tales facultades, los policías militares y los policías nacionales que ejecuten operaciones conjuntas, en caso de cometer violaciones a derechos humanos únicamente podrán ser acusados penalmente por fiscales o jueces de jurisdicción nacional que los acompañen en tales operaciones, pero no por fiscales de derechos humanos.

Ante ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación debido a que dichos jueces y fiscales podrían carecer de suficientes garantías de independencia e imparcialidad para conocer de dichas violaciones cometidas por los miembros de la Policía Militar, creando en la práctica un fuero especial.

En otras palabras, los posibles delitos cometidos por policías militares tienen altos niveles de probabilidad de no ser investigados y sancionados con imparcialidad, lo cual puede generar mayores niveles de impunidad. En este contexto se puede comprender la arbitrariedad y el uso desproporcionado de la fuerza militar en conflictos sociales que en un país civilizado deberían resolverse democráticamente.

Una muestra de ello es el desalojo violento realizado por miembros de la Policía Militar y de la Policía Nacional que, actuando como criminales, aprovecharon la oscuridad de la madrugada para atacar un campamento pacífico de los pobladores y pobladoras de la Aldea Pajuiles en Atlántida, quienes se oponen al proyecto HIDROCEP de Jasson Hawit.

En su acción violenta, detuvieron ilegalmente a Óscar Martínez, Orlando Geovany Pérez, René Mejía Calderón y Angélica Recinos, humildes ciudadanos y ciudadanas que ante la complicidad de las autoridades con las empresas extractivas han decidido defender los bienes naturales en el marco del ejercicio de sus derechos constitucionales.

La parcialidad de la Policía Militar, la Policía Nacional y el Ministerio Público deja muy claro que son instituciones que siguen faltando a su obligación constitucional de defender los intereses de la sociedad, pues sus actuaciones demuestran que defienden los intereses ilegítimos de quienes tienen poder político y económico.

Estos hechos evidencian que la creación de la Policía Militar y de un fuero especial para que sus miembros no sean investigados con independencia e imparcialidad, es una forma más de imponer por la fuerza un modelo que explota los bienes de todos y todas en beneficio de unas pocas personas inescrupulosas que tienen secuestrado al Estado y sus instituciones.

jueves, 10 de agosto de 2017

Una visita importante en materia de derechos humanos


Durante el mes de julio, Honduras estuvo bajo el foco internacional en relación con la situación de los derechos humanos. Primero, porque como lo señalamos la semana pasada, los días 5 y 6 de julio el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas realizó un examen al Estado para verificar el estado de protección de los derechos civiles y políticos. 

En sus observaciones finales, el Comité expresó un número importante de preocupaciones al respecto, lo cual confirma la gravedad de la situación de los derechos humanos que se profundizó a partir del golpe de Estado y que hemos venido denunciando permanentemente.

Segundo, en el mismo mes el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, realizó una visita de tres días al país y sostuvo reuniones con altos funcionarios del gobierno, representantes diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

Al igual que el Comité de Derechos Humanos, el señor Gilmour recibió y manifestó su preocupación por informaciones que revelan una impunidad generalizada, altos niveles de violencia, un aumento de la militarización de la seguridad pública, acceso restrictivo a la planificación familiar, un aumento alarmante del femicidio y violencia contra las mujeres en general.

También advirtió que las políticas penales que imponen castigos extremadamente duros a la niñez y juventud no son la solución a la violencia y la criminalidad, cuyas causas de fondo deben ser enfrentadas a través inversiones sociales y la rehabilitación.

A su vez, el señor Gilmour manifestó su preocupación por la violencia que enfrentan con valentía las personas defensoras de derechos humanos, especialmente mujeres, personas LGBTI, defensoras de la tierra y pueblos indígenas, y resaltó la necesidad primordial de aumentar su protección.

Por ello, insistió en la necesidad de abrir espacios para el diálogo, el acceso a la información y la participación efectiva en la formulación de políticas públicas, que son elementos clave de una sociedad democrática. De esta manera, exhortó a los funcionarios estatales a ver a las personas defensoras de derechos humanos como aliadas y agentes de cambio.

El examen realizado por el Comité de Derechos Humanos y la visita del señor Gilmour demuestran dos cosas: En primer lugar, que por mucha demagogia y cerco mediático, el gobierno no puede tapar el sol con un dedo en materia de derechos humanos.

Y en segundo lugar, la importancia del diálogo y la participación efectiva de las personas y comunidades antes que las autoridades adopten decisiones que tienen un impacto en sus derechos, lo cual es una obligación que solo un auténtico Estado democrático de derecho cumple frente a su ciudadanía.

jueves, 3 de agosto de 2017

Honduras reprobada en materia de derechos humanos

Los días 5 y 6 de julio de este año, el Estado de Honduras presentó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe en el que tuvo que explicar la situación de los derechos humanos en el país, particularmente en relación con igualdad y no discriminación, vida, integridad, libertad de expresión, acceso a la justicia, libertad personal, privacidad, libertad de asociación y manifestación pacífica, entre otros.

Lógicamente, la enorme delegación estatal que viajó a Ginebra presentó una visión parcial de los hechos; por ello, el Comité también recibió información por parte de organizaciones nacionales e internacionales de sociedad civil, tales como la Coalición contra la Impunidad, el Centro para los Derechos Civiles y Políticos, la Plataforma Internacional contra la Impunidad y la Organización Mundial Contra la Tortura.

El pasado 24 de julio, el Comité aprobó una serie de observaciones finales que reflejan la grave situación de derechos humanos en Honduras. Entre otras cosas, el Comité manifestó su preocupación por la falta de transparencia en el proceso de selección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; la falta de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante el golpe de Estado.

El Comité expresó su preocupación por la discriminación sufrida por las mujeres, la comunidad afro-hondureña, los pueblos indígenas y las personas que viven en áreas rurales; la limitada participación de la mujer en la vida política y pública; las elevadas tasas de violencia contra la mujer y los centenares de muertes anuales por feminicidio; las extremadamente altas tasas de homicidio y las altísimas tasas de impunidad.

También le preocupa la militarización de la seguridad pública y el insuficiente control sobre las empresas de seguridad privadas; las prácticas de “limpieza social” y otras ejecuciones extrajudiciales que implican a las fuerzas de seguridad; la tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de policía y fuerzas armadas; y el alto número de desplazados internos debido a la situación de violencia.

Además le preocupa la falta de protección efectiva para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial; la falta de cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso López Lone y otros vs. Honduras; los actos de violencia e intimidación y las persistentemente elevadas tasas de asesinato de las que son víctimas las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, activistas medioambientales, indígenas y LGBTI.

Finalmente, al Comité le preocupa el hecho de que a pesar del límite del mandato presidencial establecido en la Constitución el presidente Juan Orlando Hernández se presente a la reelección.

A la luz de todo lo señalado por el Comité de Derechos Humanos, es imposible comprender el trillado eslogan oficial de que Honduras está cambiando porque sí es así, estos elementos demuestran que el país está cambiando para mal. ¿O acaso los portavoces y repetidores gubernamentales acusarán al Comité de traidor y enemigo de la patria?

martes, 1 de agosto de 2017

La situación de los derechos humanos en Honduras a la luz de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Antecedentes

Los tratados internacionales de derechos humanos generan obligaciones para el Estado de Honduras en dos sentidos: Por un lado, tiene que respetar y garantizar los derechos en ellos reconocidos y, por otro, debe participar en mecanismos de supervisión o monitoreo, a través de los cuales unos órganos especializados evalúan en qué medida el Estado cumple con sus obligaciones internacionales.

Tales órganos son llamados comités y están formados por expertas y expertos independientes que desarrollan su función a través de (a) la recepción y evaluación de informes periódicos presentados por un Estado; (b) la recepción de comunicaciones interestatales en los que un Estado señala que otro Estado no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales; (c) la admisión de comunicaciones o denuncias en las que una persona denuncia que un Estado ha violado un derecho reconocido en un tratado; y (d) la realización de investigaciones de oficio cuando considere que en un país existe una situación crítica de derechos humanos. 

De estos mecanismos, el más común es el sistema de informes que consiste en la obligación estatal de presentar ante un comité informes periódicos en los cuales se debe suministrar información sobre las medidas legales, administrativas, judiciales y de cualquier otro tipo que el Estado haya adoptado para implementar las disposiciones del tratado, y sobre las dificultades enfrentadas para ello. La preparación de estos informes es una oportunidad para evaluar el estado de la protección de los derechos humanos con el fin de diseñar e implementar políticas públicas al respecto. 

Uno de los tratados en virtud del cual Honduras tiene la obligación de presentar informes periódicos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976. El Estado hondureño lo ratificó el 25 de agosto de 1997 y, en consecuencia, desde esa fecha se comprometió a respetar y a garantizar los derechos reconocidos en dicho instrumento, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Para asegurar que el Estado cumpla con la doble obligación de respetar y garantizar tales derechos, el artículo 28 del Pacto consagra la creación del Comité de Derechos Humanos (CDH), formado por 18 expertos y expertas independientes que evalúa la información estatal presentada en los informes periódicos y realiza las recomendaciones pertinentes en forma de observaciones finales. Los días 5 y 6 de julio de este año, el Estado hondureño fue invitado a las sesiones del CDH para presentar su segundo informe periódico, responder a las preguntas de los expertos y expertas, y facilitarles información adicional.

A la luz de toda la información disponible, el CDH examinó el informe estatal frente a una delegación de representantes gubernamentales con el objetivo de construir un diálogo constructivo de cara a apoyar al Estado en sus esfuerzos por implementar efectivamente el Pacto. Lógicamente, la enorme delegación estatal que viajó a Ginebra presentó una visión parcial de los hechos; por ello, el CDH también recibió información por parte de organizaciones nacionales e internacionales de sociedad civil, tales como la Coalición contra la Impunidad, el Centro para los Derechos Civiles y Políticos, la Plataforma Internacional contra la Impunidad y la Organización Mundial Contra la Tortura.

A la luz del diálogo con el Estado y la información recibida de las organizaciones de sociedad civil, el CDH adoptó una serie de observaciones finales, las cuales incluyen los aspectos positivos de la implementación del Pacto, los principales motivos de preocupación y las recomendaciones que el Estado tiene la obligación de implementar para mejorar la situación de los derechos humanos. El pasado 24 de julio, el CDH aprobó y publicó una versión no editada de las respectivas observaciones finales, las cuales reflejan la grave situación de derechos humanos en el país y contradicen el trillado discurso oficial de que “Honduras está cambiando”.

Principales preocupaciones del Comité de Derechos Humanos

El CDH manifestó su preocupación por la falta de transparencia en el proceso de selección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y lamentó que tenga la categoría B después de que el comité de acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos le rebajara la categoría. También le preocupa la falta de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante el golpe de Estado, y la existencia de obstáculos en la investigación y enjuiciamiento de las personas responsables de tales violaciones.

Además, el CDH expresó su preocupación por la discriminación sufrida por las mujeres, la comunidad afro-hondureña, los pueblos indígenas, las personas que viven en áreas rurales y las personas LGBTI, especialmente en lo que se refiere a los derechos de las parejas del mismo sexo y la identidad de las personas transgénero; por la limitada participación de la mujer en la vida política y pública; por la insuficiente presencia de los pueblos indígenas y afro-hondureños en los órganos de representación política y en el gobierno; por las elevadas tasas de violencia contra la mujer y los centenares de muertes anuales por feminicidio; por la violencia contra las personas trabajadoras del sexo; y por el extremadamente reducido número de enjuiciamientos y condenas impuestas por este tipo de violencia.

Al CDH también le preocupa que toda interrupción voluntaria del embarazo es ilegal y castigada con penas severas, con el resultado de una alta tasa de mortalidad debido a abortos inseguros; la prohibición absoluta de anticonceptivos de emergencia, incluso en los casos de violación e incesto; y las altas tasas de embarazo adolescente no deseado. Por ello, le recomienda al Estado hondureño modificar urgentemente su legislación para asegurar el acceso a un aborto legal y seguro, considerar la despenalización del aborto e eliminar la prohibición de la píldora anticonceptiva de emergencia.

El CDH manifestó su preocupación por las extremadamente altas tasas de homicidio, los ataques a la integridad física y contra la propiedad, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para actividades criminales por parte de bandas criminales, así como por las altísimas tasas de impunidad respecto a este tipo de crímenes. También le preocupa la militarización de la seguridad pública y el insuficiente control sobre las empresas de seguridad privadas; las prácticas de “limpieza social” y otras ejecuciones extrajudiciales que implican a las fuerzas de seguridad; la tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de policía y fuerzas armadas; y el alto número de desplazados internos debido a la situación de violencia.

Además, al CDH le preocupa la considerable falta de recursos financieros y humanos de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo cual no les permite cumplir adecuadamente sus mandatos; la falta de protección efectiva para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial; la falta de una normativa que regule la carrera judicial y el Consejo de la Judicatura que asegure la independencia judicial; y la falta de cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso López Lone y otros vs. Honduras, en cuanto a la reincorporación del juez Adán Guillermo López Lone y la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza a cargos similares a los que desempeñaban en el momento de su destitución por oponerse al golpe de Estado.

Al CDH también le preocupa la persistencia de altos niveles de hacinamiento y las deficientes condiciones de salubridad en los centros penales; el alto número de detenidos en prisión preventiva, que representan más del 50% de la población reclusa; la falta de separación entre los procesados y los condenados; la falta de atención a las necesidades particulares de las mujeres privadas de libertad; el uso de instalaciones militares para la detención preventiva de reos comunes; y los actos de violencia e intimidación y las elevadas tasas de asesinato de las que son víctimas las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, activistas medioambientales, indígenas y LGBTI, y que son cometidos por agentes del Estado o personas particulares en un contexto de impunidad.

El CDH manifestó su preocupación por la continua estigmatización por parte de funcionarios del gobierno de las personas que ejercen su libertad de expresión, reunión y asociación; por la condena emitida contra tres estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; por las críticas recibidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por su labor de promoción del respeto al derecho a la protesta pacífica; y por la insuficiente implementación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

Al CDH también le preocupa que el “Anteproyecto de Ley Marco de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y afro-hondureños” no se ajusta plenamente a los estándares internacionales en la materia ni su preparación ha asegurado la participación plenamente representativa de los pueblos indígenas; los casos de desalojo forzoso de los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales; y la falta de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.

Finalmente, al CDH le preocupa las alegaciones de irregularidades durante las elecciones generales de 2013, tales como, “la compra de votos, deficiencias en la actualización del censo electoral, la falta de transparencia en la financiación de la campaña electoral y la posibilidad de que hubiera habido un fraude en la transmisión de las actas electorales al Tribunal Supremo Electoral”. También le preocupa el asesinato de más de una docena de personas activistas de la oposición y candidatas durante la pasada campaña electoral, así como el hecho de que a pesar del límite del mandato presidencial establecido en la Constitución el presidente Juan Orlando Hernández se presente a la reelección.

Conclusión

A la luz de las preocupaciones manifestadas por el CDH, se pueden concluir dos cuestiones: En primer lugar, el gobierno actual sufre de una especie de bipolaridad o esquizofrenia porque por un lado aprueba leyes, ratifica tratados de derechos humanos y mantiene un discurso favorable a estos en espacios internacionales como el CDH, sin embargo, en la práctica criminaliza, estigmatiza y promueve prácticas violatorias de tales derechos. Como lo señala Bartolomé Ruiz Castor, “[e]ste es un paradigma esquizofrénico (o cínico) que insiste de forma exhaustiva en la defensa formal de los derechos humanos y produce estructuras e insti­tuciones de negación real de los mismos”. De esta manera, presenciamos cómo los funcionarios gubernamentales se llenan la boca con un discur­so pulcro de respeto a los derechos huma­nos, a la democracia y al Estado de derecho, pero las políticas y prácticas que promueven, constituyen una negación sistemática de los mismos.

En segundo lugar, por mucho que quieran tapar el sol con su discurso cínico, es imposible que puedan ocultar la realidad de un país que, tal como lo señala el más reciente índice anual del Proyecto sobre Justicia Mundial, Honduras tiene pésimos resultados en respeto a la institucionalidad, en cumplimiento de la legalidad, en inseguridad jurídica, en corrupción, en respeto a los derechos humanos, en transparencia, en criminalidad y en fortalecimiento del Estado de derecho.