Las próximas elecciones generales están permeadas por una serie de distorsiones que las deslegitiman y que deberían llenar de vergüenza e indignación a cualquier persona u organismo nacional e internacional que se precie respetuoso de los valores democráticos. Para muestra, tres botones.
Primero. La participación del general golpista Romeo Vásquez Velásquez, cuyas acciones al frente de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas desencadenaron graves violaciones a derechos humanos que fueron consideradas crímenes de lesa humanidad por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
En un Estado con instituciones independientes, su candidatura presidencial jamás sería permitida puesto que de acuerdo con los estándares interamericanos de derechos humanos, su antecedente golpista es una causa legítima para excluirlo de la contienda electoral como una forma de defender la democracia.
Segundo. La participación del capitán Billy Joya Améndola como candidato a diputado por el partido Nacional, quien como miembro del escuadrón de la muerte 3-16, es responsable de intento de asesinato, detención ilegal y tortura contra 6 estudiantes universitarios en 1982.
Aunque las nefastas autoridades jamás realizaron una investigación seria y efectiva que permitiera su sanción, la gravedad de sus crímenes los vuelve imprescriptibles, por lo que tarde o temprano tendrá que pagar por ellos. En un verdadero Estado de derecho, su única candidatura válida sería para convicto.
Tercero. La participación de Juan Orlando Hernández que implica un nuevo rompimiento del orden constitucional, ya que está sustentada en la suplantación de la soberanía popular y la violación del principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.
En una verdadera democracia, su obsesión reeleccionista debería ser frustrada por una institucionalidad y una ciudadanía colmada de cultura constitucional, y una comunidad internacional coherente; sin embargo, lo que prevalece es el silencio, la complicidad y el sometimiento casi absoluto a sus designios.
¿Acaso pueden ser legítimas y auténticas unas elecciones celebradas en el contexto de un nuevo rompimiento del orden constitucional en el que participan golpistas, criminales de lesa humanidad y violadores del pacto social que representa la Constitución?
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