No puede haber democracia ni Estado de derecho sin el respeto de los derechos humanos, ya que estos últimos constituyen un elemento fundamental para legitimar o deslegitimar cualquier acto u omisión de los poderes públicos.
En el marco de las elecciones generales del pasado 29 de noviembre, el respeto de los derechos humanos era una condición necesaria para catalogarlas de libres y justas, y por ello, cualquier análisis sobre su legitimidad no puede ignorar la situación de los derechos de la población antes y durante el ejercicio electoral.
Bajo estos parámetros y teniendo en cuenta que fueron realizadas por un gobierno de facto en el marco del golpe de Estado, se puede afirmar con contundencia que las elecciones generales en Honduras no han sido justas ni libres y por tanto, el gobierno surgido de las mismas no goza de la legitimidad necesaria en un Estado de derecho.
Desde la ejecución del golpe de Estado el 28 de junio la población hondureña ha vivido en un constante estado de sitio, con sus derechos y libertades prácticamente suprimidos y con altos niveles de militarización del país como si se tratase de un ambiente de guerra. Pese a que la Constitución y los tratados internacionales reconocen derechos fundamentales como la libertad de expresión, manifestación y asociación, millones de hondureños que se han manifestado en contra del atentado a nuestra incipiente democracia han sido limitados en los mismos.
Como resultado de la persecución política que el gobierno de facto ha ejecutado a través de policías, militares y paramilitares en contra de las personas en resistencia democrática y pacífica, una veintena de ellas han sido asesinadas, más de 4 mil personas han sufrido diferentes tipos de violaciones a sus derechos humanos, decenas han sufrido atentados contra su vida e integridad, centenares de personas han sido amenazadas de muerte, centenares han sido acusadas y apresadas por motivos políticos, centeneras de personas han sido torturadas y otras miles lesionadas y heridas a causa de la represión, y miles de personas han sido detenidas ilegalmente.
Antes y durante las elecciones del 29 de noviembre, el gobierno de facto ha creado un clima de terror y de guerra psicológica mediante la militarización de la sociedad y la demostración del poderío policial-militar dispuesto a acallar cualquier disidencia. En este marco, la policía y los militares ejecutaron decenas de allanamientos de casas y organizaciones, desarrollaron retenes en las carreteras, detuvieron ilegalmente a decenas de personas, realizaron hostigamientos y amenazas, y militarizaron comunidades enteras.
En San Pedro Sula, una marcha pacífica en la que participaban familias enteras fue salvajemente reprimida por la policía y el ejército, resultando decenas de heridos y detenidos, incluidos un periodista internacional y un observador de una misión internacional de derechos humanos.
Si a todo este clima de represión le sumamos el alto abstencionismo, la falta de presencia de observadores electorales oficiales calificados y la violación de la Ley Electoral que prohíbe la presencia de militares a menos de 100 metros de los centros de votación, así como la supresión del uso de la tinta indeleble como requisito indispensable para el desarrollo de las elecciones, entre otras cosas, es más que evidente que las elecciones del 29 de noviembre no se desarrollaron en un clima de transparencia, igualdad, participación, libertad y legalidad.
Por tanto, es un deber moral y legal para con la democracia y la soberanía del pueblo hondureño que la mayoría de Estados que conforman la comunidad internacional se mantenga firme en no reconocer los resultados de esta pantomima de elecciones ni el gobierno espurio surgido de ellas.
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