Profundización de la crisis política

La Constitución de 1982 marcó el inicio del camino de la democracia con la esperanza de avanzar en la construcción de una sociedad política, económica y socialmente justa. Aunque durante este tiempo ha habido incipientes avances institucionales, el balance que nos dejan casi 3 décadas de democracia formal no es nada alentador.

Dicho balance nos muestra que algunas de las reformas en materia económica y jurídica realizadas sólo han servido para profundizar la violencia, la desigualdad y la exclusión; la economía construida durante estos años sólo ha significado la consolidación de un modelo que ha privilegiado los intereses de una elite, ha destruido el papel del Estado como factor de cohesión social, ha afectado la soberanía nacional, ha profundizado la desigualdad social y ha deteriorado las condiciones de vida de la mayoría de los hondureños y hondureñas.

Las instituciones públicas se han convertido en pesadas cargas burocráticas caracterizadas por su ineficacia y su ineficiencia casi generalizada para cumplir con sus funciones constitucionales; los permanentes y frecuentes escándalos de corrupción económica y política han estado a la orden del día; el sistema judicial se ha mantenido al servicio de los sectores que detentan el poder económico y político; y se ha mantenido una sistemática violación de los derechos humanos de amplios sectores de la sociedad.

El golpe de Estado cívico-militar ha venido a profundizar la grave crisis estructural que venimos arrastrando por décadas; también ha desnudado que pese a que la Constitución de 1982 prevé los mecanismos mínimos para promover el Estado de derecho, la clase política hondureña sólo ha gobernado en función de sus propios intereses y ha mostrado su total incapacidad, desprecio y negligencia para responder a los intereses de las grandes mayorías.

Esta crisis multidimensional que afecta el ámbito político, social, ético, económico y cultural del país, es un claro síntoma del agotamiento del sistema actual y de su crisis de legitimidad y de gobernabilidad.

Por ello, es imperativo iniciar un proceso de refundación del país, de sus normas, de sus instituciones, de nuevas reglas democráticas que permitan una participación real y directa del pueblo en las decisiones jurídico-políticas y en los resultados medidos tanto en términos directamente económicos y sociales, como en reconocimiento de derechos y libertades.