Amnistía Internacional acaba de hacer público el informe “Recomendaciones al nuevo gobierno de Honduras tras el golpe de Estado de junio de 2009”, el cual es el resultado de las dos visitas que esta organización realizó a Honduras mientras estuvo en el poder el gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti y Romeo Vásquez.
Este informe documenta violaciones generalizadas de los derechos humanos contra el pueblo hondureño por parte de policías y militares, entre ellas, uso excesivo de la fuerza, asesinatos, torturas y otros tratos crueles y degradantes, detenciones arbitrarias y hostigamiento e intimidación de jueces, periodistas, defensores de derechos humanos y demás opositores al golpe de Estado.
Al igual que otros importantes informes como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las violaciones aquí documentadas constituyen crímenes de lesa humanidad ya que reúnen los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, es decir, han sido cometidos como parte de un ataque sistemático o generalizado, han sido dirigidas contra la población civil en resistencia y se han cometido como parte de una política de Estado dirigido por el gobierno de facto.
Entre las recomendaciones que Amnistía Internacional le hace al gobierno de Pepe Lobo están la de garantizar la realización de investigaciones inmediatas, independientes y rigurosas sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas; rechazar toda medida política o jurídica, como leyes de amnistía, que pudieran impedir el castigo a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes cometidos; y proporcionar reparación a las víctimas que incluya el conocimiento de la verdad de lo sucedido, la sanción de sus victimarios y la garantía de no repetición de este tipo de hechos.
El gobierno de Pepe Lobo enfrenta un gran desafío porque todas las instituciones que son responsables de aplicar tales observaciones están dirigidas por quienes han promovido y sostenido el golpe de Estado; por ello será difícil lograr justicia a nivel interno, pero a nivel internacional, la Corte Penal Internacional está investigando la situación en Honduras y este tipo de informes son fundamentales para probar que los altos responsables del gobierno de facto son criminales internacionales que tarde o temprano serán sentados en el banquillo de los acusados.
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