Una Comisión de la Verdad en entredicho

De acuerdo con los estándares internacionales, una Comisión de la Verdad debe reunir unos requisitos mínimos y observar unos principios básicos para que goce de la legitimidad necesaria para investigar la verdad sobre las miles de violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del golpe de Estado hasta la fecha y que han sido constatadas por diversos órganos nacionales e internacionales.

En términos generales, una Comisión de la Verdad debe ser establecida e implementada a partir de amplias consultas con la sociedad hondureña y las víctimas, lo cual requiere el tiempo necesario para tomar en cuenta la opinión de quienes han sufrido en carne propia las consecuencias del golpe de Estado.

Una Comisión de la Verdad debe ser autónoma, independiente y profesional, y debe estar compuesta por personas respetadas y aceptadas por la sociedad, sobre todo por las víctimas.

Una Comisión de la Verdad debe contar con todos los medios humanos, económicos y jurídicos para esclarecer los hechos, determinar quiénes son los responsables y garantizar que sus recomendaciones contribuyan a la no repetición de las violaciones a los derechos humanos.

Al observar la prisa con que el gobierno de Lobo está manejando el establecimiento de la Comisión de la Verdad, se puede constatar que no hay condiciones suficientes que garanticen la independencia y efectividad de su trabajo, ya que, de acuerdo con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y la Plataforma de Derechos Humanos, no existe voluntad política para detener las violaciones a los derechos humanos.

Hay funcionarios estatales responsables de tales violaciones que podrían ser parte del proceso de investigación; no existe independencia judicial y el Ministerio Público ya no es representante de los intereses de la sociedad.

Y en fin, la Comisión de la Verdad que está formando el gobierno de Pepe Lobo no está respetando los estándares internacionales y por tanto, está naciendo con un defecto genético que parece destinarla a garantizar la impunidad.