El 01 de julio de 2002 el Estado de Honduras ratificó el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional y por tanto, los responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro territorio pueden ser juzgados por este tribunal internacional.
El 24 de enero de ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia se pronunció a favor de que Honduras ratificara dicho instrumento y señaló que quien viola los derechos humanos ofende la conciencia humana y la humanidad misma, y que los crímenes contra la humanidad no pueden ser considerados asuntos internos de una nación pues los derechos humanos, universales e indivisibles, no tienen fronteras.
Desde el golpe de Estado del pasado 28 de junio se han documentado más de 4 mil violaciones a los derechos humanos y sólo en el primer mes del gobierno de Pepe Lobo más de 250, entre detenciones ilegales, agresiones sexuales, asesinatos, amenazas, torturas, secuestros y allanamientos ilegales, los cuales constituyen ese tipo de crímenes que ofenden la conciencia humana.
Lo que dijo la Corte Suprema de Justicia hace 7 años contradice totalmente lo que ha hecho a partir del golpe de Estado, ya que ha mantenido cerrados sus ojos ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, policías y paramilitares, y por tanto, se ha vuelto cómplice de ellos.
Por eso, el propio presidente de la Corte Suprema Jorge Alberto Rivera Avilés ha sido denunciado, junto con la junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas y Roberto Michelleti, ante la oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional por la comisión del crimen de lesa humanidad de persecución política contra el pueblo hondureño en resistencia democrática.
El régimen de Pepe Lobo debería poner todo su empeño en detener la violencia y la represión contra los hondureños y hondureñas pues a la luz del derecho penal internacional, él como máximo responsable del gobierno de turno, podría responder ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido desde el golpe de Estado y que se siguen cometiendo hasta la fecha, y que están siendo monitoreados e investigados por el fiscal de dicho tribunal con miras a ordenar la captura de los altos responsables civiles, policiales y militares de la represión.
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