Con Monseñor Romero exigimos: ¡Cese la represión!

Porfirio, Hermes, Julio, Vanessa, Manuel, Ricardo, Freddy y Mauro son apenas algunos de los nombres que engrosan las estadísticas de centenares de violaciones a los derechos humanos cometidas en Honduras desde la llegada al poder de Porfirio Lobo Sosa.

Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un nuevo comunicado en el que lamenta y deplora el asesinato del periodista Nahún Palacios, cuyo nombre y vida se suman a la lista de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el país.

Nahún Palacios era beneficiario de medidas de protección que el Estado hondureño tenía la obligación de brindar, ya que tras el golpe de Estado este periodista dio cobertura a las manifestaciones anti golpistas y expresó públicamente su rechazo al atentado contra la democracia hondureña.

Como consecuencia de su compromiso de informar con objetividad, el 30 de junio de 2009 los militares le confiscaron su equipo de trabajo, allanaron su domicilio, apuntaron a sus hijos con armas y decomisaron su vehículo. El día 14 de marzo acabaron con su vida y quedó claro una vez más que al gobierno de Pepe Lobo no le importan los derechos humanos de quienes amamos la democracia y condenamos el golpe de Estado y su continuidad.

Este nuevo asesinato se da un día antes de que la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas presentara su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Honduras, y en él ratifica que las violaciones a los derechos humanos en el país son el pan nuestro de cada día.

Este informe tiene una importancia fundamental de cara al acceso a la justicia internacional, ya que es una prueba más de que en Honduras las violaciones a los derechos humanos no son investigadas seriamente y por tanto, es necesario y urgente que, por un lado, la comunidad internacional condicione el reconocimiento del gobierno de Lobo al cese de la represión y la sanción de los criminales; y por otro, que el fiscal de la Corte Penal Internacional considere la apertura de una investigación de oficio contra los altos responsables militares, policiales y civiles que están detrás de estos crímenes de lesa humanidad.