Desde el 28 de junio de 2009 hasta el 27 de enero de 2010, día en que asumió el poder el señor Lobo Sosa, las violaciones a los derechos humanos eran ejecutadas de forma masiva y pública por militares y policías; pero a partir del 28 de enero, las mismas están siendo cometidas de forma selectiva y en el marco de una modalidad de baja intensidad con la intención de desarticular y acallar toda oposición al golpe de Estado y su continuidad.
De acuerdo con el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODEH, se observa un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos caracterizado por la actuación con total impunidad de los autores materiales e intelectuales; la utilización de uniformes y armas de la policía y el ejército; la similitud de las prácticas de tortura en todos los casos que se han documentado; la selección de las víctimas como resultado de prácticas de seguimiento y control de itinerarios; y el robo de computadoras portátiles y documentación importante de las víctimas.
En este escenario, se han cometido nuevos asesinatos contra el pueblo hondureño que ratifican que en Honduras estamos viviendo una reedición de la doctrina de seguridad nacional que nos causó tanta muerte y dolor en los años ochenta. El 17 de marzo fueron asesinados Francisco Castillo, miembro de la resistencia nacional; y los campesinos José Antonio Cardoza y José Carías, directivos de la cooperativa Brisas de COHDEFOR, en Carbonales, Bonito Oriental, en la costa caribeña del país.
El 23 de marzo fue asesinado el profesor José Manuel Flores, miembro activo del Frente Nacional de Resistencia Popular, dirigente magisterial y político y miembro del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA). Sus asesinos llegaron hasta el centro de estudios donde trabajaba y le dispararon frente a sus alumnos y compañeros docentes. El 26 de marzo fueron asesinados los periodistas Bayardo Mairena y Manuel Juárez en el departamento de Olancho cuando se conducían en su vehículo a realizar labores periodísticas y fueron alcanzados por otro carro desde el cual les dispararon varias ráfagas de metralleta.
La comunidad internacional no puede ignorar la gravedad de esta situación y si no quiere sentar un precedente funesto para la democracia en América Latina no debería reconocer al gobierno de Lobo Sosa mientras no se garantice el derecho del pueblo hondureño y de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad de lo que está sucediendo, pues la verdad es la herramienta más poderosa para luchar contra la impunidad, ya que permitirá la sanción de los responsables materiales e intelectuales y el establecimiento de un precedente para evitar a toda costa la repetición de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el marco del golpe de Estado y que continúan perpetrándose bajo el gobierno de Lobo Sosa.
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