Un verdadero Estado de derecho y una sociedad democrática es aquella que sólo se justifica y se legitima en la medida en que se garantiza la plena realización de los derechos humanos de la población.
Por ello, la grave crisis de derechos humanos que estamos viviendo y la impunidad que la rodea es una prueba contundente de que la institucionalidad del país está colapsada y que existen unos poderes fácticos que actúan por encima y en contra de la dignidad del pueblo hondureño.
Esta grave crisis se manifiesta claramente en la existencia de una estrategia de represión que consiste en sembrar el terror mediante las amenazas a muerte, el levantamiento de perfiles, el seguimiento de personas por parte de carros sin placas y el asesinato público y con cierto impacto mediático de personas que disienten del discurso oficial de que en Honduras no pasa nada y que nos estamos reconciliando.
Nuestra realidad evidencia que cada día retrocedemos varios años en materia de derechos humanos y democracia, que se está reeditando la década de los 80’s y que los militares, actores principales e instrumentales del golpe de Estado, son nuevamente los que toman las grandes decisiones en el país.
El 28 de junio pasado marcó el inicio del camino oscuro y trágico en el que Honduras ha entrado, pero como dice el pensamiento popular, entre más negra es la noche es porque la luz del día se acerca, y tenemos la esperanza de que la justicia para el pueblo hondureño tarde o temprano llegará, y verá a sus represores pagando por sus crímenes.
Si el pueblo peruano pudo ver a Fujimori sentenciado por la justicia, en Honduras también será posible ver lo mismo en relación con quienes han atentado y están atentando contra los valores más importantes de la sociedad: los derechos humanos.
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