Es urgente una nueva institucionalidad

Los derechos humanos no pueden ser respetados efectivamente por un Estado en el que no exista un poder judicial independiente e imparcial.

El golpe de Estado ha confirmado esta tesis pues las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Honduras han alcanzado niveles alarmantes debido a que la Corte Suprema de Justicia ha defendido el rompimiento del orden constitucional y ha avalado tales violaciones mediante su inoperancia, desidia y parálisis para investigar y sancionar a los responsables civiles, militares y policiales de las mismas.

La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció recientemente que en el país existe una impunidad generalizada por violaciones a los derechos humanos debido a que es facilitada por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que en vez de juzgar y castigar a los militares y policías señalados como responsables, los deja libres, y en vez de fortalecer la independencia judicial, despide a jueces y magistrados que han actuado en consonancia con los valores democráticos.

Hoy se cumplen 18 días desde que algunos de los jueces despedidos miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, Adán Guillermo López Lone y Luis Alonso Chévez, se declararon en huelga de hambre para exigir el fin de la impunidad, de la persecución política, de los atentados contra la independencia judicial y del castigo de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos.

Y una vez más los magistrados de la Corte Suprema de Justicia nos ratifican que son simples peones de los grupos de poder económico, militar y político del país pues en vez de rectificar sus posiciones desde el golpe de Estado y enfrentar las consecuencias de sus actos, se amparan en la impunidad de sus cargos evitando enfrentar las demandas de la Asociación de Jueces por la Democracia.

Los magistrados de la Corte deben entender que su impunidad es temporal y que la grave deslegitimación institucional a la que han llevado al poder judicial, es un aliciente más para que el pueblo hondureño no descanse hasta lograr una nueva institucionalidad, en donde la Corte de Suprema de Justicia sea una institución al servicio de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones y sus actuaciones respondan únicamente al respeto y promoción de la dignidad humana.