Amnistía Internacional expresó su gran decepción y preocupación al confirmarse ayer por la Corte Suprema de Honduras el despido de tres jueces y una magistrada.
Los funcionarios judiciales han sido destituidos de sus puestos tras incoarse procedimientos disciplinarios no equitativos contra ellos, debido a su posición crítica hacia el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 por el cual el entonces Presidente Zelaya resultó expulsado de su cargo.
“Es un día triste para el Estado de derecho en Honduras, ya que la propia gente que ha buscado defender la independencia judicial tras el levantamiento del golpe de Estado de junio de 2009 ha pagado con su trabajo y sus carreras. El concepto de independencia del sistema judicial en Honduras queda gravemente debilitado debido a esta decisión, la cual tendrá un serio impacto sobre los esfuerzos de Honduras de volver a ganar la credibilidad internacional”, dijo Guadalupe Marengo, Directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
Cuando el gobierno del Presidente Porfirio Lobo asumió el cargo en enero de 2010, Amnistía Internacional instó a esa administración a poner fin a la intimidación de aquellos que eran críticos con el golpe, incluyendo miembros del poder judicial que se enfrentaban a procedimientos disciplinarios. Con la noticia de que la Corte Suprema ha confirmado el despido de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza y los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonzo Chevez de la Rocha y Guillermo López Lone, deben plantearse serias dudas sobre la seriedad de la nueva administración en la defensa del Estado de derecho y la construcción de la fe pública en la independencia del poder judicial.
Antecedentes:
El presidente hondureño José Manuel Zelaya Rosales, del Partido Liberal de Honduras, fue obligado a abandonar el poder mediante un golpe de Estado el 28 de junio de 2009, y fue expulsado del país por un grupo de políticos que contaban con el respaldo de los militares. El grupo de políticos estaba dirigido por Roberto Micheletti, ex presidente del Congreso Nacional.
Tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, se produjeron cierres y ocupaciones de medios de comunicación por parte de personal militar, se golpeó y agredió físicamente a periodistas, y se amenazó e intimidó a periodistas, especialmente los que investigaban actividades de la delincuencia organizada o violaciones de derechos humanos o condenaban abiertamente el golpe de Estado.
A algunos jueces a los que se consideró críticos con el golpe de Estado y con las autoridades de facto, se les aplicaron traslados arbitrarios y procedimientos disciplinarios durante el periodo del gobierno de facto. Miembros de la organización Jueces por la Democracia, que trabaja en la promoción de la independencia judicial y de los principios de imparcialidad y transparencia en los procedimientos judiciales, formaron la gran mayoría a los cuales se aplicaron estas medidas.
Un gobierno de facto continuó en poder hasta que el nuevo gobierno encabezado por Porfirio Lobo asumió el cargo, el mismo día que Amnistía Internacional publicó un informe titulado “Honduras: Recomendaciones al nuevo gobierno de Honduras tras el golpe de Estado de junio de 2009” (Índice: AMR 37/003/2010) que documentó violaciones de derechos humanos durante el golpe de Estado.
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