Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 27 Julio 2010. “El gobierno propicia un clima de ilegalidad que permite a los criminales matar periodistas y permanecer en la impunidad”, en Honduras, acusa un informe de 15 páginas divulgado, hoy, por el Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés.
La mayoría de los asesinatos “fueron crímenes ejecutados por sicarios”, denuncia el CPJ, en su Informe Especial, de la autoría de Mike O'Connor.
Además de “minimizar” los crímenes, las autoridades hondureñas “se mueven lentamente y con negligencia en la búsqueda de los responsables”, señala el informe.
La impunidad es creación del régimen que fijó un peligroso discurso.
El CPJ, es contundente al aseverar que “la impunidad es creación del gobierno”.
Pues según explica: “la impunidad garantiza que un sicario se sienta siempre seguro, que el autor intelectual de un crimen nunca tenga que preocuparse”.
Cuestiona el CPJ a las autoridades que en el corto plazo, altos funcionarios del gobierno hayan “fijado un discurso peligroso”. Debido a que esas, no sólo no hicieron ninguna condena pública contra la violencia sufrida por la prensa, sino que “un funcionario de alto rango intentó minimizar su gravedad”.
El titular de la Secretaría de Seguridad, Óscar Álvarez, declaró el 3 de mayo a un periódico local de Tegucigalpa, y a otros medios: "Sí, garantizo que en todos [los casos] no hay una relación que indique que es por su labor periodística" también reiteró en varios otros medios.
Seis de los asesinatos ocurrieron en un corto periodo de tiempo, apenas siete semanas, evalúa impresionado el CPJ.
Para ese Comité, los asesinatos corresponden a “un asombroso número de homicidios en un lapso tan corto en un país de 7,5 millones de habitantes”.
El informe revela las fechas, el lugar, las circunstancias y acontecimientos, relacionados a los 7 asesinatos cometidos contra los periodistas.
El CPJ , encontró evidencia de que los crímenes a seguir “estuvieron vinculados con el periodismo”:
1. Nahúm Palacios, de Canal 5, asesinado el 14 de marzo, en Tocoa.
2. David Meza, Radio El Patio, Radio América, Canal 7, 45 y 36, asesinado el 11 de marzo, en La Ceiba.
3. Joseph Hernández Ochoa, Canal 51, asesinado el 1 de marzo, en Tegucigalpa.
La investigación del CPJ indicó que “el periodismo pudo haber jugado un rol determinante” en los asesinatos de los siguientes cuatro periodistas:
1. Luis Arturo Mondragón, Canal 19, asesinado el 14 de junio, en El Paraíso.
2. Jorge Orellana, Canal 10, asesinado el 20 de abril, en San Pedro Sula.
3. José Bayardo Mairena y Manuel Juárez, de Canal 4, Radio Excélsior, Radio Patria, víctimas de una emboscada en un camino rural, y ultimados a tiros el 26 de marzo.
En casi todos los casos, “la Policía prefirió no referirse a la investigación sobre los asesinatos”, se observa en el informe.
Una trama clandestina para silenciar a los críticos del gobierno.
En tanto que, muchos de los periodistas hondureños creen que los asesinatos de algunos de los siete periodistas “es el resultado de una trama clandestina para silenciar a los críticos del gobierno”, la comunicadora Carol Cabrera aseguró al CPJ que “los opositores al gobierno intentaron matarla”.
Sostiene el CPJ en su informe que: “La amplia y terminante afirmación del funcionario a tan poco tiempo de ocurridos los crímenes, y sin proporcionar evidencia, generó alarma entre los periodistas, quienes consideraron que el gobierno no actuaba de buena fe”.
Y critica que en las semanas siguientes, las autoridades “hicieron muy poco para demostrar su voluntad de investigar los asesinatos en forma exhaustiva”.
Finalmente, el informe orienta a que el régimen Lobo y altos funcionarios, deben manifestarse públicamente contra los ataques a periodistas, “de un modo convincente y oportuno”. Como también, debe respetar su obligación ante la OEA y adoptar medidas para proteger a los periodistas y otros de sus críticos.
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