El juez Fernández debe ratificar el colapso de las instituciones hondureñas

El 19 de mayo de este año, Porfirio Lobo Sosa pidió ayuda al Gobierno español para esclarecer los crímenes de periodistas que se han cometido en Honduras.

En respuesta, los ministros españoles de Justicia y Exteriores iniciaron un proceso de selección que terminó con la designación del presidente de la Audiencia Provincial de Huelva, el juez Jesús Fernández Entralgo, para llevar a cabo esta tarea.

El juez Fernández permanecerá en el país entre una semana y diez días, tiempo durante el cual recabará los insumos pertinentes para elaborar un informe en el que detallará la actuación de las autoridades hondureñas en la investigación de los crímenes, si hubo algún tipo de participación de funcionarios públicos en la comisión de los mismos y las acciones que deberían asumirse para combatir la impunidad.

La llegada de este juez español ratifica lo que han dicho los organismos de derechos humanos de la OEA y la ONU: que las instituciones del sistema de justicia en Honduras están deslegitimadas y colapsadas por su participación directa en el golpe de Estado.

A su vez, con la ayuda solicitada al gobierno español, Lobo Sosa reconoce que el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional no son instituciones confiables para investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país, porque sus propios titulares son los responsables de las mismas.

Aunque el juez español debe evaluar la actuación de las autoridades públicas en la investigación de los crímenes, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos ya han documentado que estas instituciones no han cumplido con su obligación de combatir la impunidad y que han dejado en total indefensión a las víctimas y sus familiares, ya que las pocas diligencias que han realizado se caracterizan por la falta de la seriedad requerida y por haber sido emprendidas como una simple formalidad que desde un principio ha estado destinada al fracaso.

Esperamos que el juez Fernández Entralgo sea fiel a su compromiso con la ética, la justicia, la democracia y el Estado de derecho, y recomiende que en Honduras lo que se necesita no es un fortalecimiento de las instituciones ya colapsadas y deslegitimadas, sino una nueva institucionalidad.