San Salvador, 8 de julio de 2010
Desde el Golpe de Estado militar efectuado el 28 de junio 2009 en Honduras hasta la fecha, se han acrecentado las denuncias de graves violaciones a los Derechos Humanos, que de manera sistemática han sido cometidas principalmente, en contra de las personas que se han expresado en rechazo a dichos acontecimientos, en los que fuera expulsado violentamente del país, el entonces Presidente José Manuel Zelaya, exigiendo la reinstauración del hilo constitucional y del Estado de Derecho, identificándose o participado de la conformación del movimiento de resistencia nacional, integrada por diferentes sectores de la sociedad hondureña, tales como movimientos que velan por los derechos de las mujeres, indígenas, campesinos, maestros, estudiantes, profesionales, jueces y periodistas, entre otros.
El deterioro de la Institucionalidad en el hermano país, producto de la ruptura del Estado de Derecho, se ha constituido en uno de los principales obstáculos para el esclarecimiento de la verdad y el castigo de los responsables de dichos crímenes, que se vienen cometiendo desde hace un año, fomentando así la impunidad que perpetua la situación de violación sistemática de los derechos fundamentales del pueblo hondureño; por lo que la conformación de un ente que investigue estos hechos, de manera objetiva e independiente, se ha convertido en una urgente demanda, por parte de las centenares de víctimas que hasta el momento, no han sido atendidas por las Instancias correspondientes.
En este contexto, hemos invitado a los medios de comunicación para informar sobre la reciente instalación de la “Comisión de Verdad”, convocada por parte de la Plataforma de Derechos Humanos en Honduras, con el objetivo principal de: “esclarecer los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio del 2009 a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de la crisis y proporcione al pueblo de Honduras mecanismos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”
Dicha Comisión, que actuara de manera autónoma, garantizando el respeto al debido proceso, recopilando las evidencias que conduzcan a la verdad y a la deducción de responsabilidades, respecto a las denunciadas realizadas por las víctimas de ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, torturas, amenazas a muerte, difamación, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros, confrontando con la opinión de quienes son señalados como los responsables de dichos crímenes; todo esto con el fin de contribuir a la superación de la impunidad que actualmente impera en ese hermano país, dar un aporte a la memoria histórica del pueblo hondureño, así como de emitir recomendaciones que permitan erradicar las violaciones a los derechos humanos.
El plan de trabajo tiene establecidas una serie de visitas, con una periodicidad de tres meses de intervalo, para entregar el informe en noviembre del año 2011, al pueblo hondureño, a los titulares de los Órganos del Estado, a Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la comunidad internacional en general.
El mandato de la Comisión ha sido entregado a personalidades que tienen una amplia trayectoria como defensores y defensoras de los Derechos Humanos, entre las que se encuentran: Nora Cortiñas, fundadora del movimiento de Madres de Plaza de Mayo de Argentina, Adolfo Pérez Esquivel, también de nacionalidad argentina y Premio Nobel de la Paz, Luis Carlos Nieto, Magistrado español, docente e integrante de la “Asociación de Jueces para la Democracia”, Francois Houtart, sacerdote católico teólogo de la Teología de la Liberación y escritor francés; Francisco José Aguilar Urbina, de nacionalidad costarricense, abogado, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ex Presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ex Secretario de la misma Comisión, Helen Umaña, laureada escritora hondureña y Premio Nacional de Literatura en Honduras, sacerdote Fausto Milla, defensor de Derechos Humanos, reconocido por ser el primero en auxiliar a sobrevivientes de la Masacre del Rio Sumpul en 1980; Elsie Monge, religiosa ecuatoriana, directora ejecutiva del Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos y ex Directora de la Comisión de la Verdad en ese país, es quien coordina la Comisión de Verdad en mención; y Mirna Perla, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, con amplia trayectoria en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en El Salvador y Centroamérica, ex coordinadora y vice presidenta de CODEHUCA y ex Vice Presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Los Organismos de Derechos Humanos de El Salvador y de la sociedad civil, expresan su solidaridad y apoyo a las víctimas en su justo reclamo porque se les respete el derecho a la verdad sobre los hechos que han dado lugar a las graves violaciones a los derechos humanos del pueblo hondureño y a que se haga justicia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario