TeleSUR.
Tres relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señalaron este viernes que la reciente destitución de tres jueces y una magistrada que se opusieron al golpe de Estado en Honduras ocurrido el 28 de junio del pasado año contra el ex presidente Manuel Zelaya, se debe a "un mensaje intimidatorio a otros jueces y magistrados".
Los expertos de la ONU consideraron que la destitución puede amedrentar a otras autoridades judiciales "para que se abstengan de manifestar opiniones diferentes a aquellas expresadas por las autoridades actuales".
"Esto representaría un ataque inadmisible contra la independencia de los jueces y magistrados hondureños así como contra las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación de los individuos, grupos o instituciones que promueven y protegen los derechos humanos", afirmaron a través de un comunicado los relatores de libertad de expresión, Frank La Rue, de independencia de jueces, Gabriela Knaul, y de defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya.
El pasado 18 de junio la Suprema Corte de Justicia de Honduras decidió expulsar a los jueces Guillermo López Lone, Luis Chávez y Ramon Enrique Barrios, así como a la magistrada Tirza Flores de la carrera judicial por supuesto "incumplimiento o violaciones graves de sus deberes".
Los relatores estiman que en el anuncio de la medida, no aparecen los fundamentos jurídicos "que justifiquen por qué las conductas objeto del procedimiento disciplinario fueron consideradas como graves", concluyendo que presuntamente se encubre una represalia contra los sancionados, por haber cuestionado el golpe contra Zelaya por parte de fuerzas militares comandadas por el ex mandatario de facto Roberto Micheletti.
"Las destituciones parecen estar relacionadas a la expresión pública del rechazo de estos profesionales de la judicatura a los acontecimientos ocurridos durante la crisis política de junio de 2009, así como a su participación en algunos actos de protesta contra los mismos", opinaron.
Asimismo, precisaron que "a los jueces sólo se les puede destituir por razones graves de mala conducta o incompetencia, conformes a procedimientos equitativos que garanticen la objetividad y la imparcialidad".
"Aceptar una invitación a dictar una conferencia, escribir un artículo, presentar un recurso de hábeas corpus en favor del Presidente destituido o participar en manifestaciones públicas no parece responder a estos criterios", dijeron los expertos de la ONU.
Señalaron igualmente que el Gobierno de Honduras "habría también violado el derecho de los jueces destituidos al debido proceso, pues se les ha sancionado sin haber sido escuchados y se le ha impedido participar en las sesiones plenarias en las cuales se acordó o ratificó su destitución".
Los cuatro funcionarios judiciales destituidos integran la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), que el pasado mes de junio pidiera al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, que exija a la nueva administración de Honduras dirigida por el gobernante Porfirio Lobo, "un compromiso" con los derechos humanos, si quiere que su país vuelva a la OEA, tras haber sido expulsado a causa del golpe de Estado.
Los tres jueces y la magistrada han apelado la resolución de la Corte que los perjudica ante el Consejo de la Carrera Judicial de Honduras, un recurso que tiene pendiente una resolución.
Actualmente, Honduras se encuentra sumida en una crisis de derechos humanos, por lo que sus habitantes piden una Asamblea Constituyente que permita a la nación centroamericana salir del conflicto político y social que generó la administración de facto de Micheletti.
Durante los seis meses de dictadura de Micheletti se registraron unas cuatro mil 200 violaciones a los derechos humanos, más de 40 miembros de la resistencia antigolpista fueron asesinados, cinco jóvenes masacrados en marchas pacíficas y hubo más de tres mil detenciones.
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