Derechos humanos, el talón de Aquiles del régimen hondureño

La semana pasada, el régimen de Lobo Sosa anunció su intención de crear una secretaría de derechos humanos que estaría a cargo de impulsar políticas públicas en la materia.

En otro contexto, esta noticia parecería positiva e insinuaría un compromiso del poder ejecutivo con el respeto y promoción de los derechos humanos.

Pero en el contexto actual, la creación de esta nueva estructura se puede inscribir en la desesperación del régimen de aparentar ante la comunidad internacional que está dando pasos efectivos para luchar contra la impunidad heredada de la dictadura de Micheletti y Romeo Vásquez.

Lo que está claro es que con este anuncio, el régimen de Lobo Sosa está reconociendo que instituciones como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público, no gozan de ninguna credibilidad pues se han convertido en los garantes de la impunidad de los militares, policías y civiles que han cometido graves violaciones a los derechos humanos.

Paradójicamente, mientras Lobo Sosa habla de una secretaría de derechos humanos, continúan los asesinatos selectivos, las represiones violentas contra manifestaciones pacíficas, los atentados contra periodistas y medios de comunicación, los desalojos violentos de campesinos y los hostigamientos y amenazas contra aquellos que queremos una patria más democrática, compartida y solidaria.

Si Lobo Sosa realmente estuviera comprometido con la defensa y garantía de los derechos del pueblo hondureño, antes de crear una secretaría de derechos humanos debería expulsar de su gobierno a todos aquellos que promovieron y ejecutaron el golpe de Estado y que son los responsables de uno de los episodios más sangrientos de la historia de Honduras.

Una vez hecho esto, una secretaría de derechos humanos a cargo de personas de alta calidad moral y técnica podría orientar a su gobierno en la toma de decisiones efectivas para poner fin a las acciones represivas y para lograr que los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes, y los funcionarios del sistema de justicia que se confabularon con ellos, sean plenamente identificados y juzgados.