Desde el golpe de Estado, varios organismos internacionales han manifestado su preocupación por la falta de independencia judicial en Honduras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció los actos de hostigamiento contra jueces y juezas que se opusieron al golpe de Estado, particularmente contra los jueces miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia.
La Comisión de Alto Nivel de la OEA le recomendó al Estado hondureño adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra los jueces y juezas que participaron en actividades contra el golpe de Estado.
Pese a estas manifestaciones de preocupación, la Corte Suprema continuó con el libreto de ser un autor fundamental en la defensa del golpe de Estado y en el encubrimiento de la impunidad. En vez de acatar las recomendaciones de estos organismos, la Corte Suprema separó de sus cargos a los jueces Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, y a la Magistrada Tirza Flores Lanza.
Para la Comisión Interamericana, las causas que motivaron esta decisión están vinculadas indudablemente a la participación de estos jueces en diferentes espacios contra el rompimiento del orden constitucional, por lo que consideró inaceptable que estos funcionarios encargados de administrar justicia hayan sido acusados y despedidos por su defensa de la democracia.
La posición de la Corte Suprema hondureña es un fiel reflejo de las actitudes dictatoriales del gobierno de Fujimori en Perú, quien en una situación similar destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional porque éstos se oponían a las medidas represivas y violatorias de la Constitución por parte de su gobierno.
Los magistrados peruanos denunciaron al Estado de Perú ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y lograron una sentencia histórica gracias a la cual fueron reintegrados en sus puestos.
Con estos antecedentes, los jueces hondureños despedidos también presentaron una denuncia internacional contra el Estado de Honduras y es indudable que no sólo lograrán su reintegro, sino también evidenciarán una vez más ante la comunidad internacional que la Corte Suprema de Justicia es el máximo responsable de la impunidad en el país y los magistrados y magistradas que los despidieron, tendrán que tragarse la prepotencia de creerse por encima de la ley y la justicia.
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