TeleSUR
El Juzgado Primero de Alto Impacto de Guatemala ordenó enviar a juicio a tres militares retirados, acusados de participar en el año1982 en la masacre de la aldea Dos Erres, ubicada en el departamento norteño de Petén, en la que murieron 252 personas.
La sentencia fue dictada este miércoles por la jueza Carol Patricia Flores, quien indicó que aunque hay otros 14 implicados en la matanza que se encuentran prófugos, hay suficientes elementos para argumentar en contra de los militares Reyes Collin Gualip, Manuel Pop San y Carlos Antonio Carías.
De acuerdo a las investigaciones de los organismos policiales locales, la unidad de élite del Ejército que participó en la masacre estaba constituida por al menos 17 militares, y entre el 6 y el 8 de diciembre del año 1982, en la en la localidad de Dos Erres, asesinaron a más de 200 personas.
El grupo formó parte de lo que se conoció como Plan Victoria 82, creado durante el gobierno de Efraín Ríos Montt y que pretendía implantar el orden social y evitar la subversión de los aldeanos por medio de operativos armamentistas.
"Los cargos específicos para los tres imputados son acusados por los delitos de asesinato, hurto agravado y delito de deberes contra la humanidad", sentenció Flores.
Flores recalcó que en contra de los militares se han presentado un total de 32 testimonios de sobrevivientes que han afirmado reconocer a los implicados.
"Lo que hace el subteniente Carlos Carías López es tomar su fusil y del enojo le dispara a un perro que estaba en el lugar (...) pero me iba a matar a mí", se escucha en una de las entrevistas.
Por su parte, el Ministerio Público guatemalteco manifestó que entre las pruebas que sustentan el caso se cuenta con un "voluminoso expediente" lleno de declaraciones de familiares de las víctimas, así como evidencia balística (cartuchos de proyectiles) localizadas por expertos argentinos en1995 en diversas partes del territorio de Petén.
Asimismo, el Ministerio de la Defensa Nacional destacó que en este caso se cuenta con documentos históricos en los que se establece que los militares se encontraban de permiso en la región cuando sucedió el hecho.
Las órdenes de captura contra los 17 militares retirados fueron emitidas por un tribunal penal de este país desde hace más de 10 años, pero la defensa de los acusados logró, con más de 40 recursos de amparo, detener la ejecución de las mismas.
Sin embargo, en diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia, atendiendo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenó proseguir el proceso contra los acusados.
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