Desde hace más de un año distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos vienen presentando comunicaciones ante la oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional en las que denuncian la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en Honduras por parte de policías, militares y civiles.
Para los denunciantes, estas acciones delictivas reúnen los requisitos para ser consideradas crímenes de lesa humanidad en el marco del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, ya que han sido realizadas como parte de un ataque generalizado o sistemático, de conformidad con una política de Estado y dirigidas contra una población civil, es decir, contra el pueblo hondureño que se ha opuesto al golpe de Estado.
Esta semana, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, ha hecho un anuncio que ha ocupado las portadas de importantes diarios en el mundo: Que investigará la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en el marco del golpe de Estado en Honduras para evaluar si son competentes para ver el caso.
Aunque este anuncio ha querido ser minimizado por los sectores afines al golpismo, los que conocen sobre derecho penal internacional saben que el simple hecho de anunciar que se iniciará una investigación representa un paso muy importante de cara al inicio del fin de la impunidad en el país.
En el contexto de la Corte Penal Internacional y de acuerdo con las comunicaciones remitidas al Fiscal, quienes serán investigados no es el Estado en sí, sino los altos responsables civiles, militares y policiales del gobierno de facto y quienes les apoyaron.
Este anuncio ratifica que todas las medidas adoptadas por el golpismo para dejar en impunidad sus crímenes, sólo están sirviendo para evidenciar que en Honduras no hay voluntad o capacidad para perseguir penalmente a los violadores de derechos humanos, lo cual contraviene el derecho internacional y activa automáticamente la competencia de órganos supraestatales para investigarlos.
En su momento señalamos que la justicia penal internacional camina despacio pero que avanza firme en la lucha contra la impunidad, y por eso el pueblo hondureño y las organizaciones de derechos humanos debemos continuar documentando y denunciando toda violación a los derechos humanos para darle más elementos al Fiscal de la Corte Penal Internacional y poder ver, tarde o temprano, a nuestros victimarios pagando por todos sus crímenes.
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