Entre el 6 y 10 de diciembre, una misión de alto nivel de la Comisión Internacional de Juristas visitó Honduras con el objetivo de observar la situación de la independencia judicial, para lo cual se reunió con organizaciones de la sociedad civil, defensores y defensoras de derechos humanos, dirigentes comunitarios, dirigentes sociales, altas autoridades de gobierno, representantes de la comunidad internacional, representantes del poder legislativo y otros sectores relacionados con la justicia.
La delegación estuvo integrada por José Antonio Martín Pallín, Magistrado del Tribunal Supremo Español; Philippe Texier, ex Magistrado de Casación de Francia y experto del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas; Belisario Dos Santos Jr. ex Ministro de Justicia del Estado de Sao Paulo, Brasil y jurista experto en derechos humanos y Ramón Cadena, Director de la Oficina de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica.
Como resultado de su visita, la Comisión presentó 15 consideraciones, conclusiones y recomendaciones generales al gobierno, entre las que destacan:
1. Que la falta de independencia judicial, agravada con el golpe de Estado, ha facilitado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y permitido una mayor impunidad.
2. Que el despido injustificado de los jueces Ramón Barrios, Luis Chévez y Guillermo López y la magistrada Tirsa Flores, atenta contra la libertad de expresión, el derecho de asociación y reunión y la defensa de la democracia.
3. Que el asesinato de 9 periodistas cuyos casos no se han esclarecido, así como otras ejecuciones extrajudiciales; y la existencia de dirigentes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos detenidos ilegalmente demuestran que con el golpe de Estado se deterioró aún más la grave situación de los derechos humanos en el país.
4. Que la impunidad de los femicidios, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros crímenes de lesa humanidad se mantiene, y que es preocupante que los delitos comunes cometidos por militares durante y después del golpe de Estado están siendo juzgados por tribunales militares.
5. Que la restitución del orden constitucional no se materializa únicamente con la convocatoria y realización de elecciones generales, pues la vuelta a la legalidad democrática exige, entre otras medidas, depurar la responsabilidad de quienes han cometido graves violaciones a los derechos humanos de la población.
6. Que es necesario la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y de una oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con mandato para observar la situación del respeto a los derechos humanos en Honduras, ya que las instituciones nacionales han perdido totalmente su credibilidad y legitimidad.
Las conclusiones de la Comisión Internacional de Juristas ratifican una vez más, al igual que lo hizo el reciente informe de Human Rights Watch, que el discurso de respeto de los derechos humanos del régimen de Lobo Sosa sigue completamente alejado de la realidad.
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