Human Rights Watch, una de las principales organizaciones internacionales independientes dedicadas a la defensa y la protección de los derechos humanos, acaba de publicar el informe “Después del golpe de Estado: Continúan la violencia, la intimidación y la impunidad en Honduras”.
En este informe de 76 páginas, Human Rights Watch documenta una serie de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Honduras, entre las que se cuentan 47 casos de amenazas y ataques -incluidos 18 asesinatos- contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos que ocurrieron después de que Porfirio Lobo Sosa asumió el poder en enero de este año.
Sumado a lo anterior, policías y militares realizaron detenciones arbitrarias, restringieron ilegítimamente el derecho a la libertad de expresión y de reunión, e hicieron uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, entre otras.
Además, las fuerzas de seguridad se han dedicado a obstruir las investigaciones de tales violaciones, avalados por una Corte Suprema de Justicia que en vez de promover la legalidad, destituyó a jueces y magistrados que se han opuesto al rompimiento del orden constitucional.
Hasta el momento no hay ninguna persona condenada penalmente por las violaciones a los derechos humanos documentadas, lo cual genera un clima de impunidad que fomenta un clima de temor, socavando de este modo el ejercicio de las libertades básicas en Honduras.
El contenido de este informe contrasta seriamente con el discurso del régimen de Pepe Lobo en el sentido de que ha habido grandes avances en cuanto al respeto y protección de los derechos de la población, y por tanto, deja al descubierto que el gobierno actual sólo es discurso vacío pues en la práctica la impunidad y la violencia contra los opositores políticos son el pan nuestro de cada día.
Human Rights Watch recomienda, entre otras cosas, crear una Comisión Internacional de Investigación para llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre las violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo en Honduras, con lo cual se ratifica que toda la institucionalidad del sector justicia no tiene capacidad, voluntad ni legitimidad, es decir, que está completamente colapsada.
Informe completo: http://www.hrw.org/es/reports/2010/12/20/despu-s-del-golpe-de-estado-0
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