Con lujo de cinismo, Corte Suprema de Justicia sigue apostando por la corrupción y la impunidad

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, ante la decisión del Poder Judicial Hondureño de declarar inconstitucional el artículo 25 reformado de la Ley del Ministerio Público, a la comunidad nacional e internacional, manifiesta:

1.- El artículo 25 reformado de la Ley del Ministerio Público, aunque el mismo Congreso Nacional se había negado a aplicarlo, era un medio idóneo para juzgar políticamente y con respeto a las garantías del debido proceso a los más altos funcionarios del Ministerio Público que fueran actores o instrumentos de actos de corrupción. La posibilidad real de que se suspendiera y finalmente se despidiera a los Fiscales Generales corruptos, se la había ganado a pulso el pueblo hondureño a través de la Huelga de Hambre contra la Corrupción de abril y mayo de 2008. Fue un logro arrancado a la misma clase política, cuando el Congreso Nacional cedió a la presión popular que se hartó de la insultante corrupción de la clase económica pudiente del país.

2.- El MADJ, como espacio organizativo surgido de aquella gesta de dignidad y de lucha ética del pueblo hondureño, condena el accionar del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia, quienes con vulgares leguleyadas han arrebatado una valiosa conquista popular.

3.- Resulta ofensivo a la inteligencia y la dignidad del pueblo, que la Corte Suprema de Justicia en junio de 2009, avalara la destitución del Presidente de la República por parte del Congreso Nacional, y que ahora, cínicamente, por una supuesta “extralimitación de funciones”, declara inconstitucional que el Legislativo pueda suspender o destituir a los Fiscales Generales cuando se les pruebe que son partícipes de actos de corrupción.

4.- Que el Poder Judicial determine que es inconstitucional investigar, suspender o destituir a un Fiscal negligente o corrupto, desvela una vez más que ese Poder del Estado, al igual que el resto de la institucionalidad del sector justicia, poseen un indiscutible compromiso con la impunidad y la corrupción, ante lo cual, la independencia e imparcialidad con la que deben actuar los jueces y magistrados, resultan ser vacías declaraciones de los textos jurídicos vigentes en el país.

5.- Los escandalosos niveles de corrupción e impunidad que operan en el país, promovidos y sostenidos desde siempre por los sectores políticos y económicos pudientes, son elementos que, asociados a la creciente indignación de la ciudadanía por las actuaciones de la burocracia estatal, más temprano que tarde deben impulsarnos a la construcción y puesta en marcha de un nuevo modelo de sociedad y un nuevo Estado, en donde prime la Justicia y Dignidad para todos y todas.

“POR LA DIGNIDAD CONTRA LA IMPUNIDAD”

San Pedro Sula, Cortés, Enero de 2011.