Y otra vez Wikileaks

Las nuevas revelaciones de Wikileaks sobre la crisis política generada por el golpe de Estado en Honduras ratifican una vez más que las grandes decisiones de país se toman privilegiando los intereses de la clase política, militar y económica, y a iniciativa, consulta o aprobación de la embajada estadounidense.

El poder de la embajada norteamericana es tal que el embajador Hugo Llorens logró convencer a los candidatos presidenciales perdedores de las elecciones ilegítimas de formar parte del “gobierno de unidad nacional”; sugirió nombres para ministro de defensa y para viceministro de seguridad; e hizo desistir a Lobo de designar a Romeo Vásquez Velásquez como su flamante Ministro de Defensa o gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Los cables de Wikileaks muestran a un Pepe Lobo sometido a las presiones de los militares en relación con la conformación de su gobierno y ratifican que aunque ha intentado dar una imagen de reconciliación y distante de quienes perpetraron el golpe de Estado, sus actuaciones evidencian sus relaciones estrechas con el golpismo.

Ejemplo de ello es que dos figuras importantes del rompimiento del orden constitucional han sido nombradas directamente por Lobo Sosa en puestos estatales claves: Por un lado, Romeo Vásquez Velásquez como gerente de Hondutel y por otro, el general René Osorio Canales, como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, quien estuvo a cargo de la operación que asaltó la casa del ex presidente Zelaya y bajo las armas lo expulsó a Costa Rica.

Estos y otros nombramientos, las persistentes violaciones a los derechos humanos y la completa inoperancia del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia corroboran que el golpe de Estado en Honduras aún no ha terminado.

Y tal como lo señala el diario español El País, los cables revelados por Wikileaks “muestran todo lo que se asocia con un país sin instituciones fiables y bajo la sombra de Estados Unidos”.

Por ello, la construcción de una nueva institucionalidad es fundamental para lograr la estabilidad y legalidad democrática, lo cual pasa, en primer lugar, por depurar las responsabilidades penales y civiles a aquellos que han atentado contra el país y la dignidad de su gente.