La impunidad y el discurso oficial

Desde que llegó al poder, Lobo Sosa y sus voceros han seguido el libreto del gobierno de facto en el sentido de repetir y repetir que en Honduras no pasa nada y que cada día la situación de los derechos humanos mejora.

No obstante, de acuerdo con el reciente sondeo de opinión realizado por el Instituto de Opinión Pública de la UCA de El Salvador y del ERIC-SJ en Honduras, el discurso del gobierno contrasta con la percepción de una amplia mayoría de la población, ya que un 84% considera que las violaciones a los derechos humanos han aumentado o siguen igual.

Esta percepción generalizada se materializa en la realidad, ya que mientras el régimen insiste en su compromiso con los derechos humanos, fortalece la impunidad mediante el nombramiento del general René Osorio Canales como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas y del militar Miguel Ángel García Padgett como agregado militar en la embajada de Honduras en México.

El general Osorio Canales fue el encargado de ejecutar el asalto y arresto ilegal, y posterior destierro del ex presidente Zelaya, y García Padgett fue uno de los cuatro principales ejecutores del golpe de Estado.

Estos nombramientos se unen a los de otros miembros de la junta de comandantes que ejecutaron el golpe de Estado, el general Venancio Cervantes Suazo, nombrado Director General de Migración y Extranjería; el general Romeo Vásquez Velásquez, nombrado Gerente General de Hondutel; y el general Manuel Enrique Cáceres, nombrado Director de Aeronáutica Civil.

En vez de depurar su gobierno de todas aquellas personas que participaron en el rompimiento del orden constitucional, el régimen de Lobo Sosa les garantiza la impunidad y el pago de grandes salarios con los impuestos de una población sometida a la violación de sus derechos más elementales.

Por ello, parece un chiste de mal gusto el llamado del régimen hondureño de facilitar una transición pacífica en Egipto, mientras aquí, asegura la impunidad que lesiona a las víctimas, a sus familiares y al conjunto de la sociedad, propicia la repetición de las violaciones a los derechos humanos y obstaculiza un verdadero proceso de salida de la crisis política y de reconciliación nacional.