Desde la vaga redacción del punto 5 del Acuerdo de Cartagena relativo a los derechos humanos, pasando por el discurso ambiguo del ex presidente Zelaya, hasta las reacciones de la comunidad interamericana, con excepción de Ecuador, pareciera que los llamados a la reconciliación en Honduras significan pactar con el olvido y el “borrón y cuenta nueva”.
Si bien en un país tan polarizado es importante que el diálogo para la reconciliación esté presente en el debate nacional, él mismo no puede desarrollarse desconociendo que los responsables de los crímenes contra el pueblo hondureño siguen impunes y formando parte de las estructuras del Estado y del régimen actual.
Como lo señala el periodista Manuel Torres en una entrevista a Radio Nederland, los perdedores en este acuerdo son “la situación de los derechos humanos y las víctimas de la represión”, quienes “quedan a la espera infinita de justicia”.
No obstante, aunque para las víctimas estas negociaciones y llamados a la reconciliación que ignoran la impunidad de los victimarios parecen alargar su sufrimiento, desde distintas partes del mundo nos llegan noticias que alimentan la esperanza de que tarde o temprano los violadores a derechos humanos en Honduras van a ser juzgados implacablemente.
La primera buena noticia es que la Audiencia Nacional de España decretó la busca y captura internacional de 20 militares salvadoreños y su prisión sin fianza por el asesinato de los jesuitas de la Universidad Centro Americana “Simeón Cañas” en noviembre de 1989.
La segunda es que la justicia serbia ha confirmado que se cumplen las condiciones para que el ex general Ratko Mladic sea extraditado al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia para que sea juzgado por la masacre de 8.000 musulmanes de Srebrenica en julio de 1995.
Y finalmente, la justicia colombiana está cercando cada vez más al ex presidente Álvaro Uribe, cuyo mandato se caracterizó por el aumento de las desapariciones, desplazamientos forzados, asesinatos políticos, seguimientos y escuchas ilegales contra jueces, periodistas y opositores políticos, etc. Hasta el momento, ya son 14 los altos funcionarios de su Gobierno con investigaciones abiertas.
A veces la justicia tarda pero sólo hasta cuando llega es posible hablar de una verdadera reconciliación. Y haciendo eco de la frase acuñada por el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, durante décadas, “de los hechos y los hechores ni olvido ni perdón”… sólo justicia.
martes, 31 de mayo de 2011
Pronunciamiento sobre el Acuerdo de Cartagena de Indias y la posible reincorporación del Estado de Honduras a la OEA
30-05-11
Ante la firma del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras (en adelante Acuerdo de Cartagena de Indias o Acuerdo), las organizaciones de derechos humanos firmantes reconocemos que el mismo constituye un paso significativo que facilita el regreso del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales y sus colaboradores a Honduras, sienta las bases para la restitución de sus derechos políticos y constituye un paso significativo hacia una posible salida a la crisis política hondureña. No obstante, observamos con preocupación la omisión de los siguientes temas mínimos e indispensables cuya ausencia compromete la restitución del Estado de Derecho y la superación de las consecuencias más agudas del golpe de Estado en dicho país, por lo que rechazamos el reingreso incondicional de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA) si el mismo se basa únicamente en este Acuerdo.
Según han señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el contexto del golpe de Estado –y como resultado del mismo– ocurrieron innumerables violaciones a los derechos humanos que afectaron principalmente a personas que se manifestaron en contra de la citada ruptura. Sin embargo, el Acuerdo de Cartagena de Indias no reconoce estos hechos ni establece un mecanismo efectivo para su investigación, sanción y adecuada reparación. La referencia que se hace para que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos atienda las denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos resulta contraria al orden interno, ya que dicha institución no tiene competencia para tales efectos sino que correspondería al Ministerio Público y al Poder Judicial procesar estas denuncias. Así, el Acuerdo hace evidente la falta de reconocimiento de las graves vulneraciones a los derechos ocurridas en el contexto del golpe de Estado.
El Acuerdo no establece las bases ni expresa el compromiso para que las personas que participaron en la ruptura del orden constitucional –cometiendo graves violaciones a los derechos de las personas o actuando con aquiescencia frente a ellas– sean sometidas a una efectiva investigación y se les sancione conforme corresponda. En este sentido se mantienen en sus cargos todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. A su vez, como lo señaló en su oportunidad la CIDH, varios miembros de la cúpula militar que lideró el golpe de Estado se mantienen en la dirección de instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo. La rendición de cuentas de estas personas y el establecimiento de las responsabilidades que correspondan son condiciones mínimas para avanzar hacia la restitución del Estado de Derecho en Honduras. Como lo señaló la OACNUDH en su informe del mes de marzo de 2010, estos órganos fallaron en el cumplimiento de sus mandatos a costa de la protección de los derechos humanos y del respeto del Estado de Derecho.
Todo Estado está obligado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, lo que significa, como mínimo en el caso hondureño, la existencia de un sistema de tutela de garantías que funcione de manera diligente, independiente e imparcial ante violaciones de derechos humanos. Asimismo, Honduras debe emprender acciones concretas de combate a la impunidad, y cesar inmediatamente los actos de persecución y represión en contra de los sectores críticos al Gobierno, que actualmente se encuentran en una situación de indefensión.
Si bien comprendemos la importancia de que el Estado hondureño sea reintegrado a la OEA, el Acuerdo resulta insuficiente si no va de la mano de medidas que superen las condiciones que permitieron el golpe de Estado, y sin que al menos se defina un proceso debidamente supervisado por la comunidad internacional para investigar, enjuiciar a los violadores de los derechos humanos y a quienes han atentado en contra del Estado de Derecho, al tiempo que se reparen a las víctimas como consecuencia de su oposición al golpe de Estado y se tomen medidas concretas para fortalecer la democracia.
Como mínimo, la OEA debe retomar las recomendaciones dadas por la Comisión de Alto Nivel nombrada por esta institución en junio de 2010 y valorar los avances concretos que ha tomado el Estado hondureño para cumplir con ellas. En particular, esta Organización debe evaluar las acciones específicas de avance respecto de las siguientes recomendaciones relativas a los derechos humanos:
1. Las investigaciones para esclarecer los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos;
2. La adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, jueces/as que participaron en actividades contra el golpe de Estado;
3. La implementación efectiva de mecanismos de cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo; y
4. El cese a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del golpe de Estado, incluyendo las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; con las consecuentes depuraciones institucionales necesarias para garantizar la adecuada investigación y sanción de los responsables.
Por lo anterior, las organizaciones firmantes objetamos que la reincorporación de Honduras a la OEA se haga sobre la base única de un Acuerdo que, si bien es significativo, poseería omisiones en lo relativo al respeto a los derechos humanos y las garantías para un Estado de Derecho, así como en relación con la investigación, sanción y reparación de las violaciones ocurridas con ocasión y como consecuencias del golpe. Un reingreso incondicional en dichas circunstancias va en detrimento no sólo de la democracia hondureña, sino también de todas las democracias del continente americano.
30 de mayo de 2011
Abogados y Abogadas en Resistencia Zona Norte - Honduras
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) - Honduras
Asociación LGBT Arco Iris - Honduras
Centro de Derechos de Mujeres (CDM) - Honduras
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) - Honduras
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - Ecuador
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)
Comité por la Libre Expresión (C-Libre) - Honduras
Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral - Honduras
Diakonia - Suecia
Equipo de Reflexión, Comunicación e Investigación de la Compañía de Jesús (ERIC) - Honduras
Fundación IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África) de España
Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla" - Honduras
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) - Honduras
Organización Fraternal Negra (OFRANEH) - Honduras
Solidaridad Mundial - Bélgica
Red Lésbica Cattrachas - Honduras
Rights Action
Enlaces relacionados:
Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras. Disponible en:
http://www.presidencia.gob.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=1388:acuerdo-en-cartagena-de-de-indias&catid=39:presidente&Itemid=92
Carta conjunta a los Embajadores de la OEA sobre el reintegro de Honduras éste órgano. Disponible en:
http://cejil.org/comunicados/preocupaciones-respecto-a-una-eventual-reincorporacion-de-honduras-a-la-oea
Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Derechos Humanos y Golpe de Estado en Honduras: Disponible en: http://www.cidh.oas.org/countryrep/Honduras09sp/Indice.htm
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009. Disponible en: http://cejil.org/sites/default/files/Informe%20ONU_marzo%202010.pdf
Ante la firma del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras (en adelante Acuerdo de Cartagena de Indias o Acuerdo), las organizaciones de derechos humanos firmantes reconocemos que el mismo constituye un paso significativo que facilita el regreso del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales y sus colaboradores a Honduras, sienta las bases para la restitución de sus derechos políticos y constituye un paso significativo hacia una posible salida a la crisis política hondureña. No obstante, observamos con preocupación la omisión de los siguientes temas mínimos e indispensables cuya ausencia compromete la restitución del Estado de Derecho y la superación de las consecuencias más agudas del golpe de Estado en dicho país, por lo que rechazamos el reingreso incondicional de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA) si el mismo se basa únicamente en este Acuerdo.
Según han señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el contexto del golpe de Estado –y como resultado del mismo– ocurrieron innumerables violaciones a los derechos humanos que afectaron principalmente a personas que se manifestaron en contra de la citada ruptura. Sin embargo, el Acuerdo de Cartagena de Indias no reconoce estos hechos ni establece un mecanismo efectivo para su investigación, sanción y adecuada reparación. La referencia que se hace para que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos atienda las denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos resulta contraria al orden interno, ya que dicha institución no tiene competencia para tales efectos sino que correspondería al Ministerio Público y al Poder Judicial procesar estas denuncias. Así, el Acuerdo hace evidente la falta de reconocimiento de las graves vulneraciones a los derechos ocurridas en el contexto del golpe de Estado.
El Acuerdo no establece las bases ni expresa el compromiso para que las personas que participaron en la ruptura del orden constitucional –cometiendo graves violaciones a los derechos de las personas o actuando con aquiescencia frente a ellas– sean sometidas a una efectiva investigación y se les sancione conforme corresponda. En este sentido se mantienen en sus cargos todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. A su vez, como lo señaló en su oportunidad la CIDH, varios miembros de la cúpula militar que lideró el golpe de Estado se mantienen en la dirección de instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo. La rendición de cuentas de estas personas y el establecimiento de las responsabilidades que correspondan son condiciones mínimas para avanzar hacia la restitución del Estado de Derecho en Honduras. Como lo señaló la OACNUDH en su informe del mes de marzo de 2010, estos órganos fallaron en el cumplimiento de sus mandatos a costa de la protección de los derechos humanos y del respeto del Estado de Derecho.
Todo Estado está obligado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, lo que significa, como mínimo en el caso hondureño, la existencia de un sistema de tutela de garantías que funcione de manera diligente, independiente e imparcial ante violaciones de derechos humanos. Asimismo, Honduras debe emprender acciones concretas de combate a la impunidad, y cesar inmediatamente los actos de persecución y represión en contra de los sectores críticos al Gobierno, que actualmente se encuentran en una situación de indefensión.
Si bien comprendemos la importancia de que el Estado hondureño sea reintegrado a la OEA, el Acuerdo resulta insuficiente si no va de la mano de medidas que superen las condiciones que permitieron el golpe de Estado, y sin que al menos se defina un proceso debidamente supervisado por la comunidad internacional para investigar, enjuiciar a los violadores de los derechos humanos y a quienes han atentado en contra del Estado de Derecho, al tiempo que se reparen a las víctimas como consecuencia de su oposición al golpe de Estado y se tomen medidas concretas para fortalecer la democracia.
Como mínimo, la OEA debe retomar las recomendaciones dadas por la Comisión de Alto Nivel nombrada por esta institución en junio de 2010 y valorar los avances concretos que ha tomado el Estado hondureño para cumplir con ellas. En particular, esta Organización debe evaluar las acciones específicas de avance respecto de las siguientes recomendaciones relativas a los derechos humanos:
1. Las investigaciones para esclarecer los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos;
2. La adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, jueces/as que participaron en actividades contra el golpe de Estado;
3. La implementación efectiva de mecanismos de cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo; y
4. El cese a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del golpe de Estado, incluyendo las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; con las consecuentes depuraciones institucionales necesarias para garantizar la adecuada investigación y sanción de los responsables.
Por lo anterior, las organizaciones firmantes objetamos que la reincorporación de Honduras a la OEA se haga sobre la base única de un Acuerdo que, si bien es significativo, poseería omisiones en lo relativo al respeto a los derechos humanos y las garantías para un Estado de Derecho, así como en relación con la investigación, sanción y reparación de las violaciones ocurridas con ocasión y como consecuencias del golpe. Un reingreso incondicional en dichas circunstancias va en detrimento no sólo de la democracia hondureña, sino también de todas las democracias del continente americano.
30 de mayo de 2011
Abogados y Abogadas en Resistencia Zona Norte - Honduras
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) - Honduras
Asociación LGBT Arco Iris - Honduras
Centro de Derechos de Mujeres (CDM) - Honduras
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) - Honduras
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - Ecuador
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)
Comité por la Libre Expresión (C-Libre) - Honduras
Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral - Honduras
Diakonia - Suecia
Equipo de Reflexión, Comunicación e Investigación de la Compañía de Jesús (ERIC) - Honduras
Fundación IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África) de España
Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla" - Honduras
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) - Honduras
Organización Fraternal Negra (OFRANEH) - Honduras
Solidaridad Mundial - Bélgica
Red Lésbica Cattrachas - Honduras
Rights Action
Enlaces relacionados:
Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras. Disponible en:
http://www.presidencia.gob.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=1388:acuerdo-en-cartagena-de-de-indias&catid=39:presidente&Itemid=92
Carta conjunta a los Embajadores de la OEA sobre el reintegro de Honduras éste órgano. Disponible en:
http://cejil.org/comunicados/preocupaciones-respecto-a-una-eventual-reincorporacion-de-honduras-a-la-oea
Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Derechos Humanos y Golpe de Estado en Honduras: Disponible en: http://www.cidh.oas.org/countryrep/Honduras09sp/Indice.htm
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009. Disponible en: http://cejil.org/sites/default/files/Informe%20ONU_marzo%202010.pdf
sábado, 28 de mayo de 2011
Libertad de expresión: Comunicación y violencia
Por: Gustavo Cardoza*
Una de las enormes consecuencias del Golpe de Estado de junio de 2009, es el alto índice de violencia que abate a la sociedad hondureña. Con facilidad escuchamos, vemos y sentimos testimonios de asaltos, violaciones, extorsión y muerte a la orden del día en las colonias, barrios y aldeas de nuestro país. Y los medios de comunicación somos, en parte, los responsables de reproducir ese mundo de violencia y en muchos casos contribuimos a agrandar esa violencia “casi institucionalizada”. Aunque como periodistas y comunicadores no “podemos ocultar la realidad”, tenemos la responsabilidad de hacer un “tratamiento especial” al tema de la violencia.
No podemos convertirnos en repetidores y voceros de las pobres argumentaciones de los órganos de seguridad del país. Muchas veces caemos en el juego de ser como los pericos, repetimos lo que nos dicen los demás, tomamos las declaraciones de las autoridades como palabra santa, allí es dónde debemos actuar, investigar, ir más allá de los hechos meramente contados sin un contexto, debemos hacer de la nota roja, una fuente no de morbosidad, debemos tratar la temática de la violencia como una de la prioridades de la problemática de nuestra población.
Según cifras de la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), alrededor de 16 personas en Honduras mueren de manera violenta; casi cada hora y media un hondureño u hondureña es asesinada.
En la última década en Honduras (2000 – 2010) fueron asesinadas 36,036 personas.
Y esto convierte a las instancias encargadas de dar seguridad en Honduras en simples espectadores de una realidad que escapa de sus manos, o en el peor de los casos, muchos son directamente vinculados a esta cultura de la sospecha, de acusación constante, dicho de otra manera es en muchos casos, la policía, y sus dependencias, y las otras estructuras de seguridad las que se ven por la sociedad hondureñas como constructores de la criminalidad y violencia.
Siempre según cifras del CONADEH, 3,907 denuncias fueron presentadas en contra de miembros de la Policía Preventiva y 2,868 contra agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC). Como dirían nuestros sabios y sabias abuelas, “ponemos el queso para que lo cuiden los ratones”.
En el presupuesto anual de la república correspondiente al 2011 se destinarían a la secretaría de seguridad la cantidad, nada despreciable de 3,110 millones de lempiras. Y nos preguntamos: ¿tanto dinero para tan poca seguridad?, tanto ruido para tan pocas nueces. La población hondureña sigue indefensa, vulnerable ante tanta violencia. Como ejemplo uno de los sectores más golpeados desde la crisis social desatada por el Golpe de
Estado del 2009, es el sector del periodismo. Medios de comunicación amenazados, hostigados, con atentados en sus instalaciones y el personal de esos medios de comunicación; para citar algunos casos: “La Voz de Zacate Grande” en el sur del país y la radio garífuna “Faluma Bimetu” en la costeña aldea de Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida, son casos vivientes y en total impunidad. En lo que va desde el mencionado golpe de estado a la fecha son 13 los periodistas y comunicadores que han sido víctimas de la violencia, común, política y hasta estatal por la inoperancia en las investigaciones de estas muertes.
A continuación presentamos un recuento de las víctimas en el periodismo hondureño desde el 2009 al 2011. Según datos de archivo, de Radio Progreso y el ERIC-SJ estos son los periodistas y comunicadores hondureños asesinados:
2009
Gabriel Fino Noriega:
Asesinado el 02 de julio de 2009, ejecutado en la comunidad de San Juan Pueblo por hombres a bordo de un vehículo en marcha que le dispararon. Datos preliminares señalaban que el periodista había recibido amenazas previas por cubrir en radios locales las actividades de la resistencia popular organizada tras el Golpe de Estado y expresar su rechazo al mismo.
2010
Nicolás Asfura (18 de febrero):
El periodista, de 42 años, fue encontrado muerto en el apartamento que habitaba en la colonia Santa Bárbara de Tegucigalpa. Se había graduado como licenciado en Ciencias de la Comunicación en 1988 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Trabajó como periodista en canal 45, también se desempeñó como locutor en radios de Comayagüela y Tegucigalpa. Fue encontrado muerto el 18 de febrero.
Joseph Hernández Ochoa (1 de marzo):
El periodista de televisión, de 26 años, muere a tiros cuando iba en automóvil. También resultó herida su colega Karol Cabrera, quien culpó a seguidores del ex presidente Manuel Zelaya y ahora está exiliada en Canadá. Fue asesinado en la capital de Honduras, Tegucigalpa.
David Meza Montesinos (11 de marzo):
De 51 años muere acribillado en La Ceiba (Atlántico Hondureño), tercera ciudad más importante de Honduras. Era corresponsal del telenoticiario "Abriendo Brecha" del Canal 10, transmitido desde Tegucigalpa y laboraba para radios locales.
Nahúm Palacios Arteaga (14 de marzo):
Muerto a los 34 años de edad, asesinado en el municipio de Tocoa en el departamento de Colón, mientras se conducía en vehículo a su casa. Trabajaba para Canal 5 y radio Tocoa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido medidas de protección para él en 2009 luego de que recibiera amenazas de militares tras el golpe de Estado.
Bayardo Mairena y Manuel Juárez (26 de marzo):
El periodista (José Bayardo Mairena Ramírez), de 52 años, y su asistente (Manuel Juárez), de 54, son asesinados a tiros mientras viajaban en un vehículo cerca de Juticalpa, 200 km al este de Tegucigalpa. Mairena dirigía el programa "Así es Olancho" en radio Excélsior y trabajaba en el Canal RZ, Canal 4 y la radio "Súper 10".
Luis Chévez Hernández (11 de Abril):
Asesinado Luis Chévez Hernández locutor, de 23 años, en San Pedro Sula. Trabajaba en la radioemisora W105, una radio dirigida a una audiencia juvenil, con programación musical. Es asesinado junto a un familiar con quien se conducía. Apodado el “Huevo”.
Jorge Alberto Orellana (20 de abril):
El periodista conocido popularmente como “Georgino”, de 48 años, fue asesinado de un disparo al salir del canal de televisión donde trabajaba en San Pedro Sula, segunda ciudad más importante de Honduras. Conducía el programa "En vivo con Georgino". Laboró por muchos años para la cadena de televisión, Televicentro, empresa defensora del Golpe de Estado, pero dejó de laborar para esa institución antes de su muerte. Era catedrático de la carrera de periodismo de la UNAH en su campus en la capital industrial de Honduras.
Luis Arturo Mondragón (14 de junio):
Comunicador de 53 años de edad fue reportado muerto en el oriente de Honduras, fue asesinado a las 10 de la noche del 14 de junio en la comunidad de Santa Clara, en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, a unos 150 kilómetros de Tegucigalpa. Era director de noticias del Canal 19.
Israel días Zelaya (24 de agosto):
Conocido popularmente como “Chacatay”. Fue encontrado muerto en las plantaciones de caña de azúcar en Villanueva, Cortés, a 30 minutos de SPS. Laboró en el programa “Claro y Pelado” bajo la dirección del periodista Carlos Rodríguez Panting, en radio Internacional, Igual lo hizo, en el programa “Comentando la Noticia”, que dirige Jesús Vélez Banegas. Fue colaborador del programa televisivo “Tele-Diario” que dirige Gabriel García Ardón.
Henry Suazo (28 de diciembre):
Corresponsal de HRN, laboraba para la compañía Cable Visión del Atlántico (CVA), que tiene los canales 9 en Santa Ana y 29 en San Juan Pueblo, y era corresponsal Canal 6 de San Pedro Sula. Por dos años fue corresponsal de Radio Progreso. Fue asesinado en San Juan Pueblo, a 20 minutos de La Ceiba, Atlántida, en el norte del país.
2011
Héctor Francisco Medina Polanco (10 de mayo):
El comunicador social perdió la vida en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, víctima de tres disparos en la espalda que le infirieron supuestos sicarios a bordo de una motocicleta, cuando salía de su lugar de trabajo en el canal Omega Visión en Morazán, Yoro. Nació el 5 de marzo de 1974.
En este contexto dónde no sólo se cruzan datos y cifras, sino que también convergen realidades humanas, historias inconclusas, sueños declinados y violación a derechos humanos fundamentales, es dónde los periodistas, comunicadores y medios alternativos debemos defender nuestro derecho a la vida, a la libertad de prensa e información y la libertad de expresión como herramienta necesaria para el desarrollo de nuestro pueblo.
Como bien nos recuerda Monseñor Romero:
“Es lástima, hermanos, que en estas cosas tan graves de nuestro pueblo se quiera engañar al pueblo. Es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad” (Homilía 2 de abril de 1978).
Y como buen pastor nos indica cual es el camino que los medios de comunicación debemos seguir no importando nuestra poca cobertura o el alcance geográfico o de audiencia que tengamos:
“Si cuentan con todos los medios de comunicación, ¿qué estorbo puede hacer una emisora y un pequeño periódico? La justicia es nuestra fuerza, la verdad es lo que hace grande la pequeñez de nuestros medios” (Homilía 8 de octubre de 1978).
__________________
* Periodista de Radio Progreso.
Relatoría Especial deplora asesinato y atentado contra propietario y gerente de medios de comunicación en Honduras
Washington D.C., 27 de mayo de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deplora el asesinato del propietario del canal 24, Luis Mendoza Cerrato, ocurrido en la localidad de Danlí el 19 de mayo, y el atentado contra la vida del gerente del periódico La Tribuna, Manuel Acosta Medina, acaecido el 23 de mayo en Tegucigalpa. La Relatoría Especial insta a las autoridades competentes hondureñas a realizar una investigación diligente, oportuna y exhaustiva y a no descartar la posibilidad de que los crímenes estén relacionados con el trabajo de las víctimas en medios de comunicación.
De acuerdo con la información recibida, al menos tres hombres encapuchados y fuertemente armados emboscaron a Luis Mendoza y le dispararon en varias ocasiones en la entrada del canal de televisión, al llegar a trabajar por la mañana. El empresario murió en el tiroteo mientras que dos mujeres y un niño que pasaban por el lugar fueron heridos. Los perpetradores huyeron en un vehículo que más tarde abandonaron e incendiaron. En el caso de Manuel Acosta, al salir del periódico su camioneta fue bloqueada por dos vehículos de los atacantes. Cuando el ejecutivo aceleró para escapar, los delincuentes dispararon y lo hirieron. Manuel Acosta pudo conducir hasta su casa donde su familia lo auxilió y llevó a un hospital.
Las autoridades competentes hondureñas investigan ambos hechos; sin embargo, aún se ignora el motivo de ambas agresiones. Momentos después del atentado contra Acosta, la Policía capturó a cinco sospechosos armados que viajaban en un vehículo similar al usado en el ataque.
Para la Relatoría Especial es imprescindible que el Estado hondureño demuestre con acciones concretas e investigaciones efectivas su compromiso en la lucha contra la impunidad y con la protección de los medios de comunicación y de los periodistas. Asimismo, la Relatoría Especial reitera su preocupación por la ausencia de avances significativos para esclarecer otros 11 asesinatos cometidos contra comunicadores desde 2009. En todos estos casos es urgente identificar a los responsables, juzgarlos y, en su caso, sancionarlos, así como garantizar la reparación adecuada de los familiares de las víctimas.
El noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/
De acuerdo con la información recibida, al menos tres hombres encapuchados y fuertemente armados emboscaron a Luis Mendoza y le dispararon en varias ocasiones en la entrada del canal de televisión, al llegar a trabajar por la mañana. El empresario murió en el tiroteo mientras que dos mujeres y un niño que pasaban por el lugar fueron heridos. Los perpetradores huyeron en un vehículo que más tarde abandonaron e incendiaron. En el caso de Manuel Acosta, al salir del periódico su camioneta fue bloqueada por dos vehículos de los atacantes. Cuando el ejecutivo aceleró para escapar, los delincuentes dispararon y lo hirieron. Manuel Acosta pudo conducir hasta su casa donde su familia lo auxilió y llevó a un hospital.
Las autoridades competentes hondureñas investigan ambos hechos; sin embargo, aún se ignora el motivo de ambas agresiones. Momentos después del atentado contra Acosta, la Policía capturó a cinco sospechosos armados que viajaban en un vehículo similar al usado en el ataque.
Para la Relatoría Especial es imprescindible que el Estado hondureño demuestre con acciones concretas e investigaciones efectivas su compromiso en la lucha contra la impunidad y con la protección de los medios de comunicación y de los periodistas. Asimismo, la Relatoría Especial reitera su preocupación por la ausencia de avances significativos para esclarecer otros 11 asesinatos cometidos contra comunicadores desde 2009. En todos estos casos es urgente identificar a los responsables, juzgarlos y, en su caso, sancionarlos, así como garantizar la reparación adecuada de los familiares de las víctimas.
El noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/
viernes, 27 de mayo de 2011
Preocupaciones respecto a una eventual reincorporación de Honduras a la OEA
Carta a los Embajadores ante la OEA
27-05-11
16 de mayo de 2010
Distinguidos embajadores
Misiones permanentes ante la
Organización de los Estados Americanos
Ref.: Reintegro de Honduras a la OEA
Sus Excelencias:
Reciban un cordial saludo de las organizaciones de derechos humanos que suscriben la presente misiva.
En esta ocasión nos dirigimos a ustedes para expresar nuestras preocupaciones respecto a una eventual reincorporación del Estado de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Según hemos conocido a través de los medios de comunicación, diversos representantes estatales se han pronunciado sobre la pertinencia de analizar la inmediata reincorporación de Honduras. Un elemento que podría haber sido clave en la evaluación política ha sido la anulación de los procesos judiciales pendientes en contra del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales.
Al respecto, y de manera preliminar, es importante aclarar que la decisión de las autoridades judiciales solamente implica una anulación de actuaciones por irregularidades procesales y no el archivo definitivo del proceso. Ello podría significar que el Ministerio Público puede presentar las mismas acusaciones en contra del ex Presidente en cuanto éste regrese a Honduras (siempre y cuando no hayan prescrito).
Amén de lo anterior, consideramos que en la evaluación sobre la pertinencia del reintegro de Honduras a la OEA debe primar el cumplimiento de los principios democráticos que son la razón de ser y deberían regir el actuar de la OEA, y en este sentido, son de especial importancia, entre otras, las resoluciones emitidas por este organismo en relación con la situación hondureña, al igual que las relativas a la misión auspiciada por la OEA.
Cabe recordar la condena del Golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009 lo que significó que la Asamblea General de esta Organización resolviera
Declarar que no se reconocerá ningún Gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional y reafirmar que los representantes designados por el Gobierno constitucional y legítimo del Presidente José Manuel Zelaya Rosales son los representantes del Estado de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos.
La ruptura del orden constitucional ocurrida en junio de 2009 fue apoyada desde las más altas jerarquías de instituciones claves en todo Estado de Derecho. Así, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional de la República, la Procuraduría General de la República y hasta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos avalaron o tuvieron una participación activa y determinante en la ejecución del golpe de Estado. Pese a ello, estas personas se mantienen en sus cargos, generando serias dudas respecto a la independencia e imparcialidad con que realizan sus funciones así como las garantías existentes para la vida en democracia.
Adicionalmente, aún cuando el ejército fue responsable de la ejecución del golpe, lejos de establecer las responsabilidades correspondientes, actualmente existen militares de alto rango que tuvieron una participación directa en el golpe que tienen cargos claves dentro del gobierno de Porfirio Lobo. Ello ha significado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exprese su preocupación en las Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010:
124. En este intento de normalización institucional, la CIDH observa con preocupación que altos mandos del Ejército o ex miembros del mismo contra quienes se han formulado denuncias por su participación en el Golpe de Estado estén ocupando la gerencia de dependencias públicas en el gobierno de Porfirio Lobo. Así, el General de División Venancio Cervantes es Director General de la Dirección de Migración y Extranjería (era Sub jefe del Estado Mayor Conjunto al momento del golpe de Estado); el General de Brigada Manuel Enrique Cáceres es Director de Aeronáutica Civil; el ex General Nelson Wily Mejía se halla a cargo de la Dirección de la Marina Mercante y el ex General Romeo Vásquez Velásquez es gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) (era Comandante en Jefe de las FFAA al momento del golpe de Estado)[1].
Por otra parte, en el contexto del golpe de Estado y como resultado del mismo ocurrieron innumerables violaciones a los derechos humanos que afectaron principalmente a las personas que se manifestaron en contra de la citada ruptura, en este sentido se limitó arbitraria y excesivamente la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad personal e inclusive numerosas personas perdieron sus vidas en virtud de su defensa de la democracia. No obstante, ninguna de estas violaciones ha sido efectivamente sancionada.
Ahora bien, en adición al mantenimiento de las estructuras que propiciaron y avalaron el Golpe de Estado y a la falta de respuesta relacionada con las violaciones de derechos humanos cometidas, es fundamental que, a la hora de valorar la posible reincorporación del Estado de Honduras al seno de la Organización, se valore como mínimo, el cumplimiento efectivo de las conclusiones y recomendaciones que realizó la Comisión de Alto Nivel nombrada por la Asamblea General para analizar la situación de Honduras.
Como es de su conocimiento, en el informe del 29 de julio de 2010, dicha Comisión señaló la importancia de observar avances concretos, entre otros, respecto a lo siguiente:
1. “… poner fin a los juicios iniciados durante el régimen de facto en contra del ex Presidente Zelaya y sus colaboradores, conforme a la legislación de Honduras. […]”
2. Las investigaciones para esclarecer los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos;
3. La adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, jueces que participaron en actividades contra el golpe de Estado;
4. La implementación efectiva de mecanismos de cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo; y
5. El cese a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, incluyendo las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
Pese a ello, al día de hoy no se ha dado cumplimiento total a los anteriores puntos, es decir, no se han cumplido las condiciones mínimas establecidas por la OEA que justifiquen el levantamiento de la suspensión de dicho Estado en la Organización. Cualquier diálogo que se realice en el seno de la OEA para analizar la reincorporación de Honduras debe considerar, como mínimo, lo establecido por la citada Comisión.
Desde una perspectiva de derechos humanos y de defensa del derecho a la democracia, consideramos que la enmienda de los hechos ocurridos en el marco del golpe en Honduras no consiste únicamente en la restitución de los derechos de Manuel Zelaya —que por cierto deben ser reparados— sino en el restablecimiento del Estado de Derecho. Para ello, es fundamental que exista un sistema de tutela de garantías que funcione de manera diligente, independiente e imparcial; acciones concretas de combate a la impunidad, y el cese inmediato de los actos de persecución y represión en contra de los sectores críticos del gobierno.
Las valoraciones que se realicen respecto de Honduras no pueden obviar lasobligaciones internacionales en materia de derechos humanos que tiene ese Estado ni los pronunciamientos y recomendaciones que distintas instancias internacionales han emitido, particularmente la CIDH, la Oficina de la Alta Comisionada y el Consejo de Derechos Humanos en el marco del Examen Periódico Universal.
Sin duda alguna, esta discusión trasciende a la reincorporación de un Estado que irrespetó los principios básicos sobre los que se rige la Organización, sino que puede convertirse en un desafortunado precedente que avala una respuesta inadecuada a un golpe de Estado con consecuencias actuales para las democracias de las Américas. Por ello, consideramos que esta es una oportunidad histórica para que la OEA brinde una respuesta coherente con la garantía de los derechos amparados en la Carta Democrática Interamericana. Confiamos en que la misma no será desaprovechada.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra más alta consideración.
Asociación de Jueces por la Democracia - Honduras
Asociación para una vida mejor de las personas infectadas/afectadas por el VIH-SIDA en Honduras (APUVIMEH)
Centro de Derechos de Mujeres de Honduras (CDM)
Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) - Honduras
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)
Comité por la Libre Expresión C-LIBRE - Honduras
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) - Colombia
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) - Honduras
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Frente de Abogados y Abogadas en Resistencia - Zona Norte - Honduras
FIAN Internacional
GMB - Sindicato General de Gran Bretaña
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) - El Salvador
Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) - España
Organización Fraternal Negra (OFRANEH) - Honduras
Red Lésbica Cattrachas - Honduras
Solidaridad Mundial - Bélgica
ADDENDA A LA CARTA SOBRE EL REINTEGRO DE HONDURAS A LA OEA (FIRMAS RECIBIDAS AL 20 DE MAYO DE 2011):
Asociación LGBT Arco Iris - Honduras
Asociación Americana de Juristas (AAJ)
Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM) - El Salvador
Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) - Perú
Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM) - Guatemala
Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (PRO-BÚSQUEDA) – El Salvador
Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) - Honduras
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias (CPTRT) - Honduras
Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS)
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) – Nicaragua
Centro para la Promoción de Derechos Humanos "Madeleine Lagadec" - El Salvador.
Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)
Colectivo de hondureños en resistencia del norte de California
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – Honduras
El Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos (CIIDH) - Guatemala
Foro de Mujeres por la Vida – Honduras
Friendship Office of the Americas
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) – El Salvador
Fundación Hermano Mercedes Ruiz (FUNDAHMER) – El Salvador
Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES) El Salvador
Hermanas de la Misericordia de las Américas - Equipo de Justicia
Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER) – El Salvador
Judges for Judges (Rechters voor Rechters) – The Netherlands
La Asociación Internacional por la Paz en Colombia y el Mundo (AIPAZCOMUN)
La Coordinación Ecuménica de la Iglesia de las y los pobres en El Salvador
(CEIPES)
Mesa Nacional Consejo Latinoamericano de Iglesias CLAI - Honduras
Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitacion Padilla" - Honduras
Movimiento de Profesionales y Técnicos Patria Exacta – El Salvador
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina “Oscar Romero” (SICSAL)
Cc. Señor José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA. Para su conocimiento.
Señor Santiago Canton, Secretario Ejecutivo de la CIDH. Para su conocimiento.
[1] CIDH. Doc. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, de 3 junio 2010, párr. 124.
27-05-11
16 de mayo de 2010
Distinguidos embajadores
Misiones permanentes ante la
Organización de los Estados Americanos
Ref.: Reintegro de Honduras a la OEA
Sus Excelencias:
Reciban un cordial saludo de las organizaciones de derechos humanos que suscriben la presente misiva.
En esta ocasión nos dirigimos a ustedes para expresar nuestras preocupaciones respecto a una eventual reincorporación del Estado de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Según hemos conocido a través de los medios de comunicación, diversos representantes estatales se han pronunciado sobre la pertinencia de analizar la inmediata reincorporación de Honduras. Un elemento que podría haber sido clave en la evaluación política ha sido la anulación de los procesos judiciales pendientes en contra del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales.
Al respecto, y de manera preliminar, es importante aclarar que la decisión de las autoridades judiciales solamente implica una anulación de actuaciones por irregularidades procesales y no el archivo definitivo del proceso. Ello podría significar que el Ministerio Público puede presentar las mismas acusaciones en contra del ex Presidente en cuanto éste regrese a Honduras (siempre y cuando no hayan prescrito).
Amén de lo anterior, consideramos que en la evaluación sobre la pertinencia del reintegro de Honduras a la OEA debe primar el cumplimiento de los principios democráticos que son la razón de ser y deberían regir el actuar de la OEA, y en este sentido, son de especial importancia, entre otras, las resoluciones emitidas por este organismo en relación con la situación hondureña, al igual que las relativas a la misión auspiciada por la OEA.
Cabe recordar la condena del Golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009 lo que significó que la Asamblea General de esta Organización resolviera
Declarar que no se reconocerá ningún Gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional y reafirmar que los representantes designados por el Gobierno constitucional y legítimo del Presidente José Manuel Zelaya Rosales son los representantes del Estado de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos.
La ruptura del orden constitucional ocurrida en junio de 2009 fue apoyada desde las más altas jerarquías de instituciones claves en todo Estado de Derecho. Así, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional de la República, la Procuraduría General de la República y hasta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos avalaron o tuvieron una participación activa y determinante en la ejecución del golpe de Estado. Pese a ello, estas personas se mantienen en sus cargos, generando serias dudas respecto a la independencia e imparcialidad con que realizan sus funciones así como las garantías existentes para la vida en democracia.
Adicionalmente, aún cuando el ejército fue responsable de la ejecución del golpe, lejos de establecer las responsabilidades correspondientes, actualmente existen militares de alto rango que tuvieron una participación directa en el golpe que tienen cargos claves dentro del gobierno de Porfirio Lobo. Ello ha significado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exprese su preocupación en las Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010:
124. En este intento de normalización institucional, la CIDH observa con preocupación que altos mandos del Ejército o ex miembros del mismo contra quienes se han formulado denuncias por su participación en el Golpe de Estado estén ocupando la gerencia de dependencias públicas en el gobierno de Porfirio Lobo. Así, el General de División Venancio Cervantes es Director General de la Dirección de Migración y Extranjería (era Sub jefe del Estado Mayor Conjunto al momento del golpe de Estado); el General de Brigada Manuel Enrique Cáceres es Director de Aeronáutica Civil; el ex General Nelson Wily Mejía se halla a cargo de la Dirección de la Marina Mercante y el ex General Romeo Vásquez Velásquez es gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) (era Comandante en Jefe de las FFAA al momento del golpe de Estado)[1].
Por otra parte, en el contexto del golpe de Estado y como resultado del mismo ocurrieron innumerables violaciones a los derechos humanos que afectaron principalmente a las personas que se manifestaron en contra de la citada ruptura, en este sentido se limitó arbitraria y excesivamente la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad personal e inclusive numerosas personas perdieron sus vidas en virtud de su defensa de la democracia. No obstante, ninguna de estas violaciones ha sido efectivamente sancionada.
Ahora bien, en adición al mantenimiento de las estructuras que propiciaron y avalaron el Golpe de Estado y a la falta de respuesta relacionada con las violaciones de derechos humanos cometidas, es fundamental que, a la hora de valorar la posible reincorporación del Estado de Honduras al seno de la Organización, se valore como mínimo, el cumplimiento efectivo de las conclusiones y recomendaciones que realizó la Comisión de Alto Nivel nombrada por la Asamblea General para analizar la situación de Honduras.
Como es de su conocimiento, en el informe del 29 de julio de 2010, dicha Comisión señaló la importancia de observar avances concretos, entre otros, respecto a lo siguiente:
1. “… poner fin a los juicios iniciados durante el régimen de facto en contra del ex Presidente Zelaya y sus colaboradores, conforme a la legislación de Honduras. […]”
2. Las investigaciones para esclarecer los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos;
3. La adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, jueces que participaron en actividades contra el golpe de Estado;
4. La implementación efectiva de mecanismos de cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo; y
5. El cese a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, incluyendo las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
Pese a ello, al día de hoy no se ha dado cumplimiento total a los anteriores puntos, es decir, no se han cumplido las condiciones mínimas establecidas por la OEA que justifiquen el levantamiento de la suspensión de dicho Estado en la Organización. Cualquier diálogo que se realice en el seno de la OEA para analizar la reincorporación de Honduras debe considerar, como mínimo, lo establecido por la citada Comisión.
Desde una perspectiva de derechos humanos y de defensa del derecho a la democracia, consideramos que la enmienda de los hechos ocurridos en el marco del golpe en Honduras no consiste únicamente en la restitución de los derechos de Manuel Zelaya —que por cierto deben ser reparados— sino en el restablecimiento del Estado de Derecho. Para ello, es fundamental que exista un sistema de tutela de garantías que funcione de manera diligente, independiente e imparcial; acciones concretas de combate a la impunidad, y el cese inmediato de los actos de persecución y represión en contra de los sectores críticos del gobierno.
Las valoraciones que se realicen respecto de Honduras no pueden obviar lasobligaciones internacionales en materia de derechos humanos que tiene ese Estado ni los pronunciamientos y recomendaciones que distintas instancias internacionales han emitido, particularmente la CIDH, la Oficina de la Alta Comisionada y el Consejo de Derechos Humanos en el marco del Examen Periódico Universal.
Sin duda alguna, esta discusión trasciende a la reincorporación de un Estado que irrespetó los principios básicos sobre los que se rige la Organización, sino que puede convertirse en un desafortunado precedente que avala una respuesta inadecuada a un golpe de Estado con consecuencias actuales para las democracias de las Américas. Por ello, consideramos que esta es una oportunidad histórica para que la OEA brinde una respuesta coherente con la garantía de los derechos amparados en la Carta Democrática Interamericana. Confiamos en que la misma no será desaprovechada.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra más alta consideración.
Asociación de Jueces por la Democracia - Honduras
Asociación para una vida mejor de las personas infectadas/afectadas por el VIH-SIDA en Honduras (APUVIMEH)
Centro de Derechos de Mujeres de Honduras (CDM)
Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) - Honduras
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)
Comité por la Libre Expresión C-LIBRE - Honduras
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) - Colombia
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) - Honduras
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Frente de Abogados y Abogadas en Resistencia - Zona Norte - Honduras
FIAN Internacional
GMB - Sindicato General de Gran Bretaña
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) - El Salvador
Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) - España
Organización Fraternal Negra (OFRANEH) - Honduras
Red Lésbica Cattrachas - Honduras
Solidaridad Mundial - Bélgica
ADDENDA A LA CARTA SOBRE EL REINTEGRO DE HONDURAS A LA OEA (FIRMAS RECIBIDAS AL 20 DE MAYO DE 2011):
Asociación LGBT Arco Iris - Honduras
Asociación Americana de Juristas (AAJ)
Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM) - El Salvador
Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) - Perú
Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM) - Guatemala
Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (PRO-BÚSQUEDA) – El Salvador
Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) - Honduras
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias (CPTRT) - Honduras
Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS)
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) – Nicaragua
Centro para la Promoción de Derechos Humanos "Madeleine Lagadec" - El Salvador.
Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)
Colectivo de hondureños en resistencia del norte de California
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – Honduras
El Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos (CIIDH) - Guatemala
Foro de Mujeres por la Vida – Honduras
Friendship Office of the Americas
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) – El Salvador
Fundación Hermano Mercedes Ruiz (FUNDAHMER) – El Salvador
Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES) El Salvador
Hermanas de la Misericordia de las Américas - Equipo de Justicia
Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER) – El Salvador
Judges for Judges (Rechters voor Rechters) – The Netherlands
La Asociación Internacional por la Paz en Colombia y el Mundo (AIPAZCOMUN)
La Coordinación Ecuménica de la Iglesia de las y los pobres en El Salvador
(CEIPES)
Mesa Nacional Consejo Latinoamericano de Iglesias CLAI - Honduras
Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitacion Padilla" - Honduras
Movimiento de Profesionales y Técnicos Patria Exacta – El Salvador
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina “Oscar Romero” (SICSAL)
Cc. Señor José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA. Para su conocimiento.
Señor Santiago Canton, Secretario Ejecutivo de la CIDH. Para su conocimiento.
[1] CIDH. Doc. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, de 3 junio 2010, párr. 124.
miércoles, 25 de mayo de 2011
Niños de secundaria vejados por policías que invaden Instituto
Tegucigalpa. 25 mayo 2011. Un policía empuja la boca del cañón de su fusil contra la espalda de un niño estudiante de Secundaria, mientras lo inmoviliza con el pie, calzado con bota militar, a pesar de tenerlo ya rendido tumbado sobre el suelo, mostraron el martes varios canales de la televisión hondureña.
Un segundo policial se une a patear al detenido, al tiempo que contenía a uno de los estudiantes, quien también yacía retenido boca abajo sobre el terreno.
Mientras que el resto del grupo afuera del centro educativo, corría disperso por la calle para evitar ser golpeados por una veintena de policiales.
La vejación contra ambos niños, ocurrió cuando decenas de estudiantes del Instituto Técnico, “Luis Bográn”, fueron correteados, perseguidos y reprimidos con gases lacrimógenos disparados por policías durante una manifestación estudiantil.
Dos de los agentes que se metieron a las instalaciones del Instituto para perseguir a cuatro de los estudiantes, dos varones y dos niñas, los llevaron a un lugar apartado del edificio, dentro del Colegio, donde les quitaron las mochilas, los jalaban de las camisas y los tiraron al suelo.
Según denuncias los policías habrían disparado “bala viva”, como lo han hecho en varias ocasiones.
Algunos de los estudiantes se veían golpeados y, al menos uno, mostraba el rostro ensangrentado.
Las y los estudiantes protestaban por estar, desde hace varios días, sin profesor de español, ni de matemáticas, debido a que el régimen de Porfirio Lobo suspendió a 303 docentes en castigo por asistir – después de prohibírselos- a manifestaciones magisteriales que reclamaron varios derechos incumplidos y consignados en un acta de compromiso, firmada en agosto.
Al parecer, los alumnos y alumnas están preocupados porque no se graduarían en tiempo, de continuar sin docentes en las clases afectadas. Y como reacción, decidieron hacer una toma del Instituto, que extendieron hasta la calle de enfrente.
Se estima que unos catorce estudiantes habrían sido detenidos y trasladados a la Cuarta Subestación Policial de Comayagüela, y varios de sus familiares se desplazaron para conocer de su condición legal y estado de salud.
Habría sido detenido también un fotorreportero de un medio de comunicación escrita, que hacía su trabajo en el lugar, a quien le habrían confiscado su cámara, por un rato, denunció el propio periódico.
El hecho ha sido interpretado por algunos observadores como una reacción de descontento en ciertos sectores por el acuerdo para la reconciliación aceptado por Porfirio Lobo y promovido por el presidente en retorno, Manuel Zelaya.
Otras manifestaciones estudiantiles
Un colectivo de estudiantes del Instituto Abelardo Fortín también se movilizó, el martes, hasta la Plaza de Los Mártires -bautizada así por la Resistencia- para apoyar al grupo de docentes apostado allí en una huelga de hambre desde el cuatro de mayo, para exigir su reintegro sin ser castigados por reclamar sus derechos humanos civiles y laborales.
También, al menos un centenar de estudiantes del Instituto Central Vicente Cáceres, se manifestaron la semana pasada en una caminata contra la represión que sufren los docentes.
Porfirio Lobo ordenó suspender en forma temporal, hasta por seis meses, sin goce de sueldo, a 303 docentes, luego que estos participaron de manifestaciones sobre las que el régimen había anunciado les castigaría con recorte de sueldos, después que declaró “ilegal” una huelga magisterial.
Fuente: Diana Canales. Red Fian.
Un segundo policial se une a patear al detenido, al tiempo que contenía a uno de los estudiantes, quien también yacía retenido boca abajo sobre el terreno.
Mientras que el resto del grupo afuera del centro educativo, corría disperso por la calle para evitar ser golpeados por una veintena de policiales.
La vejación contra ambos niños, ocurrió cuando decenas de estudiantes del Instituto Técnico, “Luis Bográn”, fueron correteados, perseguidos y reprimidos con gases lacrimógenos disparados por policías durante una manifestación estudiantil.
Dos de los agentes que se metieron a las instalaciones del Instituto para perseguir a cuatro de los estudiantes, dos varones y dos niñas, los llevaron a un lugar apartado del edificio, dentro del Colegio, donde les quitaron las mochilas, los jalaban de las camisas y los tiraron al suelo.
Según denuncias los policías habrían disparado “bala viva”, como lo han hecho en varias ocasiones.
Algunos de los estudiantes se veían golpeados y, al menos uno, mostraba el rostro ensangrentado.
Las y los estudiantes protestaban por estar, desde hace varios días, sin profesor de español, ni de matemáticas, debido a que el régimen de Porfirio Lobo suspendió a 303 docentes en castigo por asistir – después de prohibírselos- a manifestaciones magisteriales que reclamaron varios derechos incumplidos y consignados en un acta de compromiso, firmada en agosto.
Al parecer, los alumnos y alumnas están preocupados porque no se graduarían en tiempo, de continuar sin docentes en las clases afectadas. Y como reacción, decidieron hacer una toma del Instituto, que extendieron hasta la calle de enfrente.
Se estima que unos catorce estudiantes habrían sido detenidos y trasladados a la Cuarta Subestación Policial de Comayagüela, y varios de sus familiares se desplazaron para conocer de su condición legal y estado de salud.
Habría sido detenido también un fotorreportero de un medio de comunicación escrita, que hacía su trabajo en el lugar, a quien le habrían confiscado su cámara, por un rato, denunció el propio periódico.
El hecho ha sido interpretado por algunos observadores como una reacción de descontento en ciertos sectores por el acuerdo para la reconciliación aceptado por Porfirio Lobo y promovido por el presidente en retorno, Manuel Zelaya.
Otras manifestaciones estudiantiles
Un colectivo de estudiantes del Instituto Abelardo Fortín también se movilizó, el martes, hasta la Plaza de Los Mártires -bautizada así por la Resistencia- para apoyar al grupo de docentes apostado allí en una huelga de hambre desde el cuatro de mayo, para exigir su reintegro sin ser castigados por reclamar sus derechos humanos civiles y laborales.
También, al menos un centenar de estudiantes del Instituto Central Vicente Cáceres, se manifestaron la semana pasada en una caminata contra la represión que sufren los docentes.
Porfirio Lobo ordenó suspender en forma temporal, hasta por seis meses, sin goce de sueldo, a 303 docentes, luego que estos participaron de manifestaciones sobre las que el régimen había anunciado les castigaría con recorte de sueldos, después que declaró “ilegal” una huelga magisterial.
Fuente: Diana Canales. Red Fian.
¿El golpe perfecto?
El Acuerdo de Cartagena está firmado y el retorno de Honduras a la OEA es cuetión de tiempo. Todo está consumado.
Gracias a dicho acuerdo el ex presidente Zelaya retornará al país en los próximos días, sin embargo, muy poco se dice en los acuerdos firmados sobre los juicios pendientes sobre los ex funcionarios de su gobierno y de los más de 200 exiliados que huyeron del país para salvaguardar su vida e integridad.
Frente a estos hechos, cabe preguntarnos, ¿qué pasará con las víctimas de violaciones a derechos humanos?, ¿seguirán condenadas a mirar cómo sus victimarios campean a sus anchas cobijados bajo el manto de la impunidad?
¿Seguirán los miembros de la junta de comandantes manejando instituciones claves del Estado?, ¿seguirá el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el Fiscal General y los magistrados de la Corte Suprema al frente de todo el sistema de justicia, negánoles dignidad a las víctimas?
Mientras unos celebran de manera triunfal la firma del Acuerdo de Cartagena, las víctimas del golpe de Estado contemplan cómo sus derechos se diluyen en las letras de un nuevo pacto en el que su voz y su dignidad otra vez no han sido tomadas en cuenta.
Gracias a dicho acuerdo el ex presidente Zelaya retornará al país en los próximos días, sin embargo, muy poco se dice en los acuerdos firmados sobre los juicios pendientes sobre los ex funcionarios de su gobierno y de los más de 200 exiliados que huyeron del país para salvaguardar su vida e integridad.
Frente a estos hechos, cabe preguntarnos, ¿qué pasará con las víctimas de violaciones a derechos humanos?, ¿seguirán condenadas a mirar cómo sus victimarios campean a sus anchas cobijados bajo el manto de la impunidad?
¿Seguirán los miembros de la junta de comandantes manejando instituciones claves del Estado?, ¿seguirá el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el Fiscal General y los magistrados de la Corte Suprema al frente de todo el sistema de justicia, negánoles dignidad a las víctimas?
Mientras unos celebran de manera triunfal la firma del Acuerdo de Cartagena, las víctimas del golpe de Estado contemplan cómo sus derechos se diluyen en las letras de un nuevo pacto en el que su voz y su dignidad otra vez no han sido tomadas en cuenta.
Relatoría Especial condena asesinato de periodista en Guatemala
COMUNICADO DE PRENSA
R48/11
Washington D.C., 24 de mayo de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el crimen cometido contra el periodista Yensi Ordóñez, quien apareció asesinado el 19 de mayo en el municipio de Nueva Concepción, departamento de Escuintla, Guatemala. La Relatoría Especial exhorta al Estado a investigar el asesinato de manera oportuna, diligente y exhaustiva, y solicita a las autoridades no descartar la posibilidad de que el crimen haya sido motivado por el ejercicio periodístico de la víctima.
De acuerdo con la información disponible, el cuerpo de Yensi Ordóñez fue encontrado dentro de su vehículo con heridas de arma blanca en su pecho y cuello. Según lo informado, el comunicador habría recibido recientemente amenazas por algunas de las coberturas que había realizado y también habría sido víctima de extorsiones.
El periodista, de 24 años, colaboraba con el noticiero local del Canal 14, donde también trabajó como conductor de programas musicales y de variedades. Además, Ordóñez era maestro en una escuela primaria en la localidad de El Reparo, en Nueva Concepción.
La Relatoría Especial exhorta a las autoridades guatemaltecas a impulsar las investigaciones que permitan aclarar el motivo del homicidio, juzgar y sancionar adecuadamente a los responsables, así como garantizar una justa reparación a los familiares de la víctima. Es fundamental que se adopten las medidas necesarias para impedir la repetición de estos hechos de violencia y contrarrestar su fuerte impacto en el derecho a la libertad de expresión de toda la sociedad.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/
R48/11
Washington D.C., 24 de mayo de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el crimen cometido contra el periodista Yensi Ordóñez, quien apareció asesinado el 19 de mayo en el municipio de Nueva Concepción, departamento de Escuintla, Guatemala. La Relatoría Especial exhorta al Estado a investigar el asesinato de manera oportuna, diligente y exhaustiva, y solicita a las autoridades no descartar la posibilidad de que el crimen haya sido motivado por el ejercicio periodístico de la víctima.
De acuerdo con la información disponible, el cuerpo de Yensi Ordóñez fue encontrado dentro de su vehículo con heridas de arma blanca en su pecho y cuello. Según lo informado, el comunicador habría recibido recientemente amenazas por algunas de las coberturas que había realizado y también habría sido víctima de extorsiones.
El periodista, de 24 años, colaboraba con el noticiero local del Canal 14, donde también trabajó como conductor de programas musicales y de variedades. Además, Ordóñez era maestro en una escuela primaria en la localidad de El Reparo, en Nueva Concepción.
La Relatoría Especial exhorta a las autoridades guatemaltecas a impulsar las investigaciones que permitan aclarar el motivo del homicidio, juzgar y sancionar adecuadamente a los responsables, así como garantizar una justa reparación a los familiares de la víctima. Es fundamental que se adopten las medidas necesarias para impedir la repetición de estos hechos de violencia y contrarrestar su fuerte impacto en el derecho a la libertad de expresión de toda la sociedad.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/
viernes, 20 de mayo de 2011
Hombres fuertemente armados asesinan a propietario de Canal 24 en el oriente del país
Alerta C-Libre
19 de Mayo del 2011
Tegucigalpa, Honduras. Hombres fuertemente armados que se conducían en un vehículo color verde tipo camioneta, asesinaron este día, a la 7:10 de la mañana, al empresario de las comunicaciones Luis Mendoza, propietario de la compañía de cable, Macrosistema y Canal 24 del municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, al oriente del país.
El hecho ocurrió a media cuadra del Canal 24, en las cercanías de la escuela Manuel Adalid Gamero de la ciudad de Danlí. “Luis Mendoza venía del municipio de El Paraíso, donde residía con su familia, y se dirigía a supervisar las labores diarias en el canal cuando fue interceptado por 4 hombres armados quienes le dispararon con armas de grueso calibre, informó para C-libre la comunicadora Reina Isabel Sandoval, de Canal 9 de esta ciudad.
El vehículo en el cual se trasportaban los sicarios de Luis Mendoza, fue encontrado incinerado, por la Policía Nacional, a la salida del municipio de San Matías, a dos kilómetros de Danlí. “Los motivos del asesinato del empresario de 35 años de edad y que también se dedicaba al negocio del café y los bienes raíces, se desconocen”, informó a C-Libre el periodista David Morga de Canal 9.
En el crimen resultaron heridos tres personas; un niño y dos adultos, quienes se encuentran, bajo atención médica, en el hospital regional Gabriela Alvarado. Comunicó a C-Libre, julio Gaítan, de la radio local Crisma.
_________________________________________________________________________
Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Esta alerta es distribuida a través de diversas redes nacionales, regionales e internacionales.
Para mayor información comunicarse al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), al correo electrónico a clibre@clibrehonduras.com, Para sus comentarios acerca de esta y otras alertas visita la pagina Web www.clibrehonduras.com
19 de Mayo del 2011
Tegucigalpa, Honduras. Hombres fuertemente armados que se conducían en un vehículo color verde tipo camioneta, asesinaron este día, a la 7:10 de la mañana, al empresario de las comunicaciones Luis Mendoza, propietario de la compañía de cable, Macrosistema y Canal 24 del municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, al oriente del país.
El hecho ocurrió a media cuadra del Canal 24, en las cercanías de la escuela Manuel Adalid Gamero de la ciudad de Danlí. “Luis Mendoza venía del municipio de El Paraíso, donde residía con su familia, y se dirigía a supervisar las labores diarias en el canal cuando fue interceptado por 4 hombres armados quienes le dispararon con armas de grueso calibre, informó para C-libre la comunicadora Reina Isabel Sandoval, de Canal 9 de esta ciudad.
El vehículo en el cual se trasportaban los sicarios de Luis Mendoza, fue encontrado incinerado, por la Policía Nacional, a la salida del municipio de San Matías, a dos kilómetros de Danlí. “Los motivos del asesinato del empresario de 35 años de edad y que también se dedicaba al negocio del café y los bienes raíces, se desconocen”, informó a C-Libre el periodista David Morga de Canal 9.
En el crimen resultaron heridos tres personas; un niño y dos adultos, quienes se encuentran, bajo atención médica, en el hospital regional Gabriela Alvarado. Comunicó a C-Libre, julio Gaítan, de la radio local Crisma.
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Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Esta alerta es distribuida a través de diversas redes nacionales, regionales e internacionales.
Para mayor información comunicarse al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), al correo electrónico a clibre@clibrehonduras.com, Para sus comentarios acerca de esta y otras alertas visita la pagina Web www.clibrehonduras.com
martes, 17 de mayo de 2011
Honduras no reúne garantías suficientes para regresar a la OEA
20 organizaciones se manifestaron contra la reincorporación de este Estado
San José, 16 de mayo del 2011. 20 organizaciones de derechos humanos han solicitado que se mantenga la suspensión de Honduras de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La recomendación se hizo por medio de una carta dirigida el día de hoy, 16 de mayo, a los 35 embajadores de las misiones permanentes de los países miembros de la OEA, en la cual se les recuerda que el Estado hondureño aún tiene serias deudas con la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
La petición se emitió ante las manifestaciones de varios representantes estatales sobre la necesidad de analizar la inmediata reincorporación del Estado de Honduras.
Las organizaciones firmantes señalaron que la institucionalidad democrática hondureña continúa comprometida después de casi dos años del golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Así, por ejemplo, todavía se mantienen en sus cargos los altos funcionarios que apoyaron y/o avalaron la ruptura constitucional desde la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional de la República, la Procuraduría General de la República e, incluso, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este continuismo genera dudas con respecto a la independencia e imparcialidad de estos órganos del Estado.
En este mismo sentido, varios oficiales del Ejército implicados en la expulsión del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales fueron nombrados en la dirigencia de instituciones civiles durante el actual gobierno de Porfirio Lobo.
Las organizaciones denunciaron además que Honduras sigue teniendo graves fallas en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el Estado no ha investigado adecuadamente los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos ocurridos durante y después de la ruptura constitucional. Tampoco ha adoptado las medidas adecuadas para detener las amenazas y hostigamientos contra los defensores y defensoras, comunicadores, activistas y docentes, así como contra los jueces que se manifestaron contra el golpe de Estado.
Las organizaciones de la sociedad civil llamaron la atención sobre el hecho de que el Estado ni siquiera ha acatado adecuadamente las recomendaciones que realizó la Comisión de Alto Nivel nombrada en junio de 2010 por la propia Asamblea General de la OEA para analizar la situación del país.
Por ejemplo, aunque las autoridades judiciales han suspendido los juicios iniciados contra el ex Presidente Zelaya y sus colaboradores, esta medida no garantiza la anulación definitiva del proceso, por lo que las causas en contra del ex mandatario podrían ser reabiertas en el futuro.
Las organizaciones firmantes alertaron a los embajadores sobre el peligroso precedente que podría significar para la OEA la reincorporación de un Estado que, habiendo ocurrido un golpe de Estado, no ha respondido adecuadamente ante las exigencias democráticas presentadas en informes de órganos políticos y de monitoreo de los derechos humanos de la comunidad internacional.
“Esta es una oportunidad histórica para que la OEA brinde una respuesta coherente con la garantía de los derechos amparados en la Carta Democrática Interamericana. Confiamos en que la misma no será desaprovechada”, concluyeron.
Organizaciones firmantes:
- Asociación de Jueces por la Democracia - Honduras
- Asociación para una vida mejor de las personas infectadas/afectadas por el VIH-SIDA en Honduras (APUVIMEH)
- Centro de Derechos de Mujeres de Honduras (CDM)
- Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) - Honduras
- Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)
- Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)
- Comité por la Libre Expresión C-LIBRE – Honduras
- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) – Colombia
- Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) – Honduras
- Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
- Frente de Abogados y Abogadas en Resistencia - Zona Norte - Honduras
- FIAN Internacional
- GMB - Sindicato General de Gran Bretaña
- Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) - El Salvador
- Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) – España
- Organización Fraternal Negra (OFRANEH) – Honduras
- Red Lésbica Cattrachas – Honduras
- Solidaridad Mundial - Bélgica
San José, 16 de mayo del 2011. 20 organizaciones de derechos humanos han solicitado que se mantenga la suspensión de Honduras de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La recomendación se hizo por medio de una carta dirigida el día de hoy, 16 de mayo, a los 35 embajadores de las misiones permanentes de los países miembros de la OEA, en la cual se les recuerda que el Estado hondureño aún tiene serias deudas con la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
La petición se emitió ante las manifestaciones de varios representantes estatales sobre la necesidad de analizar la inmediata reincorporación del Estado de Honduras.
Las organizaciones firmantes señalaron que la institucionalidad democrática hondureña continúa comprometida después de casi dos años del golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Así, por ejemplo, todavía se mantienen en sus cargos los altos funcionarios que apoyaron y/o avalaron la ruptura constitucional desde la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional de la República, la Procuraduría General de la República e, incluso, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este continuismo genera dudas con respecto a la independencia e imparcialidad de estos órganos del Estado.
En este mismo sentido, varios oficiales del Ejército implicados en la expulsión del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales fueron nombrados en la dirigencia de instituciones civiles durante el actual gobierno de Porfirio Lobo.
Las organizaciones denunciaron además que Honduras sigue teniendo graves fallas en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el Estado no ha investigado adecuadamente los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos ocurridos durante y después de la ruptura constitucional. Tampoco ha adoptado las medidas adecuadas para detener las amenazas y hostigamientos contra los defensores y defensoras, comunicadores, activistas y docentes, así como contra los jueces que se manifestaron contra el golpe de Estado.
Las organizaciones de la sociedad civil llamaron la atención sobre el hecho de que el Estado ni siquiera ha acatado adecuadamente las recomendaciones que realizó la Comisión de Alto Nivel nombrada en junio de 2010 por la propia Asamblea General de la OEA para analizar la situación del país.
Por ejemplo, aunque las autoridades judiciales han suspendido los juicios iniciados contra el ex Presidente Zelaya y sus colaboradores, esta medida no garantiza la anulación definitiva del proceso, por lo que las causas en contra del ex mandatario podrían ser reabiertas en el futuro.
Las organizaciones firmantes alertaron a los embajadores sobre el peligroso precedente que podría significar para la OEA la reincorporación de un Estado que, habiendo ocurrido un golpe de Estado, no ha respondido adecuadamente ante las exigencias democráticas presentadas en informes de órganos políticos y de monitoreo de los derechos humanos de la comunidad internacional.
“Esta es una oportunidad histórica para que la OEA brinde una respuesta coherente con la garantía de los derechos amparados en la Carta Democrática Interamericana. Confiamos en que la misma no será desaprovechada”, concluyeron.
Organizaciones firmantes:
- Asociación de Jueces por la Democracia - Honduras
- Asociación para una vida mejor de las personas infectadas/afectadas por el VIH-SIDA en Honduras (APUVIMEH)
- Centro de Derechos de Mujeres de Honduras (CDM)
- Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) - Honduras
- Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)
- Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)
- Comité por la Libre Expresión C-LIBRE – Honduras
- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) – Colombia
- Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) – Honduras
- Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
- Frente de Abogados y Abogadas en Resistencia - Zona Norte - Honduras
- FIAN Internacional
- GMB - Sindicato General de Gran Bretaña
- Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) - El Salvador
- Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) – España
- Organización Fraternal Negra (OFRANEH) – Honduras
- Red Lésbica Cattrachas – Honduras
- Solidaridad Mundial - Bélgica
La libertad de expresión bañada de sangre
Una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre y por tanto, no puede llamarse democrática si no descansa sobre el ejercicio sin obstáculos del derecho a la libertad de expresión.
Pero la libertad de expresión no implica la sola existencia de medios de comunicación, sino el derecho de hablar o escribir, de utilizar los medios apropiados para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de personas, de tratar de comunicar a los otros nuestros propios puntos de vista y de conocer opiniones y noticias que nos afectan en nuestra vida cotidiana.
Todo lo anterior implica la democratización y la lucha contra el monopolio de los medios de comunicación, y la garantía de transmitir y recibir información y conocimiento sin temor a sufrir represalias por nuestras posiciones alrededor de los temas de interés nacional.
En Honduras, desde el golpe de Estado se ha profundizado la intolerancia contra las voces disidentes y más allá de las concepciones ideológicas y políticas de tales voces, los poderes institucionales y fácticos utilizan la violencia como herramienta para silenciar a aquellos que se atreven a cuestionar sus acciones.
Por tal razón, ante la serie de asesinatos cometidos contra comunicadores hondureños a cuya lista sangrienta se sumó Héctor Francisco Medina Polanco, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha exigido al Estado de Honduras investigar de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad y crear mecanismos de protección destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por su actividad periodística.
Una vez más el Estado de Honduras presidido por el régimen de Lobo Sosa le muestra al mundo su incapacidad para prevenir, investigar y sancionar estos crímenes y ratifica con los hechos que no ha cumplido ni una coma de sus compromisos en materia de derechos humanos.
Y mientras tanto, ante este nuevo crimen sólo recibimos el silencio de un ministerio de derechos humanos que hasta el momento sólo ha servido para limpiarle las manchas de sangre al régimen hondureño.
sábado, 14 de mayo de 2011
COMUNICADO
En el marco de la celebración del día mundial de la libertad de prensa, el pasado 3 de mayo, nos dimos cita, en la ciudad de El Progreso, Yoro, radios comunitarias, populares y alternativas, para debatir sobre la libertad de expresión, la situación que rodea a los comunicadores y comunicadoras, y compartir experiencias y vivencias sobre nuestro quehacer comunicativo. Nosotras, instituciones radiales al servicio de las grandes mayorías de Honduras nos pronunciamos ante los últimos acontecimientos:
PRIMERO:
El 18 de abril del 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó al Estado Hondureño, medidas cautelares a favor del personal de la Radio La Voz de Zacate Grande, ubicada en el municipio de Amapala, en el sureño departamento de Valle. Por tal razón es de carácter urgente que el Estado de Honduras adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de los derechos a la libertad de Prensa y Expresión de este medio de comunicación, y el derecho a la vida de los comunicadores y comunicadoras de “la Zacate Grande”.
SEGUNDO:
Solicitamos al Estado Hondureño a través de las autoridades correspondientes que se adopten las medidas necesarias para que cese el hostigamiento, amenazas e intimidación por parte de sectores opositores en nuestra zona de cobertura. Esta solicitud es en virtud de los hechos ocurridos con radios como La Voz de Zacate Grande, La Voz Lenca de San Francisco, Lempira y La Esperanza, Guarajambala, radio Transparencia y la radio garífuna Faluma Bimetu.
TERCERO:
Condenamos el asesinato del periodista Héctor Francisco Medina Polanco, ocurrido el 10 de mayo de 2011, en el municipio de Morazán en el departamento de Yoro, a mano de sicarios. Nos solidarizamos con su familia y compañeros de labores en Omega Visión. Y exigimos a las autoridades una pronta investigación y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este hecho tan deplorable.
CUARTO:
Como radios comunitarias, populares y alternativas nos pronunciamos y entrelazamos nuestros esfuerzos para seguir en la lucha por la DEMOCRATIZACIÓN de la comunicación al servicio de las grandes mayorías en nuestro país. Anunciamos nuestro proceso para consolidarnos en un espacio nacional que tenga como fin último poner nuestras voces al servicio de la dignidad y las luchas de nuestra población hondureña.
Dado en la ciudad de El Progreso, Yoro. 12 de mayo de 2011
DECLARAMOS Y FIRMAMOS:
Radio Orquídea en Trujillo, Colón.
Radio La Voz del Aguán en Tocoa, Colón.
Radio Sonaguera en Sonaguera, Colón.
Radio Sin Fronteras en Arizona, Atlántida.
Radio Faluma Bimetu en Tela, Atlántida.
Radio Loyola/Boanerge en Yoro, Yoro.
Radio Progreso en El Progreso, Yoro.
Radio La Voz del PRO en Macuelizo, Santa Bárbara.
Radio Santa Rosa en Santa Rosa, Copán.
Radio Joconguera en Candelaria, Lempira.
Radio La Voz Lenca en San Francisco, Lempira)
Radio La Voz Lenca en La Esperanza, Intibucá
Radio Guarajambala en La Esperanza, Intibucá
Radio Coquimbó, Proyecto On Line, Tegucigalpa, Fco. Morazán.
Radio Revelación en Curaren, Fco. Morazán.
Radio Transparencia, Nacaome, Valle.
Radio Éxtasis en Langue, Valle.
PRIMERO:
El 18 de abril del 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó al Estado Hondureño, medidas cautelares a favor del personal de la Radio La Voz de Zacate Grande, ubicada en el municipio de Amapala, en el sureño departamento de Valle. Por tal razón es de carácter urgente que el Estado de Honduras adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de los derechos a la libertad de Prensa y Expresión de este medio de comunicación, y el derecho a la vida de los comunicadores y comunicadoras de “la Zacate Grande”.
SEGUNDO:
Solicitamos al Estado Hondureño a través de las autoridades correspondientes que se adopten las medidas necesarias para que cese el hostigamiento, amenazas e intimidación por parte de sectores opositores en nuestra zona de cobertura. Esta solicitud es en virtud de los hechos ocurridos con radios como La Voz de Zacate Grande, La Voz Lenca de San Francisco, Lempira y La Esperanza, Guarajambala, radio Transparencia y la radio garífuna Faluma Bimetu.
TERCERO:
Condenamos el asesinato del periodista Héctor Francisco Medina Polanco, ocurrido el 10 de mayo de 2011, en el municipio de Morazán en el departamento de Yoro, a mano de sicarios. Nos solidarizamos con su familia y compañeros de labores en Omega Visión. Y exigimos a las autoridades una pronta investigación y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este hecho tan deplorable.
CUARTO:
Como radios comunitarias, populares y alternativas nos pronunciamos y entrelazamos nuestros esfuerzos para seguir en la lucha por la DEMOCRATIZACIÓN de la comunicación al servicio de las grandes mayorías en nuestro país. Anunciamos nuestro proceso para consolidarnos en un espacio nacional que tenga como fin último poner nuestras voces al servicio de la dignidad y las luchas de nuestra población hondureña.
Dado en la ciudad de El Progreso, Yoro. 12 de mayo de 2011
DECLARAMOS Y FIRMAMOS:
Radio Orquídea en Trujillo, Colón.
Radio La Voz del Aguán en Tocoa, Colón.
Radio Sonaguera en Sonaguera, Colón.
Radio Sin Fronteras en Arizona, Atlántida.
Radio Faluma Bimetu en Tela, Atlántida.
Radio Loyola/Boanerge en Yoro, Yoro.
Radio Progreso en El Progreso, Yoro.
Radio La Voz del PRO en Macuelizo, Santa Bárbara.
Radio Santa Rosa en Santa Rosa, Copán.
Radio Joconguera en Candelaria, Lempira.
Radio La Voz Lenca en San Francisco, Lempira)
Radio La Voz Lenca en La Esperanza, Intibucá
Radio Guarajambala en La Esperanza, Intibucá
Radio Coquimbó, Proyecto On Line, Tegucigalpa, Fco. Morazán.
Radio Revelación en Curaren, Fco. Morazán.
Radio Transparencia, Nacaome, Valle.
Radio Éxtasis en Langue, Valle.
miércoles, 11 de mayo de 2011
Urgente. Asesinan periodista en Morazán, Yoro
En Morazán, Yoro, Héctor Francisco Medina Polanco, de 35 años de edad, fue abatido a tiros cuando salía del noticiero estelar del Canal 9 Omega Visión, del que era Coordinador General.
Al finalizar la emisión del noticiero a las 7:00 de la noche ayer martes, Medina Polanco fue seguido por dos hombres a bordo de una motocicleta , quienes enfrente de su casa le dispararon tres veces por la espalda; un cuarto disparo le impactó un brazo. Fue atendido por parientes y vecinos, trasladado en una ambulancia al Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula, donde expiró aproximadamente a las 11:00 de la noche.
El periodista había recibido amenazas de muerte previas al ataque, las que había confiado a familiares y conocidos; era un crítico permanente de las actuaciones y omisiones de la Policía Nacional, de grupos privados de seguridad que custodian bienes de ganaderos pudientes de la zona, donde además operan bandas de narcotraficantes.
Uno de los hermanos de Héctor, el también periodista Carlos Medina Polanco, relató que la Policía Nacional en Morazán rehusó acompañar por seguridad la ambulancia hacia San Pedro Sula. El cadáver del periodista será entregado a su madre este mediodía en la Morgue del Ministerio Público y de inmediato trasladado a Morazán, donde será velado y sepultado.
Este es el 11 asesinato entre 2010 y 2011 cometido contra periodistas en Honduras, considerado junto a México el país más peligroso para ejercer esta profesión. En circunstancias similares, pero aún no investigadas por la dictadura militar que controla el Estado después del golpe de estado de junio 2009, los demás asesinatos permanecen en la impunidad.
Ignorando estos hechos, el señor Porfirio Lobo Sosa y su grupo aliado intentan reincorporar a Honduras a la Asamblea General de la OEA en junio próximo, invisibilizando las violaciones a los derechos humanos que califica con frecuencia de "acciones políticas de exportación de grupos que viven de eso".
Relatoría Especial condena dos crímenes contra periodistas en Brasil
COMUNICADO DE PRENSA
R44/11
Washington D.C., 11 de mayo de 2011. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena los asesinatos de los periodistas brasileños, Valério Nascimento, propietario y reportero del periódico Panorama Geral, ocurrido el 3 de mayo en Río Claro, estado de Río de Janeiro, y de Luciano Leitão Pedrosa, quien trabajaba en TV Vitória y la Radio Metropolitana FM, muerto el 9 de abril en Vitória de Santo Antão, estado de Pernambuco. La Relatoría Especial reconoce la rápida intervención de la Policía para intentar esclarecer estos crímenes e insta a las autoridades a investigar a profundidad todos los indicios que permitan relacionar las muertes con el trabajo de los comunicadores.
De acuerdo con la información recibida, Valério Nascimento fue encontrado sin vida en la entrada de su casa, con varios impactos de bala. Recientemente el periodista había lanzado una nueva publicación y en la última edición divulgó una serie de presuntas irregularidades en la administración pública de la localidad de Bananal.
En el caso de la muerte de Luciano Leitão Pedrosa, en la noche del 9 de abril dos desconocidos habrían seguido al periodista hasta un restaurante en el cual fue asesinado. Según la información disponible, el comunicador era el presentador del programa "Ação e Cidadania" (Acción y Ciudadanía) en TV Vitória, cubría de manera cotidiana noticias policiales y era conocido por denunciar constantemente el accionar de las bandas criminales y cuestionar a las autoridades locales. Familiares manifestaron que el periodista recientemente había recibido varias amenazas de muerte.
La Relatoría Especial manifiesta su preocupación por el hecho de que dos comunicadores hayan muerto en Brasil en menos de un mes, por causas posiblemente relacionadas con su ejercicio profesional. Esta Oficina hace un llamado a las autoridades para que hagan todos los esfuerzos necesarios con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, procesarlos y, en su caso, sancionarlos, así como para otorgar una justa reparación a los familiares de las víctimas. Para la Relatoría Especial es imprescindible combatir la impunidad, si se quiere evitar que hechos de este tipo se repitan.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/
R44/11
Washington D.C., 11 de mayo de 2011. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena los asesinatos de los periodistas brasileños, Valério Nascimento, propietario y reportero del periódico Panorama Geral, ocurrido el 3 de mayo en Río Claro, estado de Río de Janeiro, y de Luciano Leitão Pedrosa, quien trabajaba en TV Vitória y la Radio Metropolitana FM, muerto el 9 de abril en Vitória de Santo Antão, estado de Pernambuco. La Relatoría Especial reconoce la rápida intervención de la Policía para intentar esclarecer estos crímenes e insta a las autoridades a investigar a profundidad todos los indicios que permitan relacionar las muertes con el trabajo de los comunicadores.
De acuerdo con la información recibida, Valério Nascimento fue encontrado sin vida en la entrada de su casa, con varios impactos de bala. Recientemente el periodista había lanzado una nueva publicación y en la última edición divulgó una serie de presuntas irregularidades en la administración pública de la localidad de Bananal.
En el caso de la muerte de Luciano Leitão Pedrosa, en la noche del 9 de abril dos desconocidos habrían seguido al periodista hasta un restaurante en el cual fue asesinado. Según la información disponible, el comunicador era el presentador del programa "Ação e Cidadania" (Acción y Ciudadanía) en TV Vitória, cubría de manera cotidiana noticias policiales y era conocido por denunciar constantemente el accionar de las bandas criminales y cuestionar a las autoridades locales. Familiares manifestaron que el periodista recientemente había recibido varias amenazas de muerte.
La Relatoría Especial manifiesta su preocupación por el hecho de que dos comunicadores hayan muerto en Brasil en menos de un mes, por causas posiblemente relacionadas con su ejercicio profesional. Esta Oficina hace un llamado a las autoridades para que hagan todos los esfuerzos necesarios con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, procesarlos y, en su caso, sancionarlos, así como para otorgar una justa reparación a los familiares de las víctimas. Para la Relatoría Especial es imprescindible combatir la impunidad, si se quiere evitar que hechos de este tipo se repitan.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/
martes, 10 de mayo de 2011
Asesinan miembro del Movimiento Campesino del Aguan (MCA)
Pablo Lemus 44 años (cinco hijos, casado) de la empresa campesina Brisas del Edén y perteneciente al MCA fue vilmente asesinado cuando se trasladaba hacia la comunidad Honduras Aguan.
Con un disparo en el pecho (calibre escopeta 12) le fue segada la vida a Lemus, aproximadamente el hecho sangriento sucedió entre las 7:30 am de hoy 10 de mayo 2011 curiosamente cuando hacen cambio de turno los guardias de seguridad del terrateniente Miguel Facusse, el hecho se realizo entre la comunidad de Honduras Aguan y Rio Claro (carretera hacia Trujillo, Colon).
El compañero Lemus tenía constantes amenazas por su participación activa en las luchas del movimiento campesino y el Frente Nacional de Resistencia (FNRP).
El asesinato de Pablo Lemus se da en un ambiente de constante persecución producto de la militarización de la zona.
CENCOPH
EMN
Derechos humanos y retorno a la OEA
Los derechos humanos son los valores más importantes de una sociedad democrática ya que son la máxima manifestación de la dignidad humana.
Su promoción y protección debe ser uno de los objetivos primordiales de las políticas estatales, y los Gobiernos que quieran ser considerados legítimos deben poner todos sus recursos en lograr que la población pueda vivir libre tanto del temor de la miseria, del hambre, del analfabetismo y del empleo precario, como del temor de la violencia, de las torturas, de las detenciones ilegales, de la falta de acceso a la justicia y de la represión.
En este sentido, los derechos humanos son un componente esencial para legitimar o deslegitimar cualquier poder, por lo que no es extraño que aún un régimen deslegitimado como el de Lobo Sosa y señalado como violador de los derechos humanos, maneje un discurso de respeto a los mismos, establezca nuevas instituciones como la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y anule el procedimiento de los juicios contra el ex presidente Zelaya para dar una imagen pulcra ante la comunidad internacional y lograr su reincorporación a la OEA.
Sin embargo, como lo señala Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), eso no es suficiente para restablecer el Estado de Derecho pues lo que se requiere es la existencia de “un sistema de tutela de garantías que funcione de manera diligente, independiente e imparcial; un sistema en el que sean remplazados los funcionarios que participaron en el golpe de Estado. Por ello, la reintegración de Honduras a la OEA, más allá de pactos políticos entre grupos de poder nacionales o extranjeros, debe ser producto de un examen objetivo sobre el respeto a los principios del Estado de Derecho, los mismos que desafortunadamente siguen ausentes”.
Si la OEA reincorpora a Honduras ignorando la gravedad de la situación de los derechos humanos, perderá ante los pueblos de América la legitimidad de la que aún goza y más voces nos sumaremos a la famosa canción del cantautor cubano Carlos Puebla que dice: “Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa”.
lunes, 9 de mayo de 2011
CIDH ordena a Honduras proteger a excomisionado de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana determinó que Leo Valladares Lanza y su esposa corren un riesgo inminente
09-05-11
San José, 9 de mayo del 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado de Honduras, el pasado 26 de abril, adoptar medidas urgentes para proteger la vida y la integridad física de Leo Valladeres Lanza y su esposa Daysi Pineda Madrid. La solicitud de medidas cautelares fue realizada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Leo Valladares ha sido víctima de hostigamientos desde el mes de febrero pasado. El defensor de los derechos humanos y su esposa han recibido llamadas anónimas e intimidatorias a su casa. Asimismo, él fue amenazado públicamente desde una emisora oficial y ha sido vigilado desde vehículos estacionados en la vía pública. El 28 de marzo pasado, Valladares se percató de que sujetos desconocidos habían forzado la entrada a su oficina y revisaron sus archivos de trabajo.
Las amenazas contra el defensor de los derechos humanos empezaron después de que participó en un programa televisivo de difusión nacional en el que criticó la participación de las fuerzas armadas hondureñas en el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales. Asimismo, en esa ocasión objetó la incorporación posterior de varios oficiales del Ejército –involucrados en la expulsión de Zelaya– en altos puestos de instituciones civiles del Estado.
Leo Valladares ha sido un tenaz defensor de las garantías fundamentales en Honduras, país en el que ocupó el puesto de Comisionado Nacional de Derechos Humanos entre 1992 y el 2002. Actualmente es Director Ejecutivo de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa) y también trabaja en proyectos relacionados con el monitoreo del gasto público y de la corrupción en su país.
Además de garantizar la vida y la integridad física del defensor de los derechos humanos y de su esposa, la Comisión Interamericana ordenó al Estado adoptar “las medidas necesarias a fin de garantizar que el señor Leo Valladares continúe ejerciendo su actividad de defensa y promoción de los derechos humanos en condiciones de seguridad”. Asimismo, Honduras debe investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas disposiciones de protección en primer lugar.
Estos sucesos son una muestra del ambiente de riesgo en el que deben ejercer su labor los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras, cuya gravedad se ha intensificado a partir del golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009. Ante ese escenario adverso, la Comisión Interamericana ha emitido una diversidad de medidas cautelares que protegen a más de doscientas personas.
El COFADEH y CEJIL deploran los hostigamientos recibidos por Leo Valladares y su esposa Daysi Pineda y urgen al Estado hondureño a acatar sin demora las medidas cautelares dictadas por la CIDH.
Fuente: http://cejil.org/comunicados/cidh-ordena-a-honduras-proteger-a-excomisionado-de-derechos-humanos
09-05-11
San José, 9 de mayo del 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado de Honduras, el pasado 26 de abril, adoptar medidas urgentes para proteger la vida y la integridad física de Leo Valladeres Lanza y su esposa Daysi Pineda Madrid. La solicitud de medidas cautelares fue realizada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Leo Valladares ha sido víctima de hostigamientos desde el mes de febrero pasado. El defensor de los derechos humanos y su esposa han recibido llamadas anónimas e intimidatorias a su casa. Asimismo, él fue amenazado públicamente desde una emisora oficial y ha sido vigilado desde vehículos estacionados en la vía pública. El 28 de marzo pasado, Valladares se percató de que sujetos desconocidos habían forzado la entrada a su oficina y revisaron sus archivos de trabajo.
Las amenazas contra el defensor de los derechos humanos empezaron después de que participó en un programa televisivo de difusión nacional en el que criticó la participación de las fuerzas armadas hondureñas en el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales. Asimismo, en esa ocasión objetó la incorporación posterior de varios oficiales del Ejército –involucrados en la expulsión de Zelaya– en altos puestos de instituciones civiles del Estado.
Leo Valladares ha sido un tenaz defensor de las garantías fundamentales en Honduras, país en el que ocupó el puesto de Comisionado Nacional de Derechos Humanos entre 1992 y el 2002. Actualmente es Director Ejecutivo de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa) y también trabaja en proyectos relacionados con el monitoreo del gasto público y de la corrupción en su país.
Además de garantizar la vida y la integridad física del defensor de los derechos humanos y de su esposa, la Comisión Interamericana ordenó al Estado adoptar “las medidas necesarias a fin de garantizar que el señor Leo Valladares continúe ejerciendo su actividad de defensa y promoción de los derechos humanos en condiciones de seguridad”. Asimismo, Honduras debe investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas disposiciones de protección en primer lugar.
Estos sucesos son una muestra del ambiente de riesgo en el que deben ejercer su labor los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras, cuya gravedad se ha intensificado a partir del golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009. Ante ese escenario adverso, la Comisión Interamericana ha emitido una diversidad de medidas cautelares que protegen a más de doscientas personas.
El COFADEH y CEJIL deploran los hostigamientos recibidos por Leo Valladares y su esposa Daysi Pineda y urgen al Estado hondureño a acatar sin demora las medidas cautelares dictadas por la CIDH.
Fuente: http://cejil.org/comunicados/cidh-ordena-a-honduras-proteger-a-excomisionado-de-derechos-humanos
sábado, 7 de mayo de 2011
Periodista es agredida por la policía nacional
Alerta C-Libre
05 de Mayo de 2011
Tegucigalpa, Honduras. Silvia Ardón periodista de Radio Uno fue agredida
por la policía nacional mientras intentaba obtener los datos personales de
los manifestantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras, COPINH, detenidos en la primera estación policial
ubicada en el barrio El Centro de la Ciudad de San Pedro Sula, departamento
de Cortés, al norte del país.
El COPINH y el Frente Nacional de Resistencia FNRP, protestaban contra el
proyecto empresarial Honduras Abierta a los Negocios, cuando fueron
reprimidos brutalmente con bombas lacrimógenas y toletes, aseguró a
C-Libre la comunicadora.
Varios de los manifestantes fueron capturados y llevados a la primera
estación policial, a “donde yo y otros reporteros, entre ellos Uriel
Rodríguez y Noel Flores de Globo TV, nos apersonamos para conseguir los
datos personales de los detenidos y poder informar del hecho, pero cuando
íbamos entrando fuimos repelidos a empujones por los policías que allí se
encontraban, y no nos permitieron hacer nuestro trabajo periodístico,
porque cerraron la puerta”, Narró la afectada.
Según el Balance Libertad de Expresión 2011, elaborado por C-Libre, en los
primeros cuatro meses del año la represión por parte de los cuerpos de
seguridad del Estado hacia periodistas y comunicadores comunitarios en el
país, se ha incrementado considerablemente. Hasta la fecha se tienen
registradas 38 violaciones a la libertad expresión, que representan el 75
por ciento de los casos reportados el año pasado.
De continuar las protestas de los sectores populares contra el sistema de
injusticias que impera en el país, se percibe que los periodistas, en el
ejercicio de su labor, seguirán siendo blanco de los ataques inhumanos de
la policía, por lo que se insta al presidente Porfirio Lobo Sosa a instruir
a quien corresponda, el cese inmediato de tales hostigamientos
injustificados.
__________________________________________________________________
Fuente: El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), una coalición de
periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y
defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras
y es distribuida a través de diversas redes regionales. Para mayor
información comunicarse al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), al
correo electrónico clibre@clibrehonduras.com
Para sus comentarios acerca de esta y otras alertas, visite
www.clibrehonduras.com
05 de Mayo de 2011
Tegucigalpa, Honduras. Silvia Ardón periodista de Radio Uno fue agredida
por la policía nacional mientras intentaba obtener los datos personales de
los manifestantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras, COPINH, detenidos en la primera estación policial
ubicada en el barrio El Centro de la Ciudad de San Pedro Sula, departamento
de Cortés, al norte del país.
El COPINH y el Frente Nacional de Resistencia FNRP, protestaban contra el
proyecto empresarial Honduras Abierta a los Negocios, cuando fueron
reprimidos brutalmente con bombas lacrimógenas y toletes, aseguró a
C-Libre la comunicadora.
Varios de los manifestantes fueron capturados y llevados a la primera
estación policial, a “donde yo y otros reporteros, entre ellos Uriel
Rodríguez y Noel Flores de Globo TV, nos apersonamos para conseguir los
datos personales de los detenidos y poder informar del hecho, pero cuando
íbamos entrando fuimos repelidos a empujones por los policías que allí se
encontraban, y no nos permitieron hacer nuestro trabajo periodístico,
porque cerraron la puerta”, Narró la afectada.
Según el Balance Libertad de Expresión 2011, elaborado por C-Libre, en los
primeros cuatro meses del año la represión por parte de los cuerpos de
seguridad del Estado hacia periodistas y comunicadores comunitarios en el
país, se ha incrementado considerablemente. Hasta la fecha se tienen
registradas 38 violaciones a la libertad expresión, que representan el 75
por ciento de los casos reportados el año pasado.
De continuar las protestas de los sectores populares contra el sistema de
injusticias que impera en el país, se percibe que los periodistas, en el
ejercicio de su labor, seguirán siendo blanco de los ataques inhumanos de
la policía, por lo que se insta al presidente Porfirio Lobo Sosa a instruir
a quien corresponda, el cese inmediato de tales hostigamientos
injustificados.
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Fuente: El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), una coalición de
periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y
defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras
y es distribuida a través de diversas redes regionales. Para mayor
información comunicarse al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), al
correo electrónico clibre@clibrehonduras.com
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viernes, 6 de mayo de 2011
Campesinos del Aguán rodeados y atacados por militares y policías Continúa la violencia indiscriminada
Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
http://www.rel-uita.org/agricultura/palma_africana/campesinos_rodeados_y_atacados.htm
Un fuerte contingente de militares, polícías y guardias de seguridad del terrateniente y productor palmero René Morales, tiene cercado a más de 300 campesinos de la cooperativa La Trinidad, pertenenciente al Movimiento Auténtico Reivindicador de Campesinos del Aguán (MARCA). El pasado 30 de abril las familias campesinas recuperaron la tierra que reivindican como propia, y desde entonces han sufrido varios intentos de desalojo que hasta ahora dejaron un saldo de dos heridos.
“Hace 15 minutos que dejaron de disparar. Militares del XV° Batallón de Infanteria, policías y guardias de seguridad de René Morales nos atacaron a las 5 de la mañana e intentaron desalojarnos, pero no pudieron.
Nos dispararon con armas de grueso calibre y tenemos a dos compañeros heridos, uno de ellos es el campesino Antonio Rivas.
Nos mantienen cercados, y llevamos ya una semana sin poder salir de nuestra cooperativa. Se nos están acabando los alimentos y el agua, y en cualquier momento podrían volver a atacarnos”, explicó con mucha preocupación a Sirel el directivo del MARCA, Julián Hernández.
Hace más de 16 años, las cooperativas afiliadas al MARCA iniciaron una acción legal para recuperar las tierras que reivindican como propias y que, aseguran, les fueron usurpadas por el terrateniente y productor palmero nicaragüense René Morales.
Ante la ineficiencia -y en muchos casos la colusión con los terratenientes- del Poder Judicial, el pasado 30 de abril miembros del MARCA decidieron recuperar las tierras de la cooperativa La Trinidad, en la margen izquierda del río Aguán, Trujillo.
“Desde que recuperamos nuestras tierras nos han venido reprimiendo. El 1° de Mayo hubo un primer intento de desalojo violento. Nos atacaron disparando y desde entonces mantienen un cerco militar que no nos permite salir.
El acoso y los ataques han sido constantes, pero no tenemos alternativa. Estas tierras son nuestras y nos las arrebataron. Intentamos la vía judicial, pero han pasado 16 años y no hemos logrado nada, porque el Poder Judicial está al servicio del terrateniente René Morales.
La única solución -advirtió Hernández- es retomar lo que nos pertenece, y estamos dispuestos a quedarnos aquí. Mejor que nos maten defendiendo nuestras tierras que seguir sufriendo hambre y pobreza”, concluyó el directivo del MARCA.
Ante esta difícil situación, FIAN Honduras emitió un comunicado en el que condenó el operativo de la Policía y el Ejército por estar al servicio de los más grandes terratenientes de la región, y pidió la solidaridad de todas las organizaciones sociales, “para evitar que se sigan produciendo hechos violentos que terminan muchas veces con la vida de nuestros compañeros y sus familiares”.
jueves, 5 de mayo de 2011
Las inversiones no pueden estar por encima de los Derechos Humanos
Ante el desarrollo del evento político-empresarial “Honduras is open for Bussines” el 05 y 06 de mayo del presente año, la Convergencia por los Derechos Humanos zona noroccidental se pronuncia en los siguientes términos:
PRIMERO: Reconocemos que el comercio y las inversiones es una herramienta fundamental para el desarrollo de las naciones, pero sólo si se realiza en un plano de igualdad real, si se toma en cuenta las condiciones de cada país y sobre todo, si se constituye en un medio para lograr el bienestar general mediante el respeto y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
SEGUNDO: Manifestamos nuestra preocupación en relación con este evento ya que representa la profundización de la aplicación del Programa Nacional de Promoción de Inversiones Honduras 2010-2014 que trae consigo un profundo proceso de reformas jurídicas e institucionales que debilita aún más la institucionalidad del Estado y pone en mayor precario las condiciones ambientales, sociales, económicas y laborales de millones de hondureños y hondureñas.
TERCERO: Denunciamos que en el marco de este programa, el régimen de Lobo Sosa ha establecido y adoptado una Visión de País y un Plan de Nación que sitúa los intereses de los inversionistas por encima de los intereses y derechos de la persona humana; legitima la privatización de bienes fundamentales como la educación y la salud pública; legaliza el despojo, la explotación y desnacionalización de nuestros recursos naturales; y criminaliza con mayor crudeza la protesta social pacífica que se opone a esta visión de desarrollo que prescinde de la dignidad humana.
CUARTO: Demandamos a los países desarrollados que asuman seriamente la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar que sus empresas que desarrollan o tienen relaciones económicas y comerciales con países empobrecidos como Honduras, respeten las normas internacionales de derechos humanos, sobre todo las relativas a los derechos económicos, sociales y culturales.
QUINTO: Exigimos al régimen de Lobo Sosa, a los organismos financieros internacionales y a las empresas involucradas en este proceso, evaluar seriamente su incompatibilidad con la obligación internacional de respeto y garantía de los derechos humanos pues su incumplimiento puede generar responsabilidad internacional del Estado y contravenir lo señalado por el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos Sociales y Culturales en el sentido de que “instituciones financieras internacionales, sobre todo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, deben prestar mayor atención a la protección [de los derechos humanos] influyendo en las políticas y acuerdos crediticios y las medidas internacionales adoptadas por esas instituciones”.
SEXTO: Ratificamos que no estamos en contra del desarrollo del país pero exigimos que el mismo tenga lugar en condiciones de respeto y garantía de los derechos humanos, y la dignidad humana, y que en caso de ejecutarse acciones que atenten contra ellos, tanto el Estado como las empresas son responsables y ambos tienen la obligación de corregirlas.
SÉPTIMO: Manifestamos nuestro compromiso de utilizar todas las herramientas políticas y legales que nos brinda el Sistema Interamericano de Derechos Humanos relativas al debido proceso, la transparencia, el monitoreo de los programas de desarrollo, los estudios de impacto ambiental, y la consulta y la participación de las comunidades en los proyectos de desarrollo y la explotación de recursos, con el objetivo de exigir que el Estado hondureño y los actores no estatales cumplan con la obligación de respetar las normas universales e interamericanas de derechos humanos.
Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Noroccidental
Dado en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los 05 días del mes de abril de 2011.
PRIMERO: Reconocemos que el comercio y las inversiones es una herramienta fundamental para el desarrollo de las naciones, pero sólo si se realiza en un plano de igualdad real, si se toma en cuenta las condiciones de cada país y sobre todo, si se constituye en un medio para lograr el bienestar general mediante el respeto y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
SEGUNDO: Manifestamos nuestra preocupación en relación con este evento ya que representa la profundización de la aplicación del Programa Nacional de Promoción de Inversiones Honduras 2010-2014 que trae consigo un profundo proceso de reformas jurídicas e institucionales que debilita aún más la institucionalidad del Estado y pone en mayor precario las condiciones ambientales, sociales, económicas y laborales de millones de hondureños y hondureñas.
TERCERO: Denunciamos que en el marco de este programa, el régimen de Lobo Sosa ha establecido y adoptado una Visión de País y un Plan de Nación que sitúa los intereses de los inversionistas por encima de los intereses y derechos de la persona humana; legitima la privatización de bienes fundamentales como la educación y la salud pública; legaliza el despojo, la explotación y desnacionalización de nuestros recursos naturales; y criminaliza con mayor crudeza la protesta social pacífica que se opone a esta visión de desarrollo que prescinde de la dignidad humana.
CUARTO: Demandamos a los países desarrollados que asuman seriamente la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar que sus empresas que desarrollan o tienen relaciones económicas y comerciales con países empobrecidos como Honduras, respeten las normas internacionales de derechos humanos, sobre todo las relativas a los derechos económicos, sociales y culturales.
QUINTO: Exigimos al régimen de Lobo Sosa, a los organismos financieros internacionales y a las empresas involucradas en este proceso, evaluar seriamente su incompatibilidad con la obligación internacional de respeto y garantía de los derechos humanos pues su incumplimiento puede generar responsabilidad internacional del Estado y contravenir lo señalado por el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos Sociales y Culturales en el sentido de que “instituciones financieras internacionales, sobre todo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, deben prestar mayor atención a la protección [de los derechos humanos] influyendo en las políticas y acuerdos crediticios y las medidas internacionales adoptadas por esas instituciones”.
SEXTO: Ratificamos que no estamos en contra del desarrollo del país pero exigimos que el mismo tenga lugar en condiciones de respeto y garantía de los derechos humanos, y la dignidad humana, y que en caso de ejecutarse acciones que atenten contra ellos, tanto el Estado como las empresas son responsables y ambos tienen la obligación de corregirlas.
SÉPTIMO: Manifestamos nuestro compromiso de utilizar todas las herramientas políticas y legales que nos brinda el Sistema Interamericano de Derechos Humanos relativas al debido proceso, la transparencia, el monitoreo de los programas de desarrollo, los estudios de impacto ambiental, y la consulta y la participación de las comunidades en los proyectos de desarrollo y la explotación de recursos, con el objetivo de exigir que el Estado hondureño y los actores no estatales cumplan con la obligación de respetar las normas universales e interamericanas de derechos humanos.
Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Noroccidental
Dado en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los 05 días del mes de abril de 2011.
miércoles, 4 de mayo de 2011
El circo de la justicia
La ultraderecha del país, encarnada en la Unión Cívica Democrática, está de luto; los sectores afines al ex presidente Zelaya están de fiesta; y nuevamente, se ha ratificado que la institucionalidad democrática es sólo un concepto vacío de contenido para quienes detentan el poder político y que la justicia es un circo en el que los payasos que gobiernan las instituciones públicas son expertos en provocarnos impotencia, rabia, llanto y a veces risa.
Ahora el circo se ha trasladado a la Corte de Apelaciones en Tegucigalpa al anular los procesos incoados por el Ministerio Público contra Zelaya Rosales por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública, acusaciones que han sido “percibidas como políticamente motivadas” por la comunidad internacional, tal y como lo señaló en su informe la Comisión de Alto Nivel de la OEA.
Si bien es una buena noticia que a un ciudadano hondureño como Zelaya Rosales se le anularon unos procesos instruidos bajo un gobierno de facto, con el país militarizado y con instituciones colapsadas, la mala noticia es que se ratifica con crudeza que las instituciones del Estado y quienes las gobiernan, en vez de actuar bajo los preceptos constitucionales y del Estado democrático de derecho, lo hacen de acuerdo a lo que ordenan los clanes y las mafias disfrazadas de partidos políticos, empresarios y militares que realmente tienen el poder en el país.
A partir de ahora, el circo se traslada a la asamblea general de la OEA en donde el triángulo de Santos, Chávez y Lobo, que aparecen en la lista siniestra de violaciones a derechos humanos de la Comisión Interamericana, están allanando el camino para el reingreso de Honduras al organismo continental, aparentemente sin que el fin de la impunidad, el acceso a la justicia para miles de víctimas y el respeto irrestricto a los derechos humanos sea un tema esencial en las negociaciones políticas.
Esta nueva etapa del circo que nos brinda la clase política hondureña nos confirma la necesidad de una nueva institucionalidad y de una reforma total del Estado, que también incluye la generación de una nueva conciencia política ciudadana que permita romper con el bipartidismo, con el caudillismo y las prácticas autoritarias que caracterizan a la sociedad hondureña.
martes, 3 de mayo de 2011
Día Mundial de la Libertad de Prensa
La Directora General de la UNESCO hace un llamamiento para la protección de la libertad de expresión en todo el mundo
3 de mayo 2011 -- Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, 3 de mayo, la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, hizo un llamamiento a todos los gobiernos para mantener sus compromisos de protección y promoción de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, pilares básicos de toda sociedad democrática. Sobre los gobiernos de los países de Oriente Medio y el norte de África recae una responsabilidad especial para responder a las aspiraciones de sus pueblos, especialmente en lo que se refiere a libertad de expresión, un derecho humano básico reclamado ampliamente por los ciudadanos de Egipto y Túnez.La Directora General expresó también su profunda preocupación respecto a los continuos ataques contra los corresponsales de guerra y los enviados especiales que cubren los movimientos sociales en Oriente Medio y el norte de África.
“Observo con satisfacción los avances que se han producido en los últimos meses en relación con la libertad de expresión y el progresivo fin de las restricciones a la libertad de prensa en Egipto y Túnez” dijo la Directora General de la UNESCO. “Sin embargo, también pido a los gobiernos de la región que hagan más progresos para alcanzar las demandas de sus ciudadanos y permitan que puedan disfrutar plenamente del derecho humano básico de la libertad de expresión. La libertad de opinar y la libertar de escribir son precondiciones esenciales para la transición hacia la democracia y el buen gobierno”, añadió Bokova.
La Directora General también habló de su preocupación por la seguridad de los periodistas en la región en vista de las informaciones sobre los continuados ataques contra reporteros en Bahréin, Irak, Libia, Siria y Yemen. Bokova se mostró especialmente preocupada por los informes que hablan del arresto, desaparición, intimidación, amenazas y violencia física que han sufrido algunos de los periodistas que cubren las protestas antigubernamentales.
“Silenciar a los medios o intentar intimidarlos es un ataque inaceptable contra el derecho de los ciudadanos a ser informados”, dijo la Directora General. “Pido a todos los países del mundo que respeten el derecho a la libertad de expresión, tal y como establece el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el derecho a la libertad de información”.
Irina Bokova se comprometió también a mantener y reforzar la ayuda de la UNESCO a los países que deseen crear un entorno adecuado para unos medios de comunicación profesionales, libres e independientes; especialmente a la hora de redactar un marco constitucional y legislativo favorable a la práctica y los estándares democráticos.
--
HREA - www.hrea.org
lunes, 2 de mayo de 2011
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA EL ASESINATO DE UN REPORTERO GRAFICO EN EL SALVADOR
R38/11
Washington D.C. 2 de mayo de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del reportero gráfico salvadoreño, Alfredo Hurtado, y solicita a las autoridades de ese Estado conducir una investigación exhaustiva que tome en cuenta la posibilidad de que el crimen haya sido motivado por el trabajo periodístico de la víctima.
De acuerdo con la información recibida, Alfredo Hurtado se dirigía a su trabajo la noche del lunes 25 de abril, cuando dos hombres armados subieron al autobús en el cual viajaba y le dispararon en varias ocasiones. Los asesinos no robaron ninguna pertenencia y habrían escapado hacia una localidad cercana donde operan grupos delictivos.
Según la información disponible, Hurtado trabajaba como camarógrafo nocturno del noticiero Teleprensa, del Canal 33, y tenía más de 20 años de experiencia. De manera cotidiana cubría hechos criminales e información acerca de violencia de pandillas. Las autoridades policiales salvadoreñas han sugerido diversas hipótesis como motivo del asesinato. Sin embargo, voceros de la empresa donde laboraba y organizaciones periodísticas salvadoreñas no descartan que el crimen pueda estar relacionado con las actividades profesionales del camarógrafo.
La Relatoría Especial exhorta a las autoridades salvadoreñas a impedir la impunidad de este crimen mediante el impulso decidido de las investigaciones que permitan aclarar el motivo del crimen y juzgar y sancionar adecuadamente a los responsables. El combate de la impunidad es un paso esencial para desincentivar la violencia y su impacto en derechos como la vida y la libertad de expresión.
La Relatoría Especial recuerda que, según el noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Para más información acerca de la Relatoría Especial visite: http://www.cidh.oas.org/relatoria/
Washington D.C. 2 de mayo de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del reportero gráfico salvadoreño, Alfredo Hurtado, y solicita a las autoridades de ese Estado conducir una investigación exhaustiva que tome en cuenta la posibilidad de que el crimen haya sido motivado por el trabajo periodístico de la víctima.
De acuerdo con la información recibida, Alfredo Hurtado se dirigía a su trabajo la noche del lunes 25 de abril, cuando dos hombres armados subieron al autobús en el cual viajaba y le dispararon en varias ocasiones. Los asesinos no robaron ninguna pertenencia y habrían escapado hacia una localidad cercana donde operan grupos delictivos.
Según la información disponible, Hurtado trabajaba como camarógrafo nocturno del noticiero Teleprensa, del Canal 33, y tenía más de 20 años de experiencia. De manera cotidiana cubría hechos criminales e información acerca de violencia de pandillas. Las autoridades policiales salvadoreñas han sugerido diversas hipótesis como motivo del asesinato. Sin embargo, voceros de la empresa donde laboraba y organizaciones periodísticas salvadoreñas no descartan que el crimen pueda estar relacionado con las actividades profesionales del camarógrafo.
La Relatoría Especial exhorta a las autoridades salvadoreñas a impedir la impunidad de este crimen mediante el impulso decidido de las investigaciones que permitan aclarar el motivo del crimen y juzgar y sancionar adecuadamente a los responsables. El combate de la impunidad es un paso esencial para desincentivar la violencia y su impacto en derechos como la vida y la libertad de expresión.
La Relatoría Especial recuerda que, según el noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Para más información acerca de la Relatoría Especial visite: http://www.cidh.oas.org/relatoria/