Washington D.C., 27 de mayo de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deplora el asesinato del propietario del canal 24, Luis Mendoza Cerrato, ocurrido en la localidad de Danlí el 19 de mayo, y el atentado contra la vida del gerente del periódico La Tribuna, Manuel Acosta Medina, acaecido el 23 de mayo en Tegucigalpa. La Relatoría Especial insta a las autoridades competentes hondureñas a realizar una investigación diligente, oportuna y exhaustiva y a no descartar la posibilidad de que los crímenes estén relacionados con el trabajo de las víctimas en medios de comunicación.
De acuerdo con la información recibida, al menos tres hombres encapuchados y fuertemente armados emboscaron a Luis Mendoza y le dispararon en varias ocasiones en la entrada del canal de televisión, al llegar a trabajar por la mañana. El empresario murió en el tiroteo mientras que dos mujeres y un niño que pasaban por el lugar fueron heridos. Los perpetradores huyeron en un vehículo que más tarde abandonaron e incendiaron. En el caso de Manuel Acosta, al salir del periódico su camioneta fue bloqueada por dos vehículos de los atacantes. Cuando el ejecutivo aceleró para escapar, los delincuentes dispararon y lo hirieron. Manuel Acosta pudo conducir hasta su casa donde su familia lo auxilió y llevó a un hospital.
Las autoridades competentes hondureñas investigan ambos hechos; sin embargo, aún se ignora el motivo de ambas agresiones. Momentos después del atentado contra Acosta, la Policía capturó a cinco sospechosos armados que viajaban en un vehículo similar al usado en el ataque.
Para la Relatoría Especial es imprescindible que el Estado hondureño demuestre con acciones concretas e investigaciones efectivas su compromiso en la lucha contra la impunidad y con la protección de los medios de comunicación y de los periodistas. Asimismo, la Relatoría Especial reitera su preocupación por la ausencia de avances significativos para esclarecer otros 11 asesinatos cometidos contra comunicadores desde 2009. En todos estos casos es urgente identificar a los responsables, juzgarlos y, en su caso, sancionarlos, así como garantizar la reparación adecuada de los familiares de las víctimas.
El noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/
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