El congreso nacional nuevamente acaba de demostrar su falta de ética, su desprecio por los principios democráticos, su apatía por la protección de la dignidad humana y su capacidad para pisotear los altos valores que representan los derechos humanos en una sociedad democrática.
Una mayoría aplastante de 108 diputados y diputadas aprobaron la reforma de dos artículos constitucionales fundamentales para la integridad de las personas. El artículo 71 que prohibe la detención e incomunicación de una persona por más de 24 horas sin ser puesta a la orden de una autoridad competente para su juzgamiento. Con la reforma, el plazo de la detención se extiende de 24 a 48 horas.
Da terror pensar permanecer en manos de la policía por tanto tiempo, no sólo por las terribles condiciones de detención sino también por quedar bajo la custodia de una institución que desde el golpe de Estado demostró su desprecio por la vida y la integridad física y psíquica de las personas.
La otra reforma es al artículo 92 que exige, para la declaración de prisión, la plena prueba de haberse cometido un crimen que merezca la pena de privación de la libertad, y un indicio racional del posible autor. Gracias a la reforma, sólo se requiere evidencia probatoria, con lo cual, un simple informe policial que contenga la declaración del detenido es suficiente para que un juez decrete el procesamiento de una persona.
Nuevamente da terror imaginar las enormes posibilidades de utilizar la tortura, la intimidación, las amenazas o los tratos crueles para obligar a una persona a declarar que ha cometido un supuesto delito.
Estas reformas violan descaradamente un principio fundamental del derecho constitucional e internacional, es decir, el principio de progresividad que obliga a Honduras a avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de los derechos humanos, lo cual implica la prohibición de adoptar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes.
El artículo 64 constitucional es claro al respecto, al señalar que “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”.
Del mismo modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que “la legitimidad democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por la protección de los derechos humanos […] en donde la protección de tales derechos 'constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías […]'”.
Frente a ello, sólo nos queda el desafío de utilizar todas las herramientas posibles, incluida la denuncia ante órganos internacionales, para revertir dichas reformas que atentan contra el proceso democrático y la dignidad humana.
martes, 28 de junio de 2011
viernes, 24 de junio de 2011
Algunas preguntas previas sobre el Informe de La Comisión Presidencial de La Verdad ¿o de la verdad presidencial?
Por Rodolfo Pastor Pasquelle
Se percibe ya un pensamiento compartido, para no decirle único, en el medio, la preparación de un discurso que tiene líneas claras. Aunque ha ordenado divulgar otros materiales o insumos del Reporte final a través del sitio web, el Presidente de la Comisión Sr. Stein, efectivamente muy ligado a círculos de Washington y propuesto por ellos a Lobo (según un cable pendiente de divulgación) ha enfatizado que el Informe definitivo se dará a conocer integro en la fecha prevista y será “objetivo y solido”.
¡Bravo! Y haciendo eco de esa declaración, la amiga Julieta Castellanos, Rectora y antes de eso amiga también de Ricardo Maduro, de Juan Orlando Hernández (hoy implicado en el atropello contra Flores Lanza) ha explicado que ese Informe no será satisfactorio para ninguno de los extremos. Precisamente porque será objetivo. Y el problema es que no se define que cosa quiere decir ese término. Me permito citar la frase de un representante de NNUU en México confrontado con los hechos aproximadamente un mes después del golpe. No se puede ser objetivo entre un delincuente y su víctima, entre el asaltante de una tienda y el tendero, aunque el asaltante se quede con el mostrador.
Y aunque la mercancía tuviera algún defecto. La existencia de una Comisión de la Verdad supone alguna garantía. Por principio, supone que creemos ellos y nosotros también que existe una verdad. Pero cuando esa Comisión es formada por el gobierno, es oficial, producirá una verdad oficialista, ¿o no? necesaria, inevitablemente. No puede ser de otra manera.
Me pregunto a mí mismo. ¿Qué dirá el Reporte sobre el papel que en el golpe jugo Pepe Lobo, quien la ha juramentado y la paga y en aquel entonces Candidato perdedor del P.N. en la contienda inminente por la presidencia de la República? ¿Podrá ser objetiva al respecto? ¿Podrá decir que en Honduras el Presidente del Partido político tiene una ascendencia definitiva casi absoluta sobre los parlamentarios de su Partido? Y que por lo tanto debe inferirse que Pepe participo en la conspiración? Y que ¿habría dado su consentimiento cuando la bancada del Partido Nacional voto a favor del golpe? Definámosla.
La objetividad es por supuesto un pre requisito del dialogo racional. Pero no supone dejar de tomar partido. No significa que uno tiene que estar en el centro, en un terreno neutro, evadir un compromiso. No significa que uno puede hacer entonces “acepción de persona”, o excepción de ellas. Consiste en renunciar a los dogmas y a los absolutos, en cuestionar los supuestos pero no en abdicar del enjuiciamiento obligado, de la condena o del elogio justificado. Por el contrario la objetividad es el elemento, el criterio que permite asegurar que la condena es justa o que el elogio es merecido.
No es por supuesto una escogencia entre el bien y el mal, entre el acierto y el error craso, porque aunque todas esas cosas existen, lo más común es encontrarlas mezcladas en la realidad. Por eso es que esta escrito que dijo el Nazareno en alguna ocasión “Solo Dios es bueno” y por eso es que dice Pascal que el hombre es ángel y gusano”, fue caritativo y no quiso decir demonio. Aunque muchos se creen impunes y otros superiores no solo a la ley, a esta o aquella ley que me gusta o no (al fin dice Roque la ley la hacen los ricos para que la obedezcan los pobres) si no por encima de toda ley, del principio de la ley, se creen superiores a la ética, al bien y el mal. Eso no es objetivo.
Uno de los consultados por la Comisión Stein asegura que el Presidente Zelaya no tenía derecho a llevar a cabo una encuesta no vinculante? Y a mi no me cabe duda que llevar a cabo la encuesta sobre la Cuarta Urna tenia una legalidad dudosa en cuanto un juez había determinado que la Ley de Participación Ciudadana no autorizaba al Presidente para hacerla. Pero se supone que solo esta prohibido lo proscrito, lo tipificado. Ninguna ley fundamental podría oponerse a una encuesta no vinculante, es decir ninguna ley que no fuese profundamente antidemocrática y aun más dudosa. Porque ¿cómo ha de actuar entonces un gobierno democrático si no es en sintonía con el sentimiento mayoritario del pueblo? Y ¿Cómo se podrá saber cuál es la voluntad del pueblo si no se le pregunta? Esa es una verdad objetiva, aquí y en china…
Aunque repetidamente se solicito que se nos permitiera a la Resistencia nombrar a una persona que, dentro del Tribunal, representara nuestro punto de vista se nos negó y ahora nos ha explicado el Sr Stein que eso era imposible, que en efecto dentro de la Comisión todos son objetivos y nadie representa un punto de vista. Pero esa no es una afirmación objetiva. Ni veraz. Porque apartándolo a el que quizás no estuviera antes del incidente comprometido con ningún partido, los otros miembros hondureños de la Comisión tienen simpatías y antipatías públicas manifiestas de mucho tiempo atrás.
He dicho que la Sra. Rectora es mi amiga y no puedo traicionar esa amabilidad suya pero ella no negará que, aunque no apoyo a ningún partido político, el Partido Nacional ha estado poniendo al rector de la Universidad desde hace décadas. Y aunque me apoyo a mí en mi trabajo como ministro, ella no era simpatizante de Mel, tenía una opinión fundamentalmente crítica de su personalidad, y adversaria, con todo derecho por supuesto. (Recuerdo largos discursos) Otros miembros hondureños de la Comisión son afiliados del Partido del Gobierno y del Golpe, defensores suyos. Y al solicitar un representante se trataba de equilibrar en la balanza el peso de esa perspectiva. Y entonces Mr. Stein conocía de esas afiliaciones y no ha sido objetivo al explicar porque no se nos permitió participar, lo que le parecía buena idea a OEA y que Lobo alguna vez se comprometió a propiciar.
¿La Comisión tuvo la posibilidad de recopilar toda la información pertinente? No lo sé, me lo pregunto porque en efecto el problema de la información pública en el país ha sido severo. Se ha escondido al público la realidad. Nadie imprimió que yo sepa la noticia de que a un mi vecino aquí, un líder natural, organizador del movimiento social aquí en el Valle de La Entrada, en la Seis de Mayo concretamente, que estaba a la cabeza de la Resistencia aquí, lo asaltaron paramilitares y lo acribillaron. ¿Cómo interpretara la Comisión Stein el asesinato de la hija de Pedro Brizuela, una mujer joven, madre, que sale a la puerta de su casa y es acribillada por dos enmascarados con armas automáticas? Porque oigan hay que ser serios.
Uds. pueden como este sinvergüenza de Ernesto Gálvez ir al público y decir que “la Resistencia es violenta” y el Estado tiene la función legitima de aplacarla con la fuerza. Pero estos son crímenes que se han cometido, contra personas valiosas de nuestra sociedad a las que solo la intransigencia golpista tipificaba de delincuentes por protestar contra el golpe. Y todos los organismos nacionales e internacionales aseguran que la fuerza pública se extralimito en la represión y reconocen estos crímenes oficiales que han quedado impunes. La Comisión oficial de la Verdad entiende que los fantasmas de esos caídos estarán esperándolos al otro lado del umbral de la muerte para exigirles las cuentas que no les podamos exigir nosotros aquí? ¿Qué dirá Ella de las mujeres violadas en la cárcel con toletes? ¿De manifestantes sometidos, en el suelo, a quienes vemos un policía patear en la cabeza? Porque si dice la verdad La Comisión yo voy a estar muy satisfecho y entre sus propuestas se exigirá la deducción de responsabilidades, la depuración de las fuerzas represivas del estado la inculpación de responsables.
¿Qué dirá la Comisión oficial sobre todo este teatro de sombras con que se nos ha querido embobar sobre “la independencia de los poderes” y el abuso sistemático de la judicatura por los políticos, la burla de la administración de la justicia, de la fiscalía contra quienes pensaban diferente, la destitución de cualquier juez simpa tético a los acusados y la intimidación de los defensores? Hasta este mismo momento.
¿Explicara el Informe de Stein quienes falsificaron la renuncia de Mel y nos dirá como fue que aunque una semana después se argumento que los militares “habían cumplido con una orden de arresto judicial, cuando el Presidente de La Corte y el Fiscal General, según un cable recién publicado confesaron al Embajador que esa orden no había existido? Porque entonces en cuanto el documento existe con la fecha indicada… alguien en la Corte Suprema lo falsifico, como antes alguien en el Congreso falsifico la renuncia falsa?
Y el problema amiga es que si, como dices, hay pocos blancos y pocos negros y la mayoría somos mestizos como vos y yo, entonces hay que escoger entre los menos y los mas culpables, escoger entre los culpables de una falla en procedimiento y los culpables de crímenes de violencia y lesa humanidad. La misma ley establece que hay delitos más o menos graves que merecen condenas más o menos severas. Y poner todas las fallas cometidas por tantos pecadores en el mismo plano es objetivo ¿o es deshonesto? Detesto que la gente que me llantas en la calle o invada propiedades antes de establecer su derecho, pero por supuesto que es peor asesinar a la gente que va pasando por esas propiedades bajo la suposición de que tienen malas intenciones o destituir al Presidente bajo la suposición de que tiene la intención de quedarse en el poder… contra la voluntad de las FFAA, contra la voluntad de su propio Partido Político , contra la voluntad de El Congreso y la Corte Suprema recién electa por ese Congreso y sus titiriteros.
¿Dirá la verdad el Reporte de la Comisión sobre el papel que cumplió Carlos Flores en esas negociaciones en la Embajada sobre las que nos han ilustrado los cables llegados del Ethernet? (Es que ese también es un delito heroico). Pues hay que esperar lo mejor. Pero si ha de decir la verdad Stein, tendría entonces y viendo hacia atrás que preguntarse ¿a quién representaba C. Flores en esas platicas? ¿Con que premio se quería inducir al Presidente a ceder su posición comprometida de preguntar sobre una constituyente? ¿Cuál habría sido el resultado si Mel hubiera accedido a la exigencia de modificar la pregunta?
Lo cierto es que Honduras necesita algo más que la verdad. Pero nadie tiene derecho a pedir perdón aun ni menos olvido sin que se hayan aclarado esas preguntas, que son las que se encargaron a La Comisión. Y en mi considerada opinión la única amnistía posible por crímenes contra el pueblo es la que puede dar el pueblo mismo, en una constituyente.
Se percibe ya un pensamiento compartido, para no decirle único, en el medio, la preparación de un discurso que tiene líneas claras. Aunque ha ordenado divulgar otros materiales o insumos del Reporte final a través del sitio web, el Presidente de la Comisión Sr. Stein, efectivamente muy ligado a círculos de Washington y propuesto por ellos a Lobo (según un cable pendiente de divulgación) ha enfatizado que el Informe definitivo se dará a conocer integro en la fecha prevista y será “objetivo y solido”.
¡Bravo! Y haciendo eco de esa declaración, la amiga Julieta Castellanos, Rectora y antes de eso amiga también de Ricardo Maduro, de Juan Orlando Hernández (hoy implicado en el atropello contra Flores Lanza) ha explicado que ese Informe no será satisfactorio para ninguno de los extremos. Precisamente porque será objetivo. Y el problema es que no se define que cosa quiere decir ese término. Me permito citar la frase de un representante de NNUU en México confrontado con los hechos aproximadamente un mes después del golpe. No se puede ser objetivo entre un delincuente y su víctima, entre el asaltante de una tienda y el tendero, aunque el asaltante se quede con el mostrador.
Y aunque la mercancía tuviera algún defecto. La existencia de una Comisión de la Verdad supone alguna garantía. Por principio, supone que creemos ellos y nosotros también que existe una verdad. Pero cuando esa Comisión es formada por el gobierno, es oficial, producirá una verdad oficialista, ¿o no? necesaria, inevitablemente. No puede ser de otra manera.
Me pregunto a mí mismo. ¿Qué dirá el Reporte sobre el papel que en el golpe jugo Pepe Lobo, quien la ha juramentado y la paga y en aquel entonces Candidato perdedor del P.N. en la contienda inminente por la presidencia de la República? ¿Podrá ser objetiva al respecto? ¿Podrá decir que en Honduras el Presidente del Partido político tiene una ascendencia definitiva casi absoluta sobre los parlamentarios de su Partido? Y que por lo tanto debe inferirse que Pepe participo en la conspiración? Y que ¿habría dado su consentimiento cuando la bancada del Partido Nacional voto a favor del golpe? Definámosla.
La objetividad es por supuesto un pre requisito del dialogo racional. Pero no supone dejar de tomar partido. No significa que uno tiene que estar en el centro, en un terreno neutro, evadir un compromiso. No significa que uno puede hacer entonces “acepción de persona”, o excepción de ellas. Consiste en renunciar a los dogmas y a los absolutos, en cuestionar los supuestos pero no en abdicar del enjuiciamiento obligado, de la condena o del elogio justificado. Por el contrario la objetividad es el elemento, el criterio que permite asegurar que la condena es justa o que el elogio es merecido.
No es por supuesto una escogencia entre el bien y el mal, entre el acierto y el error craso, porque aunque todas esas cosas existen, lo más común es encontrarlas mezcladas en la realidad. Por eso es que esta escrito que dijo el Nazareno en alguna ocasión “Solo Dios es bueno” y por eso es que dice Pascal que el hombre es ángel y gusano”, fue caritativo y no quiso decir demonio. Aunque muchos se creen impunes y otros superiores no solo a la ley, a esta o aquella ley que me gusta o no (al fin dice Roque la ley la hacen los ricos para que la obedezcan los pobres) si no por encima de toda ley, del principio de la ley, se creen superiores a la ética, al bien y el mal. Eso no es objetivo.
Uno de los consultados por la Comisión Stein asegura que el Presidente Zelaya no tenía derecho a llevar a cabo una encuesta no vinculante? Y a mi no me cabe duda que llevar a cabo la encuesta sobre la Cuarta Urna tenia una legalidad dudosa en cuanto un juez había determinado que la Ley de Participación Ciudadana no autorizaba al Presidente para hacerla. Pero se supone que solo esta prohibido lo proscrito, lo tipificado. Ninguna ley fundamental podría oponerse a una encuesta no vinculante, es decir ninguna ley que no fuese profundamente antidemocrática y aun más dudosa. Porque ¿cómo ha de actuar entonces un gobierno democrático si no es en sintonía con el sentimiento mayoritario del pueblo? Y ¿Cómo se podrá saber cuál es la voluntad del pueblo si no se le pregunta? Esa es una verdad objetiva, aquí y en china…
Aunque repetidamente se solicito que se nos permitiera a la Resistencia nombrar a una persona que, dentro del Tribunal, representara nuestro punto de vista se nos negó y ahora nos ha explicado el Sr Stein que eso era imposible, que en efecto dentro de la Comisión todos son objetivos y nadie representa un punto de vista. Pero esa no es una afirmación objetiva. Ni veraz. Porque apartándolo a el que quizás no estuviera antes del incidente comprometido con ningún partido, los otros miembros hondureños de la Comisión tienen simpatías y antipatías públicas manifiestas de mucho tiempo atrás.
He dicho que la Sra. Rectora es mi amiga y no puedo traicionar esa amabilidad suya pero ella no negará que, aunque no apoyo a ningún partido político, el Partido Nacional ha estado poniendo al rector de la Universidad desde hace décadas. Y aunque me apoyo a mí en mi trabajo como ministro, ella no era simpatizante de Mel, tenía una opinión fundamentalmente crítica de su personalidad, y adversaria, con todo derecho por supuesto. (Recuerdo largos discursos) Otros miembros hondureños de la Comisión son afiliados del Partido del Gobierno y del Golpe, defensores suyos. Y al solicitar un representante se trataba de equilibrar en la balanza el peso de esa perspectiva. Y entonces Mr. Stein conocía de esas afiliaciones y no ha sido objetivo al explicar porque no se nos permitió participar, lo que le parecía buena idea a OEA y que Lobo alguna vez se comprometió a propiciar.
¿La Comisión tuvo la posibilidad de recopilar toda la información pertinente? No lo sé, me lo pregunto porque en efecto el problema de la información pública en el país ha sido severo. Se ha escondido al público la realidad. Nadie imprimió que yo sepa la noticia de que a un mi vecino aquí, un líder natural, organizador del movimiento social aquí en el Valle de La Entrada, en la Seis de Mayo concretamente, que estaba a la cabeza de la Resistencia aquí, lo asaltaron paramilitares y lo acribillaron. ¿Cómo interpretara la Comisión Stein el asesinato de la hija de Pedro Brizuela, una mujer joven, madre, que sale a la puerta de su casa y es acribillada por dos enmascarados con armas automáticas? Porque oigan hay que ser serios.
Uds. pueden como este sinvergüenza de Ernesto Gálvez ir al público y decir que “la Resistencia es violenta” y el Estado tiene la función legitima de aplacarla con la fuerza. Pero estos son crímenes que se han cometido, contra personas valiosas de nuestra sociedad a las que solo la intransigencia golpista tipificaba de delincuentes por protestar contra el golpe. Y todos los organismos nacionales e internacionales aseguran que la fuerza pública se extralimito en la represión y reconocen estos crímenes oficiales que han quedado impunes. La Comisión oficial de la Verdad entiende que los fantasmas de esos caídos estarán esperándolos al otro lado del umbral de la muerte para exigirles las cuentas que no les podamos exigir nosotros aquí? ¿Qué dirá Ella de las mujeres violadas en la cárcel con toletes? ¿De manifestantes sometidos, en el suelo, a quienes vemos un policía patear en la cabeza? Porque si dice la verdad La Comisión yo voy a estar muy satisfecho y entre sus propuestas se exigirá la deducción de responsabilidades, la depuración de las fuerzas represivas del estado la inculpación de responsables.
¿Qué dirá la Comisión oficial sobre todo este teatro de sombras con que se nos ha querido embobar sobre “la independencia de los poderes” y el abuso sistemático de la judicatura por los políticos, la burla de la administración de la justicia, de la fiscalía contra quienes pensaban diferente, la destitución de cualquier juez simpa tético a los acusados y la intimidación de los defensores? Hasta este mismo momento.
¿Explicara el Informe de Stein quienes falsificaron la renuncia de Mel y nos dirá como fue que aunque una semana después se argumento que los militares “habían cumplido con una orden de arresto judicial, cuando el Presidente de La Corte y el Fiscal General, según un cable recién publicado confesaron al Embajador que esa orden no había existido? Porque entonces en cuanto el documento existe con la fecha indicada… alguien en la Corte Suprema lo falsifico, como antes alguien en el Congreso falsifico la renuncia falsa?
Y el problema amiga es que si, como dices, hay pocos blancos y pocos negros y la mayoría somos mestizos como vos y yo, entonces hay que escoger entre los menos y los mas culpables, escoger entre los culpables de una falla en procedimiento y los culpables de crímenes de violencia y lesa humanidad. La misma ley establece que hay delitos más o menos graves que merecen condenas más o menos severas. Y poner todas las fallas cometidas por tantos pecadores en el mismo plano es objetivo ¿o es deshonesto? Detesto que la gente que me llantas en la calle o invada propiedades antes de establecer su derecho, pero por supuesto que es peor asesinar a la gente que va pasando por esas propiedades bajo la suposición de que tienen malas intenciones o destituir al Presidente bajo la suposición de que tiene la intención de quedarse en el poder… contra la voluntad de las FFAA, contra la voluntad de su propio Partido Político , contra la voluntad de El Congreso y la Corte Suprema recién electa por ese Congreso y sus titiriteros.
¿Dirá la verdad el Reporte de la Comisión sobre el papel que cumplió Carlos Flores en esas negociaciones en la Embajada sobre las que nos han ilustrado los cables llegados del Ethernet? (Es que ese también es un delito heroico). Pues hay que esperar lo mejor. Pero si ha de decir la verdad Stein, tendría entonces y viendo hacia atrás que preguntarse ¿a quién representaba C. Flores en esas platicas? ¿Con que premio se quería inducir al Presidente a ceder su posición comprometida de preguntar sobre una constituyente? ¿Cuál habría sido el resultado si Mel hubiera accedido a la exigencia de modificar la pregunta?
Lo cierto es que Honduras necesita algo más que la verdad. Pero nadie tiene derecho a pedir perdón aun ni menos olvido sin que se hayan aclarado esas preguntas, que son las que se encargaron a La Comisión. Y en mi considerada opinión la única amnistía posible por crímenes contra el pueblo es la que puede dar el pueblo mismo, en una constituyente.
miércoles, 22 de junio de 2011
Noticias que dan esperanza de justicia
La semana pasada hemos sido testigos de una muy buena noticia. Un militar guatemalteco acusado de los delitos de genocidio y desaparición forzada, fue detenido el viernes 17 de junio por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala.
Se trata de Héctor Mario López Fuentes, un general retirado de 81 años que fungió como jefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de facto del dictador Efraín Ríos Montt, entre 1982 y 1983.
A este militar se le atribuye la responsabilidad de al menos 77 desapariciones forzadas durante ese período y su persecución penal obedece a una denuncia que familiares de las víctimas de la guerra civil guatemalteca presentaron hace 11 años.
Sin duda alguna, esta noticia representa un importante paso en la lucha contra la impunidad y una esperanza real de justicia para las víctimas, no sólo para las guatemaltecas, sino también para las víctimas hondureñas de la década pérdida de los años 80 y del golpe de Estado.
Y como la esperanza se nutre de noticias como estas, se espera que muy pronto tengamos una nueva noticia sobre el examen preliminar que realiza el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que podría implicar una visita a Honduras para conocer personalmente la situación y comprobar que el Estado no tiene la capacidad ni la voluntad política para perseguir penalmente a los militares, policías y civiles que han cometido violaciones a derechos humanos, que por su gravedad, pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Ambas noticias son como una bocanada de aire fresco en medio de un ambiente plagado de la putrefacción que produce la corrupción judicial de jueces, magistrados y fiscales que han vendido su dignidad y que consuman la impunidad de los victimarios “bajo esa sensación de ternura que produce el dinero”, como poéticamente dijo Roberto Sosa.
Se trata de Héctor Mario López Fuentes, un general retirado de 81 años que fungió como jefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de facto del dictador Efraín Ríos Montt, entre 1982 y 1983.
A este militar se le atribuye la responsabilidad de al menos 77 desapariciones forzadas durante ese período y su persecución penal obedece a una denuncia que familiares de las víctimas de la guerra civil guatemalteca presentaron hace 11 años.
Sin duda alguna, esta noticia representa un importante paso en la lucha contra la impunidad y una esperanza real de justicia para las víctimas, no sólo para las guatemaltecas, sino también para las víctimas hondureñas de la década pérdida de los años 80 y del golpe de Estado.
Y como la esperanza se nutre de noticias como estas, se espera que muy pronto tengamos una nueva noticia sobre el examen preliminar que realiza el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que podría implicar una visita a Honduras para conocer personalmente la situación y comprobar que el Estado no tiene la capacidad ni la voluntad política para perseguir penalmente a los militares, policías y civiles que han cometido violaciones a derechos humanos, que por su gravedad, pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Ambas noticias son como una bocanada de aire fresco en medio de un ambiente plagado de la putrefacción que produce la corrupción judicial de jueces, magistrados y fiscales que han vendido su dignidad y que consuman la impunidad de los victimarios “bajo esa sensación de ternura que produce el dinero”, como poéticamente dijo Roberto Sosa.
jueves, 16 de junio de 2011
Relatoría Especial expresa preocupación por desaparición de periodista en México
Washington D.C., 16 de junio de 2011. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la desaparición del periodista Marco Antonio López Ortiz, jefe de información del periódico Novedades Acapulco, en el Estado de Guerrero, México. La Relatoría Especial exhorta al Estado a hacer todos los esfuerzos para lograr la aparición con vida del periodista e investigar el hecho, sin descartar la posibilidad de que las causas de la desaparición tengan su origen en el ejercicio profesional del periodismo.
Según la información recibida, la noche del 7 de junio de 2011 López Ortiz habría sido capturado por un grupo de personas desconocidas en la ciudad de Acapulco. Su auto fue encontrado abandonado en el lugar de su secuestro, y desde entonces no se ha tenido noticias sobre su paradero. De acuerdo con lo informado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero ha iniciado una investigación sobre estos hechos, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también visitó las instalaciones de Novedades Acapulco para averiguar sobre la desaparición del periodista.
En su “Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010”, la Relatoría constató la situación crítica de violencia que enfrentan los periodistas en el Estado de Guerrero. De acuerdo a lo documentado en dicho informe, cuatro de los 13 asesinatos de periodistas ocurridos en México durante el año 2010 tuvieron lugar en Guerrero, además de otros hechos graves como el ataque armado contra el periódico El Sur en Acapulco, ocurrido en noviembre del año pasado.
La Relatoría Especial reitera al Estado mexicano la necesidad de impulsar medidas que protejan eficazmente a los periodistas, así como mecanismos eficientes para afrontar la grave deficiencia en la procuración y administración de justicia respecto de estos crímenes. En particular, la Relatoría Especial ha urgido al Estado sobre la necesidad de fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, el traslado a la justicia federal de las investigaciones de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que lo ameriten, y la implementación adecuada de los mecanismos de seguridad necesarios para proteger efectivamente la vida e integridad de los periodistas amenazados. Además, la Relatoría Especial insiste en que para impedir la impunidad y la repetición de estos hechos es imprescindible identificar a todos los responsables de los crímenes cometidos, juzgarlos, sancionarlos y reparar de manera justa a los familiares de las víctimas.
El noveno principio de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, establece que "el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/
Enlaces útiles:
Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010
Declaración de Principios de Libertad de Expresión
PRESS RELEASE
R58/11
Según la información recibida, la noche del 7 de junio de 2011 López Ortiz habría sido capturado por un grupo de personas desconocidas en la ciudad de Acapulco. Su auto fue encontrado abandonado en el lugar de su secuestro, y desde entonces no se ha tenido noticias sobre su paradero. De acuerdo con lo informado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero ha iniciado una investigación sobre estos hechos, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también visitó las instalaciones de Novedades Acapulco para averiguar sobre la desaparición del periodista.
En su “Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010”, la Relatoría constató la situación crítica de violencia que enfrentan los periodistas en el Estado de Guerrero. De acuerdo a lo documentado en dicho informe, cuatro de los 13 asesinatos de periodistas ocurridos en México durante el año 2010 tuvieron lugar en Guerrero, además de otros hechos graves como el ataque armado contra el periódico El Sur en Acapulco, ocurrido en noviembre del año pasado.
La Relatoría Especial reitera al Estado mexicano la necesidad de impulsar medidas que protejan eficazmente a los periodistas, así como mecanismos eficientes para afrontar la grave deficiencia en la procuración y administración de justicia respecto de estos crímenes. En particular, la Relatoría Especial ha urgido al Estado sobre la necesidad de fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, el traslado a la justicia federal de las investigaciones de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que lo ameriten, y la implementación adecuada de los mecanismos de seguridad necesarios para proteger efectivamente la vida e integridad de los periodistas amenazados. Además, la Relatoría Especial insiste en que para impedir la impunidad y la repetición de estos hechos es imprescindible identificar a todos los responsables de los crímenes cometidos, juzgarlos, sancionarlos y reparar de manera justa a los familiares de las víctimas.
El noveno principio de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, establece que "el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/
Enlaces útiles:
Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010
Declaración de Principios de Libertad de Expresión
PRESS RELEASE
R58/11
martes, 14 de junio de 2011
Desafíos y diálogo contra la impunidad
La reincorporación de Honduras a la OEA constituye en la práctica la legalización del golpe de Estado, ya que ni siquiera se le exigió al régimen de Lobo Sosa la depuración de las instituciones y la deducción de las responsabilidades correspondientes a quienes ordenaron y ejecutaron las graves violaciones a los derechos humanos.
Sin duda alguna, para la comunidad internacional el tema de Honduras es un asunto que ya no interesa demasiado pues se considera que su retorno al concierto americano de naciones normaliza definitivamente la situación a pesar de que el escenario de los derechos humanos reviste una gravedad sólo comparable con la época perdida de los años 80.
Ante ello, se nos presentan grandes desafíos en materia de justica y reparación que exigen como primer paso un diálogo nacional entre todas las organizaciones de derechos humanos, pero un diálogo que sea franco, sincero, respetuoso, desprovisto de protagonismos, personalismos y antagonismos que supere los obstáculos para la lucha articulada contra la impunidad.
En el marco de ese diálogo, es preciso elaborar estrategias nacionales para establecer hojas de ruta que nos permitan clarificar cuáles son las mejores posibilidades para exigir justicia en el ámbito internacional, y a partir de allí, fortalecer el trabajo coordinado mediante la creación de equipos técnicos en el área jurídica, comunicacional, investigativa y otras.
Un primer ejercicio de trabajo seriamente articulado lo puede constituir el anuncio del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, en relación con el inicio de un examen preliminar para comprobar si las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del golpe de Estado son competencia de ese tribunal penal internacional.
En este sentido, es urgente y necesario que se puedan promover acuerdos mínimos para impulsar una alianza nacional que permita situar en el debate público el tema de los crímenes de lesa humanidad y dotar a la oficina del Fiscal Moreno Ocampo de los insumos necesarios para que llegue a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación en torno a la responsabilidad penal internacional de los altos responsables del gobierno de facto y otros actores.
El desafío está sobre la mesa, ahora nos toca a quienes luchamos por los derechos humanos asumir la responsabilidad histórica de articularnos honestamente en nombre de la dignidad de las víctimas.
Sin duda alguna, para la comunidad internacional el tema de Honduras es un asunto que ya no interesa demasiado pues se considera que su retorno al concierto americano de naciones normaliza definitivamente la situación a pesar de que el escenario de los derechos humanos reviste una gravedad sólo comparable con la época perdida de los años 80.
Ante ello, se nos presentan grandes desafíos en materia de justica y reparación que exigen como primer paso un diálogo nacional entre todas las organizaciones de derechos humanos, pero un diálogo que sea franco, sincero, respetuoso, desprovisto de protagonismos, personalismos y antagonismos que supere los obstáculos para la lucha articulada contra la impunidad.
En el marco de ese diálogo, es preciso elaborar estrategias nacionales para establecer hojas de ruta que nos permitan clarificar cuáles son las mejores posibilidades para exigir justicia en el ámbito internacional, y a partir de allí, fortalecer el trabajo coordinado mediante la creación de equipos técnicos en el área jurídica, comunicacional, investigativa y otras.
Un primer ejercicio de trabajo seriamente articulado lo puede constituir el anuncio del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, en relación con el inicio de un examen preliminar para comprobar si las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del golpe de Estado son competencia de ese tribunal penal internacional.
En este sentido, es urgente y necesario que se puedan promover acuerdos mínimos para impulsar una alianza nacional que permita situar en el debate público el tema de los crímenes de lesa humanidad y dotar a la oficina del Fiscal Moreno Ocampo de los insumos necesarios para que llegue a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación en torno a la responsabilidad penal internacional de los altos responsables del gobierno de facto y otros actores.
El desafío está sobre la mesa, ahora nos toca a quienes luchamos por los derechos humanos asumir la responsabilidad histórica de articularnos honestamente en nombre de la dignidad de las víctimas.
miércoles, 8 de junio de 2011
Carta abierta al presidente Mauricio Fúnez ante las agresiones contra defensoras (es) de los derechos de las mujeres en el marco de la AG de la OEA
Sr.
Mauricio Funes
Presidente de la República
República de El Salvador
Excelentísimo señor:
Las organizaciones firmantes queremos expresarle nuestro repudio ante los actos de represión de los que fue víctima un grupo de defensores y defensoras de los derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad del Estado salvadoreño durante el domingo pasado, 5 de junio, frente a las instalaciones del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO), en donde se celebra la 41.a Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Ese día, una comitiva de 14 representantes de la Delegación de Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres de la Región Centroamericana empezaron una pequeña manifestación en las afueras de CIFCO a eso de las 6:15 p. m. haciendo un llamado a la despenalización del aborto terapéutico. En pocos minutos, fuerzas de seguridad del Estado solicitaron la reubicación de los y las manifestantes alegando motivos de seguridad, petición que fue debidamente acatada.
No obstante, minutos después, un equipo policial de choque arremetió con violencia contra el grupo de tres hombres y once mujeres que se expresaba pacíficamente en el sitio que se les había asignado, obligándoles a abandonar el lugar.
En suma, la agresión sufrida por las y los manifestantes constituye una grave violación a la libertad de expresión, lo cual repudiamos enérgicamente.
Muchas organizaciones de la sociedad civil observamos con agrado la iniciativa estatal salvadoreña de proponer el tema de Seguridad Ciudadana en las Américas para que ocupase un lugar privilegiado en la agenda de la reunión interamericana. Las organizaciones vimos en esta iniciativa una esperanza para promover políticas hemisféricas de seguridad centradas en la persona y en el respeto y garantía de sus derechos humanos. No obstante, los hechos sucedidos durante la inauguración de la Asamblea General parecieran demostrar lo contrario.
Para las organizaciones firmantes es lamentable que se promueva la militarización y el uso desproporcionado de la fuerza como respuestas a la situación de inseguridad que vivimos en nuestros países. Es por ello que respetuosamente solicitamos tomar las medidas adecuadas para que se investiguen los hechos que ocurrieron el pasado domingo y se proceda a sancionar a los responsables, y, a la vez, que se tomen las acciones correspondientes para que este tipo de actos no vuelva a ocurrir.
Atentamente,
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC ALC)
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C. - México
Asociación Nacional de Centros (ANC) - Perú
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C. (Centro PRODH) - México
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú EQUIDAD
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Comisión de Justicia y Paz - Colombia
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989(COVAFIC) - Venezuela
Corporación Reiniciar – Colombia
Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) - Costa Rica
Espacio Público - Venezuela
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) – Honduras
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH) - Guatemala
Grupo de Mujeres de San Cristobal de las Casas, A. C. - México
Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH) - Colombia
Grupo Tortura Nunca Más - RJ (Brasil)
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” - El Salvador
Justicia Global - Brasil
Observatorio Venezolano de Prisiones
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) - Comité de Coordinación del Capítulo Peruano
Mauricio Funes
Presidente de la República
República de El Salvador
Excelentísimo señor:
Las organizaciones firmantes queremos expresarle nuestro repudio ante los actos de represión de los que fue víctima un grupo de defensores y defensoras de los derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad del Estado salvadoreño durante el domingo pasado, 5 de junio, frente a las instalaciones del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO), en donde se celebra la 41.a Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Ese día, una comitiva de 14 representantes de la Delegación de Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres de la Región Centroamericana empezaron una pequeña manifestación en las afueras de CIFCO a eso de las 6:15 p. m. haciendo un llamado a la despenalización del aborto terapéutico. En pocos minutos, fuerzas de seguridad del Estado solicitaron la reubicación de los y las manifestantes alegando motivos de seguridad, petición que fue debidamente acatada.
No obstante, minutos después, un equipo policial de choque arremetió con violencia contra el grupo de tres hombres y once mujeres que se expresaba pacíficamente en el sitio que se les había asignado, obligándoles a abandonar el lugar.
En suma, la agresión sufrida por las y los manifestantes constituye una grave violación a la libertad de expresión, lo cual repudiamos enérgicamente.
Muchas organizaciones de la sociedad civil observamos con agrado la iniciativa estatal salvadoreña de proponer el tema de Seguridad Ciudadana en las Américas para que ocupase un lugar privilegiado en la agenda de la reunión interamericana. Las organizaciones vimos en esta iniciativa una esperanza para promover políticas hemisféricas de seguridad centradas en la persona y en el respeto y garantía de sus derechos humanos. No obstante, los hechos sucedidos durante la inauguración de la Asamblea General parecieran demostrar lo contrario.
Para las organizaciones firmantes es lamentable que se promueva la militarización y el uso desproporcionado de la fuerza como respuestas a la situación de inseguridad que vivimos en nuestros países. Es por ello que respetuosamente solicitamos tomar las medidas adecuadas para que se investiguen los hechos que ocurrieron el pasado domingo y se proceda a sancionar a los responsables, y, a la vez, que se tomen las acciones correspondientes para que este tipo de actos no vuelva a ocurrir.
Atentamente,
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC ALC)
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C. - México
Asociación Nacional de Centros (ANC) - Perú
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C. (Centro PRODH) - México
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú EQUIDAD
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Comisión de Justicia y Paz - Colombia
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989(COVAFIC) - Venezuela
Corporación Reiniciar – Colombia
Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) - Costa Rica
Espacio Público - Venezuela
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) – Honduras
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH) - Guatemala
Grupo de Mujeres de San Cristobal de las Casas, A. C. - México
Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH) - Colombia
Grupo Tortura Nunca Más - RJ (Brasil)
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” - El Salvador
Justicia Global - Brasil
Observatorio Venezolano de Prisiones
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) - Comité de Coordinación del Capítulo Peruano
martes, 7 de junio de 2011
Los cómplices de la sangre
Del 5 al 7 de junio se celebra en San salvador, El Salvador, la asamblea general de la OEA sobre "Seguridad Ciudadana en las Américas". La novedad de esta asamblea es que el Estado de Honduras, después de la firma del acuerdo de Cartagena de Indias, participa como miembro pleno del organismo continental que lo había suspendido a consecuencia del golpe de Estado.
Resulta curioso leer el proyecto de declaración final en el que la asamblea general reconoce que la democracia y los derechos humanos son pilares del sistema interamericano y que “están vinculados entre sí y se refuerzan unos a otros”, y declara que los Estados tienen la “obligación de desarrollar e implementar políticas públicas en materia de seguridad pública en el marco de un orden democrático, de imperio del Estado de derecho y de respeto a los derechos humanos orientadas a proveer seguridad y fortalecer la convivencia pacífica de sus comunidades”.
Y decimos curioso porque los pueblos latinoamericanos han sido testigos del mediocre papel de la OEA en la crisis hondureña y de su desprecio hacia la dignidad y los derechos humanos de las víctimas del golpe de Estado, al promover el reintegro de Honduras y el reconocimiento del régimen de Lobo Sosa que ni siquiera ha cumplido las condiciones mínimas en materia de derechos humanos.
Mientras en San Salvador la OEA habla de derechos humanos y seguridad ciudadana, en Honduras los violadores a los derechos humanos disfrutan de una impunidad absoluta y la muerte sigue asechando a todos aquellos que se oponen a la situación de desigualdad, corrupción, violencia e impunidad impuesta a sangre y fuego por la clase política tradicional.
Mientras la OEA celebra su asamblea en lujosos hoteles con Honduras como invitado especial, en el Bajo Aguán mueren asesinados 3 campesinos más, José Recinos, Genaro Acuesta y Joel Santa María, miembros del Movimiento Auténtico Reivindicador de Campesinos del Aguán.
Sin duda alguna, todos los gobiernos de “izquierda” y “derecha” que impulsaron el reintegro de Honduras a la OEA son cómplices de tanta sangre derramada en nuestro país.
lunes, 6 de junio de 2011
Domingo sangriento en el Bajo Aguán
José Recinos Aguilar, Joel Santamaría y Genaro Cuesta, campesinos asociados a la cooperativa San Esteban han sido asesinados cuando se conducían en un vehículo marca nissan a pocos metros de ese asentamiento, desconociéndose hasta este momento detalles de cómo ocurrió el atentado.
Militares, policías y guardias de seguridad protegían el lugar donde se encuentran los cadáveres impidiendo que sus compañeros campesinos pudieran llegar a ellos. Los cuerpos serán trasladados a la Ceiba para realizar la autopsia según informaron en la fiscalía de Trujillo.
Casi simultáneamente, fueron desalojados los campesinos que han tomado la finca San Isidro por guardias de seguridad de Miguel Facussé. Posteriormente entraron en las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA), en Sinaloa, y dispararon contra los campesinos, que se encuentran refugiados desde el invierno del año pasado en lo que se conoce como “casa de oro”, provocando heridas de gravedad en el abdomen a la campesina Doris Pérez Vásquez, a quien hubo que trasladar de emergencia a un hospital de la ciudad de La Ceiba.
Todas las personas consultadas por FIAN Honduras sobre los hechos violentos en la región del Bajo Aguán coinciden en que nunca ha sido tan fuerte la represión como la que actualmente están sufriendo los campesinos integrados a las organizaciones reivindicativas. No hay confianza en las autoridades y todos temen por su vida.
Los campesinos se sienten defraudados por el incumplimiento del convenio entre MUCA y el régimen, y el olvido de las promesas que el INA hizo a los campesinos de MARCA y MCA, de manera tal que las razones del conflicto agrario se mantienen inalterables desde el 13 de abril de 2010 con el agravante de que ahora hay más muertos, heridos y víctimas de otras violaciones.
El sentimiento de los campesinos es de total indefensión. FIAN Honduras ha reiterado que mientras no se resuelva el conflicto agrario se mantendrán los actos violentos en esa región y que la policía, muchas veces junto con el ejército, solo sirven para atemorizar a los pobladores y levantar información preliminar sobre los hechos violentos sin que se hagan públicos los resultados de las investigaciones a las que están obligados a realizar.
Tegucigalpa MDC 05 de junio de 2011 4:10 p.m.
FIAN Honduras
Militares, policías y guardias de seguridad protegían el lugar donde se encuentran los cadáveres impidiendo que sus compañeros campesinos pudieran llegar a ellos. Los cuerpos serán trasladados a la Ceiba para realizar la autopsia según informaron en la fiscalía de Trujillo.
Casi simultáneamente, fueron desalojados los campesinos que han tomado la finca San Isidro por guardias de seguridad de Miguel Facussé. Posteriormente entraron en las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA), en Sinaloa, y dispararon contra los campesinos, que se encuentran refugiados desde el invierno del año pasado en lo que se conoce como “casa de oro”, provocando heridas de gravedad en el abdomen a la campesina Doris Pérez Vásquez, a quien hubo que trasladar de emergencia a un hospital de la ciudad de La Ceiba.
Todas las personas consultadas por FIAN Honduras sobre los hechos violentos en la región del Bajo Aguán coinciden en que nunca ha sido tan fuerte la represión como la que actualmente están sufriendo los campesinos integrados a las organizaciones reivindicativas. No hay confianza en las autoridades y todos temen por su vida.
Los campesinos se sienten defraudados por el incumplimiento del convenio entre MUCA y el régimen, y el olvido de las promesas que el INA hizo a los campesinos de MARCA y MCA, de manera tal que las razones del conflicto agrario se mantienen inalterables desde el 13 de abril de 2010 con el agravante de que ahora hay más muertos, heridos y víctimas de otras violaciones.
El sentimiento de los campesinos es de total indefensión. FIAN Honduras ha reiterado que mientras no se resuelva el conflicto agrario se mantendrán los actos violentos en esa región y que la policía, muchas veces junto con el ejército, solo sirven para atemorizar a los pobladores y levantar información preliminar sobre los hechos violentos sin que se hagan públicos los resultados de las investigaciones a las que están obligados a realizar.
Tegucigalpa MDC 05 de junio de 2011 4:10 p.m.
FIAN Honduras
viernes, 3 de junio de 2011
Honduras-OEA. Crítica de un retorno
*Manuel Torres Calderón
Honduras está cerca de su reintegración a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la 41 Asamblea General que tendrá lugar del 5 al 7 de junio de 2011 en San Salvador. La anulación por parte de una corte hondureña de dos procesos jurídico-políticos por “abuso de poder” contra el derrocado ex presidente Manuel Zelaya Rosales y la firma del llamado Acuerdo de Cartagena allanan el camino de la readmisión. Según había declarado el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, la suspensión de esos juicios y una agenda de mediación pactada para el conflicto interno eran las principales condiciones a cumplir. Las pedían desde Washington hasta Buenos Aires. En un continente que se mantiene en un nivel constante de precariedad democrática no extraña que el estándar requerido para ser socio pleno de la OEA sea muy bajo.
Si se aplicaran con rigor los requisitos contenidos en la Carta Democrática Interamericana, la centenaria casona de la OEA en Washington estaría más desolada que un pueblo de Juan Rulfo. El artículo 3 de la Carta califica como “elementos esenciales” para formar parte activa del sistema interamericano el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. Demasiada carga democrática para las débiles espaldas latinoamericanas. ¿Quién tira la primera piedra?
En el caso de Honduras, la oposición política sostiene que el país no debe ser readmitido en tanto persista la violación a los derechos humanos y se mantenga la impunidad de los funcionarios públicos que ejecutaron o avalaron el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, incluyendo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General del Estado. Al menos eso es lo que afirmaba la resistencia antes de que su caudillo, Manuel Zelaya, firmara con Lobo el acuerdo de la reconciliación.
En efecto, a partir de la ruptura del orden constitucional se han cometido múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y a libertades fundamentales; muchas de ellas documentadas ante organismos de la propia OEA, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El período más intenso ocurrió bajo la dictadura (de siete meses) de Micheletti, pero persisten bajo la administración del presidente Porfirio Lobo, quien rechaza que haya una política de Estado en esa dirección. En efecto, no hay evidencia pública de que desde el gobierno se pretenda anular toda clase de oposición política al régimen pero son numerosos los casos que se anotan de opositores asesinados sin que se esclarezca la identidad de los responsables. Los hechos perfilan un círculo de complicidad que genera dudas razonables. Un ejemplo de la gravedad de la situación es el asesinato del comunicador social Nahún Palacios (14 marzo, 2010), quien era beneficiario de medidas cautelares dictadas por la CIDH el 24 de julio de 2009, lo cual no importó a sus ejecutores. El número de medidas cautelares irrespetadas en Honduras refleja la indefensión ciudadana y amerita la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos normativos.
Sin embargo, limpiar el expediente judicial de Zelaya es considerado mérito suficiente para calificar solvente al Estado hondureño de ser socio pleno de la OEA. Así lo sostienen Insulza y el departamento de Estado norteamericano. El metalenguaje en esa opinión es que el organismo hemisférico no tiene capacidad, ni interés real, de ponerse exigente con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de Honduras y de América Latina en su conjunto. Ello explica que, en esencia, se pueda reducir la vigencia de la Carta Democrática Interamericana a una sola y controversial condición: limpiar el expediente Zelaya y, con ello, diluir el efecto de un golpe que permanece impune.
En el limbo quedan otras dimensiones del caso hondureño, incluyendo hechos previos al golpe de Estado, como el deterioro de la credibilidad de los procesos electorales, el irrespeto constante a la separación de poderes, la militarización creciente, la corrupción desenfrenada de recursos públicos, la ausencia de justicia pronta y efectiva o la impunidad respecto a violaciones y abusos a los derechos humanos. Vale recordar que 95% de los homicidios cometidos en Honduras permanecen en la impunidad.
El punto es que cuando 33 de los 34 países representados en la OEA (la delegación hondureña se abstuvo de votar) le suspendieron su condición de miembro de ese organismo el 4 de julio de 2009), aplicaron el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en el cual se lee: “El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos”.
¿Cómo es que ahora, desde la Secretaría General de la OEA y desde la mediación que impulsan los gobiernos de Colombia y Venezuela, se asegura que la evaluación de los derechos humanos no califica como condicionalidad democrática? ¿Qué pasa con la CIDH y otros instrumentos ligados a la ciudadanía continental que guardan silencio? Desafortunadamente, la democracia ha estado siempre fuera de las preocupaciones reales de quienes aseguran velar por ella; eso explica que haya muchos expertos en la teoría de la democracia pero muy pocos en el terreno de su aplicación.
Podríamos sumar más argumentos sobre la precariedad democrática hondureña pero no es el caso ensañarse con un país pobre y ninguneado internacionalmente. El asunto es, más bien, plantear que en la OEA no son todos los que están y no están todos los que son. En realidad, mantener errante a Honduras y complicarle su retorno ya resultaba incómodo para todos. De hecho, a ningún gobierno le conviene poner en un listón alto las exigencias para ser certificado como "democrático". ¿Qué país se atreve a lanzar la primera piedra sin exponerse a darse con ella en los dientes? ¿México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú, Estados Unidos...? ¿Cuál?
Del caso hondureño resulta provocadora la demanda de un papel distinto de la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones a ese deterioro sistemático de la gobernabilidad democrática que se atestigua en América Latina, o, por lo menos, una actuación menos cínica cuando se dan estallidos tan violentos como el ocurrido en junio de 2009. Es evidente la incapacidad del sistema interamericano de prevenir las violaciones graves a su Carta Democrática. La pregunta es si hay que seguir conviviendo con esa realidad o si se puede intentar algo diferente.
El debate sobre la legitimidad y la eficiencia de la OEA y sus instrumentos continentales es añejo y aún se aguardan los cambios esperados. Periódicamente en ese organismo ha habido ciertas rebeliones internas pero la OEA se mantiene aferrada a una inercia burocrática de acuerdos y convenciones que evitan su desaparición, a condición de “vegetar” en el continente.
Quizá, para no dejar caer tan fuerte la mano de la crítica sobre un sistema interamericano declinante, hay que recordar que no se le puede pedir mucho, que con OEA o sin OEA no se puede hablar de una sola Améica sino que hay varias "Américas" y todas ellas con democracias débiles. Y que el principal problema no está dentro de la OEA sino fuera de ella, en el contexto mismo de los países miembros. Aún así, el manejo de la crisis hondureña pudo ser distinto, pero no lo fue, y con cada día que pasa aumenta la percepción de que se ha perdido una coyuntura extraordinaria para revitalizar al organismo hemisférico.
________________________________________________________________________________
*Periodista independiente, es corresponsal en Honduras de Radio Nederland (Holanda) y columnista de la Revista Envío. Ha sido corresponsal de la agencia española ACAN-EFE, Diario Excelsior de México, La Nación Internacional de Costa Rica, Noticias Aliadas de Perú, Inter Press Service, entre otros.
Fuente: www.raices.com.sv
Honduras está cerca de su reintegración a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la 41 Asamblea General que tendrá lugar del 5 al 7 de junio de 2011 en San Salvador. La anulación por parte de una corte hondureña de dos procesos jurídico-políticos por “abuso de poder” contra el derrocado ex presidente Manuel Zelaya Rosales y la firma del llamado Acuerdo de Cartagena allanan el camino de la readmisión. Según había declarado el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, la suspensión de esos juicios y una agenda de mediación pactada para el conflicto interno eran las principales condiciones a cumplir. Las pedían desde Washington hasta Buenos Aires. En un continente que se mantiene en un nivel constante de precariedad democrática no extraña que el estándar requerido para ser socio pleno de la OEA sea muy bajo.
Si se aplicaran con rigor los requisitos contenidos en la Carta Democrática Interamericana, la centenaria casona de la OEA en Washington estaría más desolada que un pueblo de Juan Rulfo. El artículo 3 de la Carta califica como “elementos esenciales” para formar parte activa del sistema interamericano el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. Demasiada carga democrática para las débiles espaldas latinoamericanas. ¿Quién tira la primera piedra?
En el caso de Honduras, la oposición política sostiene que el país no debe ser readmitido en tanto persista la violación a los derechos humanos y se mantenga la impunidad de los funcionarios públicos que ejecutaron o avalaron el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, incluyendo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General del Estado. Al menos eso es lo que afirmaba la resistencia antes de que su caudillo, Manuel Zelaya, firmara con Lobo el acuerdo de la reconciliación.
En efecto, a partir de la ruptura del orden constitucional se han cometido múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y a libertades fundamentales; muchas de ellas documentadas ante organismos de la propia OEA, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El período más intenso ocurrió bajo la dictadura (de siete meses) de Micheletti, pero persisten bajo la administración del presidente Porfirio Lobo, quien rechaza que haya una política de Estado en esa dirección. En efecto, no hay evidencia pública de que desde el gobierno se pretenda anular toda clase de oposición política al régimen pero son numerosos los casos que se anotan de opositores asesinados sin que se esclarezca la identidad de los responsables. Los hechos perfilan un círculo de complicidad que genera dudas razonables. Un ejemplo de la gravedad de la situación es el asesinato del comunicador social Nahún Palacios (14 marzo, 2010), quien era beneficiario de medidas cautelares dictadas por la CIDH el 24 de julio de 2009, lo cual no importó a sus ejecutores. El número de medidas cautelares irrespetadas en Honduras refleja la indefensión ciudadana y amerita la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos normativos.
Sin embargo, limpiar el expediente judicial de Zelaya es considerado mérito suficiente para calificar solvente al Estado hondureño de ser socio pleno de la OEA. Así lo sostienen Insulza y el departamento de Estado norteamericano. El metalenguaje en esa opinión es que el organismo hemisférico no tiene capacidad, ni interés real, de ponerse exigente con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de Honduras y de América Latina en su conjunto. Ello explica que, en esencia, se pueda reducir la vigencia de la Carta Democrática Interamericana a una sola y controversial condición: limpiar el expediente Zelaya y, con ello, diluir el efecto de un golpe que permanece impune.
En el limbo quedan otras dimensiones del caso hondureño, incluyendo hechos previos al golpe de Estado, como el deterioro de la credibilidad de los procesos electorales, el irrespeto constante a la separación de poderes, la militarización creciente, la corrupción desenfrenada de recursos públicos, la ausencia de justicia pronta y efectiva o la impunidad respecto a violaciones y abusos a los derechos humanos. Vale recordar que 95% de los homicidios cometidos en Honduras permanecen en la impunidad.
El punto es que cuando 33 de los 34 países representados en la OEA (la delegación hondureña se abstuvo de votar) le suspendieron su condición de miembro de ese organismo el 4 de julio de 2009), aplicaron el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en el cual se lee: “El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos”.
¿Cómo es que ahora, desde la Secretaría General de la OEA y desde la mediación que impulsan los gobiernos de Colombia y Venezuela, se asegura que la evaluación de los derechos humanos no califica como condicionalidad democrática? ¿Qué pasa con la CIDH y otros instrumentos ligados a la ciudadanía continental que guardan silencio? Desafortunadamente, la democracia ha estado siempre fuera de las preocupaciones reales de quienes aseguran velar por ella; eso explica que haya muchos expertos en la teoría de la democracia pero muy pocos en el terreno de su aplicación.
Podríamos sumar más argumentos sobre la precariedad democrática hondureña pero no es el caso ensañarse con un país pobre y ninguneado internacionalmente. El asunto es, más bien, plantear que en la OEA no son todos los que están y no están todos los que son. En realidad, mantener errante a Honduras y complicarle su retorno ya resultaba incómodo para todos. De hecho, a ningún gobierno le conviene poner en un listón alto las exigencias para ser certificado como "democrático". ¿Qué país se atreve a lanzar la primera piedra sin exponerse a darse con ella en los dientes? ¿México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú, Estados Unidos...? ¿Cuál?
Del caso hondureño resulta provocadora la demanda de un papel distinto de la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones a ese deterioro sistemático de la gobernabilidad democrática que se atestigua en América Latina, o, por lo menos, una actuación menos cínica cuando se dan estallidos tan violentos como el ocurrido en junio de 2009. Es evidente la incapacidad del sistema interamericano de prevenir las violaciones graves a su Carta Democrática. La pregunta es si hay que seguir conviviendo con esa realidad o si se puede intentar algo diferente.
El debate sobre la legitimidad y la eficiencia de la OEA y sus instrumentos continentales es añejo y aún se aguardan los cambios esperados. Periódicamente en ese organismo ha habido ciertas rebeliones internas pero la OEA se mantiene aferrada a una inercia burocrática de acuerdos y convenciones que evitan su desaparición, a condición de “vegetar” en el continente.
Quizá, para no dejar caer tan fuerte la mano de la crítica sobre un sistema interamericano declinante, hay que recordar que no se le puede pedir mucho, que con OEA o sin OEA no se puede hablar de una sola Améica sino que hay varias "Américas" y todas ellas con democracias débiles. Y que el principal problema no está dentro de la OEA sino fuera de ella, en el contexto mismo de los países miembros. Aún así, el manejo de la crisis hondureña pudo ser distinto, pero no lo fue, y con cada día que pasa aumenta la percepción de que se ha perdido una coyuntura extraordinaria para revitalizar al organismo hemisférico.
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*Periodista independiente, es corresponsal en Honduras de Radio Nederland (Holanda) y columnista de la Revista Envío. Ha sido corresponsal de la agencia española ACAN-EFE, Diario Excelsior de México, La Nación Internacional de Costa Rica, Noticias Aliadas de Perú, Inter Press Service, entre otros.
Fuente: www.raices.com.sv